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Economía

LA JUEZA PRESKA DIFIRIÓ PAGO DE US$ 16.100 MILLONES Y EXIGE ACTIVOS COMO GARANTÍA POR LA CAUSA YPF

La jueza estadounidense del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, accedió postergar el pago de Argentina de una indemnización de US$16.100 millones al fondo Budford Capital y, a la vez, le ordenó que aporte otros activos como garantía para evitar embargos, en el marco de la causa por la nacionalización de YPF.

Tras la sentencia del 15 de septiembre pasado, Argentina pidió evitar el pago de la indemnización mientras se considera su recurso de apelación, lo cual fue aceptado por Preska.

El país consideró que el pago de la sentencia durante la apelación causaría graves dificultades en las arcas nacionales, ya que equivale a casi una quinta parte del Presupuesto.

La jueza autorizó a evitar el pago hasta que se expida el Tribunal de Apelaciones a cambio de colocar, como garantía para evitar embargos, otros activos mencionados por los demandantes.

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Estos son la participación accionaria del Estado Nacional de 51% y las cuentas por cobrar vinculadas con la planta de Yacyretá, según precisó la agencia Bloomberg.

El cálculo de Preska está realizado en base al valor de la participación accionaria estatal en YPF –valuada en entre US$ 2.350 millones y US$ 3.050 millones, según analistas- y US$ 4.000 millones adicionales en pagos que Paraguay le debe a Argentina durante los próximos 30 años por las represas de Yacyretá.

La magistrada suspendió la ejecución de la sentencia hasta el próximo 5 de diciembre, para permitir que el país prepare las garantías.

También exigió que el país solicite una consideración acelerada del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de EE.UU. en Manhattan.

Presentadas las garantías, el país evitará cualquier tipo de embargo o pago hasta que se expida el Tribunal de Apelaciones.

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En la sentencia final dictada el 15 de septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska desestimó los reclamos presentado por los demandantes contra YPF, al decretar que la petrolera no tuvo responsabilidad contractual en la nacionalización de 2012, aunque mantuvo firme el fallo contra el Estado argentino.

Tras darse a conocer el fallo, el Gobierno ratificó la apelación por discrepar con las cifras del mismo.

La magistrada ordenó que Buford Capital (que había adquirió los derechos de litigio al Grupo Petersen) reciba US$ 14.385.449,737, de los cuales US$ 7.533.269,948 corresponden a daños y US$ 6.852.179,789 al 8% de interés simple previo a la sentencia desde el 3 de mayo de 2012 hasta la fecha; y que Eton Park recupere US$ 1.714.338,556, que corresponden US$ 897.752,615 a daños; más US$ 816.585,941 por 81 intereses simples previos a la sentencia desde el 3 de mayo de 2012 hasta la fecha.

Además, dispuso que Petersen y Eton Park recuperen también los intereses posteriores a la sentencia, calculado a partir de la fecha de entrada de esta sentencia a una tasa del 5,42% anual, computada diariamente hasta el pago.

Mientras que Petersen y Eton Park piden casi 16.000 millones de dólares, la Argentina difiere en el cálculo del eventual daño «en 800 millones de dólares», según precisaron los demandantes en el texto enviado a Preska.

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Sin embargo, «esto no quiere decir que la Argentina esté de acuerdo con la sentencia ordenada por Preska ni con pagar 15.000 millones de dólares», explicó en ese entonces un abogado a Télam, que sigue muy de cerca el caso.

«Tampoco quiere decir que renunciaba a su derecho de apelación», continuó la fuente; de hecho, en un pie de página de la carta de la defensa argentina reafirmó su posición de apelar, que fue conocida ni bien se emitió el fallo.

Robert Giuffra, socio de la firma, aseguró que «la sentencia dictada en materia de daños y perjuicios refleja la incomprensión fundamental de la corte de distrito respecto del derecho argentino aplicable, y exacerba otros errores graves de derecho argentino que la corte ya cometió en instancias anteriores del caso».

