El Gobierno nacional denunció hoy a los jueces federales, al CEO del Grupo Clarín y a otros participantes del viaje a Lago Escondido realizado a principios de octubre pasado por el presunto delito de «incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas», según se informó oficialmente.
«Por instrucción del Presidente de la Nación argentina, Alberto Fernández, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche para que se investigue los hechos vinculados al vuelo 26917 de la empresa Flyzar y, particularmente, lo relacionado a su financiamiento», se indicó en un comunicado oficial.
Entre otras pruebas, se pide que la Justicia ordene «la entrega de los aparatos de telefonía celular de todos los implicados y, de ser necesario, el secuestro de los mismos aparatos».
Hace algunos meses, una investigación periodística de El Destape reveló la constancia de vuelo que mostraba la nómina de los hoy denunciados y, el fin de semana último, el diario Tiempo Argentino develó el contenido de un grupo de chat en el que los acusados intercambiaban estrategias para contener la denuncia y dar una versión construida de las características de ese viaje.
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Según se precisó, en el escrito presentado por el Ministerio de Justicia se denunció por incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas al juez federal Julián Ercolini; al integrante de la Cámara Federal de Casación Penal Carlos Mahiques; al titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, Pablo Yadarola y al titular del juzgado Nacional de 1º instancia en lo Contencioso, Pablo Cayssials.
A ellos se suma el actual fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; y el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’ Alessandro.
Por otra parte, se acusó por el ofrecimiento de dádivas al CEO del Grupo Clarín, Jorge Rendo; al administrador del inmueble en el que se habría desarrollado el encuentro, Nicolás Van Ditmar; al exdirector de asuntos jurídicos de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado, Leonardo Bergroth; y a Tomás Reinke, publicista especializado en publicidad digital y política.
En la denuncia se busca que se investiguen hechos que tuvieron lugar durante la semana del 13 de octubre, cuando los denunciados compartieron un vuelo en un avión privado, desde el aeropuerto de San Fernando (Buenos Aires) a Bariloche (Río Negro), con financiamiento desconocido.
«Una vez concluido el vuelo, a la comitiva se habría sumado el CEO del Grupo Clarín, Jorge Rendo, y el director de Asuntos Legales e Institucionales del mismo grupo empresario y sobrino de Héctor Magnetto, Pablo Casey, entre otras personas aún no identificadas», señala el comunicado difundido por la Presidencia de la Nación.
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Ya en territorio patagónico y «según la información que tomó estado público», la comitiva completa se dirigió en vehículos privados de Joe Lewis hacia la estancia del magnate británico ubicada en Lago Escondido.
El escrito plantea que, “en caso de corroborarse que el traslado, alojamiento y/u otras actividades de los funcionarios públicos descriptos, entre ellos magistrados de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, no fue solventado por ellos mismos, sino por privados, estaríamos ante la existencia de una entrega y aceptación de dádivas, dando lugar a la comisión de diversos delitos que el Ministerio Público Fiscal tiene, además, el deber internacional de investigar y sancionar, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.
Al mismo tiempo, la denuncia evidencia que “la recepción de las dádivas no solo constituye una afectación repudiable desde el punto de vista de la independencia judicial y de la ética republicana exigible a los mencionados funcionarios; sino que es, esencialmente, un incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, constitutivo del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal”.
“Se han naturalizado en nuestro sistema de justicia las relaciones indebidas entre actores que, para quienes nos preocupa el resguardo de la independencia judicial, jamás deberían producirse. Es justamente la falta de reacción por parte del órgano disciplinario –en este caso, el Consejo de la Magistratura- ante hechos similares que reiteradamente se han denunciado, lo que habilita a que jueces y juezas se desentiendan de sus deberes de no participar activamente en política», se afirma en el cuerpo de la denuncia.
Asimismo, el escrito presentado por el ministro Soria contiene un pedido de tener al Estado Nacional por parte querellante: “Gran parte de los sindicados como autores de los graves delitos ostentan los cargos de magistrados del Poder Judicial de la Nación».
