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Sociedad

USO DE MEDICAMENTOS Y MÁS INFORMACIÓN, LOS DESAFÍOS PARA ACCEDER AL ABORTO A DOS AÑOS DE LA LEY

El uso de procedimientos riesgosos para realizar abortos cuando el Estado nacional garantiza la provisión de medicamentos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la práctica, la información poco clara y la utilización inadecuada de la objeción de conciencia, son parte de los desafíos detectados en un informe que analiza cómo se aplica la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Se trata de las conclusiones del reporte ‘Calidad: el desafío a dos años de la Ley de Aborto’ presentado por el proyecto Mirar, coordinado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) e Ibis Reproductive Health, organización mundial de investigación y defensa que promueve la autonomía respecto a la salud sexual y reproductiva.

El proyecto monitorea el acceso a la interrupción voluntaria (IVE) y legal (ILE) del embarazo, que es ley en la Argentina desde el 30 de diciembre de 2020.

Reúne opiniones de personas proveedoras de servicios de salud, activistas y abogadas de todo el país, así como información oficial.

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La ley 27.610 IVE/ILE “ayudó a generar una transformación cultural que liberó al aborto del estatus de lo clandestino, no solo por el hecho concreto de estar disponible legalmente sino en el discurso social y de los y las profesionales de la salud”, destacó Agustina Ramón Michel, abogada e investigadora del Cedes.

Sin embargo, «todavía se detectan servicios de salud en los que no se brinda información suficiente o no se hace de forma respetuosa, con escollos burocráticos o demoras», identificó el informe.

El uso de tecnología riesgosa y obsoleta es uno de los obstáculos encontrados por las investigadoras, ya que «todavía se realizan legrados para terminar el procedimiento de aborto aunque no están recomendados, mientras que resta fortalecer la utilización de la aspiración manual endouterina como una opción recomendada para los abortos o el tratamiento con medicamentos».

La Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSyR) informó que en el primer semestre de 2022 se distribuyeron 38.229 tratamientos de misoprostol, el medicamento recomendado por la OMS para realizar abortos.

El Ministerio de Salud también incluyó el combipack, régimen combinado de los medicamentos mifepristona y misoprostol «que resulta seguro y eficaz», resaltó el reporte.

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«Que más personas accedan a la IVE ILE a través de procedimientos con estos medicamentos es muestra de una mejora en la calidad de la atención», añadió.

En la Argentina hay dos laboratorios que producen misoprostol para abastecer al sistema de salud público: Laboratorio Industrial Farmacéutico de Santa Fe, que lo hace desde el 2019, y Productora Farmacéutica Rionegrina S.E., desde el 2021.

Recientemente se sumaron los Laboratorios Puntanos de San Luis y el Instituto Biológico Tomás Perón de La Plata. Y están en marcha procesos de producción de la mifepristona en laboratorios públicos.

El ingreso del combipack «es muy promisorio para mejorar tanto el acceso como la calidad de la atención del aborto, porque el misoprostol solo es seguro pero no es lo mismo que tener el insumo combinado”, resaltó Sonia Ariza, asesora legal de la DNSSyR.

Este año, la OMS publicó las directrices actualizadas para asegurar la prestación de servicios de aborto de calidad.

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Por primera vez, incluyó la autogestión del aborto con medicamentos, y a trabajadoras y trabajadores de la salud comunitaria, y farmacéuticas y farmacéuticos como proveedores capacitados para el aborto con medicamentos hasta las 12 semanas de gestación.

Otro escollo identificado por el reporte de Cedes e Ibis fue que hay servicios de salud en los que la ruta de la atención es poco clara, y a veces se demandan más procedimientos de los que la ley plantea.

A esto se sumó que en distintos puntos del país se detectan objeciones de conciencia «no ajustadas a la ley».

«Se trata de malas objeciones cotidianas, como por ejemplo, personal administrativo que obstaculiza o demora la recepción o la reserva de turnos», se explicó en el reporte.

También hay zonas alejadas de las grandes ciudades donde quienes integran el equipo de salud se declaran objetores.

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“Lo ideal es que una persona pueda resolver en su ámbito local la atención y no tener que irse a otra localidad porque en la suya no hay nadie que pueda brindarla. Eso hace a la calidad de la atención”, resaltó Laura Soto, referente del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de La Pampa y una de las personas entrevistadas para el reporte.

