Economía
EL NUEVO SALARIO MÍNIMO FUE ACTUALIZADO EN UN 20%, POR LO QUE EN MARZO SERÁ DE 69.500 PESOS
La CGT, la CTA y las cámaras empresarias acordaron hoy en el Consejo del Salario un aumento del mínimo, vital y móvil del 20% en cuatro tramos, que se abonará un 7% en diciembre, 6 en enero, 4 en febrero y otro 3% en marzo de 2023, lo que para la cartera laboral totalizó una mejora paritaria del 110,5% en un año y permitirá que ese haber llegue a casi 70 mil pesos en marzo próximo.
«El nuevo incremento del mínimo, vital y móvil para el año paritario, comprendido entre marzo de este año e igual mes de 2023, totalizó un 110,5 por ciento», informó Trabajo.
Los dirigentes gremiales de la CTA Autónoma votaron en contra del nuevo incremento y señalaron que el acuerdo implicó que «el ingreso mínimo se eleve a 69.500 pesos recién en marzo» próximo, indicó el estatal y líder de esa central, Hugo Godoy.
Sindicalistas y empresarios sesionaron hoy de forma virtual en primer término en la Comisión Técnica y, desde las 16.30, iniciaron la plenaria, que determinó el nuevo monto del haber mínimo, vital y móvil y de las prestaciones mínima y máxima por desempleo, y convinieron revisar nuevamente el acuerdo salarial en febrero de 2023.
La CTA, la CGT y las cámaras respaldaron la propuesta de aumento salarial del 20% en cuatro tramos y la revisión en febrero, lo que mereció un duro rechazo de la CTA Autónoma, que ratificó en el encuentro sus posiciones históricas al respecto.
El acuerdo fue finalmente rubricado esta tarde en el Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario de Casa Rosada por el presidente Alberto Fernández, quien estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y los ministros de Economía, Sergio Massa, y de Trabajo, Raquel Olmos.
El sector empresario, representado por Daniel Funes de Rioja (UIA) y el de los trabajadores, a través de Héctor Daer (CGT) y Hugo Yasky (CTA), manifestaron sus expectativas en torno al acuerdo.
El Presidente agradeció y ratificó la importancia y las responsabilidades que cada uno de los sectores asumieron para llevar adelante una propuesta que tiene por objeto fundamental combatir la alta inflación y recuperar la capacidad adquisitiva de los salarios, indicaron fuentes oficiales.
«Tomada con mayoría absoluta de los integrantes del Consejo del Salario, es otra muestra del valor de nuestra democracia: no hay forma de hacer política sin diálogo. Seguiremos trabajando por una sociedad más justa en donde todos ganen», señaló luego Fernández en su cuenta de Twitter.
Tras la firma, Olmos ratificó en conferencia de prensa que «si tomamos el período del salario mínimo, vital y móvil vigente, del 1 de abril al 31 de marzo, vamos a tener in incremento del 110,5%».
«Reconocemos que la alta inflación va en contra de los salarios y por eso es tan importante que los trabajadores organizados y los empresarios hayamos podido acordar», sintetizó, y agregó: «Apostamos y nos comprometemos con que tenga éxito la política del gobierno, y el planteo que está vigente de que la inflación se reduzca, se concrete», para «recuperar capacidad adquisitiva».
Olmos remarcó que «las paritarias están funcionando muy vigorosamente, fundamentalmente a partir del proceso de inflación que se dio en los meses de julio y agosto, y eso motivó la reapertura».
Además. destacó que «el Estado nacional suscribió una paritaria con ATE y UPCN de recuperación de capacidad adquisitiva más un bono para fin de año de 30.000 pesos de recomposición, que se complementa con la movilidad jubilatoria, que impactó en la AUH y AUE». Y recordó «la decisión ayer mismo de aumentar 40% la Tarjeta Alimentar, para fortalecer a los sectores que están más postergados».
«Si tomamos la indigencia comparable con el SMVM, es decir correspondiente a la canasta de un adulto mayor, son $45.200, lo que establece el Indec al mes de octubre», refirió la ministra, y puntualizó que «el SMVM de noviembre estará en $5.900, es decir que está por encima de la canasta de indigencia comparable».
