Hoy, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitió dictamen sobre un proyecto que pretende fortalecer el sistema de justicia penal de Santa Fe para combatir mejor el crimen organizado, el narcotráfico y la violencia que se vive en todo Rosario.
DIPUTADOS: IMPULSAN PROYECTO PARA MEJORAR EL SISTEMA JUDICIAL DE SANTA FE
Hace unas semanas, las Comisiones de Justicia y de Legislación Penal dieron su apoyo a esta iniciativa en sesión plenaria. Como resultado, ahora está lista para ser debatida en la próxima reunión de la Cámara de Diputados que el Frente de Todos pretende organizar el martes.
Cuarenta legisladores firmaron el dictamen al término de la reunión y Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto del Frente de Todos, lo dio a conocer.
Al iniciar el debate, Heller sostuvo que «seguimos avanzando porque esta es una parte, porque se requieren nuevas estructuras, personal, edificios, insumos» y destacó que se pidió a la Oficina de Presupuesto un informe sobre el impacto económico de la iniciativa.
Se trata de un proyecto presentado por el legislador del Frente de Todos (FdT) Roberto Mirabella y que es respaldado por los diputados santafesinos del oficialismo y de la oposición.
La iniciativa busca crear 27 fiscalías federales, 15 de ellas en Rosario; nueve defensorías y seis juzgados federales, así como seis cargos de juez penal federal con funciones de revisión, 50 cargos en total, con el fin de poder avanzar con mayor rapidez con las causas penales.
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Heller consideró que «este tema excede el tema del funcionamiento de la justicia» y dijo que «el narcotráfico lo vamos a resolver cuando se resuelva que se hace con la plata».
«El gran tema del mundo es cómo se impide que el dinero ilegal se vuelva blanco y circule y permita hacer negocios», completó.
En el marco de la reunión se produjo un fuerte cruce entre el legislador del FDT, Marcos Cleri, quien acusó a la oposición de «trabar todo» y responsabilizó a Juntos por el Cambio y al Socialismo por la situación que atraviesa Rosario.
El socialista Enrique Estévez rechazó esas afirmaciones y tildó de «mentiroso» y «provocador» al diputado oficialista, a la vez que reclamó al Senado que designe los integrantes de la comisión Bicameral de Monitoreo e implementación del Código Procesal Penal Federal.
«Esta situación es responsabilidad de quiénes gobernaron los últimos 40 años la provincia donde avanzó el crimen organizado por políticas de ajuste y neoliberalismo. Lo que estamos padeciendo en Rosario tiene que ver con políticas de planificación. Yo vivo en Rosario. Nosotros tenemos un verdadero compromiso», aseguró Cleri, al rechazar cuestionamientos de legisladores de la oposición.
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Previamente, el diputado radical por Santa Fe, Juan Martín, sostuvo que «no se va a resolver el problema» con esta iniciativa, en tanto que su par de bloque, Mario Barletta, cuestionó al oficialismo y afirmó: «No vayan a creer que es un tema de la provincia de Santa Fe, en Buenos Aires es 10 veces peor», a la vez que se preguntó: «Hasta dónde está preocupado el Gobierno nacional si no incorporó en extraordinarias este tema».
El debate se desarrolló tras la publicación la semana pasada del informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, en el que se informa el impacto económico que tendrá la aplicación de esa iniciativa, como realiza ese organismo parlamentario cuando se requiere un estudio sobre la influencia económica de un proyecto.
De acuerdo con la Oficina de Presupuesto «el impacto fiscal de la propuesta legislativa es de $1.106 millones anuales, aproximadamente».
«El proyecto propone la creación de 50 cargos, 36 en el Ministerio Público y 14 en el Poder Judicial, sin prever el detalle de las estructuras que los contienen», señala.
Según el organismo, las erogaciones en personal se estiman en «$1.564 millones, parcialmente compensadas por el ingreso de aportes y contribuciones a la Seguridad Social y el pago de Impuesto a las Ganancias que quedan en la Administración Nacional».
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En tanto, debe conformarse la Comisión bicameral de Implementación del Código Procesal Penal Federal, que aún debe nombrar a los senadores que la integrarán, ya que los diputados fueron designados.
