Política
CONDENAN A CRISTINA FERNÁNDEZ A SEIS AÑOS DE PRISIÓN E INHABILITACIÓN PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS
El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 condenó hoy Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa por la obra pública en Santa Cruz, una sentencia que para la vicepresidenta fue dictada por un «estado paralelo, una mafia judicial».
Tras escuchar la condena en su contra, la dos veces expresidenta emitió un mensaje a través de sus redes sociales y anticipó que en 2023 no será candidata a ningún cargo electivo, por lo que quedará sin fueros a partir del 10 de diciembre del año próximo.
«Me van a poder meter presa después del 10 de diciembre», afirmó la Vicepresidenta en la exposición que hizo a través de YouTube, en la que aseguró que la verdadera condena es el intento de proscribirla e inhabilitarla de por vida para ejercer cargos públicos.
Los fundamentos del veredicto emitido hoy por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso serán dados a conocer el 9 de marzo de 2023, fecha a partir de la cual las partes podrán presentar sus apelaciones.
La sentencia quedará firme cuando se agoten todas las instancias, es decir, cuando la Corte Suprema haya respondido todos los planteos que le lleguen.
El TOF 2 absolvió además por mayoría a la expresidenta y al resto de los acusados en relación al delito de asociación ilícita por el cual los acusaron los fiscales del juicio Diego Luciani y Sergio Mola: el voto en disidencia en relación a ese punto fue del juez Basso.
El tribunal también condenó al empresario Lázarp Báez a seis años de prisión como partícipe necesario de administración fraudulenta, en tanto que al exsecretario de Obras Públicas José López y al exdirector de Vialidad Nacional Néstor Periotti también los sentenció a seis años de cárcel como coautores del delito, a la vez que dispuso su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
De los trece imputados por este caso hubo tres que fueron absueltos: el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y el expresidente de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP) Héctor Garro.
En tanto, el exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner resultó sobreseído por extinción de la acción penal. Había sido acusado por supuesto incumplimiento de funcionario público.
Entre los condenados también estuvieron Juan Carlos Villafañe, exjefe de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP, 5 años de prisión), Raúl Pavesi (también ex AGVP, 4 años y medio) y José Raúl de Santibañez, del mismo organismo (4 años). A Raúl Daruich, responsable del Distrito 23 «Santa Cruz» de la DNV, la impusieron 3 años y medio de cárcel.
El TOF 2 decidió, además, «disponer el decomiso de los efectos del delito, que consiste en la suma actualizada de ochenta y cuatro mil ochocientos treinta y cinco millones, doscientos veintisiete mil trescientos setenta y ocho pesos con cuatro centavos ($84.835.227.378,04)», según leyó el presidente del tribunal, Gorini.
La lectura del veredicto comenzó a las 17.31 y concluyó 17 minutos después en una sala de audiencias de los tribunales federales de Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro.
Mientras un grupo de manifestantes clamaba fuera del edificio por «Cristina presidenta», los imputados, sus defensores y los fiscales seguían la audiencia a través de la plataforma virtual zoom.
Tras la lectura del veredicto, el tribunal difundió una breve reseña de los fundamentos que serán dados a conocer el año que viene, en la que los jueces afirmaron que existió una maniobra para beneficiar a Báez y que para su concreción fue esencial su relación con la familia Kirchner.
Los jueces sostuvieron que los hechos investigados «evidencian la existencia de vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la administración pública (nacional y provincial) y las empresas contratistas del Estado pertenecientes al mencionado grupo empresarial».
Esos lazos -sostuvieron- «fueron determinantes para la concreción de una defraudación en la que predominó una ficta legalidad para instrumentar procesos y decisiones administrativas que buscaron asegurar y disimular un beneficio ilegítimo a favor de, por lo menos, dos de las personas imputadas en este proceso (Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Antonio Báez)».
«Tenemos la certeza de que, mediante la tramitación de cincuenta y un procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal», aseveraron los jueces en su reseña.
«La evidencia ha demostrado que durante ese período las obras viales licitadas en esa provincia fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas al imputado Lázaro Antonio Báez, grupo cuya conformación y crecimiento económico exponencial se vio directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción», señalaron los magistrados.
Aquellos procesos -detallaron- «fueron llevados a cabo, en su mayoría, por la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP), en virtud de facultades delegadas por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y, ocasionalmente, por este último organismo en forma directa».
