Sociedad

TRAS DICHOS DE CASTELLS, INVESTIGAN SI PARTICIPÓ DE LA ORGANIZACIÓN DE ROBOS A SUPERMERCADOS

El dirigente social y líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), Raúl Castells, se atribuyó públicamente haber incentivado intentos de robos a supermercados y comercios ocurridos en las últimas horas en distintos puntos del país, y afirmó que le indicó a la gente que, «sin robar plata, ni romper nada, se lleven lo que puedan» para, «aunque sea, canjear por comida».

Sus declaraciones le valieron una denuncia ante la justicia penal por parte del espacio político Republicanos Unidos y que el Ministerio Público Fiscal de Mendoza -una de las provincias donde se produjeron intentos de robos organizados- abriera una causa con el fin de investigar la posible comisión de delito.

En su denuncia, Republicanos Unidos acusó a Castells de haber incumplido el artículo 209 del Código Penal, que contempla 2 años de prisión a quien «públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución».

«Toda vez que el denunciado se expresó en plural -como `nosotros’-, debe investigarse qué otras personas participaron de la acción típica», indicaron desde Republicanos Unidos en un comunicado de prensa.

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La denuncia cayó por sorteo en el juzgado federal 6, que subroga el magistrado Daniel Rafecas quien este mediodía delegó la investigación en la fiscalía que encabeza Alejandra Mangano, informaron fuentes judiciales a Télam.

Como la investigación de cada hecho particular es potestad exclusiva de las jurisdicciones provinciales o locales en las que se produjeron los robos o intentos de robo, la investigación judicial que se abrió en Comodoro Py centró el objeto del caso en establecer la existencia de la supuesta organización declamada por Castells en los medios de comunicación pública.

Con ese objetivo, se requirió al Ministerio de Seguridad de la Nación que, a través de la fuerza federal que designe y por intermedio de sus pares provinciales, se lleve adelante un relevamiento de estos episodios: la referencia geográfica de los hechos, la autoridad policial y judicial interviniente en la prevención e investigación y las personas y/o grupo de personas sospechadas de llevarlos adelante, informaron fuentes judiciales.

También se requirió que se realice un relevamiento de redes sociales y fuentes abiertas de internet a fin de identificar publicaciones que puedan estar vinculadas a la instigación de los sucesos mencionados en distintas localidades del país, según pudo saber esta agencia.

Finalmente se solicitó un pedido de informes a la Ministra de Desarrollo Social de la Nación relativo al funcionamiento del Renacom, el registro de los espacios comunitarios que brindan asistencia alimentaria en todo el país.

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La presentación judicial que dio origen al expediente lleva la firma de los abogados Yamil Santoro y Juan Manuel Fazio, junto con María del Rosario Cisneros y Facundo Sapienza.

Las declaraciones televisivas de Castells también le valieron reproches y que se abrieran causas en otras jurisdicciones, como en Mendoza.

«El hecho delictivo es que el kilo de milanesas esté 4.200 pesos. En Mendoza, Neuquén, Córdoba, en el Chaco, Capital Federal y en el conurbano la gente está saliendo por comida. Nosotros somos los que estamos convocando a esto, les estamos diciendo que, sin robar plata ni romper nada, se lleven lo que se puedan aunque sea para canjear por comida», afirmó anoche Castells en una entrevista con la señal televisiva Crónica TV.

Al ser consultado sobre si desde su agrupación se estaba promoviendo los intentos de robo, Castells respondió: «Sí, hombre. El gobierno ha quitado los alimentos a todos los comedores comunitarios del país desde hace tres meses».

Castells aseguró anoche que «avisaron» a los funcionarios nacionales sobre esta situación y les advirtieron que «no tiren de la soga».

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En tanto, el dirigente social rechazó que llamaran «ladrones» a «los vecinos, las amas de casas y la gente de los barrios» y aseveró: «Los ladrones son los que robaron el gobierno que tenían que entregar y los del supermercado que aumentan los precios».

Por estas declaraciones, el Ministerio Público Fiscal de Mendoza anunció que abrió de oficio una causa con el fin de investigar «la posible comisión del delito de instigación al robo agravado en poblando y en banda y con la finalidad de aterrorizar a la población por parte del mismo».

