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País

Graves incidentes y represión policial en marcha contra la Ley Bases

Represión policial en marcha contra la Ley Bases

Tensión frente al Congreso por la Ley Bases

La marcha liderada por la CGT y organizaciones sociales culminó en represión policial y enfrentamientos con la policía frente al Congreso, dejando heridos y detenidos.

Organizaciones sindicales, sociales y movimientos políticos se congregaron desde las 9 de la mañana en las inmediaciones del Congreso para rechazar la Ley Bases. La Confederación General del Trabajo (CGT) encabezó la movilización, cuyo objetivo era influir en los senadores indecisos durante el debate en la Cámara Alta.

La policía reprimió a los manifestantes con balas de goma, camiones hidrantes y gases lacrimógenos. Incluso hubo efectivos de la Prefectura Naval portando armas de fuego. Esta situación derivó en heridos y detenidos, entre ellos periodistas y diputados.

Se observó la presencia de gendarmería en la marcha. Inicialmente, estaba la Policía Federal, pero luego llegó la gendarmería con cascos y escudos, avanzando sobre los manifestantes. Senadores de Unión por la Patria solicitaron un cuarto intermedio para evaluar la situación, pero no fue concedido.

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Represión policial en marcha contra la Ley Bases
Foto: Ignacio Petunchi

Represión policial en la marcha: Violencia y daños materiales

La represión se intensificó cuando la gendarmería comenzó a avanzar sobre los manifestantes en Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos. Los efectivos instalaron un vallado para impedir el paso de los manifestantes, quienes respondieron con piedras y bombas molotov.

Manifestantes incendiaron un móvil de la radio cordobesa Cadena 3 y otros dos autos estacionados cerca del Congreso. Un camión hidrante apagó las llamas del vehículo radial. Según C5N, la tensión en la zona es máxima, con más de 50 efectivos de gendarmería y la Policía Federal desplegados.

Represión policial en marcha contra la Ley Bases
Foto: Ignacio Petunchi

Declaraciones y contexto

Pablo Moyano, cosecretario general de la CGT, convocó a la movilización durante una conferencia de prensa el viernes pasado. Advirtió a los senadores de la oposición: «O se convierten en héroes o en traidores». También destacó la necesidad de rechazar la Ley Bases, argumentando que «destruye a las industrias» y «vuelve a hacer que los trabajadores paguen Ganancias».

La situación se mantiene tensa en los alrededores del Congreso mientras el debate sobre la Ley Bases continúa en el Senado.

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País

Desmentida de Galarraga a Adorni por la radiografía del perro

desmentida de Galarraga a Adorni

Fernando Galarraga negó las acusaciones sobre fraude en la entrega de pensiones por discapacidad y pidió la rectificación de la información

Fernando Galarraga, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), desmintió las declaraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien había acusado a su gestión de entregar pensiones por discapacidad utilizando la radiografía de un perro. Galarraga negó categóricamente estas afirmaciones y solicitó al Gobierno la rectificación de la información. La desmentida de Galarraga a Adorni generó un debate público sobre la veracidad de las acusaciones de fraude en la entrega de pensiones por discapacidad.

Polémica por la radiografía de un perro

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció en una conferencia de prensa que una auditoría del sistema de pensiones por discapacidad había descubierto una «actividad fraudulenta a gran escala». Utilizó como ejemplo una radiografía de las vértebras de un perro, alegando que había sido presentada para obtener una pensión por un supuesto trastorno de disco lumbar. «Le otorgaron la pensión por invalidez. Uno puede confundir cualquier cosa, pero ¿qué se pensaban que era la cola del perrito? Este era el nivel de descontrol», afirmó Adorni.

desmentida de Galarraga a Adorni

La desmentida de Galarraga a Adorni

Fernando Galarraga, a través de su cuenta en X, refutó las declaraciones de Adorni y aclaró que durante su gestión no se entregó ninguna pensión basada en la radiografía de un perro. «¿A quién quieren engañar y meter el perro? Es evidente: a la gente. Y lo hacen con mentiras para argumentar la baja de pensiones no contributivas que se viene», escribió Galarraga.

Además, Galarraga compartió que el expediente en cuestión (2022-108550205-APN-CFM#ANDIS) fue frenado, denunciado y archivado, y que la persona solicitante, de Goya, Corrientes, nunca cobró ni cobra una pensión entregada durante su gestión. La auditoría médica del expediente también confirmaba que la radiografía no pertenecía a un ser humano.

Denuncia de irregularidades

El vocero presidencial explicó que en 2023 se desviaron casi un tercio de los u$s3.400 millones destinados a pensiones por invalidez laboral. Según Adorni, la cantidad de beneficiarios de pensiones por discapacidad laboral pasó de 79.000 en 2003 a 1,2 millones en 2023, un número «estratosférico» que no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras o catástrofes naturales.