«La prueba producida exhibe que algunos de los imputados (Nelson Guillermo Periotti, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez), ex funcionarios de las agencias viales referidas, operaron de diversas maneras al margen del interés público en el marco del desarrollo de las licitaciones y la ejecución de las obras -cada cual según su rol y competencia- configurando, detrás de una apariencia de licitud, una sincronizada y unívoca disposición del aparato estatal enderezado a la consumación del delito», sostuvieron los jueces en la reseña .
«Podemos afirmar que los funcionarios, por destacar algunas de las irregularidades detectadas, omitieron deliberadamente velar por los principios básicos de transparencia y competencia propios de los procesos licitatorios» y «han sido condescendientes con las empresas del grupo Báez para que éstas resultaran adjudicatarias de la mayoría de las obras viales licitadas en Santa Cruz en el segmento temporal aludido (incluso cuando no cumplían con las condiciones necesarias para serlo)», aseguraron los jueces del TOF 2.
«Omitieron controlar suficientemente lo actuado por las contratistas como así también supervisar mínimamente el avance de las obras; y, además, han tratado en forma preferencial a las sociedades del grupo, proveyéndolas de canales exclusivos y privilegiados de cobro (ya sea garantizando adelantos financieros permanentes o a través de pagos anticipados de certificados de obra)», continuaron.
Aseguraron que «se demostró que un conjunto de actos de gobierno del Poder Ejecutivo Nacional, en apariencia y ab initio de carácter neutrales fueron enderezados con la palmaria finalidad de concretar y asegurar la ejecución de la maniobra criminal, reafirmando el funcionamiento del aceitado y concertado circuito de irregularidades».
«Ha sido dirimente, en esa lógica, la comprobación de un interés manifiesto sobre el plan criminal de la por entonces Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, evidenciado a través de su participación en los beneficios económicos producto del delito obtenidos por intermedio de múltiples vínculos contractuales y comerciales con Lázaro Antonio Báez en forma concomitante a la ejecución de esta maniobra», enfatizaron.
Los jueces Gorini, Basso y Giménez Uribiru señalaron: «Nos hemos encontrado ante un hecho inédito en la historia del país, pues se ha acreditado que ciertas decisiones trascendentales respecto de la marcha empresarial del grupo fueron adoptadas siguiéndose órdenes expresas de los más altos integrantes del Poder Ejecutivo Nacional».
«También quedó suficientemente probado que la estrategia delineada entre funcionarios y empresarios se aseguró mediante el dictado de actos administrativos de las agencias referidas, siempre operando bajo una apariencia de legalidad», afirmaron.
«Estas circunstancias reflejaron un nivel grotesco de subordinación, cercanía y confusión entre las personas físicas y jurídicas involucradas en la maniobra (Poder Ejecutivo Nacional, Dirección Nacional de Vialidad, empresas constructoras del Grupo Báez, Administración General de Vialidad Provincial), que ha resultado de especial relevancia al analizarse la atribución de responsabilidad penal individual», aseveraron.
Fuente: Télam
Buenos Aires
Nuevo mapa político en CABA tras reconfiguración del PRO
El oficialismo gana fuerza en la Legislatura porteña en medio de tensiones internas
El bloque del PRO en la Legislatura porteña sufrió una fractura que favoreció a La Libertad Avanza (LLA), generando un reacomodamiento político en la Ciudad de Buenos Aires. Este movimiento interno en el PRO profundiza las tensiones dentro del partido y reconfigura la relación de fuerzas en el distrito.
La división dentro del PRO otorga más peso a LLA, que gana representación en la Legislatura porteña. Este cambio podría alterar la dinámica política en la Ciudad y redefinir las estrategias del oficialismo en el territorio.
La fractura en el PRO y sus efectos en la Legislatura
La ruptura del bloque del PRO en la Legislatura porteña se enmarca en la disputa de liderazgo dentro del partido. En un contexto de tensiones internas, algunos legisladores se alejaron del bloque mayoritario y mostraron mayor afinidad con LLA.
El impacto de este cambio es significativo, ya que la Legislatura porteña ha sido históricamente dominada por el PRO. La nueva configuración genera incertidumbre sobre el futuro del partido en la Ciudad y sobre su capacidad para mantener el control legislativo.
Esta fractura también refuerza la presencia de LLA en la Legislatura, lo que podría impactar en la distribución de poder dentro del oficialismo. La dinámica interna del PRO y su relación con el espacio libertario serán claves en las próximas decisiones políticas en la Ciudad.
