El Senado aprueba reformas en alquileres y desalojo

La Cámara de Senadores ha otorgado media sanción a la propuesta de ley sobre la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la cual introduce modificaciones importantes en los procesos de desalojo de propiedades tanto urbanas como rurales, así como nuevas normativas para alquileres. Este proyecto, que ahora se dirige a la Cámara de Diputados para su evaluación, plantea cambios significativos que impactarán a propietarios, inquilinos y ocupantes.

El propósito principal de la iniciativa es optimizar los trámites judiciales relacionados con la recuperación de inmuebles, utilizando herramientas procesales que faciliten la solución de conflictos en tiempos más reducidos, al mismo tiempo que se incorporan medidas para proteger a las personas en situaciones vulnerables.

Procedimientos más rápidos para recuperar propiedades

Uno de los cambios más destacados de la propuesta es que los desalojos ahora se tramitarán a través de juicios sumarísimos, lo que significa un proceso judicial más ágil que el habitual. Esta modificación busca acelerar los tiempos de respuesta de los tribunales.

Además, la reforma amplía quién puede iniciar una demanda, permitiendo que no solo los propietarios, sino también cualquier persona con un derecho o interés legítimo afectado, puedan solicitar la restitución del inmueble.

Nuevas normativas para alquileres y deudas

En el ámbito de los alquileres de vivienda, el proyecto incluye una fase previa obligatoria antes de iniciar un juicio por falta de pago. Esto implica que el propietario debe notificar formalmente al inquilino y otorgarle un plazo mínimo de diez días para que regularice su deuda. La notificación puede realizarse en la dirección acordada en el contrato o incluso a través de medios electrónicos.

Si el inquilino no salda la deuda en ese plazo, el propietario podrá proceder con el desalojo utilizando la vía más rápida que permite la ley. Además, se establece que tras la finalización del contrato de alquiler, el inquilino tiene la obligación de devolver la propiedad y el propietario no podrá rechazar las llaves ni imponer condiciones adicionales para su entrega.

Modificaciones para ocupaciones y situaciones de vulnerabilidad

Entre las innovaciones, el proyecto ofrece una solución cuando el propietario se niega a recibir las llaves. En tal caso, el inquilino tiene la opción de realizar una consignación judicial, lo que le permitirá dejar de acumular alquileres y obligaciones desde la notificación al propietario.

En cuanto a las ocupaciones irregulares, se otorga al juez la facultad de ordenar la restitución inmediata del inmueble si se acredita el derecho de quien reclama, siempre que se presente una caución juratoria. Esto tiene como fin evitar dilataciones en la recuperación de propiedades.

Sin embargo, también se contemplan medidas para proteger a las personas en situaciones de especial vulnerabilidad. Si entre los ocupantes hay menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el Ministerio Público Tutelar y otros organismos de protección deberán intervenir. En estos casos, el juez puede otorgar un plazo de hasta diez días para encontrar una solución habitacional temporal.

La reforma también cambia la forma en que se realizan las notificaciones en los procesos de desalojo. Si no hay un domicilio especial designado, la demanda podrá notificarse en el propio inmueble o a través del domicilio electrónico pertinente. Además, los oficiales de justicia tendrán la autoridad para identificar a los ocupantes y solicitar documentación, así como requerir la asistencia de fuerzas públicas si es necesario.

Por último, el proyecto incluye sanciones para quienes oculten información relevante durante el proceso. Quienes inicien un desalojo y omitan datos fundamentales pueden enfrentar multas de hasta diez veces el valor del último alquiler, en beneficio de la parte afectada.

La propuesta obtuvo media sanción tras un intenso debate político, y el oficialismo ha decidido eliminar secciones relacionadas con la ley de Tierras y la ley de Manejo del Fuego para conseguir los votos necesarios. Ahora, el proyecto se trasladará a la Cámara de Diputados, donde se determinará su futuro.

Propuesta legislativa para sancionar el encubrimiento familiar en femicidios

En la Cámara de Diputados se ha introducido un proyecto que busca reformar el Código Penal para penalizar a aquellos familiares y personas cercanas que intervengan activamente en acciones destinadas a encubrir femicidios.

