A partir del 1° de septiembre, el pasaje mínimo en la provincia de Buenos Aires se incrementa a $1.158,97. Este es el noveno aumento consecutivo en lo que va del año 2026. Durante el mismo lapso, la inflación se ha situado en un 19,3%, lo que significa que el costo del pasaje se ha incrementado casi cuatro veces más que el nivel general de precios.

Una vez más, el Área Metropolitana de Buenos Aires verá un aumento en el precio del boleto de colectivo a partir del lunes 1° de septiembre, marcando su novena revisión consecutiva en este año.

El costo del boleto mínimo en las líneas provinciales, que son las más utilizadas en el conurbano, incrementa de $1.105,48 a $1.158,97 para los pasajeros que tienen registrada su tarjeta SUBE. Para los recorridos más largos, que abarcan múltiples partidos, el precio asciende a $2.043,84.

En diciembre de 2025, el mismo boleto mínimo representaba un costo de $658,44.

Aumento en contraste con la inflación

La comparativa resulta clave para entender la presión económica en los hogares.

El costo del pasaje ha superado a la inflación por un margen considerable, lo que no es fortuito, sino el resultado de la fórmula de ajuste implementada.

Detalles del mecanismo de ajuste

Desde 2026, las tarifas del transporte se actualizan mensualmente mediante una fórmula que incorpora el índice de precios al consumidor del mes anterior, añadiendo dos puntos porcentuales adicionales.

De este modo, el pasaje se incrementa cada mes por encima de la inflación. Por ejemplo, si la inflación es del 2,1%, el precio del colectivo aumentará en un 4,1%. Esta diferencia se traduce en una brecha de casi 57 puntos porcentuales entre el costo del pasaje y la inflación actual.

Precios a partir de septiembre

Líneas provinciales (con SUBE registrada)

Líneas nacionales y de CABA (con SUBE registrada)

Es importante destacar que el mismo trayecto puede costar hasta un 30% más en líneas provinciales que en nacionales. Esto significa que los usuarios del conurbano enfrentan tarifas más elevadas en comparación con aquellos que viajan hacia la Ciudad.

Consecuencias de no tener la SUBE registrada

Los precios mencionados anteriormente son válidos solo para quienes tienen la SUBE registrada. Aquellos que no lo hagan enfrentarán un costo adicional de entre 60% y 70% más por el mismo recorrido.

Registrar la SUBE es un proceso gratuito y puede realizarse a través de la aplicación o en terminales automáticas. Con tan solo dos viajes diarios, la diferencia de costos puede superar los $28.000 mensuales.

Impacto de dos viajes diarios en el presupuesto

Para poner en contexto este aumento en el presupuesto familiar: dos boletos mínimos al día, durante veinte días hábiles al mes, suman $46.358.

Un jubilado que recibe el haber mínimo —$419.775,92 más el bono congelado de $70.000— destina aproximadamente el 9,5% de sus ingresos solo para cubrir dos pasajes diarios en el colectivo más económico. Esto sin contar combinaciones.

Y en octubre, se espera otro aumento.

La situación de Flybondi ha escalado a un punto crítico, dejando atrás las cancelaciones ocasionales para convertirse en un colapso operativo y financiero. Miles de pasajeros han visto afectados sus planes de viaje, mientras que tanto empleados como exempleados denuncian la falta de pagos y crecientes deudas con proveedores.

La aerolínea, que aún mantiene su autorización para operar en Argentina, enfrenta un cuestionamiento sobre la inacción estatal: ¿hasta qué punto se puede permitir que una aerolínea funcione sin cumplir sus compromisos?

Los datos ilustran la gravedad de la crisis.

De acuerdo a un informe de Chequeado, en 2026, Flybondi había cancelado más del 20% de sus vuelos programados, un porcentaje que aumentó al 36% desde abril. En contraste, Aerolíneas Argentinas y JetSmart reportaron cancelaciones del 0,9% y 1,2%, respectivamente.

El deterioro continuó.