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Economía

Los gobernadores reclaman diálogo por el Presupuesto 2025

Presupuesto 2025 del gobierno nacional

La Casa Rosada rechaza flexibilizar las demandas provinciales

El gobierno nacional enfrenta presión por demandas provinciales en el Presupuesto 2025, pero reitera su postura intransigente sobre el déficit cero.

La tensión política crece alrededor del Presupuesto 2025, en medio de un firme rechazo por parte de la Casa Rosada hacia los reclamos de los gobernadores. La noche del miércoles, en una reunión virtual entre jefes provinciales y bloques legislativos, se consolidaron cinco demandas centrales que buscan modificar el proyecto presupuestario. Sin embargo, el Ejecutivo ha reafirmado que «el déficit cero no se negocia».

Demandas provinciales y rechazo presidencial

Los gobernadores, representados por Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo, plantearon la necesidad de una mesa de negociación para tratar los puntos críticos en sesiones extraordinarias. Las demandas incluyen:

  • Financiamiento del déficit de las cajas jubilatorias provinciales no transferidas.
  • Coparticipación de fondos específicos del impuesto a los combustibles.
  • Eliminación de aportes provinciales para financiar la Agencia de Recaudación.
  • Redistribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

A pesar de estas peticiones, el Ejecutivo, liderado por Javier Milei, ha dejado claro que el costo fiscal de las demandas, estimado en u$s4.000 millones, resulta inaceptable.

Presupuesto 2025 del gobierno nacional

Presupuesto 2025 del gobierno nacional: Una estrategia de endurecimiento

El gobierno ha condicionado cualquier posibilidad de diálogo a un apoyo explícito al presupuesto tal como está formulado. Sin embargo, la propuesta no incluye fondos para compensar la coparticipación ni contempla ajustes para las deudas relacionadas con las cajas jubilatorias provinciales.

La Casa Rosada considera que las concesiones anteriores a los gobernadores deberían ser suficientes para garantizar respaldo al proyecto actual.

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Impacto político y económico

La falta de consenso podría generar una parálisis presupuestaria que afectaría tanto a las provincias como al gobierno nacional. Sin sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo, los gobernadores y la oposición se encuentran sin mecanismos formales para presionar por modificaciones antes del cierre de las sesiones ordinarias la próxima semana.

En este contexto, los partidos opositores Encuentro Federal y Democracia para Siempre han solicitado una sesión especial para intentar frenar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que autoriza un canje de deuda sin aval legislativo, intensificando el conflicto.

Mientras tanto, los gobernadores enfrentan un escenario financiero crítico, con una baja en la recaudación y la presión electoral del próximo año en el horizonte.

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Economía

El FMI reducirá los sobrecargos que paga la Argentina en una decisión impulsada por EEUU

El FMI recortará los sobrecargos para países en crisis

En una decisión política que lidera Estados Unidos, el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobará hoy el recorte de sobrecargos FMI que paga la Argentina. Esta medida, que beneficiará también a Ucrania, Jordania, Kenia y otros países, implicará un ahorro anual cercano a los 400 millones de dólares para el país sudamericano, lo que aliviará en parte su situación financiera.

Los sobrecargos son intereses adicionales que el FMI cobra a los países que superan ciertos niveles de endeudamiento. Originalmente, se justificaban como una medida para ofrecer créditos más baratos comparados con los intereses del mercado. Sin embargo, este esquema se ha vuelto insostenible para muchas economías. En el caso de Argentina, en los últimos tres años pagó 3.700 millones de dólares en sobrecargos.

La decisión del recorte de sobrecargos FMI fue impulsada por la Casa Blanca con el objetivo de apoyar la economía de Ucrania, que se encuentra en guerra contra Rusia desde 2022. Argentina, junto con otros 21 países, también se beneficiarán de esta medida. «Las investigaciones muestran que los recargos del FMI son procíclicos y regresivos», afirmaron diversos economistas en una carta dirigida al directorio del FMI, entre los firmantes se encuentran Joseph Stiglitz, Martín Guzmán y Thomas Piketty.