«La idea es que igual durante los meses de diciembre y enero el índice todavía fortalezca más la recuperación de ese SMVM y que eso nos permita articular con este proceso que está impulsando el gobierno de reducción paulatina de la tasa de inflación de manera que en los meses de febrero y marzo el índice previsto es de 4 y 3%, demostrando la enorme apuesta que tanto empresarios como trabajadores hacemos a la apuesta que estableció el Gobierno nacional», completó.
Sobre el bono para fin de año que anunció el Presidente en Bali, la ministra aclaró que «todavía no hay más detalles» y expresó que «vamos anunciando lo que vamos acordando».
El último encuentro del Consejo del Salario había sido el 22 de agosto, cuando las partes convinieron -también con el voto en contra de la CTAA- una mejora salarial del 21% en tres tramos de 7% entre septiembre y noviembre.
A partir de ese acuerdo, el ingreso mínimo pasó a ser de 51.200 pesos en septiembre, de 54.550 en octubre y de 57.900 este mes, mientras que en agosto el ingreso era de 47.850 pesos para los trabajadores mensualizados a jornada completa.
Sindicalistas y empresarios deliberaron hoy de forma virtual bajo la supervisión de la cartera laboral y determinaron el nuevo valor del mínimo, vital y móvil, actualmente de 57.900 pesos, para un tramo corto cuatrimestral y con nueva revisión en febrero.
El encuentro tripartito fue convocado por el Gobierno ante el elevado proceso inflacionario y de alza de precios y se realizó de forma virtual entre cámaras y centrales obreras.
La CGT se había reunido esta mañana en la sede nacional del gremio de Sanidad (Fatsa) para fijar una posición, al igual que lo hizo la CTA Autónoma, en tanto la CTA del diputado nacional Hugo Yasky reclamó que el nuevo valor del mínimo superase en 4 puntos el índice de inflación de diciembre y que en enero se produzca otro aumento salarial.
El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil sesionó primero en la llamada Comisión Técnica y, luego, comenzó la plenaria de 32 integrantes -16 por la parte trabajadora y 16 por la empleadora-, y consensuó el acuerdo final.
Yasky había señalado que ante «la imposibilidad de anticipar la inflación» deben realizarse «revisiones trimestrales» -en este caso fue cuatrimestral-, porque solo para no perder poder adquisitivo «serían necesarios en diciembre 63.856 pesos en relación con ese mes del año anterior y 69.197 pesos para recuperar el de diciembre de 2019», y dijo que para alcanzar el valor de 2015 el haber mínimo tendrá que ser de 90.000 pesos.
La Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) de Godoy y Ricardo Peidro rechazó hoy nuevamente el acuerdo y ratificó que para no perder contra la inflación de este año el ingreso mínimo en diciembre debería ser de 64.000 pesos; reclamó otra vez «una política integral para que ese haber supere a la inflación y no pierda poder adquisitivo» y también sostuvo la necesidad de legislar y aprobar «un salario universal».
La CTA Autónoma reclamó esta tarde una actualización del mínimo del 47% y, en un documento posterior al encuentro, Godoy sostuvo que desde hace tiempo «la inflación no es determinada por los aumentos de precios sino por la especulación empresaria, que no realiza ningún esfuerzo para distribuir los ingresos a favor de los trabajadores».
Aunque el dirigente valoró los esfuerzos de la ministra de Trabajo, Raquel Olmos, para hallar «un punto intermedio», dijo que «el nuevo aumento no permite siquiera sostener el nivel de ingresos de marzo y no recupera poder adquisitivo», y detalló que la exigencia de una mejora del 47% entre noviembre y marzo se fundamentó en las pérdidas del 20% durante el macrismo y de otro 11% a partir de 2019.
Godoy ratificó la necesidad de definir una canasta de referencia para «tener claridad respecto de lo que se discute»; propuso revisar la cuotificación de los aumentos y ratificó la demanda de la CTAA de que el mínimo alcance a los sectores de casas particulares, rurales y estatales provinciales y municipales, los que aún «no tienen este derecho», dijo.
Fuente: Télam
Economía
Los gobernadores reclaman diálogo por el Presupuesto 2025
La Casa Rosada rechaza flexibilizar las demandas provinciales
El gobierno nacional enfrenta presión por demandas provinciales en el Presupuesto 2025, pero reitera su postura intransigente sobre el déficit cero.
La tensión política crece alrededor del Presupuesto 2025, en medio de un firme rechazo por parte de la Casa Rosada hacia los reclamos de los gobernadores. La noche del miércoles, en una reunión virtual entre jefes provinciales y bloques legislativos, se consolidaron cinco demandas centrales que buscan modificar el proyecto presupuestario. Sin embargo, el Ejecutivo ha reafirmado que «el déficit cero no se negocia».
