El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) ha puesto en tela de juicio los mecanismos de control de Metrogas y de la contratista Exgadet en relación a la supervisión técnica de las obras, afirmando que había emitido advertencias antes de la explosión y pidiendo un incremento en la vigilancia estatal. La investigación judicial sigue en curso para esclarecer las responsabilidades.
Tras la trágica explosión en Escalada del 13 de noviembre, que resultó en una persona fallecida, cerca de 30 heridos y considerables daños materiales, el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) ha manifestado su preocupación sobre los controles de infraestructura realizados en espacios públicos.
En un comunicado enviado a los medios, la entidad destacó la falta de supervisión profesional adecuada en los trabajos realizados. Criticó no solo a Metrogas y la empresa Exgadet, sino también a varias entidades gubernamentales.
Aunque el CIPBA enfatiza que corresponde a la Justicia determinar los motivos y responsabilidades del incidente, considera que el evento revela deficiencias en los controles que ha señalado desde hace tiempo.
Cuáles son las críticas del Colegio de Ingenieros a Metrogas
Uno de los focos principales de crítica del CIPBA se centra en la verificación de los profesionales encargados de las obras en las redes de servicios públicos.
De acuerdo con la institución, Metrogas solicita el número de matrícula del profesional involucrado, pero no requiere la presentación del contrato aprobado por el Colegio.
Para el Colegio, dicho documento es esencial, ya que permite verificar que el profesional esté habilitado, que posea las competencias necesarias y que asuma la responsabilidad técnica de la obra en cuestión.
Además, el Colegio afirmó que no había un ingeniero matriculado en la provincia de Buenos Aires participando en la intervención en discusión.
Esta afirmación proviene del Colegio de Ingenieros y aún no constituye una conclusión judicial sobre las condiciones de la obra.
Intimación a la contratista en 2025
Un punto adicional destacado en el comunicado involucra a Exgadet, la empresa subcontratada encargada de la renovación de la red de gas en Remedios de Escalada.
El CIPBA aseguró que había enviado una carta documento a la firma el 3 de diciembre de 2025, instándola a cumplir con ciertas normativas.
Según la versión del Colegio, Exgadet respondió que había registrado su trabajo ante otra entidad profesional. El CIPBA interpretó esta respuesta como un indicio de que no contaba con un ingeniero matriculado en su jurisdicción.
Este antecedente forma parte de la argumentación del Colegio, aunque por sí solo no establece las causas de la explosión ni las responsabilidades legales del incidente.
Asimismo, el cuestionamiento se extiende a los procedimientos de autorización municipal. Según el Colegio, las normativas vigentes en Lanús no aseguran la presentación de los contratos profesionales validados para este tipo de trabajos.
A nivel provincial, la institución ha pedido un aumento en los controles sobre el cumplimiento de la legislación que rige el ejercicio de la ingeniería y los aportes previsionales pertinentes.
Una normativa que lleva años pendiente
El CIPBA también ha exigido avances en la aprobación de la norma NAG-225, un proyecto que fue sometido a consulta pública mediante la Resolución 247/2019 del anterior Ente Nacional Regulador del Gas.
La propuesta busca establecer requisitos para la matriculación de instaladores de gas y definir las competencias profesionales necesarias.
La agenda regulatoria oficial 2025-2026 aún considera la NAG-225 como un proyecto en desarrollo.
No obstante, es importante aclarar que este proyecto se refiere específicamente a la matriculación de gasistas para instalaciones internas domiciliarias, mientras que la explosión en Escalada ocurrió durante trabajos sobre la red de distribución en la vía pública.
El CIPBA ha vinculado ambos temas como parte de su demanda general por un mayor control y responsabilidad profesional.
Detalles sobre la explosión en Escalada y la investigación judicial
El incidente tuvo lugar el viernes 13 de noviembre, a las 10:52, en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en el corazón comercial de Remedios de Escalada.
Según las primeras investigaciones, una máquina tuneladora utilizada por la empresa contratista dañó una cañería de gas de media presión durante la renovación de la red.
Metrogas reportó que el primer aviso sobre la fuga se recibió a las 9:44, más de una hora antes de la explosión.
El Municipio de Lanús ha criticado que no se alertara de inmediato a los servicios de emergencia municipales para tomar medidas preventivas y evacuar la zona afectada.
Por su parte, Metrogas ha afirmado que activó su protocolo de emergencia, enviando personal para atender la fuga y asegurando que cumplió con todos los procedimientos establecidos.
La investigación, liderada por la fiscal Yanina Estévez de la UFI N.º 6 descentralizada de Lanús, tiene como objetivo esclarecer los hechos y determinar si hubo incumplimientos de las medidas de seguridad.
Mientras tanto, este martes 17 de noviembre se iniciaron análisis genéticos para determinar si el cuerpo hallado tras la explosión corresponde a Marcelo García, un operario de Metrogas de 47 años desaparecido desde el viernes. Según la Fiscalía General, las muestras han sido enviadas a un laboratorio en Junín.
La identidad de la víctima fatal aún no ha sido confirmada oficialmente al momento de redactar este informe.
Adicionalmente, la Justicia ha autorizado demoliciones parciales y la reducción del perímetro de seguridad para avanzar con las pericias y la restauración de servicios. Lomas Conectado informó sobre las medidas dispuestas en la zona afectada.
Demandas por un incremento en los controles de seguridad
Además de expresar su apoyo a las víctimas, sus familias y los comerciantes afectados, el Colegio de Ingenieros ha exigido que las entidades estatales y las empresas de servicios aseguren mecanismos efectivos de control en las obras de redes de servicios públicos.
La entidad ha señalado que había emitido advertencias previas a las empresas distribuidoras y a los organismos reguladores, y ha calificado como insuficientes las respuestas recibidas.
“Si nuestras advertencias hubieran sido atendidas, la comunidad de Remedios de Escalada no estaría enfrentando este difícil momento”, declaró el CIPBA en su comunicado a la prensa.
Este planteamiento abre un debate que trasciende el caso de Remedios de Escalada: ¿cómo se supervisan las obras realizadas bajo las calles? ¿Quién verifica las condiciones de seguridad? ¿Qué profesionales son responsables de cada intervención técnica?
Por el momento, las críticas del CIPBA representan una posición institucional que deberá diferenciarse de las conclusiones que surjan de las investigaciones y pericias judiciales.
Fuentes: Agencia Noticias Argentinas sobre el comunicado del CIPBA