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Los primeros resultados de la auditoría de ANDIS revelaron que unos 60.000 beneficiarios no cumplían con los requisitos, ya que poseían propiedades o lujos. Por ello, el Gobierno convocará a todos los pensionados para reevaluar su justificación médica y situación socioeconómica.

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Judiciales

Justicia Rechazó Reclamo Millonario de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo

Universidad de Madres de Plaza de Mayo

La justicia desestimó la cautelar presentada por la institución fundada por Hebe de Bonafini

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Pablo Cayssials, rechazó una medida cautelar solicitada por la Universidad de Madres de Plaza de Mayo para que el Estado transfiera más de 556 millones de pesos destinados a su financiamiento. El reclamo se presentó luego de que el Ministerio de Capital Humano decidió frenar la apertura de nuevas universidades.

Universidad de Madres de Plaza de Mayo

El Fallo Judicial

La universidad, liderada por la rectora Cristina Caamaño, presentó una «cautelar autosatisfactiva» con el objetivo de que se ordenara la transferencia automática de los fondos. Sin embargo, el magistrado consideró que la pretensión debía desestimarse, ya que no se apreciaban las circunstancias excepcionales necesarias para acceder al reclamo. Además, señaló que las afirmaciones de la organización no resultaban suficientes para justificar su petición.

Cayssials afirmó que no se verificó la verosimilitud del derecho de forma patente y que no se vislumbraba la supuesta arbitrariedad denunciada por la Universidad en las acciones del Ministerio de Capital Humano. El juez también mencionó que el reclamo patrimonial debía encauzarse por otra vía, ya que no se advertía la existencia de un perjuicio irreparable.

La Cuestionada Representación

El Estado Nacional cuestionó la validez de la representación de la rectora Cristina Caamaño, argumentando que su designación había sido anulada por una resolución del Ministerio de Capital Humano. Según el gobierno, el acta que constaba los comicios de asamblea para su designación carecía de validez, al no cumplir con lo previsto en la Ley de Educación Superior.

En febrero pasado, el gobierno de Javier Milei decidió suspender la apertura y revisar las cinco universidades creadas por ley durante la gestión anterior, incluyendo la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. La medida se fundamentó en la necesidad de evitar la duplicación y superposición de estructuras jerárquicas y garantizar la calidad y pertinencia de la oferta educativa.

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El gobierno mantendrá el freno en la apertura de nuevas universidades hasta determinar si las autoridades cumplieron debidamente con el procedimiento administrativo exigido para su creación, y si las condiciones establecidas satisfacen y documentan adecuadamente los requisitos.

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País

Denuncia de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad

Agencia Nacional de Discapacidad

Investigan desvío de fondos en la ANDIS

El Gobierno reveló graves irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, donde se habrían desviado USD 3.400 millones. Las auditorías encontraron expedientes inverosímiles.

El Gobierno informó sobre un esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), estimando un desvío de aproximadamente USD 3.400 millones a través de prestaciones médicas falsas. La denuncia, presentada por el director ejecutivo del organismo, Diego Spagnuolo, y el fiscal federal Guillermo Marijuan, sugiere que el desvío alcanzó el 40% del presupuesto anual destinado a pensiones no contributivas por discapacidad.

Datos de las Auditorías

Las auditorías iniciales, realizadas por las nuevas autoridades, mostraron que solo el 7% de las pensiones por invalidez laboral cumplían con los requisitos establecidos.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, detalló en una conferencia de prensa desde la Casa Rosada las irregularidades encontradas.

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Pensiones y favores políticos

El fiscal Marijuan explicó que el incremento en la cantidad de pensiones se debió a la flexibilización de los criterios para su otorgamiento y a un circuito paralelo de tramitación destinado a favores políticos. Las pensiones eran aprobadas en tiempos reducidos, mientras que el proceso formal demoraba entre 2 y 3 años.

La denuncia penal presentada por Spagnuolo incluye casos de personas que cobraban pensiones sin tener invalidez laboral o discapacidad. Algunos beneficiarios poseían bienes, vehículos y hasta inmuebles. También se encontraron personas que trabajaban y recibían pensiones.

Agencia Nacional de Discapacidad: Impacto del fraude

El fraude no solo afectó las pensiones, sino también el Programa Nacional Incluir Salud, que brinda cobertura médico-asistencial a los titulares de pensiones nacionales no contributivas. Los involucrados en la estafa facturaban servicios a instituciones que no se brindaban, generando una suma adicional de fondos desviados.

Las nuevas autoridades de la ANDIS certificaron que alrededor del 35% de las pensiones otorgadas presentaban incompatibilidades, con un 5% (casi 60.000 pensiones) en condiciones de incompatibilidad por poseer bienes y trabajo. El 30% restante presentaba incompatibilidades en las condiciones médicas.

El Gobierno se comprometió a llevar a cabo una exhaustiva auditoría en todo el país, con la expectativa de dar de baja entre el 30% y el 50% de las pensiones otorgadas durante los últimos años.

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