El Gobierno busca mitigar los cortes de luz en medio de la crisis del sistema eléctrico.

El Gobierno ha lanzado un plan de contingencia energética para mitigar los cortes de luz durante el próximo verano, ante la situación crítica de la red de suministro eléctrico. La estrategia, establecida mediante la Resolución 294/2024 de la Secretaría de Energía, tiene como objetivo mejorar la oferta, el transporte y la distribución de energía. Además, se prevén cortes programados en industrias y comercios para preservar el suministro en hogares.

El plan abarca el período 2024/2026, centrado en la importación de energía de países limítrofes durante los días de mayor demanda, principalmente en las horas pico. CAMMESA será responsable de definir esos momentos críticos.

Medidas para las empresas eléctricas

El plan de contingencia energética también establece que las empresas concesionarias deberán presentar, en un plazo de 15 días, un programa detallado de Atención a las Contingencias. Este documento deberá incluir medidas preventivas de mantenimiento para evitar fallas, la disponibilidad de Unidades de Generación Móvil (UGEM) y centros de atención telefónica continua para atender las consultas de los usuarios.

El programa deberá detallar acciones preventivas para evitar mayores fallos en la infraestructura, asegurando su máxima capacidad. Las empresas también estarán obligadas a tener un esquema de atención proactiva hacia los usuarios, con información precisa sobre el servicio y los posibles cortes.

Plan de contingencia energética para grandes usuarios

En el marco del plan de contingencia energética, el Gobierno implementará un esquema para gestionar la demanda de los Grandes Usuarios Mayores (GUMAS). Este mecanismo, de carácter voluntario y remunerado, permitirá reducir la carga de estos consumidores durante los días de mayor exigencia. Los GUMAS, con un consumo superior a 10 MW, podrán ofrecer una reducción programada de su demanda, lo que ayudará a evitar sobrecargas en la red.

Seguimiento del plan

El Comité de Seguimiento del Plan de Contingencia, conformado por diversos actores del sector energético, será el encargado de monitorear la implementación de las medidas. Este comité podrá convocar a otros organismos, como el Servicio Meteorológico Nacional, para evaluar la situación en función de las condiciones climáticas.

Por último, el Gobierno ha instado a las provincias a adoptar medidas similares dentro de sus jurisdicciones para asegurar la efectividad del plan y mitigar los cortes en todo el país.

Último día para cumplir con las metas del FMI

El Gobierno enfrenta hoy el último día para cumplir con las metas del FMI, con un superávit fiscal que supera lo exigido, pero sin alcanzar las reservas necesarias. A falta de USD 2.000 millones, el Banco Central busca alternativas para cerrar la brecha antes de que finalice el día. Las metas actuales corresponden al acuerdo firmado en marzo de 2022, que culmina oficialmente hoy, dejando al país en la antesala de nuevas negociaciones.

Metas fiscales y reservas: el balance hasta hoy

El programa Extended Fund Facility (EFF), que el FMI implementó para ayudar a Argentina a cubrir los vencimientos del acuerdo Stand By de 2018, incluyó exigencias tanto en términos de superávit fiscal como de acumulación de reservas. El superávit acumulado hasta agosto alcanzó los $8,7 billones, superando lo exigido. Sin embargo, el Banco Central no ha logrado cumplir la meta de reservas, quedando corto por aproximadamente USD 2.000 millones, según estimaciones privadas.

El Gobierno había considerado la posibilidad de obtener financiamiento a través de bancos internacionales para inyectar dólares y cumplir con esta meta en el último momento. Un acuerdo de corto plazo con garantías en títulos en dólares y oro está en discusión, aunque aún no ha sido confirmado oficialmente.

Gobierno con superávit fiscal: El desafío de las reservas

El incumplimiento en la acumulación de reservas podría tener consecuencias limitadas según fuentes oficiales, que relativizaron la importancia de este objetivo. La aceleración en el pago de importaciones ha aumentado la demanda de divisas, complicando la situación. Sin embargo, las metas fiscales, en cambio, no han representado un problema para el Gobierno, que ofreció cumplir con objetivos más estrictos como parte de un compromiso con el ajuste fiscal.

Con la etapa actual del programa EFF finalizando, el Gobierno se prepara para iniciar las negociaciones de un nuevo acuerdo con el FMI. Estas negociaciones, que podrían extenderse por varios meses, buscan reconfigurar los plazos de pago de los USD 45.000 millones adeudados y asegurar financiamiento adicional para el Banco Central. Aún se desconoce si el acuerdo será alcanzado antes de la reunión anual del FMI y el Banco Mundial, programada para fines de octubre.

El Gobierno oficializa un nuevo pago para jubilados

El Gobierno ha oficializado el pago de un nuevo bono de $70.000 para los jubilados que perciban el haber mínimo. Este beneficio comenzará a pagarse en octubre, en conjunto con el aumento de las jubilaciones, lo que llevará el haber mínimo, incluyendo el bono, a $314.320,56. La medida se anunció a través del Boletín Oficial luego de la promulgación de un decreto que acompaña la Resolución 798/2024 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que previamente había fijado la jubilación mínima en $244.320,56.

Ajuste automático del bono de $70.000

Este bono adicional, que no ha sido actualizado desde que el gobierno de Javier Milei implementó su pago, busca mitigar el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los jubilados. A pesar de esta iniciativa, el valor del bono se ha ido deteriorando mes a mes debido al aumento del costo de vida. En este contexto, se suman también aumentos en otras prestaciones, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo importe ahora es de $195.456,45, y la Prestación Básica Universal (PBU), fijada en $111.765,50, ambos con el agregado del bono de $70.000.

Impacto del bono de $70.000 y los recortes del gasto público

El anuncio del nuevo bono llega después del veto presidencial a la ley de Movilidad Jubilatoria, aprobada por el Congreso, que proponía una nueva fórmula para el cálculo del haber mínimo y determinaba el pago de un extra de $15.000. A pesar de este veto, el bono de $70.000 se mantuvo, lo que, aunque insuficiente, servirá como paliativo frente a la inflación.

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) reveló que las jubilaciones fueron uno de los sectores más afectados por los recortes del gobierno a lo largo del año. Según el informe, el 26% de los ajustes en el gasto público nacional correspondieron a las jubilaciones y pensiones, lo que convierte a los jubilados en el sector más afectado por el ajuste.