La iniciativa, promovida por el diputado Guillermo Michel de Unión por la Patria, pretende restringir la aplicación de la llamada «excusa absolutoria familiar», una figura legal que actualmente protege a ciertos allegados que apoyan a un familiar o amigo implicado en un crimen.

Modificaciones propuestas

El proyecto sugiere una enmienda al artículo 277, inciso 4°, del Código Penal, de modo que la exención no se aplique a quienes, de forma intencionada, colaboren en ocultar pruebas o interfieran en las indagaciones relacionadas con femicidios y homicidios vinculados a la violencia de género.

El texto aclara que no se obliga a las personas a denunciar a sus familiares ni se castiga el silencio o la negativa a declarar ante la Justicia. La propuesta se enfoca únicamente en sancionar acciones activas que busquen obstaculizar la investigación de estos delitos.

Conductas susceptibles de sanción

Se consideran encubrimiento conductas como la destrucción u ocultación de evidencias, la alteración de la escena del crimen, la eliminación de pruebas relevantes o la provisión de información engañosa a las autoridades.

Según el legislador, cuando un allegado al autor colabora conscientemente en estas acciones, deja de actuar por un vínculo familiar o emocional y se convierte en cómplice de la impunidad de un delito grave.

El proyecto sostiene que la protección de la intimidad familiar no puede ser un obstáculo para la investigación y la sanción de delitos que vulneran los derechos fundamentales de las mujeres.

Conformidad con compromisos internacionales

Además, la iniciativa tiene como meta alinear la legislación argentina con los compromisos adquiridos en la Convención de Belém do Pará y otros instrumentos internacionales de derechos humanos que demandan respuestas efectivas frente a la violencia de género.

En este contexto, el proyecto enfatiza que combatir la impunidad no solo implica sancionar a los autores directos de femicidios, sino también erradicar normativas que puedan obstaculizar las investigaciones o favorecer la falta de justicia.

Si se aprueba en el Congreso, esta propuesta representaría un cambio significativo en el tratamiento penal de aquellos que colaboran en el encubrimiento de tales delitos.

Proyecto presentado por Malena Galmarini

Un nuevo proyecto de ley ha sido introducido por los legisladores de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de restringir el consumo de agua potable en edificios y comercios. Esta propuesta se aplicaría especialmente a negocios como los lavaderos de autos, y es impulsada por Malena Galmarini.

Malena Galmarini, quien ha adquirido una sólida experiencia en gestión hídrica tras su paso por la dirección de AySA, argumenta que países extranjeros han implementado con éxito normativas similares. En esos lugares, el agua es reciclada y reutilizada, mientras que en Argentina se continúa desperdiciando, especialmente en actividades como el lavado de vehículos, donde se pierden miles de litros a diario.

¿Cómo se limitará el uso de agua potable?

La propuesta incluye la adopción de tecnologías modernas que reduzcan el consumo de agua en actividades de limpieza y mantenimiento. Según Galmarini, existen herramientas que permiten realizar las mismas funciones con un uso de agua significativamente menor que los métodos convencionales.

Uno de los focos principales de la propuesta está en los lavaderos de vehículos. Se sugiere que estos negocios utilicen agua de pozo o industrial en lugar de agua potable, siempre que se cumplan las condiciones ambientales y sanitarias. Además, los lavaderos deben instalar equipamiento que optimice el uso del agua.

Asimismo, la iniciativa prevé que los comercios y servicios con alto consumo de agua adopten estrategias para reutilizar el agua utilizada en sus procesos de lavado.

En lo que respecta a edificios residenciales, se plantea que los consorcios más grandes implementen dispositivos que regulen el flujo y la presión del agua para evitar su desperdicio.

Galmarini enfatiza que la implementación de estas medidas podría resultar en un ahorro significativo de agua en las ciudades de la provincia, al mismo tiempo que reduciría los costos operativos para los vecinos, comerciantes y prestadores de servicios. Su experiencia en el sector hídrico, tras haber liderado AySA entre 2019 y 2023, respalda esta propuesta que busca mejorar la gestión del agua en la región.