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Política

PIDEN JUICIO ACADÉMICO AL JUEZ JULIÁN ERCOLINI EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UBA

Profesores, graduados y estudiantes de la Facultad de Derecho de la UBA pidieron que se realice juicio académico al juez Julián Ercolini en el marco de la causa en la que se investiga el viaje realizado a Lago Escondido en octubre pasado por magistrados, funcionarios del Gobierno porteño y directivos del Grupo Clarín.

El juicio académico es un mecanismo previsto en el Estatuto de la UBA que debe ser tratado inicialmente en el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y luego podría ser analizado por el Consejo Superior de la Universidad, según se explicaron desde el colectivo que promueve este procedimiento contra el magistrado.

«Ercolini es profesor regular adjunto de la materia Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal y Director de la Carrera de Posgrado de Administración de Justicia en la Universidad de Buenos Aires. Entendemos que esta Universidad pública y reconocida a nivel mundial tiene que tomar medidas importantes sobre el presente caso, en tanto exhibe a un profesor involucrado en la comisión de conductas que atentan contra la democracia y el estado de derecho», expresaron en una solicitada que ya reunió cerca de 15.000 firmas y sigue recolectando adhesiones.

Télam tuvo acceso a la denuncia, firmada por cuatro representantes de esa casa de estudios, donde citan como «plataforma fáctica» la nota de Página/12 que da cuenta de los chats entre los involucrados y las denuncias judiciales realizadas para investigar los hechos.

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Además, como «plataforma jurídica», invocan «causal de deshonestidad intelectual y actos lesivos que atentan contra la ética universitaria».

Finalmente, acompañan la petición con un listado de firmas que apoyan la iniciativa, entre las que están los profesores Eugenio Raúl Zaffaroni, Lucila Larrandart, Elizabeth Gómez Alcorta, Carlos Alberto Beraldi, Alejandro Alagia, Nelly Minyersky, Beatriz Rajland, Marisa Herrera, Sebastián Barocelli, Carlos Alberto Arianna, Sebastián Tedeschi, Enrique Néstor Arias Gibert, Raúl Ojeda, Horacio Corte, Cristina Caamaño, Marcelo Ferreira, Marcelo Raffin, Gustavo Caramelo, Mirta López González, Gabriel Anitua, Viviana Dobarro, Ricardo Huñis, Adriana Micale, Laura Clerico, Lucia Montenegro, Sergio Di Gioja, Cecilia Kandus y Sandra Wierzba, entre otros.

Mencionan además a otros integrantes del ámbito académico como Rita Segato, Graciela Morgade, Alberto Kornblihtt, Eduardo Dvorkin, Ricardo Foster, Diego Hurtado, Roberto Rivarola, Ana Franchi y Andrea Gamarnik, que se unieron a las firmas.

La petición señala además que, «si bien el reglamento que regula el proceso de juicio de juicio académico recepta una legitimación activa amplia para la apertura de este proceso, lo cierto es que en atención a la repercusión social que ha tenido el hecho que aquí se denuncia, es que se ha decidido habilitar un formulario de Google para que personas pertenecientes principalmente a la comunidad académica se pueda expresar al respecto».

En este sentido, lo consideran pertinente «a los fines de tomar total dimensión de la indignación y preocupación que ha tenido en el ámbito principalmente académico, de la conducta desplegada por el profesor Ercolini» y para destacar el «acompañamiento de una gran cantidad de profesores/as y docentes» tanto de esa facultad como de otras.

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«Por los sólidos argumentos expuestos y la urgencia explicitada, solicitamos al Sr. Decano y a través de él, al Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la UBA tomar nota de las más de 14 mil firmas que acompañan la presente petición y proceder a dar trámite al pedido de juicio académico contra el profesor Julián Daniel Ercolini arbitrándose las medidas pertinentes a los fines de constituir de manera inmediata la Comisión Instructora de Juicios Académicos», concluye la nota.

