Tras el invierno, Nación evalúa ajustar tanto el monto de las bonificaciones como la cantidad de hogares beneficiados. Esta decisión se produce en un contexto donde en Lomas de Zamora aumentan las quejas por las facturas de Edesur, que en ciertos casos, según reportes de vecinos, han superado el millón de pesos.

El Gobierno nacional ha indicado que tiene la intención de proceder con una nueva reducción de subsidios a las tarifas de luz y gas, una vez que finalice la temporada de mayor consumo energético durante el invierno.

El anuncio fue realizado por el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, en el marco del AmCham Energy Summit 2026. El secretario explicó que la velocidad de esta eliminación se definirá teniendo en cuenta su repercusión en la inflación.

“Con el invierno ya pasado y la baja en los costos de energía, se puede acelerar el proceso de reducción de subsidios”, afirmó González.

Reducir los subsidios implica que una mayor parte del costo de generación de electricidad y gas será asumido directamente por los usuarios a través de sus facturas.

El funcionario también mencionó que actualmente más del 50% de los consumidores residenciales están recibiendo algún tipo de subsidio y adelantó que se están considerando cambios en este esquema.

La discusión gira en torno a si se disminuirá el porcentaje subsidiado para los beneficiarios actuales, si se reducirá la cantidad de hogares que reciban el subsidio, o si se implementarán ambas medidas de manera conjunta.

“Lo más probable es que se trate de una combinación de ambas estrategias”, agregó.

Facturas en aumento y su impacto en los hogares

Estas declaraciones llegan en un momento en el que los incrementos en los servicios públicos ya están teniendo un significativo efecto en los presupuestos familiares.

Este miércoles, Lomas Conectado reportó las quejas de residentes de Villa Fiorito e Ingeniero Budge, quienes denunciaron haber recibido facturas de Edesur que oscilan entre los $300.000 y $700.000, mientras que otros usuarios afirmaron que algunas boletas han superado el millón de pesos.

Los afectados también han cuestionado los consumos registrados y han comenzado a organizarse para presentar reclamos colectivos ante la empresa y los organismos reguladores.

Una vecina resumió la situación señalando que, ante tales montos, muchas familias se ven obligadas a elegir entre pagar el servicio eléctrico o cubrir otros gastos esenciales del hogar.

Los casos denunciados aún deben ser analizados individualmente para determinar si hay errores en la medición o facturación, pero evidencian un problema real que afecta a muchos hogares de la región: el creciente peso de los servicios en los ingresos familiares.

Defensa del Gobierno sobre el aumento tarifario

Durante su intervención, González defendió la política tarifaria del Gobierno, afirmando que las distribuidoras reguladas ya han ajustado sus tarifas.

El funcionario argumentó que esta actualización ahora permitirá exigir una mejora en la calidad del servicio, dado que se ha superado el período de tarifas desfasadas.

También aseguró que los consumidores han entendido que los incrementos eran necesarios para mejorar la prestación del servicio.

Sin embargo, esta afirmación contrasta con las quejas que persisten entre los usuarios de la zona de concesión de Edesur, tanto por el monto de las facturas como por problemas relacionados con cortes y calidad del suministro.

Reducción de subsidios tras el invierno

El Gobierno había establecido un nuevo régimen de subsidios focalizados para 2026. En el caso de la electricidad, los hogares beneficiados cuentan con una bonificación sobre ciertos bloques de consumo, mientras que en el gas la asistencia se concentra principalmente entre abril y septiembre, que son los meses de mayor demanda.

Durante los últimos meses, se aplicaron bonificaciones extraordinarias para algunos consumidores.

Sin embargo, el panorama parece estar cambiando.

González estimó que el gasto anual en subsidios energéticos se ubicará alrededor del 0,55% del PBI y reconoció que durante el invierno el Estado tuvo que desembolsar más recursos de lo previsto originalmente, debido, entre otros factores, al mayor costo del gas importado.

Con la caída estacional del consumo y del costo de la energía, la intención del Gobierno es acelerar nuevamente la reducción de subsidios.

El Gobierno asegura que buscará manejar estos cambios para evitar un impacto drástico en el índice de precios. No obstante, esto no implica que las tarifas dejarán de aumentar: la discusión que ha planteado el propio Ejecutivo se centra en cuánto subsidio seguirá pagando el Estado y cuánto del costo total se trasladará a los hogares.

Resultados reveladores de una encuesta

Con las elecciones presidenciales de 2027 en el horizonte, las encuestas comienzan a ofrecer datos sobre la percepción de los ciudadanos en la Provincia de Buenos Aires respecto a Javier Milei y Axel Kicillof. A continuación, se analizan las imágenes positivas y negativas de ambos líderes.

La firma encuestadora CB Global Data ha realizado un estudio que evalúa la percepción de ambos políticos, publicando resultados desglosados por municipio. Es importante señalar que la Provincia de Buenos Aires es crucial para cualquier aspirante a la presidencia, ya que representa un núcleo votante significativo.

Axel Kicillof, actual gobernador, busca reforzar su influencia en el conurbano bonaerense, que representa el corazón del peronismo y cuenta con la mayor concentración de población del país. Según la encuesta, el gobernador ha superado a Javier Milei en 21 de los 24 distritos del Gran Buenos Aires. Milei solo obtiene una imagen positiva superior en Tigre, San Isidro y Vicente López.

