Política
EL GOBIERNO NACIONAL DENUNCIÓ PENALMENTE A JUECES Y OTROS IMPLICADOS EN EL VIAJE A LAGO ESCONDIDO
El Gobierno nacional denunció hoy a los jueces federales, al CEO del Grupo Clarín y a otros participantes del viaje a Lago Escondido realizado a principios de octubre pasado por el presunto delito de «incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas», según se informó oficialmente.
«Por instrucción del Presidente de la Nación argentina, Alberto Fernández, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche para que se investigue los hechos vinculados al vuelo 26917 de la empresa Flyzar y, particularmente, lo relacionado a su financiamiento», se indicó en un comunicado oficial.
Entre otras pruebas, se pide que la Justicia ordene «la entrega de los aparatos de telefonía celular de todos los implicados y, de ser necesario, el secuestro de los mismos aparatos».
Hace algunos meses, una investigación periodística de El Destape reveló la constancia de vuelo que mostraba la nómina de los hoy denunciados y, el fin de semana último, el diario Tiempo Argentino develó el contenido de un grupo de chat en el que los acusados intercambiaban estrategias para contener la denuncia y dar una versión construida de las características de ese viaje.
Según se precisó, en el escrito presentado por el Ministerio de Justicia se denunció por incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas al juez federal Julián Ercolini; al integrante de la Cámara Federal de Casación Penal Carlos Mahiques; al titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, Pablo Yadarola y al titular del juzgado Nacional de 1º instancia en lo Contencioso, Pablo Cayssials.
A ellos se suma el actual fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; y el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’ Alessandro.
Por otra parte, se acusó por el ofrecimiento de dádivas al CEO del Grupo Clarín, Jorge Rendo; al administrador del inmueble en el que se habría desarrollado el encuentro, Nicolás Van Ditmar; al exdirector de asuntos jurídicos de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado, Leonardo Bergroth; y a Tomás Reinke, publicista especializado en publicidad digital y política.
En la denuncia se busca que se investiguen hechos que tuvieron lugar durante la semana del 13 de octubre, cuando los denunciados compartieron un vuelo en un avión privado, desde el aeropuerto de San Fernando (Buenos Aires) a Bariloche (Río Negro), con financiamiento desconocido.
«Una vez concluido el vuelo, a la comitiva se habría sumado el CEO del Grupo Clarín, Jorge Rendo, y el director de Asuntos Legales e Institucionales del mismo grupo empresario y sobrino de Héctor Magnetto, Pablo Casey, entre otras personas aún no identificadas», señala el comunicado difundido por la Presidencia de la Nación.
Ya en territorio patagónico y «según la información que tomó estado público», la comitiva completa se dirigió en vehículos privados de Joe Lewis hacia la estancia del magnate británico ubicada en Lago Escondido.
El escrito plantea que, “en caso de corroborarse que el traslado, alojamiento y/u otras actividades de los funcionarios públicos descriptos, entre ellos magistrados de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, no fue solventado por ellos mismos, sino por privados, estaríamos ante la existencia de una entrega y aceptación de dádivas, dando lugar a la comisión de diversos delitos que el Ministerio Público Fiscal tiene, además, el deber internacional de investigar y sancionar, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.
Al mismo tiempo, la denuncia evidencia que “la recepción de las dádivas no solo constituye una afectación repudiable desde el punto de vista de la independencia judicial y de la ética republicana exigible a los mencionados funcionarios; sino que es, esencialmente, un incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, constitutivo del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal”.
“Se han naturalizado en nuestro sistema de justicia las relaciones indebidas entre actores que, para quienes nos preocupa el resguardo de la independencia judicial, jamás deberían producirse. Es justamente la falta de reacción por parte del órgano disciplinario –en este caso, el Consejo de la Magistratura- ante hechos similares que reiteradamente se han denunciado, lo que habilita a que jueces y juezas se desentiendan de sus deberes de no participar activamente en política», se afirma en el cuerpo de la denuncia.
Asimismo, el escrito presentado por el ministro Soria contiene un pedido de tener al Estado Nacional por parte querellante: “Gran parte de los sindicados como autores de los graves delitos ostentan los cargos de magistrados del Poder Judicial de la Nación».
El lunes último, por cadena nacional, el presidente Alberto Fernández anunció que había instruido al Ministerio de Justicia para que «se investigue penalmente» el intercambio de chats y audios entre jueces federales, directivos de medios, funcionarios del Gobierno porteño y exintegrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de la gestión de Juntos por el Cambio (JxC) tras compartir un viaje a Lago Escondido.
Al mismo tiempo, solicitó al Congreso que «avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la Nación».
También informó que el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura pedirá el inicio de un sumario contra los magistrados implicados ante la Comisión de Disciplina del cuerpo.
Buenos Aires
Nuevo mapa político en CABA tras reconfiguración del PRO
El oficialismo gana fuerza en la Legislatura porteña en medio de tensiones internas
El bloque del PRO en la Legislatura porteña sufrió una fractura que favoreció a La Libertad Avanza (LLA), generando un reacomodamiento político en la Ciudad de Buenos Aires. Este movimiento interno en el PRO profundiza las tensiones dentro del partido y reconfigura la relación de fuerzas en el distrito.