«La misma, al igual que las iniciadas en Gran Mendoza, se encuentra a cargo del fiscal Fernando Giunta», indicaron desde la cartera a través de un comunicado.

En la causa abierta se requirió información a distintas dependencias y se solicitó el entrecruzamiento de los datos que de allí surjan con el objetivo de «determinar si los dichos de Castells tienen un sustento probatorio o si responden a otro fin».

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País

SUBE digital: desde hoy se podrá pagar el colectivo con celular

Nueva forma de pago en transporte público

La SUBE digital ya está disponible en celulares Android con tecnología NFC, ofreciendo una alternativa para pagar el transporte público sin necesidad de la tarjeta física.

A partir de este miércoles, los usuarios de transporte público podrán utilizar la SUBE digital en 61 localidades del país, gracias a su reciente implementación en dispositivos Android con tecnología NFC. El nuevo sistema permite abonar pasajes de colectivos, trenes, subtes y metrobuses sin tener que usar la tarjeta física.

Cómo acceder a la SUBE digital

Para obtener la SUBE digital, los usuarios deben descargar la app SUBE, disponible para teléfonos con Android 8 o superior. Una vez instalada, es necesario activar la tarjeta digital de forma gratuita. Aquellos que ya cuentan con la aplicación solo necesitan actualizarla y seguir los pasos para activar este nuevo método de pago.

Actualmente, el sistema no es compatible con dispositivos iPhone, aunque se espera que en el futuro se amplíe a más plataformas.

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Cómo funciona el pago con SUBE digital

El proceso de pago es sencillo: los usuarios deben indicar su destino al conductor y acercar el celular con la pantalla encendida a la validadora del colectivo. No es necesario abrir la app, ya que el sistema funciona incluso sin datos móviles o Wi-Fi, siempre que el dispositivo se haya conectado a la red en las últimas 12 horas.

Un detalle importante es que la SUBE digital no permite viajar con saldo negativo, a diferencia de la tarjeta física.

Cómo comprar carga para la SUBE digital

Los usuarios pueden cargar saldo de hasta 40 mil pesos a través de la app SUBE, utilizando tarjetas de débito o billeteras electrónicas. Esta funcionalidad facilita la compra de carga en cualquier momento y lugar, eliminando la necesidad de depender de centros físicos de recarga.

El sistema permite cargar saldo de manera rápida y segura, sin la necesidad de tener un saldo de emergencia, ya que la tarjeta digital puede ser recargada en cualquier momento.

Descuentos y beneficios

Los usuarios con Tarifa Social Federal o descuentos locales podrán elegir si aplican sus beneficios a la SUBE digital o mantienen estos descuentos en la tarjeta física. Es posible tener ambas opciones registradas, aunque solo una podrá tener los beneficios activos.

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País

Marcha al Congreso contra el veto a la ley jubilatoria desafía al Gobierno

Organizaciones sociales desafían el veto presidencial

Movimientos sociales, sindicatos y partidos de izquierda vuelven a las calles para protestar contra el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria. La marcha contra el veto frente al Congreso generará una fuerte tensión política y un amplio despliegue de seguridad.

La tensión vuelve al Congreso

Este miércoles, una multitud integrada por organizaciones sociales, partidos de izquierda y sindicatos volverá a movilizarse al Congreso para protestar contra el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria. La convocatoria, prevista para las 13 horas, busca presionar a los legisladores mientras se debate en sesión especial si se aprueba o rechaza la medida impulsada por el presidente Javier Milei.

El contexto no es menor: la movilización se da después de cinco meses sin cortes de calles, lo que anticipa una jornada cargada de tensión, tanto en el interior del Congreso como en sus alrededores.

Movimientos sociales y sindicatos lideran la marcha al Congreso contra el veto

Entre las agrupaciones convocantes se destacan la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el Polo Obrero, la CTA Autónoma y varios sindicatos de la CGT. Abel Furlán, líder de la UOM, llamó a “mostrar rebeldía para conquistar el poder”, mientras que Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, aseguró que “las calles no son de Patricia Bullrich, son de los trabajadores”.

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Por su parte, Rodolfo Aguiar, de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), calificó el protocolo antipiquetes impulsado por el Ministerio de Seguridad como “anticonstitucional” y convocó a los estatales a movilizarse masivamente. Varios dirigentes sociales, como Hugo “Cachorro” Godoy y Silvia Saravia, también expresaron su rechazo al veto y a las políticas de ajuste del Gobierno.