El lunes último, por cadena nacional, el presidente Alberto Fernández anunció que había instruido al Ministerio de Justicia para que «se investigue penalmente» el intercambio de chats y audios entre jueces federales, directivos de medios, funcionarios del Gobierno porteño y exintegrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de la gestión de Juntos por el Cambio (JxC) tras compartir un viaje a Lago Escondido.
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Al mismo tiempo, solicitó al Congreso que «avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la Nación».
También informó que el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura pedirá el inicio de un sumario contra los magistrados implicados ante la Comisión de Disciplina del cuerpo.
La Justicia examina los lazos entre Manuel Adorni y la productora de Marcelo Grandio por pagos de la TV Pública
La investigación judicial sobre Manuel Adorni y la productora de Marcelo Grandio se intensifica tras revelarse pagos de la TV Pública a IMHOUSE S.A.
La Justicia examina los lazos entre Manuel Adorni y la productora de Marcelo Grandio por pagos de la TV Pública
Recientemente, se han añadido nuevos datos a la investigación judicial que indaga sobre las relaciones entre Manuel Adorni y la productora de Marcelo Grandio. Documentos oficiales han indicado que IMHOUSE S.A., asociada al periodista y empresario, recibió más de $3 millones en pagos mensuales de la TV Pública, en el contexto del programa “Enredados”.
Estos hallazgos contradicen las afirmaciones del jefe de Gabinete, quien en su último informe ante el Congreso afirmó que el canal estatal “no había realizado pagos a IMHOUSE S.A.”.
Qué dicen los registros sobre la productora de Marcelo Grandio
De acuerdo con una investigación de medios, Radio y Televisión Argentina (RTA) efectuó pagos a la productora desde octubre de 2025. El contrato de coproducción fue firmado por Carlos María Curci González, interventor de Medios Públicos, y Horacio Silva, representante de IMHOUSE.
El programa “Enredados”, liderado por Marcelo Grandio, comenzó su transmisión en la TV Pública en streaming desde septiembre del año anterior. La documentación indica que existen al menos seis contratos relacionados con la producción.
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La conexión entre Manuel Adorni y la productora de Grandio está siendo analizada por el sistema judicial, debido a preocupaciones sobre posibles conflictos de intereses y negociaciones inapropiadas en el ámbito público.
La conexión entre Adorni y Grandio
Este vínculo se remonta a varios años atrás, donde incluso colaboraron en proyectos televisivos, como el programa “Gritalo!”, transmitido por Canal Metro y también producido por IMHOUSE S.A.
Grandio ha descrito a Adorni en diversas ocasiones como un “colega y amigo eterno”. Esta cercanía ha sido objeto de escrutinio tras revelarse que Horacio Silva financió un vuelo privado en el que ambos viajaron desde Punta del Este.
Frente a estas sospechas, la Justicia ha decidido peritar las comunicaciones entre el funcionario y el empresario para investigar si hubo gestiones directas relacionadas con los contratos firmados con el Estado.
Cómo justificó el Gobierno los pagos
Desde la Casa Rosada, se afirmó que la relación entre RTA e IMHOUSE corresponde a un contrato de coproducción que se basa en ingresos publicitarios.
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Según la explicación proporcionada, la productora enviaba órdenes de publicidad mensualmente y, tras verificar las transmisiones, la TV Pública emitía las facturas correspondientes. En los casos donde los ingresos no cubrían los costos de producción, se realizaba una compensación administrativa entre las partes.
El Gobierno subrayó que estas transacciones no implicaron desembolsos directos y que las órdenes de pago registradas son parte de mecanismos contables internos relacionados con compensaciones de facturación.
Mientras tanto, la causa judicial sigue su curso para determinar si ha habido irregularidades en la relación entre funcionarios públicos y la productora.
Reforma en el régimen de armas: el Gobierno presenta un nuevo decreto
El Gobierno argentino implementa un nuevo decreto que transforma el régimen de armas, modernizando la clasificación, portación y herencia de armamento en el país.
Reforma en el régimen de armas: el Gobierno presenta un nuevo decreto
El Gobierno de Argentina ha introducido cambios significativos en el régimen de armas mediante la publicación del decreto 306/2026 en el Boletín Oficial este lunes. Esta normativa modifica aspectos relacionados con la clasificación de armamento, las condiciones de acceso, la portación y los procedimientos administrativos para el control estatal.
