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Sociedad

LA JUSTICIA BRITÁNICA BUSCA ENDURECER LAS PENAS DE LOS CRÍMENES POR VIOLENCIA DE GÉNERO

El Gobierno británico, comprometido con endurecer las penas para los asesinatos relacionados con violencia de género y los cometidos con armas blancas, inició una consulta pública para reformar la legislación penal e impulsar el último paso en el plan para abordar el abuso doméstico y la violencia contra mujeres y niñas.

La iniciativa busca incorporar la financiación para servicios de apoyo a las víctimas y nuevas legislaciones que igualan el comportamiento controlador o coercitivo con la violencia física.

Esta medida, anunciada por el Ministerio de Justicia, busca revisar y posiblemente incrementar las sentencias para los asesinatos en contextos de abuso doméstico y aquellos perpetrados con armas encontradas en la escena del crimen.

En el Reino Unido cada año aproximadamente 90 personas, en su mayoría mujeres, son asesinadas por sus parejas o exparejas.

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En muchos de estos casos, el arma homicida, como un cuchillo de cocina, ya se encuentra en el hogar, lo que actualmente no conlleva un aumento en la pena.

Este hecho evidencia una brecha significativa en la legislación actual, donde hay una discrepancia de hasta diez años en la sentencia, comparado con los asesinatos donde el arma es llevada intencionalmente a la escena del delito.

«Es impactante que alrededor de 1 de cada 4 asesinatos sean cometidos por una pareja, expareja o un familiar», dijo el secretario de Justicia Alex Chalk.

«Este Gobierno ya ha ido más lejos que nunca para proteger a las mujeres y las niñas, con nuevas y estrictas órdenes de protección y leyes para garantizar que los abusadores y asesinos pasen más tiempo tras las rejas», subrayó.

«Cuando se lleva intencionalmente un cuchillo u otra arma a la escena del crimen, el punto de partida es 25 años», en contraste con «los 15 años aplicables cuando el arma se encuentra en el lugar», aclaró sobre las penas actuales.

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El funcionario explicó que la consulta pública es un reflejo de la determinación del Gobierno para asegurar que las sentencias por asesinato reflejen adecuadamente la gravedad de estos crímenes.

También incluye propuestas como considerar el comportamiento previo controlador o coercitivo como factores agravantes legales que resulten en sentencias más largas, así como tratar el asesinato relacionado con el fin de una relación como un factor agravante legal.

«Para algunas personas malvadas, el asesinato es el brutal acto final de una relación controladora y coercitiva con su pareja. Es justo que analicemos si las sentencias por este tipo de asesinatos reflejan este abuso sostenido e inaceptable», señaló el ministro de Justicia, Gareth Bacon.

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País

Tensión universitaria: estudiantes ocupan Filosofía, Psicología y Veterinarias

Asambleas estudiantiles deciden tomas por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario

Estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizaron la toma de facultades de Filosofía y Letras, Psicología y Veterinarias en protesta por el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Las tomas, definidas en asambleas el lunes por la noche, responden al rechazo de los estudiantes al decreto que firmó el presidente Javier Milei, que será discutido en la Cámara de Diputados esta semana.

Reclamos por la Ley de Financiamiento Universitario

El conflicto se enmarca en un contexto de creciente tensión entre el gobierno y la comunidad universitaria. La ley, que propone aumentar los recursos y garantizar salarios ajustados por inflación para docentes y no docentes, sufrió el veto del ejecutivo, lo que provocó una serie de manifestaciones. Los estudiantes ven la toma de las facultades como un paso previo a la movilización frente al Congreso, con la intención de presionar a los diputados para que reviertan el veto presidencial.

Además de las facultades mencionadas, el colegio preuniversitario Nacional Buenos Aires se sumó a la medida. Otras facultades de la UBA, como Ciencias Sociales y Ciencias Exactas, debatirán hoy sobre posibles vigilias y otras acciones de protesta.

toma de facultades

Toma de facultades: Actividades durante las tomas

Cada facultad ha organizado diferentes modalidades de protesta. En Filosofía y Letras, la ocupación incluye clases públicas abiertas en la vía pública y se garantiza que las materias que requieren de aulas específicas puedan desarrollarse con normalidad. Las autoridades del centro de estudiantes enfatizaron que la toma tiene como objetivo la defensa del patrimonio y del derecho a la educación pública.

En Psicología, la toma es simbólica, con actividades de visibilización y el mantenimiento de las clases y parciales. Mientras tanto, en Veterinarias se organizará un «ruidazo» y una choripaneada a beneficio del Hospital Laura Bonaparte, cuya posible clausura también está en el foco de las protestas.

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La comunidad estudiantil dejó claro que, si no se revoca el veto, se intensificarán las medidas de fuerza, incluyendo cacerolazos y nuevas asambleas en los próximos días.

