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Política

DIPUTADOS AUTORIZA A JUSTICIA EL SECUESTRO DEL CELULAR DE MILMAN Y PEDIRÁN QUE SE APRUEBE EN SESIÓN

La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avaló hoy un pedido de la jueza María Eugenia Capuchetti para que la cámara baja autorice el secuestro del teléfono del legislador de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, en el marco de la causa en la que se investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La resolución fue respaldada por unanimidad por los diputados del oficialismo y de la oposición en la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el diputado del Frente de Todos, Hernán Pérez Araujo, quien dijo que los oficios «fueron recibidos esta semana» y se resolvió «tratarlo en forma rápida, atento a la presencia de los diputados por la sesión convocada por Juntos por el Cambio» por el tema alquileres.

«Por unanimidad, en la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados, autorizamos el secuestro de celulares del diputado Nacional Gerardo Milman y acceder a información y/o comunicaciones contenidas, de acuerdo al requerimiento judicial. Pediremos que se apruebe en la sesión de hoy», anunció Germán Martínez, el titular del bloque del Frente para la Victoria.

Ayer, Milman entregó su teléfono celular a la Justicia federal, aunque lo acompañó con una presentación en la que manifestó su oposición a que el aparato sea abierto, informaron fuentes judiciales.

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El dispositivo fue entregado en el juzgado de la jueza María Eugenia Capuchetti por parte del abogado de Milman, Manuel Barros, quien además adelantó que apelará ante la Cámara Federal de Casación Penal el fallo que habilitó el secuestro del teléfono del legislador, previa autorización de la Cámara de Diputados.

En el marco de la reunión de esta mañana en la comisión, el diputado del PRO, Pablo Tonelli, recordó que «se ha tornado abstracto porque ya lo entregó pero queda pendiente la autorización y sostuvo que quieren dar esa autorización.

«Estamos totalmente de acuerdo», dijo al respecto, aunque aclaró que la sentencia contra Milman «no está firme y que la efectiva apertura creemos que debe estar atada a la firmeza de la cámara de que se haga de acuerdo con los términos fijados por la propia cámara».

A su turno, la diputada de Identidad Bonaerense, Graciela Camaño, dijo que es «partidaria que los fueros bajo ningún punto de vista tienen que dar ningún tipo de impunidad y máximo en el momento probatorio» y agregó: «No podemos objetar nada y tenemos que hacer la aprobación no solo de la entrega del teléfono que sugestivamente se entregó ayer, sino grabar la llamada».

«No tenemos que poner restricciones sino habilitar que la justicia pueda hacer los ejercicios probatorios necesarios para despejar el tema», aseveró la legisladora.

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Por su parte, desde el oficialismo, Rodolfo Tailhade, respaldó la autorización aunque lamentó la demora y dijo que «11 meses sin entregar el celular no creo que sea un antecedente que nos honre».

En tanto, Pérez Araujo dijo que «la jueza verá si el carácter de la sentencia la habilita o no a abrir el celular y ver el contenido» y pidió que se investigue la posible existencia de otras líneas a cargo del legislador de JXC.

El aparato fue entregado en las últimas horas en el juzgado de la jueza Capuchetti por parte de Manuel Barros, abogado de Milman, quien adelantó que apelará ante la Cámara Federal de Casación Penal el fallo que habilitó el secuestro del teléfono del legislador antes de una autorización de la Cámara de Diputados.

La denominada «pista Milman» se inauguró el 23 de septiembre pasado cuando un asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentó ante la jueza Capuchetti y dijo que había escuchado al legislador opositor referirse al atentado antes de que ocurriera.

«Cuando la maten yo estoy camino a la costa», fue la frase que Abello dijo haberle escuchado decir a Milman en el bar Casablanca el 30 de agosto, oportunidad en la que el legislador estaba acompañado de dos asesoras que ya declararon en el expediente y negaron que esa frase hubiera sido pronunciada.

