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Política

NIEGAN RECURSO DE APELACIÓN ANTE CASACIÓN CONTRA QUERELLA DE LA ASOCIACIÓN CIVIL BASES

La Cámara Federal porteña rechazó un planteo de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner para revisar la decisión de aceptar como querellante a la asociación civil «Bases», vinculada al macrismo, en la causa por lavado de dinero vinculada a Lázaro Báez, luego de dictado el sobreseimiento de la Vicepresidenta.

El Tribunal de Apelaciones por dos votos a uno rechazó por «inadmisible» un recurso de la defensa de la ex Presidenta para apelar ante la Cámara Federal de Casación esa resolución que aceptó a la querella de la Asociación Civil «Bases», según la decisión a la que tuvo acceso Télam.

Los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi argumentaron para rechazar el recurso por «inadmisible», que en la decisión de aceptar a la nueva querella tomada por ellos, no se advierte la existencia «de un perjuicio de imposible, deficiente o tardía reparación ulterior», y sostuvieron que «tampoco se exhibe un supuesto de arbitrariedad capaz de inaugurar la vía recursiva pretendida».

En disidencia, el camarista Farah votó por conceder la apelación para llegar en revisión al máximo tribunal penal federal del país, con efecto «suspensivo», es decir, que la querella «Bases» no podría avanzar con el trámite de apelación hasta que ese Tribunal se expida.

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En su voto en minoría, Farah recordó que se revocó por mayoría la decisión del juez del caso Sebastián Casanello de no aceptar a la asociación como querella en el caso, y advirtió que «la cuestión atañe a las condiciones bajo las cuales» se vuelve » legalmente posible habilitar a ciudadanos a promover la persecución penal estatal contra personas».

«De tal forma -en este caso concreto, dados los antecedentes que posee-, la parte alega que la solución otorgada al tema tuvo repercusión directa en el derecho de la imputada a obtener un pronunciamiento que ponga fin a la persecución criminal, con autoridad de cosa juzgada», agregó el juez.

Desde » tales ópticas, hay cuestión federal y el fallo, por sus efectos, podría representar un perjuicio de insuficiente, tardía o imposible reparación ulterior» ante lo cual es «formalmente viable» la revisión en Casación.

El sobreseimiento de la Vicepresidenta resuelto por Casanello a pedido del fiscal de la causa, Guillermo Marijuan, no fue apelado por las querellas que siempre actuaron en la pesquisa, con lo cual hubiera quedado firme, pero, al ser aceptada como querella la asociación civil Bases, se habilitó una instancia de apelación.

De esta forma, la Cámara Federal porteña revisará el sobreseimiento de la Vicepresidenta, tras aceptar a la nueva querella en una decisión que tomaron por mayoría los jueces Llorens y Bertuzzi, con desacuerdo de Farah.

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Este último advirtió que la causa ya lleva diez años de trámite y la referida Asociación Civil «Bases» pidió ser querellante sólo después del sobreseimiento de la Vicepresidenta.

El sobreseimiento se resolvió el 5 de junio último, a pedido de Marijuan, por entender que no existen pruebas contra la ex Presidenta y luego de consultas del magistrado a las partes querellantes, AFIP y UIF, que también pidieron la desvinculación definitiva.

La Vicepresidenta tenía dictada falta de mérito en esa causa que investigó por multimillonarias maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal a Báez, sus hijos y otros acusados, cometidas a través de la empresa «Austral Construcciones».

Apenas se conoció la noticia del sobreseimiento la asociación integrada por Valeria Viola, como presidenta y Pablo Nocetti pidió ser querellante.

«Bases» es presidida por Viola, la hija de la exfuncionaria menemista Adelina D’Alessio de Viola y vinculada al Gobierno de Mauricio Macri ya que tuvo un cargo en el Ministerio del Interior. En la actualidad trabaja en el Gobierno porteño.

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Otro referente es Nocetti, exjefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad en la gestión de Patricia Bullrich.

Báez fue condenado a 12 años de prisión en un veredicto tras un juicio oral y la Cámara Federal de Casación confirmó la condena pero redujo la pena a diez años.