Estas situaciones «también producen un déficit en la calidad de atención cuando los equipos de salud se sobrecargan laboral y emocionalmente».

Si bien entre la sanción de la ley y septiembre de 2022, según datos oficiales, el número de instituciones públicas de salud que provee IVE e ILE aumentó un 58%, se observan «cuellos de botella para dar respuesta oportuna», concluyó el informe.

También detectó «una falta de campañas de comunicación pública que podrían generar un aspecto positivo al ofrecer información y herramientas de decisión a quienes demandan la atención, y también una mayor red de contención para quienes ofrecen el servicio”, evaluó Silvina Ramos, socióloga e investigadora del Cedes.

Cedes e Ibis sostuvieron que «para mejorar la calidad en la provisión de abortos, y con ello garantizar más plenamente el derecho a decidir, debe contemplarse la perspectiva de las personas usuarias y de quienes trabajan en salud, así como articular estrategias para ampliar el acceso, erradicar las prácticas no recomendadas, potenciar las buenas prácticas y lograr una fuerte articulación con las organizaciones territoriales».

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En ese sentido, propiciaron «respuestas en tiempo y forma, de manera accesible cultural y geográficamente, con información clara y una atención empática».

«Porque no solo se trata de que el derecho amparado por la ley se respete en el territorio, sino de que suceda con foco en las personas, de manera respetuosa y equitativa. El cómo también importa», concluyeron.

Línea 0800-222-3444 de Salud Sexual. Nacional, gratuita y confidencial.

Fuente: Télam

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País

Tensión universitaria: estudiantes ocupan Filosofía, Psicología y Veterinarias

Asambleas estudiantiles deciden tomas por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario

Estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizaron la toma de facultades de Filosofía y Letras, Psicología y Veterinarias en protesta por el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Las tomas, definidas en asambleas el lunes por la noche, responden al rechazo de los estudiantes al decreto que firmó el presidente Javier Milei, que será discutido en la Cámara de Diputados esta semana.

Reclamos por la Ley de Financiamiento Universitario

El conflicto se enmarca en un contexto de creciente tensión entre el gobierno y la comunidad universitaria. La ley, que propone aumentar los recursos y garantizar salarios ajustados por inflación para docentes y no docentes, sufrió el veto del ejecutivo, lo que provocó una serie de manifestaciones. Los estudiantes ven la toma de las facultades como un paso previo a la movilización frente al Congreso, con la intención de presionar a los diputados para que reviertan el veto presidencial.

Además de las facultades mencionadas, el colegio preuniversitario Nacional Buenos Aires se sumó a la medida. Otras facultades de la UBA, como Ciencias Sociales y Ciencias Exactas, debatirán hoy sobre posibles vigilias y otras acciones de protesta.

toma de facultades

Toma de facultades: Actividades durante las tomas

Cada facultad ha organizado diferentes modalidades de protesta. En Filosofía y Letras, la ocupación incluye clases públicas abiertas en la vía pública y se garantiza que las materias que requieren de aulas específicas puedan desarrollarse con normalidad. Las autoridades del centro de estudiantes enfatizaron que la toma tiene como objetivo la defensa del patrimonio y del derecho a la educación pública.

En Psicología, la toma es simbólica, con actividades de visibilización y el mantenimiento de las clases y parciales. Mientras tanto, en Veterinarias se organizará un «ruidazo» y una choripaneada a beneficio del Hospital Laura Bonaparte, cuya posible clausura también está en el foco de las protestas.

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La comunidad estudiantil dejó claro que, si no se revoca el veto, se intensificarán las medidas de fuerza, incluyendo cacerolazos y nuevas asambleas en los próximos días.

Expectativa en el Congreso

Mientras el conflicto continúa en las universidades, la atención también está puesta en el Congreso. Este miércoles se debatirá el veto presidencial, y la votación será clave para definir el futuro de la ley. La oposición del PRO ha decidido apoyar la medida del gobierno, aunque persisten tensiones internas sobre el tema. El oficialismo, por su parte, sigue negociando los votos necesarios para mantener la ley.