Uno de los puntos esenciales del proyecto plantea que «quienes sean titulares de las Fiscalías Federales ante los Juzgados, Cámaras y tribunales orales de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, podrán desempeñarse simultáneamente ante los jueces con función de garantía, revisión, de juicio y ejecución del Distrito fiscal correspondiente a su asiento».
La Justicia examina los lazos entre Manuel Adorni y la productora de Marcelo Grandio por pagos de la TV Pública
La investigación judicial sobre Manuel Adorni y la productora de Marcelo Grandio se intensifica tras revelarse pagos de la TV Pública a IMHOUSE S.A.
La Justicia examina los lazos entre Manuel Adorni y la productora de Marcelo Grandio por pagos de la TV Pública
Recientemente, se han añadido nuevos datos a la investigación judicial que indaga sobre las relaciones entre Manuel Adorni y la productora de Marcelo Grandio. Documentos oficiales han indicado que IMHOUSE S.A., asociada al periodista y empresario, recibió más de $3 millones en pagos mensuales de la TV Pública, en el contexto del programa “Enredados”.
Estos hallazgos contradicen las afirmaciones del jefe de Gabinete, quien en su último informe ante el Congreso afirmó que el canal estatal “no había realizado pagos a IMHOUSE S.A.”.
Qué dicen los registros sobre la productora de Marcelo Grandio
De acuerdo con una investigación de medios, Radio y Televisión Argentina (RTA) efectuó pagos a la productora desde octubre de 2025. El contrato de coproducción fue firmado por Carlos María Curci González, interventor de Medios Públicos, y Horacio Silva, representante de IMHOUSE.
El programa “Enredados”, liderado por Marcelo Grandio, comenzó su transmisión en la TV Pública en streaming desde septiembre del año anterior. La documentación indica que existen al menos seis contratos relacionados con la producción.
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La conexión entre Manuel Adorni y la productora de Grandio está siendo analizada por el sistema judicial, debido a preocupaciones sobre posibles conflictos de intereses y negociaciones inapropiadas en el ámbito público.
La conexión entre Adorni y Grandio
Este vínculo se remonta a varios años atrás, donde incluso colaboraron en proyectos televisivos, como el programa “Gritalo!”, transmitido por Canal Metro y también producido por IMHOUSE S.A.
Grandio ha descrito a Adorni en diversas ocasiones como un “colega y amigo eterno”. Esta cercanía ha sido objeto de escrutinio tras revelarse que Horacio Silva financió un vuelo privado en el que ambos viajaron desde Punta del Este.
Frente a estas sospechas, la Justicia ha decidido peritar las comunicaciones entre el funcionario y el empresario para investigar si hubo gestiones directas relacionadas con los contratos firmados con el Estado.
Cómo justificó el Gobierno los pagos
Desde la Casa Rosada, se afirmó que la relación entre RTA e IMHOUSE corresponde a un contrato de coproducción que se basa en ingresos publicitarios.
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Según la explicación proporcionada, la productora enviaba órdenes de publicidad mensualmente y, tras verificar las transmisiones, la TV Pública emitía las facturas correspondientes. En los casos donde los ingresos no cubrían los costos de producción, se realizaba una compensación administrativa entre las partes.
El Gobierno subrayó que estas transacciones no implicaron desembolsos directos y que las órdenes de pago registradas son parte de mecanismos contables internos relacionados con compensaciones de facturación.
Mientras tanto, la causa judicial sigue su curso para determinar si ha habido irregularidades en la relación entre funcionarios públicos y la productora.
Reforma en el régimen de armas: el Gobierno presenta un nuevo decreto
El Gobierno argentino implementa un nuevo decreto que transforma el régimen de armas, modernizando la clasificación, portación y herencia de armamento en el país.
Reforma en el régimen de armas: el Gobierno presenta un nuevo decreto
El Gobierno de Argentina ha introducido cambios significativos en el régimen de armas mediante la publicación del decreto 306/2026 en el Boletín Oficial este lunes. Esta normativa modifica aspectos relacionados con la clasificación de armamento, las condiciones de acceso, la portación y los procedimientos administrativos para el control estatal.
