La Autopista Presidente Perón, que se concibe como el tercer anillo de circunvalación del conurbano y que tiene como objetivo conectar el Acceso Oeste con la Autovía 2, enfrenta una paralización de obras que ya se extiende por casi tres años. De sus 83 kilómetros, 31 aún no están habilitados para el tránsito. En este contexto, un juez federal ha ordenado al Estado nacional implementar medidas de seguridad en los tramos que permanecen cerrados.
El magistrado federal subrogante de San Martín, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, atendió parcialmente la solicitud de una medida cautelar presentada por la provincia de Buenos Aires. En virtud de esto, se instruyó a Vialidad Nacional a adoptar una serie de precauciones, como se detalla en un informe de Infobae.
Directrices del fallo
- Reforzar y mantener los cierres en los tramos no habilitados mediante barreras físicas que impidan el acceso tanto de vehículos como de peatones.
- Mejorar la señalización en las áreas mencionadas.
- Inspeccionar las barandas y defensas en los tramos que ya están operativos y realizar reparaciones si se detectan fallas.
- Entregar al juzgado, dentro de los 15 días posteriores a la notificación, un informe detallando el estado de los cierres, las deficiencias encontradas y las acciones realizadas.
Esta medida tendrá una vigencia de seis meses, con posibilidad de prórroga. Ambas partes han presentado apelaciones, sin embargo, dado que la apelación se ha concedido con efecto devolutivo, las obligaciones impuestas se mantienen mientras se resuelve el asunto.
Solicitudes de la Provincia no concedidas
El amparo fue presentado por el Ministerio de Infraestructura de la provincia, liderado por Gabriel Katopodis. Además de las medidas de seguridad, la Provincia solicitaba la reanudación de las obras, la habilitación de los tramos concluidos y trabajos de mantenimiento integral, tales como iluminación, bacheo, reductores de velocidad y desvíos.
Sin embargo, el juez no accedió a estas solicitudes en la medida cautelar. Argumentó que no existían “elementos suficientes para imponer judicialmente la ejecución generalizada de obras” ni evidencias de una situación uniforme de abandono en toda la traza, aunque sí se constató un riesgo concreto en los tramos cerrados y en algunas defensas. La Provincia ha apelado, considerando que el alcance de la resolución es insuficiente, mientras el reclamo principal continúa su curso.
Entre los argumentos esgrimidos por la Provincia se incluye la trágica muerte de un niño de 10 años en febrero, quien cayó de un puente en un sector no habilitado del tramo I, en Merlo. También se denunciaron la ausencia de servicios de seguridad vial desde mayo de 2024, así como la acumulación de basura, vehículos abandonados y accesos sin control.
Por su parte, Vialidad Nacional defendió ante el juzgado que ha estado activo, indicando que durante 2026 realizó tareas de conservación, limpieza, señalización e iluminación, y que la obra enfrenta desafíos relacionados con expropiaciones, relocalizaciones, intrusiones y conflictos con servicios públicos.
Estado actual de la autopista
La construcción de la autopista comenzó hace más de diez años y ha sido habilitada en tramos desde 2019 hasta 2023. Actualmente, 52 kilómetros están en funcionamiento, abarcando desde la Ruta Provincial 40 en Merlo hasta la Ruta 210 en Guernica (Presidente Perón), atravesando La Matanza y Ezeiza.
De los 31 kilómetros que aún están pendientes de habilitación, 18,5 ya han sido construidos pero requieren trabajos complementarios, mientras que los restantes 12,5 presentan cuestiones relacionadas con expropiaciones. El tramo IV, que se proyecta hacia la Autovía 2, se encuentra paralizado. Según la información proporcionada por Vialidad en la causa, los tramos I, II y III presentan avances que oscilan entre el 89% y el 97%.
La traza de la autopista se extiende por Ituzaingó, Merlo, La Matanza, Ezeiza, Presidente Perón, San Vicente y Florencio Varela.
Propuesta de la Provincia: Sistema de peajes
La proposición de la Provincia consiste en que la Nación ceda la autopista para integrarla a AUBASA, la empresa bonaerense que gestiona la Autopista Buenos Aires-La Plata y la Ruta 2, entre otras vías. La idea es financiar la finalización y el mantenimiento mediante el cobro de peajes. Fuentes cercanas a Gabriel Katopodis citadas por Primer Plano Online han indicado que, sin esta transferencia, no se puede avanzar con dicho plan. Hasta el momento, no se ha tomado una decisión respecto al traspaso, el cual sigue siendo objeto de discusión en el caso principal.