Gobierno anuncia actualizaciones mensuales en jubilaciones conforme a la inflación.
El Gobierno establece una reconfiguración en el sistema de actualización de las jubilaciones a partir de abril. Un ajuste que no solo busca alinear los ingresos de los jubilados con la inflación, sino también compensar la pérdida de poder adquisitivo experimentada en los últimos meses.
Según lo definido por las autoridades gubernamentales, a partir de abril se implementará un esquema de actualización mensual de las jubilaciones, siguiendo el ritmo inflacionario. Este nuevo enfoque incluirá un incremento adicional del 12,5% como respuesta a la merma del poder de compra que ocurrió a principios de año, además del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, que ascendió al 13,2%.
Con esta medida, se inicia un proceso de transición hacia un sistema de reajustes mensuales que se formalizará en julio. Se estima que esta nueva fórmula generará un ahorro del 0,4% del Producto Bruto Interno (PBI) en el gasto previsional para este año.
Cuanto aumentarán las jubilaciones
Según cálculos, la jubilación mínima aumentará significativamente con estas modificaciones. Desde abril, se espera que pase de $137.216 a $172.463, y con la inclusión del bono de $70.000, alcanzaría los $242.000. Esta tendencia de incremento se mantendrá en mayo, con una actualización basada en el IPC correspondiente a marzo.
El bono de $70.000 continuará siendo parte del esquema, y se asegura que los haberes mínimos lo percibirán en su totalidad. Para garantizar esto, se anunciará un nuevo decreto en las próximas horas.
Expertos como el economista Fernando Marull proyectan un aumento progresivo en los haberes jubilatorios en los meses siguientes. Se espera que para junio, las jubilaciones mínimas superen los $215.000.
Opinión de los expertos
Es importante destacar que la nueva fórmula establece que en ningún caso la aplicación del IPC podrá resultar en una disminución del haber jubilatorio, asegurando así la protección del poder adquisitivo de los beneficiarios.
Estos cambios responden a la necesidad de corregir un sistema previo que, según el Gobierno, ha generado resultados perjudiciales para los jubilados, provocando una notable pérdida de su poder adquisitivo.