Expectativa en el Congreso

Mientras el conflicto continúa en las universidades, la atención también está puesta en el Congreso. Este miércoles se debatirá el veto presidencial, y la votación será clave para definir el futuro de la ley. La oposición del PRO ha decidido apoyar la medida del gobierno, aunque persisten tensiones internas sobre el tema. El oficialismo, por su parte, sigue negociando los votos necesarios para mantener la ley.

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País

Fondo fiduciario Progresar eliminado por el Gobierno de Javier Milei

El Gobierno elimina el fondo por «no encontrarse operativo»

En una medida reciente, el Gobierno de Javier Milei eliminó el fondo fiduciario que financiaba las Becas Progresar. Esta decisión se oficializó a través del Decreto 888/2024, que lleva la firma del presidente Milei, el jefe de gabinete Guillermo Francos y el ministro de economía Luis Caputo. El fondo, denominado «Fondo Fiduciario Progresar», había sido creado el 28 de enero de 2022 con el fin de apoyar a los estudiantes argentinos a través del programa de respaldo educativo.

Según lo establecido en el decreto, el fondo «nunca se encontró operativo, por no haberse integrado los bienes necesarios para su funcionamiento». Esta declaración pone en relieve la falta de ejecución efectiva del fondo, a pesar de que se creó para complementar y potenciar las acciones del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos, más conocido como Progresar.

¿Qué es el fondo fiduciario Progresar?

El fondo fiduciario que financia las Becas Progresar fue constituido bajo un contrato de fideicomiso que se extendía por 20 años. La propiedad de los bienes al finalizar el contrato quedaría en manos del fideicomisario, que en este caso era el Ministerio de Educación. El fondo estaba compuesto por recursos asignados al programa, como el producido de sus operaciones, la renta y otros aportes provenientes del Tesoro Nacional.

La gestión de este fondo fiduciario estuvo en manos de un comité presidido y vicepresidido de manera rotativa entre ANSES y el Ministerio de Educación. Sin embargo, el Gobierno decidió dar por finalizada su existencia antes de su vencimiento, dejando en incertidumbre la financiación futura de las becas.

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¿Qué pasará con las Becas Progresar?

Pese a la eliminación del fondo fiduciario, el Gobierno no ha confirmado si las Becas Progresar se verán afectadas de manera directa. Aún podría determinarse un financiamiento alternativo a cargo del Ministerio de Capital Humano, lo que permitiría mantener el programa vigente. Recientemente, el Gobierno anunció un aumento del 75% en el monto de las becas, lo que llevará el total a $35.000 en octubre. Sin embargo, se debe recordar que ANSES retiene el 20% de ese monto, por lo que lo que recibirán los beneficiarios será un total de $28.000.

El futuro del programa aún es incierto, pero por ahora los estudiantes podrán seguir contando con el beneficio, aunque sin el respaldo del fondo fiduciario que lo financió desde su creación.

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País

Fuerte disputa política por el veto a las universidades

Conflicto con universidades

El Gobierno advierte que apelará ante la Justicia si no prospera el veto a los fondos universitarios.

El conflicto con las universidades sigue escalando, y el Gobierno aguarda con atención la postura del PRO, liderado por Mauricio Macri. En este contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que si la votación parlamentaria no respalda el veto presidencial sobre el financiamiento universitario, el Gobierno llevará el caso a la Justicia. “Vamos a apelar, probablemente en la Justicia, siempre en el marco de la ley”, aseguró Caputo en una reciente entrevista.

El PRO ante una decisión clave

La posición del PRO es crucial para la continuidad del veto a los fondos universitarios. Hoy, la mesa ejecutiva del partido mantendrá una reunión clave para definir su postura, pero se evidencian divisiones internas. Mientras que algunos sectores, como Diego Santilli, apoyan la medida, otros aún no se han pronunciado oficialmente.

En paralelo, el Ministerio de Capital Humano convocará a una nueva reunión con los gremios docentes para intentar destrabar las negociaciones salariales. Este encuentro es parte del proceso de paritarias, aunque no se espera que se tomen decisiones definitivas en esta instancia.

Conflicto del Gobierno con universidades

El Gobierno insiste en que la discusión debe enmarcarse en el debate sobre el Presupuesto 2025. Caputo fue claro al señalar que no cederán ante lo que considera un “gasto sin contrapartida”. Por su parte, el PRO continúa evaluando su postura, con una reunión en el Congreso pautada para el miércoles próximo.

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El desenlace de esta disputa será determinante no solo para las universidades, sino también para el equilibrio político entre el oficialismo y la oposición en temas clave como la gestión del presupuesto público.

Mientras el Gobierno refuerza su postura con la amenaza de judicializar el caso, el PRO enfrenta tensiones internas que podrían influir en el futuro del veto presidencial. La sesión del miércoles en el Congreso será el escenario donde ambas fuerzas medirán sus apoyos, en medio de una creciente expectativa por el impacto que esta decisión tendrá en el sistema educativo y en las finanzas públicas.

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