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Fondo fiduciario Progresar eliminado por el Gobierno de Javier Milei

El Gobierno elimina el fondo por «no encontrarse operativo»

En una medida reciente, el Gobierno de Javier Milei eliminó el fondo fiduciario que financiaba las Becas Progresar. Esta decisión se oficializó a través del Decreto 888/2024, que lleva la firma del presidente Milei, el jefe de gabinete Guillermo Francos y el ministro de economía Luis Caputo. El fondo, denominado «Fondo Fiduciario Progresar», había sido creado el 28 de enero de 2022 con el fin de apoyar a los estudiantes argentinos a través del programa de respaldo educativo.

Según lo establecido en el decreto, el fondo «nunca se encontró operativo, por no haberse integrado los bienes necesarios para su funcionamiento». Esta declaración pone en relieve la falta de ejecución efectiva del fondo, a pesar de que se creó para complementar y potenciar las acciones del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos, más conocido como Progresar.

¿Qué es el fondo fiduciario Progresar?

El fondo fiduciario que financia las Becas Progresar fue constituido bajo un contrato de fideicomiso que se extendía por 20 años. La propiedad de los bienes al finalizar el contrato quedaría en manos del fideicomisario, que en este caso era el Ministerio de Educación. El fondo estaba compuesto por recursos asignados al programa, como el producido de sus operaciones, la renta y otros aportes provenientes del Tesoro Nacional.

La gestión de este fondo fiduciario estuvo en manos de un comité presidido y vicepresidido de manera rotativa entre ANSES y el Ministerio de Educación. Sin embargo, el Gobierno decidió dar por finalizada su existencia antes de su vencimiento, dejando en incertidumbre la financiación futura de las becas.

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¿Qué pasará con las Becas Progresar?

Pese a la eliminación del fondo fiduciario, el Gobierno no ha confirmado si las Becas Progresar se verán afectadas de manera directa. Aún podría determinarse un financiamiento alternativo a cargo del Ministerio de Capital Humano, lo que permitiría mantener el programa vigente. Recientemente, el Gobierno anunció un aumento del 75% en el monto de las becas, lo que llevará el total a $35.000 en octubre. Sin embargo, se debe recordar que ANSES retiene el 20% de ese monto, por lo que lo que recibirán los beneficiarios será un total de $28.000.

El futuro del programa aún es incierto, pero por ahora los estudiantes podrán seguir contando con el beneficio, aunque sin el respaldo del fondo fiduciario que lo financió desde su creación.

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Fuerte disputa política por el veto a las universidades

Conflicto con universidades

El Gobierno advierte que apelará ante la Justicia si no prospera el veto a los fondos universitarios.

El conflicto con las universidades sigue escalando, y el Gobierno aguarda con atención la postura del PRO, liderado por Mauricio Macri. En este contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que si la votación parlamentaria no respalda el veto presidencial sobre el financiamiento universitario, el Gobierno llevará el caso a la Justicia. “Vamos a apelar, probablemente en la Justicia, siempre en el marco de la ley”, aseguró Caputo en una reciente entrevista.

El PRO ante una decisión clave

La posición del PRO es crucial para la continuidad del veto a los fondos universitarios. Hoy, la mesa ejecutiva del partido mantendrá una reunión clave para definir su postura, pero se evidencian divisiones internas. Mientras que algunos sectores, como Diego Santilli, apoyan la medida, otros aún no se han pronunciado oficialmente.

En paralelo, el Ministerio de Capital Humano convocará a una nueva reunión con los gremios docentes para intentar destrabar las negociaciones salariales. Este encuentro es parte del proceso de paritarias, aunque no se espera que se tomen decisiones definitivas en esta instancia.

Conflicto del Gobierno con universidades

El Gobierno insiste en que la discusión debe enmarcarse en el debate sobre el Presupuesto 2025. Caputo fue claro al señalar que no cederán ante lo que considera un “gasto sin contrapartida”. Por su parte, el PRO continúa evaluando su postura, con una reunión en el Congreso pautada para el miércoles próximo.

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El desenlace de esta disputa será determinante no solo para las universidades, sino también para el equilibrio político entre el oficialismo y la oposición en temas clave como la gestión del presupuesto público.

Mientras el Gobierno refuerza su postura con la amenaza de judicializar el caso, el PRO enfrenta tensiones internas que podrían influir en el futuro del veto presidencial. La sesión del miércoles en el Congreso será el escenario donde ambas fuerzas medirán sus apoyos, en medio de una creciente expectativa por el impacto que esta decisión tendrá en el sistema educativo y en las finanzas públicas.

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