Investigan desvío de fondos en la ANDIS
El Gobierno reveló graves irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, donde se habrían desviado USD 3.400 millones. Las auditorías encontraron expedientes inverosímiles.
El Gobierno informó sobre un esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), estimando un desvío de aproximadamente USD 3.400 millones a través de prestaciones médicas falsas. La denuncia, presentada por el director ejecutivo del organismo, Diego Spagnuolo, y el fiscal federal Guillermo Marijuan, sugiere que el desvío alcanzó el 40% del presupuesto anual destinado a pensiones no contributivas por discapacidad.
Datos de las Auditorías
Las auditorías iniciales, realizadas por las nuevas autoridades, mostraron que solo el 7% de las pensiones por invalidez laboral cumplían con los requisitos establecidos.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, detalló en una conferencia de prensa desde la Casa Rosada las irregularidades encontradas.
Pensiones y favores políticos
El fiscal Marijuan explicó que el incremento en la cantidad de pensiones se debió a la flexibilización de los criterios para su otorgamiento y a un circuito paralelo de tramitación destinado a favores políticos. Las pensiones eran aprobadas en tiempos reducidos, mientras que el proceso formal demoraba entre 2 y 3 años.
La denuncia penal presentada por Spagnuolo incluye casos de personas que cobraban pensiones sin tener invalidez laboral o discapacidad. Algunos beneficiarios poseían bienes, vehículos y hasta inmuebles. También se encontraron personas que trabajaban y recibían pensiones.
Agencia Nacional de Discapacidad: Impacto del fraude
El fraude no solo afectó las pensiones, sino también el Programa Nacional Incluir Salud, que brinda cobertura médico-asistencial a los titulares de pensiones nacionales no contributivas. Los involucrados en la estafa facturaban servicios a instituciones que no se brindaban, generando una suma adicional de fondos desviados.
Las nuevas autoridades de la ANDIS certificaron que alrededor del 35% de las pensiones otorgadas presentaban incompatibilidades, con un 5% (casi 60.000 pensiones) en condiciones de incompatibilidad por poseer bienes y trabajo. El 30% restante presentaba incompatibilidades en las condiciones médicas.
El Gobierno se comprometió a llevar a cabo una exhaustiva auditoría en todo el país, con la expectativa de dar de baja entre el 30% y el 50% de las pensiones otorgadas durante los últimos años.