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El gobierno avanza con la privatización de empresas estatales

privatización de empresas estatales

Se aprobó la primera parte de la Ley Bases del gobierno de Milei

La reglamentación de la Ley Bases ya está en vigencia, marcando el inicio de profundas reformas en el empleo público y la administración estatal. El plan de privatización incluye empresas estatales clave como AySA, Belgrano Cargas y ENARSA.

El gobierno de Javier Milei publicó la reglamentación inicial de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que inicia un proceso de reestructuración del Estado. Este primer decreto, firmado por Milei junto al jefe de Gabinete Guillermo Francos y los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger, entró en vigor este lunes.

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Empresas en la mira

La normativa afecta a varios aspectos del sector público, incluyendo la privatización de ocho empresas estatales. Las compañías que se someterán a este proceso son:

  • Energía Argentina (ENARSA)
  • Intercargo
  • AySA
  • Belgrano Cargas
  • Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE)
  • Corredores Viales
  • Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA)
  • Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT)

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, explicó que el Congreso permitió al Estado adecuar, fusionar o centralizar cualquier órgano de la administración pública, y cerrar organismos no incluidos en una lista de excepciones. “Estos cambios permitirán una amplia reestructuración del Estado que se materializará a través de una serie de Decretos Delegados”, afirmó Sturzenegger.

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Cambios en el empleo público

La Ley Bases también introduce un nuevo sistema de ingreso con evaluación, reorganización del personal y posibles desvinculaciones. El artículo 52 del Capítulo IV modifica la estabilidad laboral, estableciendo un período de disponibilidad de hasta doce meses para empleados afectados por la reestructuración. Los trabajadores no reubicados recibirán una indemnización tras ese periodo.

Procedimientos de privatización de empresas estatales

El proceso de privatización se iniciará con un informe detallado del Ministro o Secretario responsable de la empresa a privatizar, que incluirá el carácter total o parcial de la privatización, los plazos y procedimientos de selección, y posibles programas de propiedad participada. Este informe se enviará a la Comisión Bicameral del Congreso.

Las ofertas se convocarán públicamente en el Boletín Oficial y en sitios web oficiales, tanto nacionales como internacionales, con plazos de presentación que varían entre 30 y 45 días según el ámbito. La Procuración del Tesoro de la Nación y la Sindicatura General de la Nación intervendrán antes de formalizar los contratos para asegurar la transparencia.

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Reacciones y próximas etapas

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, declaró que la reglamentación es el primer paso de varios que se implementarán sucesivamente. En las próximas semanas, se espera la entrada en vigor del capítulo del RIGI, que incluirá más reformas administrativas y fiscales.

País

SUBE digital: desde hoy se podrá pagar el colectivo con celular

Nueva forma de pago en transporte público

La SUBE digital ya está disponible en celulares Android con tecnología NFC, ofreciendo una alternativa para pagar el transporte público sin necesidad de la tarjeta física.

A partir de este miércoles, los usuarios de transporte público podrán utilizar la SUBE digital en 61 localidades del país, gracias a su reciente implementación en dispositivos Android con tecnología NFC. El nuevo sistema permite abonar pasajes de colectivos, trenes, subtes y metrobuses sin tener que usar la tarjeta física.

Cómo acceder a la SUBE digital

Para obtener la SUBE digital, los usuarios deben descargar la app SUBE, disponible para teléfonos con Android 8 o superior. Una vez instalada, es necesario activar la tarjeta digital de forma gratuita. Aquellos que ya cuentan con la aplicación solo necesitan actualizarla y seguir los pasos para activar este nuevo método de pago.

Actualmente, el sistema no es compatible con dispositivos iPhone, aunque se espera que en el futuro se amplíe a más plataformas.

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Cómo funciona el pago con SUBE digital

El proceso de pago es sencillo: los usuarios deben indicar su destino al conductor y acercar el celular con la pantalla encendida a la validadora del colectivo. No es necesario abrir la app, ya que el sistema funciona incluso sin datos móviles o Wi-Fi, siempre que el dispositivo se haya conectado a la red en las últimas 12 horas.

Un detalle importante es que la SUBE digital no permite viajar con saldo negativo, a diferencia de la tarjeta física.

Cómo comprar carga para la SUBE digital

Los usuarios pueden cargar saldo de hasta 40 mil pesos a través de la app SUBE, utilizando tarjetas de débito o billeteras electrónicas. Esta funcionalidad facilita la compra de carga en cualquier momento y lugar, eliminando la necesidad de depender de centros físicos de recarga.

El sistema permite cargar saldo de manera rápida y segura, sin la necesidad de tener un saldo de emergencia, ya que la tarjeta digital puede ser recargada en cualquier momento.

Descuentos y beneficios

Los usuarios con Tarifa Social Federal o descuentos locales podrán elegir si aplican sus beneficios a la SUBE digital o mantienen estos descuentos en la tarjeta física. Es posible tener ambas opciones registradas, aunque solo una podrá tener los beneficios activos.

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País

Marcha al Congreso contra el veto a la ley jubilatoria desafía al Gobierno

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Organizaciones sociales desafían el veto presidencial

Movimientos sociales, sindicatos y partidos de izquierda vuelven a las calles para protestar contra el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria. La marcha contra el veto frente al Congreso generará una fuerte tensión política y un amplio despliegue de seguridad.

