La Legislatura bonaerense sancionó en la madrugada de hoy una ley que establece en la provincia la tolerancia cero de alcohol en sangre para los conductores de vehículos y prevé multas, arresto, retención de la licencia e inhabilitación para quienes la incumplan.
De esta manera, la provincia de Buenos Aires se suma a Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán que ya tienen normativas sobre «Alcohol cero al volante».
En tanto, el Congreso de la Nación tiene en tratamiento una ley de tolerancia cero de alcohol para la conducción de alcance nacional, que cuenta con media sanción de Diputados.
Esta madrugada los diputados bonaerenses convirtieron en ley la propuesta que había sido aprobada el 27 de octubre en el Senado provincial, durante una sesión donde estuvo presente el ministro de Transporte provincial e impulsor de la iniciativa, Jorge D’Onofrio.
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Hasta ahora, el máximo permitido para los conductores en la provincia de Buenos Aires era de 500 miligramos de alcohol por litro de sangre.
«Logramos un paso fundamental para salvar vidas en la provincia de Buenos Aires. Con Alcohol Cero al volante avanzamos como sociedad en algo tan necesario como cuidarnos entre todas y todos. Hoy, la persona que va a conducir sabe que no tiene que tomar ni una gota de alcohol para hacerlo con responsabilidad», sostuvo el ministro de Transporte bonaerense tras la sanción.
Asimismo, D’Onofrio destacó que «cuando asumimos al frente del Ministerio, el gobernador (Axel Kicillof) nos encomendó proteger a nuestras vecinas y vecinos. Gracias al acompañamiento de la Legislatura, al trabajo de las asociaciones de víctimas y la importante tarea que a diario realizamos para sumar más conciencia vial, vamos a salvar vidas».
«Buscamos generar un cambio cultural en la Provincia. No pasa por el hecho de poner penas más duras, no buscamos ser recaudadores, queremos ser los promotores de un cambio que nos ayude a tener todas las vidas valen», remarcó.
Para quienes no cumplen con Alcohol cero al volante, la nueva ley contempla penalidades como retención de la licencia e inhabilitación para conducir, arresto, multas y obligación de concurrir a cursos especiales de educación y capacitación para el correcto uso de la vía pública.
Las puniciones tienen diferentes grados de aplicación de acuerdo a los niveles de alcohol en sangre detectados.
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El exceso de alcohol en conductores está presente en uno de cada cuatro siniestros viales y es la primera causa de muerte de menores de 35 años, de acuerdo a datos oficiales.
Además, durante 2022 hubo 6162 infracciones por alcohol al volante en rutas, calles y caminos de la provincia de Buenos Aires, según se desprende del informe anual del Observatorio Vial de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte bonaerense.
«Esta ley no es la única herramienta con la que queremos generar un cambio de paradigma, el programa Licencia Joven llegó para quedarse y que nuestros pibes sean actores fundamentales en la concientización y la educación vial», recordó D’Onofrio.
El plan de nueve módulos de educación al conducir ya tuvo su prueba piloto en Pilar y durante 2023 se desarrollará en todos los colegios secundarios bonaerenses.
«Trabajamos para que los caminos de la Provincia sean seguros para todas las personas que los transiten», subrayó el ministro de Transporte provincial.
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Desde ahora, quienes conduzcan con valores de hasta 499 miligramos de alcohol por litro de sangre recibirán tres meses de inhabilitación para manejar.
Si el grado de alcoholemia se encuentra entre 500 y 999 miligramos, la pena será de seis meses.
En tanto, estarán inhabilitadas por 18 meses las personas que circulen con tasas entre 1000 y 1500 miligramos de alcohol por litro de sangre.
Por último, quienes superen los 1500 miligramos no podrán conducir por el lapso de 18 meses.
Durante el primer año de vigencia de la ley, las personas que conduzcan con una tasa de hasta 499 miligramos de alcohol por litro de sangre serán sancionada únicamente con la asistencia y aprobación de cursos especiales de educación y capacitación para el correcto uso de la vía pública.
El año económico de Javier Milei: éxitos, controversias y retos futuros
Un balance entre logros económicos y desafíos sociales urgentes
El primer año de gestión de Javier Milei deja un panorama económico marcado por reformas profundas y decisiones polémicas. La estabilización macroeconómica, uno de los principales objetivos de su gobierno, ha generado avances notorios, pero también ha traído costos sociales que evidencian el impacto desigual de sus políticas.
Reformas económicas y sus efectos inmediatos
Durante su primer año, el gobierno aplicó un conjunto de políticas que incluyeron recortes de gasto público, dolarización parcial de la economía y desregulación de sectores clave. Estos cambios lograron frenar la escalada inflacionaria, dando un respiro a la macroeconomía y generando expectativas favorables en algunos mercados financieros.
El primer año económico de Javier Milei: Los desafíos sociales tras las políticas de ajuste
No obstante, las reformas vinieron acompañadas de un aumento significativo en los índices de pobreza y desempleo. La eliminación de subsidios esenciales y la reducción del gasto en áreas sociales impactaron fuertemente a los sectores más vulnerables, profundizando la desigualdad y generando críticas tanto de la oposición como de organizaciones civiles. Además, los efectos negativos de estas medidas se hicieron sentir de manera más marcada en las provincias menos desarrolladas del país, donde la red de contención social es más limitada. Este panorama ha encendido alertas sobre posibles tensiones sociales que podrían escalar si no se toman medidas correctivas oportunas.
Claves hacia 2025: ¿cómo resolver la dualidad?
De cara a los próximos años, el gobierno de Milei enfrenta una encrucijada: mantener la estabilidad económica alcanzada o enfocarse en una agenda más inclusiva que contemple las demandas sociales. La sostenibilidad política de las reformas dependerá de su capacidad para equilibrar ambas prioridades, en un contexto de creciente polarización y retos estructurales.