El objetivo de esta reforma es modernizar la aplicación de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429, ajustando los criterios para la tenencia y uso de armas de fuego, en concordancia con los principios constitucionales y la regulación vigente.
Nuevas normas sobre acceso y portación
Entre las disposiciones más destacadas del decreto, se establece que el acceso y la portación de armas no podrán estar restringidos de manera irrazonable o desproporcionada. La normativa ofrece un marco integral para la adquisición, uso, transporte e importación de armas de fuego, así como de materiales explosivos y químicos agresivos.
Asimismo, se han actualizado los procedimientos administrativos relacionados con el registro y control por parte de las autoridades competentes.
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Modificaciones en armas y municiones prohibidas
Este decreto también redefine la lista de armas y materiales prohibidos. Se incluyen escopetas con características específicas, dispositivos que transforman armas semiautomáticas en automáticas, armas ocultas y diversos tipos de municiones especiales.
Además, se prohíben proyectiles perforantes, explosivos, incendiarios o envenenados, y dispositivos químicos de efectos letales. Estas restricciones abarcan la fabricación, comercialización, transporte e importación de estos materiales.
Actualización de categorías y uso civil
Una de las modificaciones más relevantes es la actualización de la categoría de armas de uso civil condicional. Se incorporan armas portátiles que no estaban previamente contempladas y aquellas que han dejado de ser utilizadas por las fuerzas de seguridad.
Este grupo también incluye accesorios como silenciadores y miras nocturnas, diseñados para mejorar la precisión en condiciones de baja visibilidad.
Trámite de herencia de armas: proceso más ágil
Las modificaciones también facilitan el registro de armas heredadas. A partir de ahora, los herederos podrán iniciar el trámite sin necesidad de una declaratoria judicial previa.
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Para ello, deberán presentar documentación que respalde el vínculo familiar, como partidas de nacimiento, matrimonio o defunción. Esta medida busca agilizar los procesos y asegurar la trazabilidad del armamento en manos de particulares.
La Sala de Periodistas de Casa Rosada vuelve a funcionar con nuevas restricciones
La Casa Rosada reabre su Sala de Periodistas tras una revisión de protocolos de seguridad, permitiendo el regreso de las conferencias de prensa con nuevas restricciones.
La nueva apertura de la Sala de Periodistas en Casa Rosada
Este lunes, la Casa Rosada reanuda la actividad habitual en su Sala de Periodistas después de un cierre de diez días, motivado por una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad establecidos.
Con esta reapertura, se anticipa el retorno de las conferencias de prensa lideradas por Manuel Adorni, quien tiene programada su primera intervención a las 11, restableciendo así el vínculo formal entre el Gobierno y los periodistas acreditados.
Nuevas restricciones y protocolos de acceso
El regreso de la Sala de Periodistas no se llevará a cabo bajo las mismas condiciones que anteriormente. Se ha informado que el Gobierno implementará protocolos de control revisados, que incluirán restricciones en áreas específicas del edificio y modificaciones en la circulación de los medios de comunicación.
A pesar de que se reabrirá el acceso a los comunicadores acreditados, ciertos sectores tendrán ingreso restringido y se instaurarán medidas adicionales de supervisión dentro de la sede gubernamental.
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Controversia por las nuevas medidas de seguridad
El cierre de la sala generó controversia, especialmente tras la eliminación del acceso mediante huella dactilar para los periodistas, lo que provocó críticas por parte de sindicatos y asociaciones de prensa. Estos grupos han expresado su preocupación de que tales medidas puedan interferir con el ejercicio libre del periodismo.
La reapertura se produce en un contexto delicado, luego de una denuncia de la Casa Militar que dio lugar a una investigación judicial por presunto espionaje ilegal.
Investigación actual en marcha
La investigación involucra a periodistas de la señal Todo Noticias (TN), acusados de capturar imágenes de zonas restringidas utilizando dispositivos tecnológicos. El juez Ariel Lijo está a cargo de la causa, que se centra en la figura de intromisión ilegítima.
La decisión del gobierno de Javier Milei de restringir el acceso desde el 23 de abril había intensificado las tensiones con el sector periodístico, que ahora observa con atención las nuevas condiciones de funcionamiento.