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Política

MASSA LANZÓ PROGRAMA DE SEGURIDAD CON INTENDENTES DE VARIOS PARTIDOS Y REITERÓ COMPROMISO «PERSONAL»

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, abogó hoy por que la calle «vuelva a ser se los que trabajen y no de los delincuentes», y reiteró que, en caso de llegar a la Casa Rosada, la lucha contra la inseguridad «no va a ser un tema más en la agenda» sino una cuestión «personal», al encabezar el lanzamiento del Programa Integral de Ciudades Seguras junto a intendentes de todo el país de distintos espacios políticos.

Massa sostuvo que «la lucha contra la inseguridad no puede tener una bandera política» sino que «tiene que ser una convicción en la que todos los sectores trabajemos juntos con una mirada propositiva y de profesionalismo hacia nuestras fuerzas de seguridad».

Así se expresó al encabezar en la Sala Argentina del Centro Cultural Kirchner (CCK) el acto de lanzamiento del Programa Integral de Ciudades Seguras, al que apostó como una «política de Estado», y con una convocatoria en la que destacó la presencia de «intendentes socialistas, peronistas, de partidos provinciales, radicales, del Pro, vecinalistas y de Hacemos por Córdoba», entre otros.

Massa, que fue el único orador, estuvo acompañado en la actividad por el jefe de Gabinete Agustín Rossi, su compañero de fórmula, y los ministros Aníbal Fernández, Gabriel Katopodis y Diego Giuliano, de Seguridad, Obras Públicas y Transporte, respectivamente, además del presidente de ENACOM, Claudio Ambrosini, y la secretaria de Política Criminal del Ministerio de Seguridad, Mercedes La Gioiosa, entre otros.

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Entre los intendentes presentes, asistieron por el peronismo bonaerense Mariano Cascallares (Almirante Brown), Juan José Mussi (Berazategui), Fernando Espinoza (La Matanza), Andrés Watson (Florencio Varela), Julio Zamora (Tigre), Lucas Ghi (Morón), Mayra Mendoza (Quilmes) y Darío Gollía (Chacabuco), entre otros, mientras que por el justicialismo cordobés se hicieron presentes Marcos Torres Lima (Alta Gracia) y Gastón Mazalay (Malvinas Argentinas), además del jefe comunal de la UCR Octavio Ibarra (Oliva).

También estuvieron los alcaldes neuquinos Mariano Gaido, de la capital provincial, y Norma Sepúlveda, de Rincón de Los Sauces, ambos del Movimiento Popular Neuquino (MPN), y a quienes se sumó la jefa comunal de la ciudad rionegrina de General Roca, María Emilia Soria.

Por Santa Fe, en tanto, asistieron Pablo Javkin, el intendente reelecto de Rosario, y Alberto Ricci, de Villa Gobernador Gálvez, ambos de la coalición Unidos para Cambiar Santa Fe.

En su discurso, Massa señaló que con ese programa de infraestructura y equipamiento tecnológico destinado a la construcción de Centros Inteligentes de Monitoreo (CIM), el Gobierno busca «sembrar un instrumento que aspiramos a seguirlo adelante si Dios y los argentinos me dan la responsabilidad de ser presidente», lo que arrancó aplausos de los presentes.

También recalcó que con este programa aspira a que «si vienen otros no rompan un camino que tiene que ver con la prevención y el cuidado de la vida de las personas».

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Al respecto, reiteró que «la lucha contra la inseguridad es una obligación indelegable del Estado» y, en ese sentido, advirtió que «los que promueven la venta libre de armas están renunciando a una responsabilidad indelegable y a nuestra Constitución», en referencia a las propuestas del candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, su adversario en el balotaje del 19 de noviembre.

«La pelea contra la inseguridad no va a ser un tema más en la agenda, sino personal, porque son ellos o nosotros: o los delincuentes en la calle, como dueños, o los argentinos de bien que trabajan y quieren disfrutar del espacio público», definió Massa.

Al destacar la presencia de intendentes de distintos puntos del país, el ministro y candidato explicó que el objetivo del programa es otorgar a los municipios «todas las herramientas» sin que importe «cómo piensen y a quién voten», sino para que «puedan dar a sus ciudadanos la respuesta concreta para que la calle vuelva a ser de los que trabajen y no de los delincuentes».

