La Comisión de Presupuestos y Finanzas de la Cámara de Diputados se reunirá para debatir su opinión sobre el proyecto de ley de gastos para 2023. Está previsto que la reunión concluya el 25 de octubre.
Juntos por el Cambio ha pedido que se establezca una cláusula para que si la recaudación de impuestos aumenta un 10% o la inflación supera el 60%, el gobierno envíe correcciones al presupuesto. Este debate determinará si el gobierno acepta esta petición.
Se espera la incorporación de cambios solicitados por los gobernadores sobre los subsidios para el transporte del interior y un nuevo mecanismo para el pago de deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y otros pedidos por legisladores sobre universidades, manejo del fuego y programas sociales.
El Frente de Todos tenía asegurado anoche poder tener un despacho con un alto consenso ya que no solo lo firmarán los diputados oficialistas, sino que también lo haría el de Provincias Unidas, por lo que reuniría 25 firmas sobre las de los 49 integrantes de la comisión.
El resto, tanto los 23 de Juntos por el Cambio, como el del interbloque Federal, no firmarían ningún despacho o expresarían algunas disidencias parciales, y se inclinarían por el acompañamiento en general o la abstención cuando se de la votación en el recinto.
La intención del oficialismo es poder tratar el proyecto en una sesión que se celebraría el próximo martes a las 13, y que se extendería por más de 20 horas, según confiaron fuentes parlamentarias a Télam.
Para diagramar esa sesión, el próximo lunes se reunirán los presidentes de bloque, en Labor Parlamentaria.
El objetivo es obtener entre martes y miércoles la media sanción para permitir que el Senado tenga el tiempo necesario para convertir en ley este proyecto clave para el Gobierno antes del 30 de noviembre.
Desde el oficialismo siempre existió la voluntad de llegar a un acuerdo con la oposición pero siempre que se mantengan las variables económicas que estiman un crecimiento de la economía del 2%, una pauta inflacionaria del 60% y un descenso del déficit fiscal del 2,5% al 1,9%, que se busca con reducción de gastos y de subsidios.
Si bien existen muchos pedidos de cambio el Presupuesto ya tiene más del 65% de los fondos destinados a gastos sociales, incluidos los pagos de los diferentes planes de asistencia, así como las jubilaciones y pensiones, y se priorizarán los fondos para salud, ciencia y educación.
El proyecto estima un gasto total de casi $ 29 billones, con una recaudación aproximada de $ 22,5 billones y un déficit primario de $ 6,3 billones.
Además contempla un aumento del consumo privado estimado en 2,2% y la inversión en 2,9%, en tanto en materia de financiamiento se busca reducir la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro.
El proyecto de ley asigna 1,6 billones a la administración del gobierno, 1,2 billones a los servicios de defensa y seguridad, 18 billones a los gastos sociales, 4,5 billones a los servicios económicos y, por último, 2,9 billones a la deuda pública, lo que supone un total de casi 29 billones de gastos.
El plan prevé un aumento del 7,1% de las exportaciones y un aumento del 2% de las importaciones el año que viene, lo que dará lugar a una mejora del superávit comercial de 12.300 millones de dólares en 2023,frente al superávit previsto para el año actual de 7.700 millones de dólares.