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Política

La Justicia examina los lazos entre Manuel Adorni y la productora de Marcelo Grandio por pagos de la TV Pública

La investigación judicial sobre Manuel Adorni y la productora de Marcelo Grandio se intensifica tras revelarse pagos de la TV Pública a IMHOUSE S.A.

La Justicia examina los lazos entre Manuel Adorni y la productora de Marcelo Grandio por pagos de la TV Pública

Recientemente, se han añadido nuevos datos a la investigación judicial que indaga sobre las relaciones entre Manuel Adorni y la productora de Marcelo Grandio. Documentos oficiales han indicado que IMHOUSE S.A., asociada al periodista y empresario, recibió más de $3 millones en pagos mensuales de la TV Pública, en el contexto del programa “Enredados”.

Estos hallazgos contradicen las afirmaciones del jefe de Gabinete, quien en su último informe ante el Congreso afirmó que el canal estatal “no había realizado pagos a IMHOUSE S.A.”.

Qué dicen los registros sobre la productora de Marcelo Grandio

De acuerdo con una investigación de medios, Radio y Televisión Argentina (RTA) efectuó pagos a la productora desde octubre de 2025. El contrato de coproducción fue firmado por Carlos María Curci González, interventor de Medios Públicos, y Horacio Silva, representante de IMHOUSE.

El programa “Enredados”, liderado por Marcelo Grandio, comenzó su transmisión en la TV Pública en streaming desde septiembre del año anterior. La documentación indica que existen al menos seis contratos relacionados con la producción.

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La conexión entre Manuel Adorni y la productora de Grandio está siendo analizada por el sistema judicial, debido a preocupaciones sobre posibles conflictos de intereses y negociaciones inapropiadas en el ámbito público.

La conexión entre Adorni y Grandio

Este vínculo se remonta a varios años atrás, donde incluso colaboraron en proyectos televisivos, como el programa “Gritalo!”, transmitido por Canal Metro y también producido por IMHOUSE S.A.

Grandio ha descrito a Adorni en diversas ocasiones como un “colega y amigo eterno”. Esta cercanía ha sido objeto de escrutinio tras revelarse que Horacio Silva financió un vuelo privado en el que ambos viajaron desde Punta del Este.

Frente a estas sospechas, la Justicia ha decidido peritar las comunicaciones entre el funcionario y el empresario para investigar si hubo gestiones directas relacionadas con los contratos firmados con el Estado.

Cómo justificó el Gobierno los pagos

Desde la Casa Rosada, se afirmó que la relación entre RTA e IMHOUSE corresponde a un contrato de coproducción que se basa en ingresos publicitarios.

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Según la explicación proporcionada, la productora enviaba órdenes de publicidad mensualmente y, tras verificar las transmisiones, la TV Pública emitía las facturas correspondientes. En los casos donde los ingresos no cubrían los costos de producción, se realizaba una compensación administrativa entre las partes.

El Gobierno subrayó que estas transacciones no implicaron desembolsos directos y que las órdenes de pago registradas son parte de mecanismos contables internos relacionados con compensaciones de facturación.

Mientras tanto, la causa judicial sigue su curso para determinar si ha habido irregularidades en la relación entre funcionarios públicos y la productora.

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Política

Reforma en el régimen de armas: el Gobierno presenta un nuevo decreto

El Gobierno argentino implementa un nuevo decreto que transforma el régimen de armas, modernizando la clasificación, portación y herencia de armamento en el país.

Reforma en el régimen de armas: el Gobierno presenta un nuevo decreto

El Gobierno de Argentina ha introducido cambios significativos en el régimen de armas mediante la publicación del decreto 306/2026 en el Boletín Oficial este lunes. Esta normativa modifica aspectos relacionados con la clasificación de armamento, las condiciones de acceso, la portación y los procedimientos administrativos para el control estatal.

El objetivo de esta reforma es modernizar la aplicación de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429, ajustando los criterios para la tenencia y uso de armas de fuego, en concordancia con los principios constitucionales y la regulación vigente.