Fuente: Télam

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Política

Propuesta legislativa para sancionar el encubrimiento familiar en femicidios

Un nuevo proyecto en Diputados busca sancionar a quienes encubran femicidios, modificando el Código Penal para asegurar una respuesta más efectiva ante la violencia de género.

Propuesta legislativa para sancionar el encubrimiento familiar en femicidios

En la Cámara de Diputados se ha introducido un proyecto que busca reformar el Código Penal para penalizar a aquellos familiares y personas cercanas que intervengan activamente en acciones destinadas a encubrir femicidios.

La iniciativa, promovida por el diputado Guillermo Michel de Unión por la Patria, pretende restringir la aplicación de la llamada «excusa absolutoria familiar», una figura legal que actualmente protege a ciertos allegados que apoyan a un familiar o amigo implicado en un crimen.

Modificaciones propuestas

El proyecto sugiere una enmienda al artículo 277, inciso 4°, del Código Penal, de modo que la exención no se aplique a quienes, de forma intencionada, colaboren en ocultar pruebas o interfieran en las indagaciones relacionadas con femicidios y homicidios vinculados a la violencia de género.

El texto aclara que no se obliga a las personas a denunciar a sus familiares ni se castiga el silencio o la negativa a declarar ante la Justicia. La propuesta se enfoca únicamente en sancionar acciones activas que busquen obstaculizar la investigación de estos delitos.

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Conductas susceptibles de sanción

Se consideran encubrimiento conductas como la destrucción u ocultación de evidencias, la alteración de la escena del crimen, la eliminación de pruebas relevantes o la provisión de información engañosa a las autoridades.

Según el legislador, cuando un allegado al autor colabora conscientemente en estas acciones, deja de actuar por un vínculo familiar o emocional y se convierte en cómplice de la impunidad de un delito grave.

El proyecto sostiene que la protección de la intimidad familiar no puede ser un obstáculo para la investigación y la sanción de delitos que vulneran los derechos fundamentales de las mujeres.

Conformidad con compromisos internacionales

Además, la iniciativa tiene como meta alinear la legislación argentina con los compromisos adquiridos en la Convención de Belém do Pará y otros instrumentos internacionales de derechos humanos que demandan respuestas efectivas frente a la violencia de género.

En este contexto, el proyecto enfatiza que combatir la impunidad no solo implica sancionar a los autores directos de femicidios, sino también erradicar normativas que puedan obstaculizar las investigaciones o favorecer la falta de justicia.

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Si se aprueba en el Congreso, esta propuesta representaría un cambio significativo en el tratamiento penal de aquellos que colaboran en el encubrimiento de tales delitos.

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Política

Iniciativa para Regular el Consumo de Agua en la Provincia de Buenos Aires

Un nuevo proyecto de ley en la Provincia de Buenos Aires busca restringir el uso de agua potable en edificios y comercios, priorizando su reutilización y optimización.

Proyecto presentado por Malena Galmarini

Un nuevo proyecto de ley ha sido introducido por los legisladores de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de restringir el consumo de agua potable en edificios y comercios. Esta propuesta se aplicaría especialmente a negocios como los lavaderos de autos, y es impulsada por Malena Galmarini.

Malena Galmarini, quien ha adquirido una sólida experiencia en gestión hídrica tras su paso por la dirección de AySA, argumenta que países extranjeros han implementado con éxito normativas similares. En esos lugares, el agua es reciclada y reutilizada, mientras que en Argentina se continúa desperdiciando, especialmente en actividades como el lavado de vehículos, donde se pierden miles de litros a diario.

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uso de agua
GALMARINI FUE TITULAR DE AYSA

¿Cómo se limitará el uso de agua potable?

La propuesta incluye la adopción de tecnologías modernas que reduzcan el consumo de agua en actividades de limpieza y mantenimiento. Según Galmarini, existen herramientas que permiten realizar las mismas funciones con un uso de agua significativamente menor que los métodos convencionales.

Uno de los focos principales de la propuesta está en los lavaderos de vehículos. Se sugiere que estos negocios utilicen agua de pozo o industrial en lugar de agua potable, siempre que se cumplan las condiciones ambientales y sanitarias. Además, los lavaderos deben instalar equipamiento que optimice el uso del agua.