La división dentro del PRO otorga más peso a LLA, que gana representación en la Legislatura porteña. Este cambio podría alterar la dinámica política en la Ciudad y redefinir las estrategias del oficialismo en el territorio.
La fractura en el PRO y sus efectos en la Legislatura
La ruptura del bloque del PRO en la Legislatura porteña se enmarca en la disputa de liderazgo dentro del partido. En un contexto de tensiones internas, algunos legisladores se alejaron del bloque mayoritario y mostraron mayor afinidad con LLA.
El impacto de este cambio es significativo, ya que la Legislatura porteña ha sido históricamente dominada por el PRO. La nueva configuración genera incertidumbre sobre el futuro del partido en la Ciudad y sobre su capacidad para mantener el control legislativo.
Esta fractura también refuerza la presencia de LLA en la Legislatura, lo que podría impactar en la distribución de poder dentro del oficialismo. La dinámica interna del PRO y su relación con el espacio libertario serán claves en las próximas decisiones políticas en la Ciudad.
Bullrich y su sintonía con La Libertad Avanza
El alineamiento entre Patricia Bullrich y LLA es una señal de consolidación de su cercanía con el gobierno de Javier Milei. Desde su llegada al Ministerio de Seguridad, la ministra ha trabajado en sintonía con la gestión nacional y ahora este vínculo se extiende al plano legislativo porteño.
El movimiento dentro del PRO refuerza el rol de Bullrich dentro del oficialismo. Su acercamiento a LLA le permite ganar influencia en la Legislatura porteña y en la estructura política de la Ciudad, lo que podría fortalecer su posicionamiento dentro del gobierno.
Para el PRO, este escenario representa un desafío. La fractura dentro del bloque legislativo pone en discusión el liderazgo del partido en la Ciudad y obliga a una reconfiguración de su estrategia política. En este contexto, la relación entre el PRO y LLA se vuelve clave para el futuro del espacio.
Internacionales
Elon Musk celebró el «plan motosierra» de Javier Milei
País
El oficialismo avanza y relega la eliminación de las PASO
Negociaciones en sesiones extraordinarias y la presión de las provincias
La suspensión de las PASO domina el clima político en el Congreso, donde el oficialismo apuesta a un respaldo clave de los gobernadores. Mientras algunos bloques plantean eliminar o modificar las Primarias, la mayoría se inclina por suspenderlas durante este año.
En este contexto, el gobierno de Javier Milei habilitó sesiones extraordinarias para discutir proyectos con mayor consenso, como Ficha Limpia y juicio en ausencia. Sin embargo, el debate sobre la continuidad, modificación o supresión total de las PASO acapara la agenda.
Tensiones Políticas y Búsqueda de Consensos
El oficialismo, liderado por Unión por la Patria, sostiene que descartar la eliminación de las Primarias y optar por su suspensión es lo más viable. Para consolidar esta postura, se apoya en varios mandatarios provinciales que prefieren evitar internas costosas y desgastantes.
Entre las fuerzas opositoras, el PRO avalaría la suspensión de las PASO únicamente este año, mientras la UCR insiste en reformarlas para reducir gastos y tiempos. Estas divergencias confluyen en un punto central: preservar un método que, pese a todo, potencia la competencia interna.
Guillermo Francos, jefe de Gabinete, se reunió con Cristian Ritondo (PRO) y Rodrigo de Loredo (UCR) para delinear pactos sobre Ficha Limpia y juicio en ausencia. No obstante, el tema electoral sigue polarizando el debate y amenaza con acaparar el resto de las sesiones.
Suspensión de las PASO: el Rol Clave de los Gobernadores
La bancada libertaria considera que las negociaciones se definirán al filo del plazo establecido para las sesiones extraordinarias. Su previsión es que, ante la presión de los mandatarios provinciales, el Congreso acabe optando por suspender el mecanismo en lugar de eliminarlo definitivamente.
Varios gobernadores, incluidos algunos opositores, ven con buenos ojos la suspensión de las PASO por los beneficios que obtendrían al controlar la definición de candidaturas en sus territorios. Esa dinámica reduce la exposición a internas desgastantes y amplía su margen de maniobra política.
En tanto, la indefinición del peronismo retrasa acuerdos, ya que una eventual suspensión nacional implicaría lo mismo en Buenos Aires. Allí, la interna entre el gobernador Axel Kicillof y otros sectores de Unión por la Patria depende de señales de Cristina Kirchner y Sergio Massa.
Perspectivas Legislativas
El Ejecutivo planea presentar primero el proyecto de Ficha Limpia, que cuenta con mayor aceptación, para ganar tiempo y negociar la reforma electoral. Con ello, la meta es alcanzar un dictamen que permita llevar la suspensión al recinto antes del fin de las extraordinarias.
Si la Cámara de Diputados aprueba el cambio, el Senado deberá tratarlo con al menos siete días de distancia entre dictamen y sesión en el recinto. Este cronograma ajustado ejerce presión sobre todos los bloques, que buscan no quedar expuestos a negociaciones tardías.
Para el oficialismo, cerrar este debate definirá la hoja de ruta electoral de 2025. En la visión de sus impulsores, alcanzar la suspensión de las PASO representaría un triunfo político y permitiría concentrar esfuerzos en otras iniciativas con mayor consenso multipartidario.