Amplio operativo de seguridad

El Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, ya ha dispuesto un vasto operativo para controlar posibles incidentes. La Policía de la Ciudad, en coordinación con las fuerzas federales, actuará bajo el protocolo antipiquetes. El área alrededor del Congreso será vallada, y a partir de las 11 horas se restringirá la circulación en varias calles clave del centro porteño.

Bullrich fue clara en sus declaraciones previas a la marcha: “Las personas pueden marchar, pero bajo ciertas circunstancias, hay un protocolo”. El gobierno busca evitar que se repitan los incidentes registrados en movilizaciones anteriores, cuando las protestas contra el veto derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Un reclamo por derechos jubilatorios

La ley de movilidad jubilatoria se sancionó el 22 de agosto por el Senado, pero vetada por el Poder Ejecutivo el 2 de septiembre bajo el argumento de que la medida “violaba el marco jurídico vigente” y no contemplaba su impacto fiscal. Según el decreto 782/24, que oficializó el veto, la implementación de la ley dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas del país.

Pese a ello, los movimientos sociales insisten en su reclamo de mejoras para los jubilados, quienes, según Nicolás Caropresi del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), enfrentan una situación de “hambre y falta de acceso a medicamentos”.

La jornada de protesta se espera sea la más grande de las tres movilizaciones que ya tuvieron lugar en contra del veto presidencial, y no se descarta que las tensiones deriven en nuevos enfrentamientos.

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País

El Gobierno implementa medidas para frenar bloqueos laborales en fábricas y empresas

Se oficializó un nuevo protocolo de seguridad

A través de una resolución, el Gobierno de Javier Milei introdujo un protocolo que busca eliminar los bloqueos laborales en fábricas y lugares de trabajo, con la intervención de un Comando Unificado de Seguridad Productiva.

El Gobierno nacional oficializó un protocolo para enfrentar bloqueos en fábricas y empresas. La medida, publicada en el Boletín Oficial, establece un conjunto de acciones coordinadas para impedir maniobras, dispositivos o vallados que obstaculicen el normal funcionamiento de los establecimientos laborales. La resolución también prevé la creación del Comando Unificado de Seguridad Productiva, encargado de la intervención en casos de protestas sindicales o laborales que afecten a sectores clave como el petrolero, cerealero y minero.

Un protocolo del gobierno para enfrentar bloqueos laborales

El nuevo protocolo define el «bloqueo» como cualquier acción que impida o dificulte el ingreso o egreso de personas, vehículos o mercaderías en fábricas o lugares de trabajo en cualquier parte del país. El Ministerio de Seguridad será responsable de recibir denuncias de estos bloqueos a través de un número de WhatsApp y coordinará con las fuerzas de seguridad para intervenir en situaciones que lo requieran. En aquellos casos en que las autoridades locales soliciten ayuda, el gobierno evaluará la necesidad de desplegar las fuerzas policiales federales para desactivar el bloqueo.

«El despliegue de fuerzas federales dependerá de la necesidad, posibilidad y oportunidad que se presenten en cada situación», aclara la normativa. Estas acciones están dirigidas principalmente a proteger la continuidad productiva en empresas que puedan verse afectadas por huelgas o protestas.

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El rol del Comando Unificado de Seguridad Productiva

El Comando Unificado será el brazo ejecutor del protocolo en casos de bloqueo, integrando a distintas fuerzas de seguridad federales como la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Su tarea será la de resguardar la actividad de sectores estratégicos como la minería, el petróleo y la exportación de cereales, que a menudo son blanco de protestas sindicales.

Este cuerpo especial contará con una Coordinación General, que dependerá del Ministerio de Seguridad y tendrá a su cargo la supervisión de las fuerzas afectadas al operativo en cada jurisdicción.

Bloqueos laborales: Reunión de ministros de seguridad

Mientras tanto, el Consejo de Seguridad Interior, presidido por la ministra Patricia Bullrich, reunió a ministros de seguridad de todo el país en la ciudad de Salta para tratar cuestiones relacionadas con la seguridad fronteriza, delitos complejos y la búsqueda de personas. Durante el encuentro, se destacó la importancia de fortalecer las estrategias nacionales para enfrentar los desafíos en materia de seguridad que afectan a distintas provincias.

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