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Política

A LA ESPERA DE QUE EL SENADO TRATE SU PLIEGO, LA JUEZA FIGUEROA EVALÚA PEDIR LICENCIA EXTRAORDINARIA

La jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa evalúa tomar una licencia extraordinaria por 30 días a la espera de que el Senado se expida sobre su continuidad en el cargo dado que en agosto último cumplió 75 años, edad a partir de la cual necesita conseguir un nuevo acuerdo de la Cámara Alta para seguir ejerciendo como magistrada.

Así lo confirmó la propia jueza a los periodistas acreditados ante los tribunales federales de Comodoro Py, entre los que se encuentra la agencia Télam, luego de una reunión de tres horas que mantuvo con sus colegas en la sala de acuerdos de la Casación en el primer piso del edificio de Comodoro Py 2002, en Retiro.

Pasadas las 13, los magistrados resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta mañana a esa misma hora, para verificar en el ínterin si es procedente que la jueza pida una licencia extraordinaria, sin goce de sueldo, algo que debería autorizar la Corte Suprema de Justicia, según adelantaron fuentes judiciales.

La reunión plenaria de esta mañana estuvo encabezada por la propia Figueroa, quien se sentó en la cabecera de la mesa, lugar reservado para quien preside el cuerpo: a sus lados se sentaron Mariano Borinsky, vicepresidente primero, y en quien delegó la firma desde que cumplió los 75 años, y Daniel Petrone, vicepresidente segundo.

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Estaban también los jueces Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci, Alejandro Slokar, Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Diego Barroetaveña, mientras que se ausentaron con causa Ángela Ledesma y Juan Carlos Gemignani, quienes están de licencia.

El eje de la reunión pasó por analizar las alternativas que podía seguir la jueza Figueroa hasta que el Senado resuelva si le da acuerdo para que permanezca en el cargo por cinco años más: ocurre que desde que cumplió los 75 años y a la espera de que decida el Poder Legislativo la magistrada decidió no suscribir sentencias ni actos administrativos para evitar que pudieran ser nulificados luego.

La alternativa de una licencia extraordinaria surgió de su colega Slokar y permitiría que en la vocalía 10, que encabeza Figueroa, se pueda designar un juez subrogante hasta que la situación se destrabe, explicaron a Télam fuentes que participaron de la reunión plenaria.

«La licencia extraordinaria y excepcional, que es sin goce de sueldo y ante situaciones que no están previstas en el reglamento, facilitaría que se pueda designar y pagar a quien ocupe provisoriamente la vocalía mientras dure la situación», señalaron las fuentes consultadas.

Para evitar especulaciones, ya cuando cumplió 75 años, Figueroa dejó en la caja fuerte de la vocalía 10 de sus votos en las causas en las que estaba llamada a intervenir, entre las que se encuentran Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán, en las que se deben revisar decisiones de tribunales orales que sobreseyeron a todos los imputados sin necesidad de realizar los juicios.

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Si bien resta saber que harán sus colegas de la Sala I, Petrone y Barroetaveña, con los votos que dejó Figueroa, también es cierto que podría resolver en ambas causas si tuvieran posturas coincidentes entre ellos, señalaron voceros judiciales.

El 10 de agosto pasado, los jueces que integran el Tribunal de Superintendencia de la Casación informaron al presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, que la situación de la jueza Figueroa, que acababa de cumplir 75 años y aún no obtuvo acuerdo del Senado, «podría devenir en el cese de sus funciones».

La nota llevaba la firma de los jueces Borinsky (vicepresidente del cuerpo), Barroetaveña, Petrone, Hornos y Yacobucci (en representación de las distintas salas) y fue el producto de una reunión de acuerdo aquel mediodía en los tribunales federales de Comodoro Py.

«La doctora Ana María Figueroa cumplió los 75 años de edad el pasado 9 de agosto, y como es de público conocimiento no se ha completado al día de la fecha el trámite parlamentario para un nuevo nombramiento», advirtieron los magistrados en el texto que remitieron a Rosatti y al que accedió esta agencia.