Demandas provinciales y rechazo presidencial
Los gobernadores, representados por Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo, plantearon la necesidad de una mesa de negociación para tratar los puntos críticos en sesiones extraordinarias. Las demandas incluyen:
- Financiamiento del déficit de las cajas jubilatorias provinciales no transferidas.
- Coparticipación de fondos específicos del impuesto a los combustibles.
- Eliminación de aportes provinciales para financiar la Agencia de Recaudación.
- Redistribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
A pesar de estas peticiones, el Ejecutivo, liderado por Javier Milei, ha dejado claro que el costo fiscal de las demandas, estimado en u$s4.000 millones, resulta inaceptable.
Presupuesto 2025 del gobierno nacional: Una estrategia de endurecimiento
El gobierno ha condicionado cualquier posibilidad de diálogo a un apoyo explícito al presupuesto tal como está formulado. Sin embargo, la propuesta no incluye fondos para compensar la coparticipación ni contempla ajustes para las deudas relacionadas con las cajas jubilatorias provinciales.
La Casa Rosada considera que las concesiones anteriores a los gobernadores deberían ser suficientes para garantizar respaldo al proyecto actual.
Impacto político y económico
La falta de consenso podría generar una parálisis presupuestaria que afectaría tanto a las provincias como al gobierno nacional. Sin sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo, los gobernadores y la oposición se encuentran sin mecanismos formales para presionar por modificaciones antes del cierre de las sesiones ordinarias la próxima semana.
En este contexto, los partidos opositores Encuentro Federal y Democracia para Siempre han solicitado una sesión especial para intentar frenar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que autoriza un canje de deuda sin aval legislativo, intensificando el conflicto.
Mientras tanto, los gobernadores enfrentan un escenario financiero crítico, con una baja en la recaudación y la presión electoral del próximo año en el horizonte.
Economía
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Economía
Plan de contingencia energética: medidas para el verano
El Gobierno busca mitigar los cortes de luz en medio de la crisis del sistema eléctrico.
El Gobierno ha lanzado un plan de contingencia energética para mitigar los cortes de luz durante el próximo verano, ante la situación crítica de la red de suministro eléctrico. La estrategia, establecida mediante la Resolución 294/2024 de la Secretaría de Energía, tiene como objetivo mejorar la oferta, el transporte y la distribución de energía. Además, se prevén cortes programados en industrias y comercios para preservar el suministro en hogares.
El plan abarca el período 2024/2026, centrado en la importación de energía de países limítrofes durante los días de mayor demanda, principalmente en las horas pico. CAMMESA será responsable de definir esos momentos críticos.
Medidas para las empresas eléctricas
El plan de contingencia energética también establece que las empresas concesionarias deberán presentar, en un plazo de 15 días, un programa detallado de Atención a las Contingencias. Este documento deberá incluir medidas preventivas de mantenimiento para evitar fallas, la disponibilidad de Unidades de Generación Móvil (UGEM) y centros de atención telefónica continua para atender las consultas de los usuarios.
El programa deberá detallar acciones preventivas para evitar mayores fallos en la infraestructura, asegurando su máxima capacidad. Las empresas también estarán obligadas a tener un esquema de atención proactiva hacia los usuarios, con información precisa sobre el servicio y los posibles cortes.
Plan de contingencia energética para grandes usuarios
En el marco del plan de contingencia energética, el Gobierno implementará un esquema para gestionar la demanda de los Grandes Usuarios Mayores (GUMAS). Este mecanismo, de carácter voluntario y remunerado, permitirá reducir la carga de estos consumidores durante los días de mayor exigencia. Los GUMAS, con un consumo superior a 10 MW, podrán ofrecer una reducción programada de su demanda, lo que ayudará a evitar sobrecargas en la red.
Seguimiento del plan
El Comité de Seguimiento del Plan de Contingencia, conformado por diversos actores del sector energético, será el encargado de monitorear la implementación de las medidas. Este comité podrá convocar a otros organismos, como el Servicio Meteorológico Nacional, para evaluar la situación en función de las condiciones climáticas.
Por último, el Gobierno ha instado a las provincias a adoptar medidas similares dentro de sus jurisdicciones para asegurar la efectividad del plan y mitigar los cortes en todo el país.
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