MILEI Y KICILLOF: LA COMPETENCIA POR LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

La percepción negativa de Milei en el conurbano se ha intensificado notablemente. En distritos como Almirante Brown, Kicillof goza de más del 50% de aprobación, mientras que Milei apenas alcanza un 27%. En Avellaneda, Milei llega al 29%, pero Kicillof también se posiciona firmemente. El mayor desfase se observa en Florencio Varela, donde Kicillof ostenta más del 54% de imagen positiva frente al 23% de Milei.

Este patrón no se limita al sur; también se manifiesta en las zonas oeste y norte. En Merlo y Moreno, Kicillof presenta cifras entre el 47% y Milei solo llega al 25%, con una diferencia de más de 20 puntos. Sin embargo, en Pilar, la competencia es más reñida, con Kicillof liderando por 39% a 38%. En Escobar, la ventaja es de 38% a 34%. En el norte, la brecha se reduce, pero Kicillof sigue dominando en imagen positiva. En el distrito más decisivo, La Matanza, Milei enfrenta un duro golpe con un 73% de imagen negativa.

Los únicos partidos donde Milei logra una imagen positiva superior a la de Kicillof son Tigre (por un escaso margen de cuatro puntos), San Isidro y Vicente López. En San Isidro, Milei se destaca con un 18% de ventaja. En Vicente López, alcanza el 43%, comparado con el 31% del gobernador.

La Provincia de Buenos Aires ha sido históricamente un bastión de intendentes peronistas, lo que ha forjado una relación duradera entre los ciudadanos y este partido. Sin embargo, en los últimos años, el panorama ha comenzado a cambiar, reflejando un debate electoral. A pesar de la crisis actual, los ciudadanos parecen inclinarse hacia el modelo propuesto por Kicillof, dejando de lado la gestión de Milei.

La encuesta de CB Global Data se llevó a cabo entre el 1 y el 4 de agosto de 2026.

El Senado aprueba reformas en alquileres y desalojo

La Cámara de Senadores ha otorgado media sanción a la propuesta de ley sobre la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la cual introduce modificaciones importantes en los procesos de desalojo de propiedades tanto urbanas como rurales, así como nuevas normativas para alquileres. Este proyecto, que ahora se dirige a la Cámara de Diputados para su evaluación, plantea cambios significativos que impactarán a propietarios, inquilinos y ocupantes.

El propósito principal de la iniciativa es optimizar los trámites judiciales relacionados con la recuperación de inmuebles, utilizando herramientas procesales que faciliten la solución de conflictos en tiempos más reducidos, al mismo tiempo que se incorporan medidas para proteger a las personas en situaciones vulnerables.

Procedimientos más rápidos para recuperar propiedades

Uno de los cambios más destacados de la propuesta es que los desalojos ahora se tramitarán a través de juicios sumarísimos, lo que significa un proceso judicial más ágil que el habitual. Esta modificación busca acelerar los tiempos de respuesta de los tribunales.

Además, la reforma amplía quién puede iniciar una demanda, permitiendo que no solo los propietarios, sino también cualquier persona con un derecho o interés legítimo afectado, puedan solicitar la restitución del inmueble.

Nuevas normativas para alquileres y deudas

En el ámbito de los alquileres de vivienda, el proyecto incluye una fase previa obligatoria antes de iniciar un juicio por falta de pago. Esto implica que el propietario debe notificar formalmente al inquilino y otorgarle un plazo mínimo de diez días para que regularice su deuda. La notificación puede realizarse en la dirección acordada en el contrato o incluso a través de medios electrónicos.

Si el inquilino no salda la deuda en ese plazo, el propietario podrá proceder con el desalojo utilizando la vía más rápida que permite la ley. Además, se establece que tras la finalización del contrato de alquiler, el inquilino tiene la obligación de devolver la propiedad y el propietario no podrá rechazar las llaves ni imponer condiciones adicionales para su entrega.

Modificaciones para ocupaciones y situaciones de vulnerabilidad

Entre las innovaciones, el proyecto ofrece una solución cuando el propietario se niega a recibir las llaves. En tal caso, el inquilino tiene la opción de realizar una consignación judicial, lo que le permitirá dejar de acumular alquileres y obligaciones desde la notificación al propietario.

En cuanto a las ocupaciones irregulares, se otorga al juez la facultad de ordenar la restitución inmediata del inmueble si se acredita el derecho de quien reclama, siempre que se presente una caución juratoria. Esto tiene como fin evitar dilataciones en la recuperación de propiedades.

Sin embargo, también se contemplan medidas para proteger a las personas en situaciones de especial vulnerabilidad. Si entre los ocupantes hay menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el Ministerio Público Tutelar y otros organismos de protección deberán intervenir. En estos casos, el juez puede otorgar un plazo de hasta diez días para encontrar una solución habitacional temporal.

La reforma también cambia la forma en que se realizan las notificaciones en los procesos de desalojo. Si no hay un domicilio especial designado, la demanda podrá notificarse en el propio inmueble o a través del domicilio electrónico pertinente. Además, los oficiales de justicia tendrán la autoridad para identificar a los ocupantes y solicitar documentación, así como requerir la asistencia de fuerzas públicas si es necesario.

Por último, el proyecto incluye sanciones para quienes oculten información relevante durante el proceso. Quienes inicien un desalojo y omitan datos fundamentales pueden enfrentar multas de hasta diez veces el valor del último alquiler, en beneficio de la parte afectada.

La propuesta obtuvo media sanción tras un intenso debate político, y el oficialismo ha decidido eliminar secciones relacionadas con la ley de Tierras y la ley de Manejo del Fuego para conseguir los votos necesarios. Ahora, el proyecto se trasladará a la Cámara de Diputados, donde se determinará su futuro.