El programa consta de una primera etapa que contempla la construcción de 50 centros para las ciudades con los mayores índices de incidencia de delitos y violencia del país, así como también para aquellos distritos de más de 50 mil habitantes, con una inversión total de «39.700 millones de pesos» para «nuevos espacios» o para ampliar «infraestructuras existentes, incorporando nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad para fortalecer la prevención del delito y el cuidado de la ciudadanía».

Los CIM «estarán equipados con tecnología de vanguardia y nuevos sistemas en seguridad, y contarán con capacidad para utilizar inteligencia artificial con el fin de reforzar las tareas de prevención, mejorar la respuesta ante situaciones delictivas y permitir una mayor coordinación entre las partes que intervienen».

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Así, el equipamiento dedicado a cada CIM constará de elementos tales como «cámaras de alta definición, ubicadas en zonas estratégicas; anillo digital, con diseño de marca nacional para monitoreo de entrada y salida de vehículos en tiempo real», y un «software aplicado a la gestión de seguridad, que permita el análisis y seguimiento de eventos y la administración eficiente de múltiples fuentes de video», entre otros puntos.

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Política

Propuesta legislativa para sancionar el encubrimiento familiar en femicidios

Un nuevo proyecto en Diputados busca sancionar a quienes encubran femicidios, modificando el Código Penal para asegurar una respuesta más efectiva ante la violencia de género.

Propuesta legislativa para sancionar el encubrimiento familiar en femicidios

En la Cámara de Diputados se ha introducido un proyecto que busca reformar el Código Penal para penalizar a aquellos familiares y personas cercanas que intervengan activamente en acciones destinadas a encubrir femicidios.

La iniciativa, promovida por el diputado Guillermo Michel de Unión por la Patria, pretende restringir la aplicación de la llamada «excusa absolutoria familiar», una figura legal que actualmente protege a ciertos allegados que apoyan a un familiar o amigo implicado en un crimen.

Modificaciones propuestas

El proyecto sugiere una enmienda al artículo 277, inciso 4°, del Código Penal, de modo que la exención no se aplique a quienes, de forma intencionada, colaboren en ocultar pruebas o interfieran en las indagaciones relacionadas con femicidios y homicidios vinculados a la violencia de género.

El texto aclara que no se obliga a las personas a denunciar a sus familiares ni se castiga el silencio o la negativa a declarar ante la Justicia. La propuesta se enfoca únicamente en sancionar acciones activas que busquen obstaculizar la investigación de estos delitos.

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Conductas susceptibles de sanción

Se consideran encubrimiento conductas como la destrucción u ocultación de evidencias, la alteración de la escena del crimen, la eliminación de pruebas relevantes o la provisión de información engañosa a las autoridades.

Según el legislador, cuando un allegado al autor colabora conscientemente en estas acciones, deja de actuar por un vínculo familiar o emocional y se convierte en cómplice de la impunidad de un delito grave.

El proyecto sostiene que la protección de la intimidad familiar no puede ser un obstáculo para la investigación y la sanción de delitos que vulneran los derechos fundamentales de las mujeres.

Conformidad con compromisos internacionales

Además, la iniciativa tiene como meta alinear la legislación argentina con los compromisos adquiridos en la Convención de Belém do Pará y otros instrumentos internacionales de derechos humanos que demandan respuestas efectivas frente a la violencia de género.

En este contexto, el proyecto enfatiza que combatir la impunidad no solo implica sancionar a los autores directos de femicidios, sino también erradicar normativas que puedan obstaculizar las investigaciones o favorecer la falta de justicia.

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Si se aprueba en el Congreso, esta propuesta representaría un cambio significativo en el tratamiento penal de aquellos que colaboran en el encubrimiento de tales delitos.

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Política

Iniciativa para Regular el Consumo de Agua en la Provincia de Buenos Aires

Un nuevo proyecto de ley en la Provincia de Buenos Aires busca restringir el uso de agua potable en edificios y comercios, priorizando su reutilización y optimización.

Proyecto presentado por Malena Galmarini

Un nuevo proyecto de ley ha sido introducido por los legisladores de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de restringir el consumo de agua potable en edificios y comercios. Esta propuesta se aplicaría especialmente a negocios como los lavaderos de autos, y es impulsada por Malena Galmarini.

Malena Galmarini, quien ha adquirido una sólida experiencia en gestión hídrica tras su paso por la dirección de AySA, argumenta que países extranjeros han implementado con éxito normativas similares. En esos lugares, el agua es reciclada y reutilizada, mientras que en Argentina se continúa desperdiciando, especialmente en actividades como el lavado de vehículos, donde se pierden miles de litros a diario.

