Resultados reveladores de una encuesta

Con las elecciones presidenciales de 2027 en el horizonte, las encuestas comienzan a ofrecer datos sobre la percepción de los ciudadanos en la Provincia de Buenos Aires respecto a Javier Milei y Axel Kicillof. A continuación, se analizan las imágenes positivas y negativas de ambos líderes.

La firma encuestadora CB Global Data ha realizado un estudio que evalúa la percepción de ambos políticos, publicando resultados desglosados por municipio. Es importante señalar que la Provincia de Buenos Aires es crucial para cualquier aspirante a la presidencia, ya que representa un núcleo votante significativo.

Axel Kicillof, actual gobernador, busca reforzar su influencia en el conurbano bonaerense, que representa el corazón del peronismo y cuenta con la mayor concentración de población del país. Según la encuesta, el gobernador ha superado a Javier Milei en 21 de los 24 distritos del Gran Buenos Aires. Milei solo obtiene una imagen positiva superior en Tigre, San Isidro y Vicente López.

MILEI Y KICILLOF: LA COMPETENCIA POR LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

La percepción negativa de Milei en el conurbano se ha intensificado notablemente. En distritos como Almirante Brown, Kicillof goza de más del 50% de aprobación, mientras que Milei apenas alcanza un 27%. En Avellaneda, Milei llega al 29%, pero Kicillof también se posiciona firmemente. El mayor desfase se observa en Florencio Varela, donde Kicillof ostenta más del 54% de imagen positiva frente al 23% de Milei.

Este patrón no se limita al sur; también se manifiesta en las zonas oeste y norte. En Merlo y Moreno, Kicillof presenta cifras entre el 47% y Milei solo llega al 25%, con una diferencia de más de 20 puntos. Sin embargo, en Pilar, la competencia es más reñida, con Kicillof liderando por 39% a 38%. En Escobar, la ventaja es de 38% a 34%. En el norte, la brecha se reduce, pero Kicillof sigue dominando en imagen positiva. En el distrito más decisivo, La Matanza, Milei enfrenta un duro golpe con un 73% de imagen negativa.

Los únicos partidos donde Milei logra una imagen positiva superior a la de Kicillof son Tigre (por un escaso margen de cuatro puntos), San Isidro y Vicente López. En San Isidro, Milei se destaca con un 18% de ventaja. En Vicente López, alcanza el 43%, comparado con el 31% del gobernador.

La Provincia de Buenos Aires ha sido históricamente un bastión de intendentes peronistas, lo que ha forjado una relación duradera entre los ciudadanos y este partido. Sin embargo, en los últimos años, el panorama ha comenzado a cambiar, reflejando un debate electoral. A pesar de la crisis actual, los ciudadanos parecen inclinarse hacia el modelo propuesto por Kicillof, dejando de lado la gestión de Milei.

La encuesta de CB Global Data se llevó a cabo entre el 1 y el 4 de agosto de 2026.

El Senado aprueba reformas en alquileres y desalojo

La Cámara de Senadores ha otorgado media sanción a la propuesta de ley sobre la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la cual introduce modificaciones importantes en los procesos de desalojo de propiedades tanto urbanas como rurales, así como nuevas normativas para alquileres. Este proyecto, que ahora se dirige a la Cámara de Diputados para su evaluación, plantea cambios significativos que impactarán a propietarios, inquilinos y ocupantes.

El propósito principal de la iniciativa es optimizar los trámites judiciales relacionados con la recuperación de inmuebles, utilizando herramientas procesales que faciliten la solución de conflictos en tiempos más reducidos, al mismo tiempo que se incorporan medidas para proteger a las personas en situaciones vulnerables.

Procedimientos más rápidos para recuperar propiedades

Uno de los cambios más destacados de la propuesta es que los desalojos ahora se tramitarán a través de juicios sumarísimos, lo que significa un proceso judicial más ágil que el habitual. Esta modificación busca acelerar los tiempos de respuesta de los tribunales.

Además, la reforma amplía quién puede iniciar una demanda, permitiendo que no solo los propietarios, sino también cualquier persona con un derecho o interés legítimo afectado, puedan solicitar la restitución del inmueble.

Nuevas normativas para alquileres y deudas

En el ámbito de los alquileres de vivienda, el proyecto incluye una fase previa obligatoria antes de iniciar un juicio por falta de pago. Esto implica que el propietario debe notificar formalmente al inquilino y otorgarle un plazo mínimo de diez días para que regularice su deuda. La notificación puede realizarse en la dirección acordada en el contrato o incluso a través de medios electrónicos.