El primer año económico de Javier Milei evidencia tanto los logros de su agenda reformista como los costos que aún deben gestionarse. El balance hacia 2025 dependerá de las decisiones tomadas para reducir la brecha entre estabilidad económica y justicia social.
Precios en pesos y dólares: Argentina avanza hacia el bimonetarismo
El Gobierno permitirá exhibir precios en ambas monedas, facilitando pagos en pesos y dólares.
La Secretaría de Comercio de Argentina está trabajando en una nueva resolución que habilitará la exhibición de precios tanto en pesos como en dólares. Este cambio busca actualizar una normativa vigente desde 2002, que obligaba a destacar los precios en pesos sobre cualquier otra moneda.
El objetivo de esta iniciativa es facilitar las transacciones en dólares en sectores específicos. Además, se complementará con el desarrollo de tarjetas de débito en esa moneda. Estas tarjetas permitirán a los consumidores usar los dólares depositados en cuentas CERA para adquirir bienes y servicios. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la importancia de esta medida para dinamizar ciertos sectores de la economía.
Aunque la resolución no aplicará de inmediato a productos de consumo masivo, como alimentos, tendrá un impacto significativo en rubros dolarizados. Sectores como el automotriz, inmobiliario y náutico serán los primeros en adoptarla, ya que tradicionalmente manejan precios en dólares. Esto representará un cambio importante, brindando mayor claridad en las transacciones.
Impacto en sectores dolarizados
La exhibición de precios en pesos y dólares será especialmente beneficiosa para sectores donde ya predominan las transacciones en dólares. Por ejemplo, en la compra de automóviles, propiedades y embarcaciones, se espera una mayor transparencia. Al permitir que los precios sean visibles en ambas monedas, el consumidor podrá comparar de manera directa y evitar confusiones. Esto también reducirá las negociaciones informales que muchas veces rodean este tipo de transacciones.
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Desafíos en la implementación
Sin embargo, la medida requerirá importantes ajustes técnicos. Los comercios y proveedores de servicios de pago deberán actualizar sus sistemas para gestionar precios y transacciones en pesos y dólares. Por otro lado, el Banco Central tendrá un papel fundamental en establecer un marco regulatorio claro. Este marco debe asegurar la transparencia, evitar abusos y prevenir posibles arbitrajes entre monedas.
Además, los comercios deberán capacitar a sus empleados y ajustar los sistemas contables. Esto puede representar un desafío inicial, especialmente para pequeñas y medianas empresas que tal vez no cuenten con los recursos necesarios para implementar cambios tecnológicos rápidamente.
Perspectivas futuras
A largo plazo, la exhibición de precios en ambas monedas podría extenderse a más sectores de la economía. Esto no solo permitiría una formalización de las transacciones en dólares, sino que también reduciría el uso de efectivo. En última instancia, esta medida podría impulsar la digitalización de pagos, promoviendo una economía más moderna y transparente. Si bien su éxito dependerá de la aceptación por parte de comerciantes y consumidores, representa un paso hacia un sistema bimonetario más organizado.
Detenidos cuatro sospechosos por amenazas a Bullrich y Pullaro
Operativo de Gendarmería en Puerto San Martín tras amenazas a funcionarios nacionales
En un operativo realizado en Puerto San Martín, Santa Fe, fueron detenidos cuatro sospechosos vinculados a amenazas contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. La causa está a cargo de la jueza María Servini, y se espera que los detenidos sean trasladados a Buenos Aires para declarar en los tribunales de Comodoro Py en las próximas horas.
Contexto de las amenazas
El video en cuestión muestra a cuatro hombres armados y encapuchados, emitiendo amenazas directas contra Bullrich y Pullaro. En la grabación, uno de los individuos acusa a las autoridades de «hacer matar a gente inocente» y advierte sobre futuros actos violentos en Buenos Aires y Santa Fe. Además, los encapuchados enfatizan su rechazo a las recientes acciones policiales, señalándolas como provocaciones que no quedarán sin respuesta.
Reacciones oficiales
El gobierno nacional describió el video como una «clara amenaza terrorista» y reafirmó su postura de «tolerancia cero» frente a la violencia armada. Además, el subsecretario de Investigación Criminal de la Nación, Marcelo Romero, minimizó la intimidación, calificando a los autores del video como «cuatro extras de la Casa de Papel» incapaces de intimidar a las autoridades. Según Romero, este tipo de amenazas busca generar un impacto mediático más que representar un peligro real.
Detenidos por amenazas a Bullrich y Pullaro: Investigación en curso
Los investigadores analizan el video para identificar a los responsables, centrando su atención en detalles como la voz, la vestimenta y el lenguaje corporal de los individuos. Expertos en criminología y tecnología están colaborando para realizar análisis forenses del audio y del entorno visible en el material. La hipótesis principal indica que el video pudo haberse grabado en una cárcel, posiblemente con la participación de internos vinculados a organizaciones criminales.
Ante esta sospecha, las autoridades reforzaron las medidas de seguridad en los centros penitenciarios, especialmente en aquellos que albergan presos de alto perfil. Estas medidas incluyen controles más estrictos de las comunicaciones de los internos, inspecciones sorpresivas en las celdas y el monitoreo constante de actividades dentro de los penales, buscando evitar que se repitan incidentes similares.
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Implicaciones para la seguridad nacional
Este incidente evidencia la creciente amenaza del narcoterrorismo en Argentina y resalta la urgencia de coordinar esfuerzos entre las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales. Capturar a los sospechosos representa un avance significativo, pero las autoridades enfrentan el desafío de desarticular las redes criminales que operan en el país.