Política
DIPUTADOS: IMPULSAN PROYECTO PARA MEJORAR EL SISTEMA JUDICIAL DE SANTA FE
Hoy, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitió dictamen sobre un proyecto que pretende fortalecer el sistema de justicia penal de Santa Fe para combatir mejor el crimen organizado, el narcotráfico y la violencia que se vive en todo Rosario.
Hace unas semanas, las Comisiones de Justicia y de Legislación Penal dieron su apoyo a esta iniciativa en sesión plenaria. Como resultado, ahora está lista para ser debatida en la próxima reunión de la Cámara de Diputados que el Frente de Todos pretende organizar el martes.
Cuarenta legisladores firmaron el dictamen al término de la reunión y Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto del Frente de Todos, lo dio a conocer.
Al iniciar el debate, Heller sostuvo que «seguimos avanzando porque esta es una parte, porque se requieren nuevas estructuras, personal, edificios, insumos» y destacó que se pidió a la Oficina de Presupuesto un informe sobre el impacto económico de la iniciativa.
Se trata de un proyecto presentado por el legislador del Frente de Todos (FdT) Roberto Mirabella y que es respaldado por los diputados santafesinos del oficialismo y de la oposición.
La iniciativa busca crear 27 fiscalías federales, 15 de ellas en Rosario; nueve defensorías y seis juzgados federales, así como seis cargos de juez penal federal con funciones de revisión, 50 cargos en total, con el fin de poder avanzar con mayor rapidez con las causas penales.
Heller consideró que «este tema excede el tema del funcionamiento de la justicia» y dijo que «el narcotráfico lo vamos a resolver cuando se resuelva que se hace con la plata».
«El gran tema del mundo es cómo se impide que el dinero ilegal se vuelva blanco y circule y permita hacer negocios», completó.
En el marco de la reunión se produjo un fuerte cruce entre el legislador del FDT, Marcos Cleri, quien acusó a la oposición de «trabar todo» y responsabilizó a Juntos por el Cambio y al Socialismo por la situación que atraviesa Rosario.
El socialista Enrique Estévez rechazó esas afirmaciones y tildó de «mentiroso» y «provocador» al diputado oficialista, a la vez que reclamó al Senado que designe los integrantes de la comisión Bicameral de Monitoreo e implementación del Código Procesal Penal Federal.
«Esta situación es responsabilidad de quiénes gobernaron los últimos 40 años la provincia donde avanzó el crimen organizado por políticas de ajuste y neoliberalismo. Lo que estamos padeciendo en Rosario tiene que ver con políticas de planificación. Yo vivo en Rosario. Nosotros tenemos un verdadero compromiso», aseguró Cleri, al rechazar cuestionamientos de legisladores de la oposición.
Previamente, el diputado radical por Santa Fe, Juan Martín, sostuvo que «no se va a resolver el problema» con esta iniciativa, en tanto que su par de bloque, Mario Barletta, cuestionó al oficialismo y afirmó: «No vayan a creer que es un tema de la provincia de Santa Fe, en Buenos Aires es 10 veces peor», a la vez que se preguntó: «Hasta dónde está preocupado el Gobierno nacional si no incorporó en extraordinarias este tema».
El debate se desarrolló tras la publicación la semana pasada del informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, en el que se informa el impacto económico que tendrá la aplicación de esa iniciativa, como realiza ese organismo parlamentario cuando se requiere un estudio sobre la influencia económica de un proyecto.
De acuerdo con la Oficina de Presupuesto «el impacto fiscal de la propuesta legislativa es de $1.106 millones anuales, aproximadamente».
«El proyecto propone la creación de 50 cargos, 36 en el Ministerio Público y 14 en el Poder Judicial, sin prever el detalle de las estructuras que los contienen», señala.
Según el organismo, las erogaciones en personal se estiman en «$1.564 millones, parcialmente compensadas por el ingreso de aportes y contribuciones a la Seguridad Social y el pago de Impuesto a las Ganancias que quedan en la Administración Nacional».
En tanto, debe conformarse la Comisión bicameral de Implementación del Código Procesal Penal Federal, que aún debe nombrar a los senadores que la integrarán, ya que los diputados fueron designados.
Uno de los puntos esenciales del proyecto plantea que «quienes sean titulares de las Fiscalías Federales ante los Juzgados, Cámaras y tribunales orales de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, podrán desempeñarse simultáneamente ante los jueces con función de garantía, revisión, de juicio y ejecución del Distrito fiscal correspondiente a su asiento».
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El gobierno nacional enfrenta presión por demandas provinciales en el Presupuesto 2025, pero reitera su postura intransigente sobre el déficit cero.
La tensión política crece alrededor del Presupuesto 2025, en medio de un firme rechazo por parte de la Casa Rosada hacia los reclamos de los gobernadores. La noche del miércoles, en una reunión virtual entre jefes provinciales y bloques legislativos, se consolidaron cinco demandas centrales que buscan modificar el proyecto presupuestario. Sin embargo, el Ejecutivo ha reafirmado que «el déficit cero no se negocia».
Demandas provinciales y rechazo presidencial
Los gobernadores, representados por Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo, plantearon la necesidad de una mesa de negociación para tratar los puntos críticos en sesiones extraordinarias. Las demandas incluyen:
- Financiamiento del déficit de las cajas jubilatorias provinciales no transferidas.
- Coparticipación de fondos específicos del impuesto a los combustibles.
- Eliminación de aportes provinciales para financiar la Agencia de Recaudación.
- Redistribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
A pesar de estas peticiones, el Ejecutivo, liderado por Javier Milei, ha dejado claro que el costo fiscal de las demandas, estimado en u$s4.000 millones, resulta inaceptable.
Presupuesto 2025 del gobierno nacional: Una estrategia de endurecimiento
El gobierno ha condicionado cualquier posibilidad de diálogo a un apoyo explícito al presupuesto tal como está formulado. Sin embargo, la propuesta no incluye fondos para compensar la coparticipación ni contempla ajustes para las deudas relacionadas con las cajas jubilatorias provinciales.
La Casa Rosada considera que las concesiones anteriores a los gobernadores deberían ser suficientes para garantizar respaldo al proyecto actual.
Impacto político y económico
La falta de consenso podría generar una parálisis presupuestaria que afectaría tanto a las provincias como al gobierno nacional. Sin sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo, los gobernadores y la oposición se encuentran sin mecanismos formales para presionar por modificaciones antes del cierre de las sesiones ordinarias la próxima semana.
En este contexto, los partidos opositores Encuentro Federal y Democracia para Siempre han solicitado una sesión especial para intentar frenar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que autoriza un canje de deuda sin aval legislativo, intensificando el conflicto.
Mientras tanto, los gobernadores enfrentan un escenario financiero crítico, con una baja en la recaudación y la presión electoral del próximo año en el horizonte.
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