La tensión vuelve al Congreso

Este miércoles, una multitud integrada por organizaciones sociales, partidos de izquierda y sindicatos volverá a movilizarse al Congreso para protestar contra el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria. La convocatoria, prevista para las 13 horas, busca presionar a los legisladores mientras se debate en sesión especial si se aprueba o rechaza la medida impulsada por el presidente Javier Milei.

El contexto no es menor: la movilización se da después de cinco meses sin cortes de calles, lo que anticipa una jornada cargada de tensión, tanto en el interior del Congreso como en sus alrededores.

Movimientos sociales y sindicatos lideran la marcha al Congreso contra el veto

Entre las agrupaciones convocantes se destacan la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el Polo Obrero, la CTA Autónoma y varios sindicatos de la CGT. Abel Furlán, líder de la UOM, llamó a “mostrar rebeldía para conquistar el poder”, mientras que Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, aseguró que “las calles no son de Patricia Bullrich, son de los trabajadores”.

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Por su parte, Rodolfo Aguiar, de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), calificó el protocolo antipiquetes impulsado por el Ministerio de Seguridad como “anticonstitucional” y convocó a los estatales a movilizarse masivamente. Varios dirigentes sociales, como Hugo “Cachorro” Godoy y Silvia Saravia, también expresaron su rechazo al veto y a las políticas de ajuste del Gobierno.

Amplio operativo de seguridad

El Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, ya ha dispuesto un vasto operativo para controlar posibles incidentes. La Policía de la Ciudad, en coordinación con las fuerzas federales, actuará bajo el protocolo antipiquetes. El área alrededor del Congreso será vallada, y a partir de las 11 horas se restringirá la circulación en varias calles clave del centro porteño.

Bullrich fue clara en sus declaraciones previas a la marcha: “Las personas pueden marchar, pero bajo ciertas circunstancias, hay un protocolo”. El gobierno busca evitar que se repitan los incidentes registrados en movilizaciones anteriores, cuando las protestas contra el veto derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

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Un reclamo por derechos jubilatorios

La ley de movilidad jubilatoria se sancionó el 22 de agosto por el Senado, pero vetada por el Poder Ejecutivo el 2 de septiembre bajo el argumento de que la medida “violaba el marco jurídico vigente” y no contemplaba su impacto fiscal. Según el decreto 782/24, que oficializó el veto, la implementación de la ley dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas del país.

Pese a ello, los movimientos sociales insisten en su reclamo de mejoras para los jubilados, quienes, según Nicolás Caropresi del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), enfrentan una situación de “hambre y falta de acceso a medicamentos”.

La jornada de protesta se espera sea la más grande de las tres movilizaciones que ya tuvieron lugar en contra del veto presidencial, y no se descarta que las tensiones deriven en nuevos enfrentamientos.

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El Gobierno implementa medidas para frenar bloqueos laborales en fábricas y empresas

Gobierno bloqueos laborales

Se oficializó un nuevo protocolo de seguridad

A través de una resolución, el Gobierno de Javier Milei introdujo un protocolo que busca eliminar los bloqueos laborales en fábricas y lugares de trabajo, con la intervención de un Comando Unificado de Seguridad Productiva.

El Gobierno nacional oficializó un protocolo para enfrentar bloqueos en fábricas y empresas. La medida, publicada en el Boletín Oficial, establece un conjunto de acciones coordinadas para impedir maniobras, dispositivos o vallados que obstaculicen el normal funcionamiento de los establecimientos laborales. La resolución también prevé la creación del Comando Unificado de Seguridad Productiva, encargado de la intervención en casos de protestas sindicales o laborales que afecten a sectores clave como el petrolero, cerealero y minero.

Un protocolo del gobierno para enfrentar bloqueos laborales

El nuevo protocolo define el «bloqueo» como cualquier acción que impida o dificulte el ingreso o egreso de personas, vehículos o mercaderías en fábricas o lugares de trabajo en cualquier parte del país. El Ministerio de Seguridad será responsable de recibir denuncias de estos bloqueos a través de un número de WhatsApp y coordinará con las fuerzas de seguridad para intervenir en situaciones que lo requieran. En aquellos casos en que las autoridades locales soliciten ayuda, el gobierno evaluará la necesidad de desplegar las fuerzas policiales federales para desactivar el bloqueo.

«El despliegue de fuerzas federales dependerá de la necesidad, posibilidad y oportunidad que se presenten en cada situación», aclara la normativa. Estas acciones están dirigidas principalmente a proteger la continuidad productiva en empresas que puedan verse afectadas por huelgas o protestas.

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El rol del Comando Unificado de Seguridad Productiva

El Comando Unificado será el brazo ejecutor del protocolo en casos de bloqueo, integrando a distintas fuerzas de seguridad federales como la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Su tarea será la de resguardar la actividad de sectores estratégicos como la minería, el petróleo y la exportación de cereales, que a menudo son blanco de protestas sindicales.

Este cuerpo especial contará con una Coordinación General, que dependerá del Ministerio de Seguridad y tendrá a su cargo la supervisión de las fuerzas afectadas al operativo en cada jurisdicción.

Bloqueos laborales: Reunión de ministros de seguridad

Mientras tanto, el Consejo de Seguridad Interior, presidido por la ministra Patricia Bullrich, reunió a ministros de seguridad de todo el país en la ciudad de Salta para tratar cuestiones relacionadas con la seguridad fronteriza, delitos complejos y la búsqueda de personas. Durante el encuentro, se destacó la importancia de fortalecer las estrategias nacionales para enfrentar los desafíos en materia de seguridad que afectan a distintas provincias.

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