Si el inquilino no salda la deuda en ese plazo, el propietario podrá proceder con el desalojo utilizando la vía más rápida que permite la ley. Además, se establece que tras la finalización del contrato de alquiler, el inquilino tiene la obligación de devolver la propiedad y el propietario no podrá rechazar las llaves ni imponer condiciones adicionales para su entrega.

Modificaciones para ocupaciones y situaciones de vulnerabilidad

Entre las innovaciones, el proyecto ofrece una solución cuando el propietario se niega a recibir las llaves. En tal caso, el inquilino tiene la opción de realizar una consignación judicial, lo que le permitirá dejar de acumular alquileres y obligaciones desde la notificación al propietario.

En cuanto a las ocupaciones irregulares, se otorga al juez la facultad de ordenar la restitución inmediata del inmueble si se acredita el derecho de quien reclama, siempre que se presente una caución juratoria. Esto tiene como fin evitar dilataciones en la recuperación de propiedades.

Sin embargo, también se contemplan medidas para proteger a las personas en situaciones de especial vulnerabilidad. Si entre los ocupantes hay menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el Ministerio Público Tutelar y otros organismos de protección deberán intervenir. En estos casos, el juez puede otorgar un plazo de hasta diez días para encontrar una solución habitacional temporal.

La reforma también cambia la forma en que se realizan las notificaciones en los procesos de desalojo. Si no hay un domicilio especial designado, la demanda podrá notificarse en el propio inmueble o a través del domicilio electrónico pertinente. Además, los oficiales de justicia tendrán la autoridad para identificar a los ocupantes y solicitar documentación, así como requerir la asistencia de fuerzas públicas si es necesario.

Por último, el proyecto incluye sanciones para quienes oculten información relevante durante el proceso. Quienes inicien un desalojo y omitan datos fundamentales pueden enfrentar multas de hasta diez veces el valor del último alquiler, en beneficio de la parte afectada.

La propuesta obtuvo media sanción tras un intenso debate político, y el oficialismo ha decidido eliminar secciones relacionadas con la ley de Tierras y la ley de Manejo del Fuego para conseguir los votos necesarios. Ahora, el proyecto se trasladará a la Cámara de Diputados, donde se determinará su futuro.

Propuesta legislativa para sancionar el encubrimiento familiar en femicidios

En la Cámara de Diputados se ha introducido un proyecto que busca reformar el Código Penal para penalizar a aquellos familiares y personas cercanas que intervengan activamente en acciones destinadas a encubrir femicidios.

La iniciativa, promovida por el diputado Guillermo Michel de Unión por la Patria, pretende restringir la aplicación de la llamada «excusa absolutoria familiar», una figura legal que actualmente protege a ciertos allegados que apoyan a un familiar o amigo implicado en un crimen.

Modificaciones propuestas

El proyecto sugiere una enmienda al artículo 277, inciso 4°, del Código Penal, de modo que la exención no se aplique a quienes, de forma intencionada, colaboren en ocultar pruebas o interfieran en las indagaciones relacionadas con femicidios y homicidios vinculados a la violencia de género.

El texto aclara que no se obliga a las personas a denunciar a sus familiares ni se castiga el silencio o la negativa a declarar ante la Justicia. La propuesta se enfoca únicamente en sancionar acciones activas que busquen obstaculizar la investigación de estos delitos.

Conductas susceptibles de sanción

Se consideran encubrimiento conductas como la destrucción u ocultación de evidencias, la alteración de la escena del crimen, la eliminación de pruebas relevantes o la provisión de información engañosa a las autoridades.

Según el legislador, cuando un allegado al autor colabora conscientemente en estas acciones, deja de actuar por un vínculo familiar o emocional y se convierte en cómplice de la impunidad de un delito grave.

El proyecto sostiene que la protección de la intimidad familiar no puede ser un obstáculo para la investigación y la sanción de delitos que vulneran los derechos fundamentales de las mujeres.

Conformidad con compromisos internacionales

Además, la iniciativa tiene como meta alinear la legislación argentina con los compromisos adquiridos en la Convención de Belém do Pará y otros instrumentos internacionales de derechos humanos que demandan respuestas efectivas frente a la violencia de género.

En este contexto, el proyecto enfatiza que combatir la impunidad no solo implica sancionar a los autores directos de femicidios, sino también erradicar normativas que puedan obstaculizar las investigaciones o favorecer la falta de justicia.

Si se aprueba en el Congreso, esta propuesta representaría un cambio significativo en el tratamiento penal de aquellos que colaboran en el encubrimiento de tales delitos.