Nuevas normas sobre acceso y portación

Entre las disposiciones más destacadas del decreto, se establece que el acceso y la portación de armas no podrán estar restringidos de manera irrazonable o desproporcionada. La normativa ofrece un marco integral para la adquisición, uso, transporte e importación de armas de fuego, así como de materiales explosivos y químicos agresivos.

Asimismo, se han actualizado los procedimientos administrativos relacionados con el registro y control por parte de las autoridades competentes.

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Modificaciones en armas y municiones prohibidas

Este decreto también redefine la lista de armas y materiales prohibidos. Se incluyen escopetas con características específicas, dispositivos que transforman armas semiautomáticas en automáticas, armas ocultas y diversos tipos de municiones especiales.

Además, se prohíben proyectiles perforantes, explosivos, incendiarios o envenenados, y dispositivos químicos de efectos letales. Estas restricciones abarcan la fabricación, comercialización, transporte e importación de estos materiales.

Actualización de categorías y uso civil

Una de las modificaciones más relevantes es la actualización de la categoría de armas de uso civil condicional. Se incorporan armas portátiles que no estaban previamente contempladas y aquellas que han dejado de ser utilizadas por las fuerzas de seguridad.

Este grupo también incluye accesorios como silenciadores y miras nocturnas, diseñados para mejorar la precisión en condiciones de baja visibilidad.

Trámite de herencia de armas: proceso más ágil

Las modificaciones también facilitan el registro de armas heredadas. A partir de ahora, los herederos podrán iniciar el trámite sin necesidad de una declaratoria judicial previa.

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Para ello, deberán presentar documentación que respalde el vínculo familiar, como partidas de nacimiento, matrimonio o defunción. Esta medida busca agilizar los procesos y asegurar la trazabilidad del armamento en manos de particulares.

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Política

La Sala de Periodistas de Casa Rosada vuelve a funcionar con nuevas restricciones

La Casa Rosada reabre su Sala de Periodistas tras una revisión de protocolos de seguridad, permitiendo el regreso de las conferencias de prensa con nuevas restricciones.

La nueva apertura de la Sala de Periodistas en Casa Rosada

Este lunes, la Casa Rosada reanuda la actividad habitual en su Sala de Periodistas después de un cierre de diez días, motivado por una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad establecidos.

Con esta reapertura, se anticipa el retorno de las conferencias de prensa lideradas por Manuel Adorni, quien tiene programada su primera intervención a las 11, restableciendo así el vínculo formal entre el Gobierno y los periodistas acreditados.

Nuevas restricciones y protocolos de acceso

El regreso de la Sala de Periodistas no se llevará a cabo bajo las mismas condiciones que anteriormente. Se ha informado que el Gobierno implementará protocolos de control revisados, que incluirán restricciones en áreas específicas del edificio y modificaciones en la circulación de los medios de comunicación.

A pesar de que se reabrirá el acceso a los comunicadores acreditados, ciertos sectores tendrán ingreso restringido y se instaurarán medidas adicionales de supervisión dentro de la sede gubernamental.

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Controversia por las nuevas medidas de seguridad

El cierre de la sala generó controversia, especialmente tras la eliminación del acceso mediante huella dactilar para los periodistas, lo que provocó críticas por parte de sindicatos y asociaciones de prensa. Estos grupos han expresado su preocupación de que tales medidas puedan interferir con el ejercicio libre del periodismo.

La reapertura se produce en un contexto delicado, luego de una denuncia de la Casa Militar que dio lugar a una investigación judicial por presunto espionaje ilegal.

Investigación actual en marcha

La investigación involucra a periodistas de la señal Todo Noticias (TN), acusados de capturar imágenes de zonas restringidas utilizando dispositivos tecnológicos. El juez Ariel Lijo está a cargo de la causa, que se centra en la figura de intromisión ilegítima.

La decisión del gobierno de Javier Milei de restringir el acceso desde el 23 de abril había intensificado las tensiones con el sector periodístico, que ahora observa con atención las nuevas condiciones de funcionamiento.

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