Esa sentencia está ahora bajo revisión en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Casanello sobreseyó a la Vicepresidenta y rechazó tener como querellante a Bases, pero la Asociación apeló y ahora logró que se le adjudique ese rol de parte en la causa

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Política

Propuesta legislativa para sancionar el encubrimiento familiar en femicidios

Un nuevo proyecto en Diputados busca sancionar a quienes encubran femicidios, modificando el Código Penal para asegurar una respuesta más efectiva ante la violencia de género.

Propuesta legislativa para sancionar el encubrimiento familiar en femicidios

En la Cámara de Diputados se ha introducido un proyecto que busca reformar el Código Penal para penalizar a aquellos familiares y personas cercanas que intervengan activamente en acciones destinadas a encubrir femicidios.

La iniciativa, promovida por el diputado Guillermo Michel de Unión por la Patria, pretende restringir la aplicación de la llamada «excusa absolutoria familiar», una figura legal que actualmente protege a ciertos allegados que apoyan a un familiar o amigo implicado en un crimen.

Modificaciones propuestas

El proyecto sugiere una enmienda al artículo 277, inciso 4°, del Código Penal, de modo que la exención no se aplique a quienes, de forma intencionada, colaboren en ocultar pruebas o interfieran en las indagaciones relacionadas con femicidios y homicidios vinculados a la violencia de género.

El texto aclara que no se obliga a las personas a denunciar a sus familiares ni se castiga el silencio o la negativa a declarar ante la Justicia. La propuesta se enfoca únicamente en sancionar acciones activas que busquen obstaculizar la investigación de estos delitos.

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Conductas susceptibles de sanción

Se consideran encubrimiento conductas como la destrucción u ocultación de evidencias, la alteración de la escena del crimen, la eliminación de pruebas relevantes o la provisión de información engañosa a las autoridades.

Según el legislador, cuando un allegado al autor colabora conscientemente en estas acciones, deja de actuar por un vínculo familiar o emocional y se convierte en cómplice de la impunidad de un delito grave.

El proyecto sostiene que la protección de la intimidad familiar no puede ser un obstáculo para la investigación y la sanción de delitos que vulneran los derechos fundamentales de las mujeres.

Conformidad con compromisos internacionales

Además, la iniciativa tiene como meta alinear la legislación argentina con los compromisos adquiridos en la Convención de Belém do Pará y otros instrumentos internacionales de derechos humanos que demandan respuestas efectivas frente a la violencia de género.

En este contexto, el proyecto enfatiza que combatir la impunidad no solo implica sancionar a los autores directos de femicidios, sino también erradicar normativas que puedan obstaculizar las investigaciones o favorecer la falta de justicia.

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Si se aprueba en el Congreso, esta propuesta representaría un cambio significativo en el tratamiento penal de aquellos que colaboran en el encubrimiento de tales delitos.

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Política

Iniciativa para Regular el Consumo de Agua en la Provincia de Buenos Aires

Un nuevo proyecto de ley en la Provincia de Buenos Aires busca restringir el uso de agua potable en edificios y comercios, priorizando su reutilización y optimización.

Proyecto presentado por Malena Galmarini

Un nuevo proyecto de ley ha sido introducido por los legisladores de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de restringir el consumo de agua potable en edificios y comercios. Esta propuesta se aplicaría especialmente a negocios como los lavaderos de autos, y es impulsada por Malena Galmarini.

Malena Galmarini, quien ha adquirido una sólida experiencia en gestión hídrica tras su paso por la dirección de AySA, argumenta que países extranjeros han implementado con éxito normativas similares. En esos lugares, el agua es reciclada y reutilizada, mientras que en Argentina se continúa desperdiciando, especialmente en actividades como el lavado de vehículos, donde se pierden miles de litros a diario.

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uso de agua
GALMARINI FUE TITULAR DE AYSA

¿Cómo se limitará el uso de agua potable?

La propuesta incluye la adopción de tecnologías modernas que reduzcan el consumo de agua en actividades de limpieza y mantenimiento. Según Galmarini, existen herramientas que permiten realizar las mismas funciones con un uso de agua significativamente menor que los métodos convencionales.