«Atento a que de acuerdo a lo previsto en el artículo 99 inciso 4° tercer párrafo de la Constitución Nacional y en Fallos: 340:257, caratulado ‘Schiffrin Leopoldo Héctor c/ Poder Ejecutivo Nacional’ de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la situación podría devenir en el cese de sus funciones, se remiten las copias a sus efectos», señalaron.

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Política

Propuesta legislativa para sancionar el encubrimiento familiar en femicidios

Un nuevo proyecto en Diputados busca sancionar a quienes encubran femicidios, modificando el Código Penal para asegurar una respuesta más efectiva ante la violencia de género.

Propuesta legislativa para sancionar el encubrimiento familiar en femicidios

En la Cámara de Diputados se ha introducido un proyecto que busca reformar el Código Penal para penalizar a aquellos familiares y personas cercanas que intervengan activamente en acciones destinadas a encubrir femicidios.

La iniciativa, promovida por el diputado Guillermo Michel de Unión por la Patria, pretende restringir la aplicación de la llamada «excusa absolutoria familiar», una figura legal que actualmente protege a ciertos allegados que apoyan a un familiar o amigo implicado en un crimen.

Modificaciones propuestas

El proyecto sugiere una enmienda al artículo 277, inciso 4°, del Código Penal, de modo que la exención no se aplique a quienes, de forma intencionada, colaboren en ocultar pruebas o interfieran en las indagaciones relacionadas con femicidios y homicidios vinculados a la violencia de género.

El texto aclara que no se obliga a las personas a denunciar a sus familiares ni se castiga el silencio o la negativa a declarar ante la Justicia. La propuesta se enfoca únicamente en sancionar acciones activas que busquen obstaculizar la investigación de estos delitos.

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Conductas susceptibles de sanción

Se consideran encubrimiento conductas como la destrucción u ocultación de evidencias, la alteración de la escena del crimen, la eliminación de pruebas relevantes o la provisión de información engañosa a las autoridades.

Según el legislador, cuando un allegado al autor colabora conscientemente en estas acciones, deja de actuar por un vínculo familiar o emocional y se convierte en cómplice de la impunidad de un delito grave.

El proyecto sostiene que la protección de la intimidad familiar no puede ser un obstáculo para la investigación y la sanción de delitos que vulneran los derechos fundamentales de las mujeres.

Conformidad con compromisos internacionales

Además, la iniciativa tiene como meta alinear la legislación argentina con los compromisos adquiridos en la Convención de Belém do Pará y otros instrumentos internacionales de derechos humanos que demandan respuestas efectivas frente a la violencia de género.

En este contexto, el proyecto enfatiza que combatir la impunidad no solo implica sancionar a los autores directos de femicidios, sino también erradicar normativas que puedan obstaculizar las investigaciones o favorecer la falta de justicia.

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Si se aprueba en el Congreso, esta propuesta representaría un cambio significativo en el tratamiento penal de aquellos que colaboran en el encubrimiento de tales delitos.

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Política

Iniciativa para Regular el Consumo de Agua en la Provincia de Buenos Aires

Un nuevo proyecto de ley en la Provincia de Buenos Aires busca restringir el uso de agua potable en edificios y comercios, priorizando su reutilización y optimización.

Proyecto presentado por Malena Galmarini

Un nuevo proyecto de ley ha sido introducido por los legisladores de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de restringir el consumo de agua potable en edificios y comercios. Esta propuesta se aplicaría especialmente a negocios como los lavaderos de autos, y es impulsada por Malena Galmarini.

Malena Galmarini, quien ha adquirido una sólida experiencia en gestión hídrica tras su paso por la dirección de AySA, argumenta que países extranjeros han implementado con éxito normativas similares. En esos lugares, el agua es reciclada y reutilizada, mientras que en Argentina se continúa desperdiciando, especialmente en actividades como el lavado de vehículos, donde se pierden miles de litros a diario.

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uso de agua
GALMARINI FUE TITULAR DE AYSA

¿Cómo se limitará el uso de agua potable?

La propuesta incluye la adopción de tecnologías modernas que reduzcan el consumo de agua en actividades de limpieza y mantenimiento. Según Galmarini, existen herramientas que permiten realizar las mismas funciones con un uso de agua significativamente menor que los métodos convencionales.