De un amplio cronograma a una operación mínima

En junio, Flybondi tenía un total de 2.626 vuelos programados, de los cuales sólo se llevaron a cabo 803, lo que significa que 1.823 vuelos fueron cancelados, logrando un cumplimiento del 30,6%, según reportes de La Nación. En julio, el panorama se volvió aún más alarmante, con solo 23 vuelos operados de 427, resultando en un cumplimiento del 5,4%.

Este panorama va más allá de meras estadísticas.

Cada vuelo cancelado representa a pasajeros que habían realizado reservas en hoteles, traslados y excursiones, así como familias que se encontraron varadas y usuarios que debieron adquirir pasajes de emergencia con otras aerolíneas.

Desde junio de 2025 hasta mayo de 2026, Flybondi acumuló más de 2.500 vuelos cancelados y afectó a más de 350.000 pasajeros, según la consultora Adventus mencionada en diversos medios.

La situación es insostenible para una aerolínea que sigue vendiendo pasajes. En junio, operó con solo un avión, mientras que 11 aeronaves estaban fuera de servicio debido a deudas relacionadas con el mantenimiento y el leasing.

Dificultades hasta para el abastecimiento de combustible

El colapso también ha afectado uno de los insumos más esenciales: el combustible. En julio, Flybondi permaneció varios días sin realizar vuelos a pesar de contar con aviones operativos. Según fuentes del sector citadas por La Nación, YPF exigió pago anticipado para cargar combustible Jet A-1 debido a los problemas de pago de la aerolínea.

Este escenario resalta que el problema va más allá de las demoras que los pasajeros pueden observar en los aeropuertos.

Flybondi enfrenta también conflictos comerciales y deudas con proveedores y entidades vinculadas a la navegación aérea y servicios en tierra.

Empleados sin remuneración y más de 700 exempleados demandando pagos

El aspecto laboral es igualmente preocupante.

Más de 700 exempleados están en proceso de reclamar indemnizaciones y pagos por acuerdos de retiro voluntario que, según sus denuncias, no han sido cumplidos por la empresa. Muchos de estos convenios fueron formalizados ante escribano o en instancias laborales, pero los afectados afirman que han pasado meses sin recibir su dinero.

A esto se suman las quejas de trabajadores aún activos en la compañía, quienes reportan sueldos de junio y julio, así como el medio aguinaldo, pendientes, además de problemas relacionados con la falta de aportes.

La situación ha generado rumores sobre una posible presentación en concurso preventivo de acreedores, que podría permitir a Flybondi reestructurar judicialmente sus deudas. Sin embargo, no hay confirmación oficial sobre este proceso hasta el momento.

Brasil tomó medidas que Argentina aún no ha considerado

El contraste con Brasil se presenta como uno de los aspectos más preocupantes de la crisis.

La Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil constató que Flybondi había cancelado el 79% de sus vuelos en ese país entre el 1 y el 27 de julio. Ante este incumplimiento, el organismo tomó acciones cautelares.

Brasil limitó la venta de pasajes a destinos como Florianópolis, Maceió y Salvador, y restringió a la empresa de expandir su red dentro del país, además de intervenir en la ruta Buenos Aires-Río de Janeiro.

La decisión se justificó como una medida frente a los indicios de “deterioro de la capacidad operacional” de Flybondi y el riesgo que esto representa para los pasajeros.

En Argentina, sin embargo, la postura ha sido diferente.

La ANAC argentina impuso sanciones pero no detuvo operaciones

La Administración Nacional de Aviación Civil de Argentina ya había emitido actas de infracción por cancelaciones sin previo aviso y reclamos de pasajeros desde principios de 2026.

Frente al agravamiento de la situación, el organismo exigió un plan de acción a la aerolínea.

Tras su análisis, la ANAC concluyó que Flybondi cumplía con los requisitos de seguridad operacional, lo que no dio motivos para restringir su operación aérea.

Sin embargo, es fundamental aclarar que tener aviones en condiciones seguras no implica que la compañía esté brindando un servicio regular o que su salud financiera sea sólida.