Uno de los focos principales de la propuesta está en los lavaderos de vehículos. Se sugiere que estos negocios utilicen agua de pozo o industrial en lugar de agua potable, siempre que se cumplan las condiciones ambientales y sanitarias. Además, los lavaderos deben instalar equipamiento que optimice el uso del agua.

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La medida también aplicará a los consorcios

Asimismo, la iniciativa prevé que los comercios y servicios con alto consumo de agua adopten estrategias para reutilizar el agua utilizada en sus procesos de lavado.

En lo que respecta a edificios residenciales, se plantea que los consorcios más grandes implementen dispositivos que regulen el flujo y la presión del agua para evitar su desperdicio.

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Galmarini enfatiza que la implementación de estas medidas podría resultar en un ahorro significativo de agua en las ciudades de la provincia, al mismo tiempo que reduciría los costos operativos para los vecinos, comerciantes y prestadores de servicios. Su experiencia en el sector hídrico, tras haber liderado AySA entre 2019 y 2023, respalda esta propuesta que busca mejorar la gestión del agua en la región.

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Política

Propuesta en el Congreso Argentino busca regular la eutanasia y la muerte asistida

Un nuevo proyecto en el Congreso Argentino busca regular la eutanasia y la muerte asistida, generando un intenso debate sobre derechos y ética médica.

Propuesta en el Congreso Argentino busca regular la eutanasia y la muerte asistida

En el Congreso de Argentina se ha presentado una iniciativa destinada a legalizar la eutanasia y la muerte asistida, reavivando un debate de gran relevancia y controversia en la sociedad.

El diputado nacional Esteban Paulón es el autor de este proyecto, el cual tiene como objetivo reconocer el derecho de las personas que sufren enfermedades graves o incurables a solicitar ayuda médica para finalizar su vida de forma voluntaria y digna, bajo rigurosos controles.

Detalles del proyecto sobre eutanasia y muerte asistida

La propuesta contempla dos enfoques distintos.

Primero, la eutanasia, que consiste en la administración de una sustancia letal por parte de un profesional de la salud, a solicitud del paciente.

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En segundo lugar, la muerte asistida voluntaria, donde la persona se autoadministra el medicamento recetado por un médico.

El proyecto establece que ambos métodos deberán contar con cobertura obligatoria en hospitales públicos, así como en obras sociales y empresas de medicina prepaga.

Requisitos para acceder a estos procedimientos

De acuerdo con la propuesta, podrán solicitar el procedimiento aquellas personas que presenten:

  • Una enfermedad grave e incurable.
  • Un estado crónico irreversible.
  • Un sufrimiento físico o psíquico que se considere intolerable.

Además, es necesario que la persona exprese su voluntad de manera libre, informada y de forma reiterada.

La iniciativa estipula que se requerirán al menos dos solicitudes en diferentes momentos y asegura el derecho a revocar la decisión en cualquier etapa del proceso.

Controles y supervisión médica necesarios

El proyecto incluye diversas evaluaciones que deberán llevarse a cabo antes de autorizar el procedimiento.

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  • Valoración por parte del médico tratante.
  • Participación de un equipo interdisciplinario.
  • Revisión por un médico independiente.
  • Dictamen de una comisión evaluadora obligatoria.
  • Asimismo, se permite establecer directrices anticipadas para solicitar la muerte asistida en caso de que la persona pierda su capacidad de decidir en el futuro.

    Un debate que regresa al ámbito legislativo

    La discusión en torno a la eutanasia y la muerte asistida no es una temática reciente en Argentina.

    En años anteriores, se han presentado propuestas similares por parte de diferentes legisladores, pero ninguna ha avanzado hasta convertirse en ley.

    Recientemente, el tema ha cobrado relevancia a nivel internacional, impulsado por casos de gran impacto mediático en Europa y América, lo que ha reabierto el diálogo sobre la autonomía personal, los cuidados paliativos, la ética médica y el papel del Estado en decisiones relacionadas con el final de la vida.

    El proyecto también reconoce la objeción de conciencia para los médicos y profesionales de la salud, aunque prohíbe que las instituciones de salud utilicen este argumento para denegar el acceso a estos procedimientos.

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