Los efectos del recorte de sobrecargos FMI para Argentina

El recorte de los sobrecargos podría significar un alivio significativo para las arcas del Banco Central argentino, cuyas reservas se encuentran en una situación crítica. Según los cálculos del Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, la Argentina podría ahorrar cerca de 400 millones de dólares al año, lo cual representaría un respiro en su aguda crisis financiera.

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La medida, que requiere el 70% de los votos del directorio del FMI, tiene garantizado el apoyo de Estados Unidos y sus aliados del G7. El informe técnico presentado por los asesores del Fondo propone aumentar el umbral que determina el inicio de los sobrecargos, reducir las tasas aplicables y bajar la tasa básica del 2% al 1%.

Impacto global del recorte de sobrecargos FMI

Esta decisión, que será discutida hoy, no solo impactará a Argentina, sino también a países como Costa Rica, Ecuador, Egipto y Pakistán, entre otros. Los sobrecargos que superaban el 2% ahora se aplicarán solo en deudas que excedan el 300% de la cuota asignada, en lugar del 187,5% actual. Esto representa una significativa modificación en las políticas crediticias del FMI, facilitando la situación financiera de los países afectados.

Argentina, que enfrenta una de las crisis económicas más profundas de su historia reciente, se beneficiará del recorte de sobrecargos, aunque los expertos advierten que la medida es un parche a la situación de fondo y que el país necesita reformas estructurales para mejorar su situación financiera de manera sostenida.

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Economía

Plan de contingencia energética: medidas para el verano

El Gobierno busca mitigar los cortes de luz en medio de la crisis del sistema eléctrico.

El Gobierno ha lanzado un plan de contingencia energética para mitigar los cortes de luz durante el próximo verano, ante la situación crítica de la red de suministro eléctrico. La estrategia, establecida mediante la Resolución 294/2024 de la Secretaría de Energía, tiene como objetivo mejorar la oferta, el transporte y la distribución de energía. Además, se prevén cortes programados en industrias y comercios para preservar el suministro en hogares.

El plan abarca el período 2024/2026, centrado en la importación de energía de países limítrofes durante los días de mayor demanda, principalmente en las horas pico. CAMMESA será responsable de definir esos momentos críticos.

Medidas para las empresas eléctricas

El plan de contingencia energética también establece que las empresas concesionarias deberán presentar, en un plazo de 15 días, un programa detallado de Atención a las Contingencias. Este documento deberá incluir medidas preventivas de mantenimiento para evitar fallas, la disponibilidad de Unidades de Generación Móvil (UGEM) y centros de atención telefónica continua para atender las consultas de los usuarios.

El programa deberá detallar acciones preventivas para evitar mayores fallos en la infraestructura, asegurando su máxima capacidad. Las empresas también estarán obligadas a tener un esquema de atención proactiva hacia los usuarios, con información precisa sobre el servicio y los posibles cortes.

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Plan de contingencia energética

Plan de contingencia energética para grandes usuarios

En el marco del plan de contingencia energética, el Gobierno implementará un esquema para gestionar la demanda de los Grandes Usuarios Mayores (GUMAS). Este mecanismo, de carácter voluntario y remunerado, permitirá reducir la carga de estos consumidores durante los días de mayor exigencia. Los GUMAS, con un consumo superior a 10 MW, podrán ofrecer una reducción programada de su demanda, lo que ayudará a evitar sobrecargas en la red.

Seguimiento del plan

El Comité de Seguimiento del Plan de Contingencia, conformado por diversos actores del sector energético, será el encargado de monitorear la implementación de las medidas. Este comité podrá convocar a otros organismos, como el Servicio Meteorológico Nacional, para evaluar la situación en función de las condiciones climáticas.

Por último, el Gobierno ha instado a las provincias a adoptar medidas similares dentro de sus jurisdicciones para asegurar la efectividad del plan y mitigar los cortes en todo el país.

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