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uso de agua
GALMARINI FUE TITULAR DE AYSA

¿Cómo se limitará el uso de agua potable?

La propuesta incluye la adopción de tecnologías modernas que reduzcan el consumo de agua en actividades de limpieza y mantenimiento. Según Galmarini, existen herramientas que permiten realizar las mismas funciones con un uso de agua significativamente menor que los métodos convencionales.

Uno de los focos principales de la propuesta está en los lavaderos de vehículos. Se sugiere que estos negocios utilicen agua de pozo o industrial en lugar de agua potable, siempre que se cumplan las condiciones ambientales y sanitarias. Además, los lavaderos deben instalar equipamiento que optimice el uso del agua.

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La medida también aplicará a los consorcios

Asimismo, la iniciativa prevé que los comercios y servicios con alto consumo de agua adopten estrategias para reutilizar el agua utilizada en sus procesos de lavado.

En lo que respecta a edificios residenciales, se plantea que los consorcios más grandes implementen dispositivos que regulen el flujo y la presión del agua para evitar su desperdicio.

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Galmarini enfatiza que la implementación de estas medidas podría resultar en un ahorro significativo de agua en las ciudades de la provincia, al mismo tiempo que reduciría los costos operativos para los vecinos, comerciantes y prestadores de servicios. Su experiencia en el sector hídrico, tras haber liderado AySA entre 2019 y 2023, respalda esta propuesta que busca mejorar la gestión del agua en la región.

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Política

Propuesta en el Congreso Argentino busca regular la eutanasia y la muerte asistida

Un nuevo proyecto en el Congreso Argentino busca regular la eutanasia y la muerte asistida, generando un intenso debate sobre derechos y ética médica.

Propuesta en el Congreso Argentino busca regular la eutanasia y la muerte asistida

En el Congreso de Argentina se ha presentado una iniciativa destinada a legalizar la eutanasia y la muerte asistida, reavivando un debate de gran relevancia y controversia en la sociedad.

El diputado nacional Esteban Paulón es el autor de este proyecto, el cual tiene como objetivo reconocer el derecho de las personas que sufren enfermedades graves o incurables a solicitar ayuda médica para finalizar su vida de forma voluntaria y digna, bajo rigurosos controles.

Detalles del proyecto sobre eutanasia y muerte asistida

La propuesta contempla dos enfoques distintos.

Primero, la eutanasia, que consiste en la administración de una sustancia letal por parte de un profesional de la salud, a solicitud del paciente.

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En segundo lugar, la muerte asistida voluntaria, donde la persona se autoadministra el medicamento recetado por un médico.

El proyecto establece que ambos métodos deberán contar con cobertura obligatoria en hospitales públicos, así como en obras sociales y empresas de medicina prepaga.

Requisitos para acceder a estos procedimientos

De acuerdo con la propuesta, podrán solicitar el procedimiento aquellas personas que presenten:

  • Una enfermedad grave e incurable.
  • Un estado crónico irreversible.
  • Un sufrimiento físico o psíquico que se considere intolerable.

Además, es necesario que la persona exprese su voluntad de manera libre, informada y de forma reiterada.

La iniciativa estipula que se requerirán al menos dos solicitudes en diferentes momentos y asegura el derecho a revocar la decisión en cualquier etapa del proceso.

Controles y supervisión médica necesarios

El proyecto incluye diversas evaluaciones que deberán llevarse a cabo antes de autorizar el procedimiento.

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  • Valoración por parte del médico tratante.
  • Participación de un equipo interdisciplinario.
  • Revisión por un médico independiente.
  • Dictamen de una comisión evaluadora obligatoria.

    • Asimismo, se permite establecer directrices anticipadas para solicitar la muerte asistida en caso de que la persona pierda su capacidad de decidir en el futuro.

    Un debate que regresa al ámbito legislativo

    La discusión en torno a la eutanasia y la muerte asistida no es una temática reciente en Argentina.

    En años anteriores, se han presentado propuestas similares por parte de diferentes legisladores, pero ninguna ha avanzado hasta convertirse en ley.

    Recientemente, el tema ha cobrado relevancia a nivel internacional, impulsado por casos de gran impacto mediático en Europa y América, lo que ha reabierto el diálogo sobre la autonomía personal, los cuidados paliativos, la ética médica y el papel del Estado en decisiones relacionadas con el final de la vida.

    El proyecto también reconoce la objeción de conciencia para los médicos y profesionales de la salud, aunque prohíbe que las instituciones de salud utilicen este argumento para denegar el acceso a estos procedimientos.

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