El objetivo de esta reforma es modernizar la aplicación de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429, ajustando los criterios para la tenencia y uso de armas de fuego, en concordancia con los principios constitucionales y la regulación vigente.
Nuevas normas sobre acceso y portación
Entre las disposiciones más destacadas del decreto, se establece que el acceso y la portación de armas no podrán estar restringidos de manera irrazonable o desproporcionada. La normativa ofrece un marco integral para la adquisición, uso, transporte e importación de armas de fuego, así como de materiales explosivos y químicos agresivos.
Asimismo, se han actualizado los procedimientos administrativos relacionados con el registro y control por parte de las autoridades competentes.
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Modificaciones en armas y municiones prohibidas
Este decreto también redefine la lista de armas y materiales prohibidos. Se incluyen escopetas con características específicas, dispositivos que transforman armas semiautomáticas en automáticas, armas ocultas y diversos tipos de municiones especiales.
Además, se prohíben proyectiles perforantes, explosivos, incendiarios o envenenados, y dispositivos químicos de efectos letales. Estas restricciones abarcan la fabricación, comercialización, transporte e importación de estos materiales.
Actualización de categorías y uso civil
Una de las modificaciones más relevantes es la actualización de la categoría de armas de uso civil condicional. Se incorporan armas portátiles que no estaban previamente contempladas y aquellas que han dejado de ser utilizadas por las fuerzas de seguridad.
Este grupo también incluye accesorios como silenciadores y miras nocturnas, diseñados para mejorar la precisión en condiciones de baja visibilidad.
Trámite de herencia de armas: proceso más ágil
Las modificaciones también facilitan el registro de armas heredadas. A partir de ahora, los herederos podrán iniciar el trámite sin necesidad de una declaratoria judicial previa.
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Para ello, deberán presentar documentación que respalde el vínculo familiar, como partidas de nacimiento, matrimonio o defunción. Esta medida busca agilizar los procesos y asegurar la trazabilidad del armamento en manos de particulares.
La Sala de Periodistas de Casa Rosada vuelve a funcionar con nuevas restricciones
La Casa Rosada reabre su Sala de Periodistas tras una revisión de protocolos de seguridad, permitiendo el regreso de las conferencias de prensa con nuevas restricciones.
La nueva apertura de la Sala de Periodistas en Casa Rosada
Este lunes, la Casa Rosada reanuda la actividad habitual en su Sala de Periodistas después de un cierre de diez días, motivado por una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad establecidos.
Con esta reapertura, se anticipa el retorno de las conferencias de prensa lideradas por Manuel Adorni, quien tiene programada su primera intervención a las 11, restableciendo así el vínculo formal entre el Gobierno y los periodistas acreditados.
Nuevas restricciones y protocolos de acceso
El regreso de la Sala de Periodistas no se llevará a cabo bajo las mismas condiciones que anteriormente. Se ha informado que el Gobierno implementará protocolos de control revisados, que incluirán restricciones en áreas específicas del edificio y modificaciones en la circulación de los medios de comunicación.
A pesar de que se reabrirá el acceso a los comunicadores acreditados, ciertos sectores tendrán ingreso restringido y se instaurarán medidas adicionales de supervisión dentro de la sede gubernamental.
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Controversia por las nuevas medidas de seguridad
El cierre de la sala generó controversia, especialmente tras la eliminación del acceso mediante huella dactilar para los periodistas, lo que provocó críticas por parte de sindicatos y asociaciones de prensa. Estos grupos han expresado su preocupación de que tales medidas puedan interferir con el ejercicio libre del periodismo.
La reapertura se produce en un contexto delicado, luego de una denuncia de la Casa Militar que dio lugar a una investigación judicial por presunto espionaje ilegal.
Investigación actual en marcha
La investigación involucra a periodistas de la señal Todo Noticias (TN), acusados de capturar imágenes de zonas restringidas utilizando dispositivos tecnológicos. El juez Ariel Lijo está a cargo de la causa, que se centra en la figura de intromisión ilegítima.
La decisión del gobierno de Javier Milei de restringir el acceso desde el 23 de abril había intensificado las tensiones con el sector periodístico, que ahora observa con atención las nuevas condiciones de funcionamiento.