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La medida también aplicará a los consorcios

Asimismo, la iniciativa prevé que los comercios y servicios con alto consumo de agua adopten estrategias para reutilizar el agua utilizada en sus procesos de lavado.

En lo que respecta a edificios residenciales, se plantea que los consorcios más grandes implementen dispositivos que regulen el flujo y la presión del agua para evitar su desperdicio.

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Galmarini enfatiza que la implementación de estas medidas podría resultar en un ahorro significativo de agua en las ciudades de la provincia, al mismo tiempo que reduciría los costos operativos para los vecinos, comerciantes y prestadores de servicios. Su experiencia en el sector hídrico, tras haber liderado AySA entre 2019 y 2023, respalda esta propuesta que busca mejorar la gestión del agua en la región.

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Política

Propuesta en el Congreso Argentino busca regular la eutanasia y la muerte asistida

Un nuevo proyecto en el Congreso Argentino busca regular la eutanasia y la muerte asistida, generando un intenso debate sobre derechos y ética médica.

Propuesta en el Congreso Argentino busca regular la eutanasia y la muerte asistida

En el Congreso de Argentina se ha presentado una iniciativa destinada a legalizar la eutanasia y la muerte asistida, reavivando un debate de gran relevancia y controversia en la sociedad.

El diputado nacional Esteban Paulón es el autor de este proyecto, el cual tiene como objetivo reconocer el derecho de las personas que sufren enfermedades graves o incurables a solicitar ayuda médica para finalizar su vida de forma voluntaria y digna, bajo rigurosos controles.

Detalles del proyecto sobre eutanasia y muerte asistida

La propuesta contempla dos enfoques distintos.

Primero, la eutanasia, que consiste en la administración de una sustancia letal por parte de un profesional de la salud, a solicitud del paciente.

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En segundo lugar, la muerte asistida voluntaria, donde la persona se autoadministra el medicamento recetado por un médico.

El proyecto establece que ambos métodos deberán contar con cobertura obligatoria en hospitales públicos, así como en obras sociales y empresas de medicina prepaga.

Requisitos para acceder a estos procedimientos

De acuerdo con la propuesta, podrán solicitar el procedimiento aquellas personas que presenten:

  • Una enfermedad grave e incurable.
  • Un estado crónico irreversible.
  • Un sufrimiento físico o psíquico que se considere intolerable.

Además, es necesario que la persona exprese su voluntad de manera libre, informada y de forma reiterada.

La iniciativa estipula que se requerirán al menos dos solicitudes en diferentes momentos y asegura el derecho a revocar la decisión en cualquier etapa del proceso.

Controles y supervisión médica necesarios

El proyecto incluye diversas evaluaciones que deberán llevarse a cabo antes de autorizar el procedimiento.

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  • Valoración por parte del médico tratante.
  • Participación de un equipo interdisciplinario.
  • Revisión por un médico independiente.
  • Dictamen de una comisión evaluadora obligatoria.
  • Asimismo, se permite establecer directrices anticipadas para solicitar la muerte asistida en caso de que la persona pierda su capacidad de decidir en el futuro.

    Un debate que regresa al ámbito legislativo

    La discusión en torno a la eutanasia y la muerte asistida no es una temática reciente en Argentina.

    En años anteriores, se han presentado propuestas similares por parte de diferentes legisladores, pero ninguna ha avanzado hasta convertirse en ley.

    Recientemente, el tema ha cobrado relevancia a nivel internacional, impulsado por casos de gran impacto mediático en Europa y América, lo que ha reabierto el diálogo sobre la autonomía personal, los cuidados paliativos, la ética médica y el papel del Estado en decisiones relacionadas con el final de la vida.

    El proyecto también reconoce la objeción de conciencia para los médicos y profesionales de la salud, aunque prohíbe que las instituciones de salud utilicen este argumento para denegar el acceso a estos procedimientos.

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