El verdadero desafío es que, mientras una aerolínea puede estar habilitada para volar, puede también estar cancelando numerosos vuelos y acumulando deudas.

El concepto de low cost no implica volar sin restricciones

Desde su llegada al mercado argentino en 2018, Flybondi prometió democratizar el acceso al vuelo mediante tarifas más bajas. Su modelo low cost se basa en la reducción de costos y la oferta de servicios adicionales, con una estructura más austera que las aerolíneas tradicionales.

Sin embargo, low cost no implica low service, ni la ausencia total de servicio.

Comprar un pasaje no debe ser considerado como una apuesta. Es un contrato por el cual una empresa cobra para llevar a los pasajeros a un destino específico.

Cuando las cancelaciones se convierten en la norma, el problema trasciende una simple demora.

Cuando miles de pasajeros que han pagado por sus vuelos ven cómo estos son cancelados, empleados luchan por sus salarios, exempleados esperan indemnizaciones y proveedores endurecen sus condiciones, ya no se puede atribuir todo a dificultades operativas.

La crisis de Flybondi abre un debate más profundo sobre hasta qué punto se debe permitir a una empresa seguir captando dinero de nuevos pasajeros cuando su capacidad de cumplir con los vuelos es cuestionable.

Y, especialmente, quién asume el costo si finalmente no puede cumplir con lo prometido.

Mientras empresarios, accionistas y organismos regulatorios discuten planes de acción y reestructuraciones, los pasajeros suelen quedar relegados.

Con una creciente cantidad de situaciones acumuladas, la pregunta ya no debería ser solo qué sucede con Flybondi.

La cuestión es quién protege a aquellos que siguen comprando pasajes.

Tarifas en constante incremento

La situación del transporte en el AMBA continúa deteriorándose. El uso del colectivo ha disminuido drásticamente en un 22%. Para ilustrar, en comparación con julio de 2025, se han contabilizado 28 millones de viajes menos.

Esta caída en la utilización del servicio es comprensible. El precio del boleto no para de aumentar y la Tarifa Social ha pasado a ser un recuerdo del pasado. Además, el gobierno ha eliminado los beneficios de la RED SUBE que favorecían a quienes residían en el conurbano y trabajaban en la Ciudad de Buenos Aires. Ante estas decisiones que afectan directamente a la economía de los usuarios, muchos han optado por la alternativa más asequible: caminar.

En el último año, el costo de viajar ha aumentado un 117%. Esta situación es insostenible, ya que el transporte es solo uno de los muchos gastos que se han incrementado. A esto se le suma el aumento en tarifas de gas, electricidad y agua, así como de prácticamente todos los productos de consumo. En julio de 2025, el costo de un viaje en colectivo era de $489, mientras que ahora, en 2026, el mismo trayecto cuesta $1063.

EFECTO DEL AUMENTO: 117% Y 22% MENOS DE USUARIOS

La reducción del 22,6% en el uso del colectivo se refiere únicamente a los días hábiles y abarca todo el AMBA. Si se observa más de cerca, la caída es aún mayor. El uso durante los sábados ha disminuido un 21,3%, mientras que los domingos llega a un 36%. Esto muestra que la decisión de transporte no solo afecta el desplazamiento hacia el trabajo, sino también las actividades recreativas. Las salidas temáticas han sido reemplazadas por paseos a plazas cercanas. La gente camina, lleva su mate y disfruta de momentos breves. En definitiva, la calidad de las actividades de ocio también se ha visto comprometida.

A pesar de que estas estadísticas son representativas del Área Metropolitana de Buenos Aires (CABA y GBA), las líneas de colectivo provinciales son las más afectadas. En la Ciudad, la disminución es del 7%, mientras que en la provincia alcanza un 22%.

Sin hacer predicciones, el futuro no parece alentador. Todo indica que, ante la falta de regulaciones y un Estado que se aleja de su responsabilidad, los precios seguirán en aumento y el uso del transporte continuará disminuyendo.