El presidente Javier Milei afirmó que el problema del incumplimiento en los créditos es una cuestión privada y descartó la posibilidad de asistencia gubernamental. Luis Caputo había manifestado una opinión similar. En la provincia de Buenos Aires, la morosidad de las familias se ha cuadruplicado en un año, superando el 14% si se consideran las deudas no bancarias.
En una reciente entrevista, Milei subrayó que no se implementará un programa estatal para apoyar a las familias que enfrentan dificultades para pagar sus créditos, enfatizando que los deudores son responsables de sus decisiones. “¿Les pusieron una pistola en la cabeza para endeudarse?”, cuestionó el mandatario durante su charla con Luis Majul en LN+.
Al ser interrogado sobre el aumento en la morosidad familiar, el presidente explicó que se trata de un acuerdo entre partes. “Si contraigo una obligación con alguien y por algún motivo no puedo cumplirla, ¿es justo que otro pague por ello?”, argumentó.
Milei agregó que su administración alienta a las entidades bancarias a refinanciar las deudas, pero se opone a que se utilicen fondos públicos para saldar las obligaciones de quienes no pueden pagar. Además, vinculó el incremento de la morosidad a la inestabilidad económica y política que precede a las elecciones de 2025, asociándolo con acciones del kirchnerismo.
Caputo: “Cada uno debe asumir su responsabilidad”
Las declaraciones de Milei se produjeron pocos días después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, adoptara una postura similar. Caputo había señalado que el endeudamiento de las familias es “un asunto privado” y que el Gobierno tiene recursos limitados para intervenir.
“Cada uno debe hacerse responsable de sus decisiones, porque, si yo te ayudo a ti tras haber tomado un mal crédito, no sé si lo hiciste porque no llegabas a fin de mes o porque alguien te dijo que Milei se iba y que el dólar iba a alcanzar los 3.000”, expresó Caputo.
El ministro también criticó a las entidades financieras, mencionando que el Gobierno les había advertido que prestar a tasas cercanas al 10% mensual, mientras los salarios solo crecían en un 2%, podría generar incumplimientos por parte de los clientes.
A pesar del deterioro de los indicadores, Caputo pronosticó que la morosidad “se normalizará” y destacó que algunos bancos han comenzado a ofrecer refinanciaciones con tasas más accesibles.
No es la primera vez que Caputo responsabiliza a los prestatarios. En mayo, había mencionado que una parte de la población se había “sobreendeudado a tasas muy altas, creyendo que la inflación reduciría sus deudas”, algo que no ocurrió.
La morosidad familiar alcanza cifras récord
Las declaraciones coinciden con un contexto de creciente dificultad para cumplir con pagos de tarjetas y préstamos. Según el Informe sobre Bancos del Banco Central, en abril de 2026, el 12,1% del financiamiento otorgado a familias estaba en situación irregular.
Este indicador ha aumentado 8,4 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes del año anterior. La morosidad familiar también superaba significativamente la de las empresas, que se situaba en un 3,3%.
Los datos de mayo reflejaron un nuevo incremento: la irregularidad en los préstamos a familias se acercó al 13%, alcanzando el nivel más alto en dos décadas. Las tarjetas de crédito y los préstamos personales son los segmentos más impactados.
Es importante aclarar que este aumento no implica que el 13% de las familias argentinas sean morosas. El indicador del Banco Central representa el porcentaje del saldo de créditos familiares que se encuentra en situación irregular.
En Buenos Aires, la morosidad supera el 14%
La problemática también afecta gravemente a los hogares en la provincia de Buenos Aires. Un informe basado en datos del Banco Provincia reveló que la morosidad bancaria en la cartera familiar creció del 2,9% en febrero de 2025 al 11,2% en febrero de 2026.
Esto significa que el indicador se cuadruplicó en tan solo un año. Al incluir préstamos de entidades no bancarias, aplicaciones financieras y comercios, la morosidad supera el 14%.
Desde el Banco Provincia indicaron que las mayores dificultades se concentran en personas que perciben hasta cuatro salarios mínimos y en jóvenes de 18 a 24 años. Además, se estima que aproximadamente 1,4 millones de bonaerenses están en riesgo crediticio medio o alto.
El uso del crédito ha cambiado, y cada vez más familias utilizan las tarjetas para gastos cotidianos en supermercados y farmacias, en lugar de adquirir bienes duraderos, lo que refleja la necesidad de complementar ingresos insuficientes.
Desigualdades en el Conurbano
El problema de la morosidad no se distribuye equitativamente en la provincia. Un estudio sobre deudores con atrasos prolongados reveló diferencias de más de 20 puntos porcentuales entre diferentes municipios del Conurbano.
Vicente López reportó el nivel más bajo entre los distritos analizados, con un 15,1% de deudores en mora tardía. A continuación se encuentran San Isidro (20,2%), Morón (21,9%), Tres de Febrero (23%) e Ituzaingó (25%).
En contraste, Florencio Varela alcanzó un índice del 38,3%. Otros municipios con altos niveles son José C. Paz (37,3%), Moreno (35,9%), Malvinas Argentinas (35,1%) y Merlo (34,4%).
El mismo estudio situó la deuda mediana de los bonaerenses en aproximadamente 537.000 pesos, utilizando una metodología diferente a la del Banco Central, que contabiliza a personas con atrasos superiores a plazos específicos, lo que hace que los indicadores no sean directamente comparables.
Un debate sobre la responsabilidad individual
Mientras Milei y Caputo enfatizan que la situación resulta de decisiones individuales y contratos entre privados, desde el Banco Provincia se argumenta que el crecimiento de la morosidad se debe principalmente a factores económicos.
La pérdida de ingresos, la precarización laboral, el aumento de tarifas y la utilización del crédito para cubrir necesidades básicas son algunas de las causas mencionadas. Desde esta perspectiva, el incremento del endeudamiento no puede atribuirse únicamente a malas elecciones financieras de las familias.
El aumento de la morosidad podría tener repercusiones en la economía en general. Los hogares que logran recuperar parte de sus ingresos deberán priorizar saldar deudas atrasadas en lugar de destinar esos recursos al consumo. A su vez, los bancos podrían endurecer las condiciones para acceder a nuevos préstamos, disminuir los límites de las tarjetas o elevar las tasas, reflejando un mayor riesgo de incumplimiento.
En este contexto, el Gobierno mantiene su postura: no habrá rescate estatal para deudores y cualquier solución deberá surgir de acuerdos de refinanciación entre las familias y las entidades que otorgaron los créditos.
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