Uno de los focos principales de la propuesta está en los lavaderos de vehículos. Se sugiere que estos negocios utilicen agua de pozo o industrial en lugar de agua potable, siempre que se cumplan las condiciones ambientales y sanitarias. Además, los lavaderos deben instalar equipamiento que optimice el uso del agua.

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La medida también aplicará a los consorcios

Asimismo, la iniciativa prevé que los comercios y servicios con alto consumo de agua adopten estrategias para reutilizar el agua utilizada en sus procesos de lavado.

En lo que respecta a edificios residenciales, se plantea que los consorcios más grandes implementen dispositivos que regulen el flujo y la presión del agua para evitar su desperdicio.

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Galmarini enfatiza que la implementación de estas medidas podría resultar en un ahorro significativo de agua en las ciudades de la provincia, al mismo tiempo que reduciría los costos operativos para los vecinos, comerciantes y prestadores de servicios. Su experiencia en el sector hídrico, tras haber liderado AySA entre 2019 y 2023, respalda esta propuesta que busca mejorar la gestión del agua en la región.

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Política

Propuesta en el Congreso Argentino busca regular la eutanasia y la muerte asistida

Un nuevo proyecto en el Congreso Argentino busca regular la eutanasia y la muerte asistida, generando un intenso debate sobre derechos y ética médica.

Propuesta en el Congreso Argentino busca regular la eutanasia y la muerte asistida

En el Congreso de Argentina se ha presentado una iniciativa destinada a legalizar la eutanasia y la muerte asistida, reavivando un debate de gran relevancia y controversia en la sociedad.

El diputado nacional Esteban Paulón es el autor de este proyecto, el cual tiene como objetivo reconocer el derecho de las personas que sufren enfermedades graves o incurables a solicitar ayuda médica para finalizar su vida de forma voluntaria y digna, bajo rigurosos controles.

Detalles del proyecto sobre eutanasia y muerte asistida

La propuesta contempla dos enfoques distintos.

Primero, la eutanasia, que consiste en la administración de una sustancia letal por parte de un profesional de la salud, a solicitud del paciente.

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En segundo lugar, la muerte asistida voluntaria, donde la persona se autoadministra el medicamento recetado por un médico.

El proyecto establece que ambos métodos deberán contar con cobertura obligatoria en hospitales públicos, así como en obras sociales y empresas de medicina prepaga.

Requisitos para acceder a estos procedimientos

De acuerdo con la propuesta, podrán solicitar el procedimiento aquellas personas que presenten:

  • Una enfermedad grave e incurable.
  • Un estado crónico irreversible.
  • Un sufrimiento físico o psíquico que se considere intolerable.

Además, es necesario que la persona exprese su voluntad de manera libre, informada y de forma reiterada.

La iniciativa estipula que se requerirán al menos dos solicitudes en diferentes momentos y asegura el derecho a revocar la decisión en cualquier etapa del proceso.

Controles y supervisión médica necesarios

El proyecto incluye diversas evaluaciones que deberán llevarse a cabo antes de autorizar el procedimiento.

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  • Valoración por parte del médico tratante.
  • Participación de un equipo interdisciplinario.
  • Revisión por un médico independiente.
  • Dictamen de una comisión evaluadora obligatoria.
  • Asimismo, se permite establecer directrices anticipadas para solicitar la muerte asistida en caso de que la persona pierda su capacidad de decidir en el futuro.

    Un debate que regresa al ámbito legislativo

    La discusión en torno a la eutanasia y la muerte asistida no es una temática reciente en Argentina.

    En años anteriores, se han presentado propuestas similares por parte de diferentes legisladores, pero ninguna ha avanzado hasta convertirse en ley.

    Recientemente, el tema ha cobrado relevancia a nivel internacional, impulsado por casos de gran impacto mediático en Europa y América, lo que ha reabierto el diálogo sobre la autonomía personal, los cuidados paliativos, la ética médica y el papel del Estado en decisiones relacionadas con el final de la vida.

    El proyecto también reconoce la objeción de conciencia para los médicos y profesionales de la salud, aunque prohíbe que las instituciones de salud utilicen este argumento para denegar el acceso a estos procedimientos.

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