Bullrich y su sintonía con La Libertad Avanza
El alineamiento entre Patricia Bullrich y LLA es una señal de consolidación de su cercanía con el gobierno de Javier Milei. Desde su llegada al Ministerio de Seguridad, la ministra ha trabajado en sintonía con la gestión nacional y ahora este vínculo se extiende al plano legislativo porteño.
El movimiento dentro del PRO refuerza el rol de Bullrich dentro del oficialismo. Su acercamiento a LLA le permite ganar influencia en la Legislatura porteña y en la estructura política de la Ciudad, lo que podría fortalecer su posicionamiento dentro del gobierno.
Para el PRO, este escenario representa un desafío. La fractura dentro del bloque legislativo pone en discusión el liderazgo del partido en la Ciudad y obliga a una reconfiguración de su estrategia política. En este contexto, la relación entre el PRO y LLA se vuelve clave para el futuro del espacio.
Internacionales
Elon Musk celebró el «plan motosierra» de Javier Milei
País
El oficialismo avanza y relega la eliminación de las PASO
Negociaciones en sesiones extraordinarias y la presión de las provincias
La suspensión de las PASO domina el clima político en el Congreso, donde el oficialismo apuesta a un respaldo clave de los gobernadores. Mientras algunos bloques plantean eliminar o modificar las Primarias, la mayoría se inclina por suspenderlas durante este año.
En este contexto, el gobierno de Javier Milei habilitó sesiones extraordinarias para discutir proyectos con mayor consenso, como Ficha Limpia y juicio en ausencia. Sin embargo, el debate sobre la continuidad, modificación o supresión total de las PASO acapara la agenda.
Tensiones Políticas y Búsqueda de Consensos
El oficialismo, liderado por Unión por la Patria, sostiene que descartar la eliminación de las Primarias y optar por su suspensión es lo más viable. Para consolidar esta postura, se apoya en varios mandatarios provinciales que prefieren evitar internas costosas y desgastantes.
Entre las fuerzas opositoras, el PRO avalaría la suspensión de las PASO únicamente este año, mientras la UCR insiste en reformarlas para reducir gastos y tiempos. Estas divergencias confluyen en un punto central: preservar un método que, pese a todo, potencia la competencia interna.
Guillermo Francos, jefe de Gabinete, se reunió con Cristian Ritondo (PRO) y Rodrigo de Loredo (UCR) para delinear pactos sobre Ficha Limpia y juicio en ausencia. No obstante, el tema electoral sigue polarizando el debate y amenaza con acaparar el resto de las sesiones.
Suspensión de las PASO: el Rol Clave de los Gobernadores
La bancada libertaria considera que las negociaciones se definirán al filo del plazo establecido para las sesiones extraordinarias. Su previsión es que, ante la presión de los mandatarios provinciales, el Congreso acabe optando por suspender el mecanismo en lugar de eliminarlo definitivamente.
Varios gobernadores, incluidos algunos opositores, ven con buenos ojos la suspensión de las PASO por los beneficios que obtendrían al controlar la definición de candidaturas en sus territorios. Esa dinámica reduce la exposición a internas desgastantes y amplía su margen de maniobra política.
En tanto, la indefinición del peronismo retrasa acuerdos, ya que una eventual suspensión nacional implicaría lo mismo en Buenos Aires. Allí, la interna entre el gobernador Axel Kicillof y otros sectores de Unión por la Patria depende de señales de Cristina Kirchner y Sergio Massa.
Perspectivas Legislativas
El Ejecutivo planea presentar primero el proyecto de Ficha Limpia, que cuenta con mayor aceptación, para ganar tiempo y negociar la reforma electoral. Con ello, la meta es alcanzar un dictamen que permita llevar la suspensión al recinto antes del fin de las extraordinarias.
Si la Cámara de Diputados aprueba el cambio, el Senado deberá tratarlo con al menos siete días de distancia entre dictamen y sesión en el recinto. Este cronograma ajustado ejerce presión sobre todos los bloques, que buscan no quedar expuestos a negociaciones tardías.
Para el oficialismo, cerrar este debate definirá la hoja de ruta electoral de 2025. En la visión de sus impulsores, alcanzar la suspensión de las PASO representaría un triunfo político y permitiría concentrar esfuerzos en otras iniciativas con mayor consenso multipartidario.