Política

HOTESUR: DEFENSA DE LA VICEPRESIDENTA PIDE CONFIRMAR SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE DELITO

La defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió hoy a la Cámara Federal de Casación que confirme la decisión de cerrar por inexistencia de delito, con sobreseimientos y sin juicio oral, la llamada causa «Hotesur-Los Sauces».

«Las pruebas incorporadas a la causa corroboran, fuera de toda posible discusión y sin necesidad de llevar a cabo un juicio oral, que los hechos no satisfacen ninguna tipicidad penal. Por ello, el sobreseimiento dictado debe ser confirmado”, afirmaron los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy en un escrito de 62 carillas al que tuvo acceso Télam.

En las denominadas «breves notas» presentadas ante la sala I del máximo tribunal penal del país, solicitaron que se rechace el recurso de apelación de la fiscalía y que se ratifique la decisión del Tribunal Oral Federal 5 que sobreseyó a todos los imputados sin llegar a la etapa de juicio.

Los argumentos del Ministerio Público Fiscal «carecen de todo sustento lógico y jurídico y, por ende, deben ser desestimados», advirtieron.

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Los integrantes de la sala I de Casación, Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa concretaron a las 12.30 la segunda audiencia virtual para escuchar a las partes, que fue breve porque la mayoría de los agendados para esta fecha presentaron escritos.

De esta manera quedaron en condiciones de resolver si confirman la decisión del Tribunal Oral Federal 5 que cerró la causa por inexistencia de delito cuando preparaba el juicio.

Ahora, la Cámara Federal de Casación tiene 20 días hábiles para dar a conocer su sentencia.

En su «memorial», los defensores de la ex Presidenta pidieron que «se confirme la resolución recurrida, en cuanto dispuso el sobreseimiento de nuestros representados, por inexistencia de delito».

Los abogados se presentaron por la defensa de la expresidenta, de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, de Romina Mercado y de Patricio Pereyra Arandía.

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En el escrito se aludió a la aplicación de la ley penal más benigna en materia de lavado de activos hecha por el TOF5 cuando cerró la causa, aunque se descartó que se haya cometido este delito y también se reiteró que hay una «múltiple persecución» penal a la ex Presidenta.

Además, la defensa sostuvo que deben confirmarse los sobreseimientos en base a nueva prueba incorporada.

«Concretamente, nos referimos a la ampliación del estudio pericial que se llevó a cabo en el marco de la causa “Los Sauces”, en el cual los expertos intervinientes afirmaron en forma unánime y categórica que todos los pagos realizados por Valle Mitre S.A., Inversora M&S S.A. y Alcalis de la Patagonia SAIC en favor de Los Sauces S.A.-sin excepción alguna, estaban bancarizados y fueron efectuados mediante la entrega de cheques o a través de transferencias bancarias», remarcaron.

Esta «prueba nueva también permitió constatar que los hechos» no satisfacen «las exigencias típicas requeridas por el tipo penal previsto en el art. 303 del Código Penal», el lavado de activos.

«Si se tiene en cuenta que todo el dinero aplicado a los contratos de locación investigados siempre se movió dentro del circuito financiero e institucional, que dichos fondos fueron debidamente contabilizados, que los balances de las sociedades involucradas fueron auditados por empresas de prestigio internacional y, además, que se tributaron todos los impuestos pertinentes, es jurídicamente insostenible la hipótesis de lavado de activos», concluyeron.

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En cuanto a la potestad del Tribunal Oral de resolver no hacer el juicio, los abogados consideraron que si la fiscalía se encuentra facultada para «aplicar criterios de oportunidad no reglados y postular sobreseimientos sin celebrar el juicio oral cuando consideran que los hechos denunciados carecen de relevancia jurídico penal, los jueces que integran Tribunales Orales también se encuentran habilitados para sobreseer a los justiciables sin necesidad de transitar la audiencia de debate si arriban a esa misma convicción».

Por otro lado, cuestionó al fiscal Mario Villar, que en la primera audiencia ante Casación el 10 de noviembre pasado, reclamó revocar los sobreseimientos y ordenar que se realice el juicio oral.

La defensa de la Vicepresidenta aludió a un «proceder irreflexivo de los representantes del Ministerio Público Fiscal, que acomodan líneas argumentativas según conveniencias coyunturales, pretendiendo borrar con el codo lo que ellos mismos escriben con sus manos».

La fiscalía incurrió en «graves y ostensibles contradicciones» y «no se ha precisado, tan siquiera mínimamente, cuáles serían los distintos delitos de lavado de activos que recién ahora, tras el dictado de un sobreseimiento y durante la tramitación de un recurso de casación, son imputados a nuestros representados».

En la causa, el Tribunal Oral sobreseyó a la expresidenta, sus hijos Máximo y Florencia y empresarios que contrataban alquileres en propiedades o plazas hoteleras de «Los Sauces» y «Hotesur», pertenecientes a la familia Kirchner.

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Entre los sobreseídos están los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa y también Romina de los Ángeles Mercado, y Osvaldo Sanfelice,

El fiscal Villar sostuvo que hubo «arbitrariedad» en la decisión de dos votos del TOF5, los de Daniel Obligado y Adrián Grunberg, contra uno en minoría -el de la jueza Adriana Palliotti- que tomó el tribunal para dictar los sobreseimientos de todos los imputados.

Fuente: Télam

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Propuesta legislativa para sancionar el encubrimiento familiar en femicidios

Un nuevo proyecto en Diputados busca sancionar a quienes encubran femicidios, modificando el Código Penal para asegurar una respuesta más efectiva ante la violencia de género.

Propuesta legislativa para sancionar el encubrimiento familiar en femicidios

En la Cámara de Diputados se ha introducido un proyecto que busca reformar el Código Penal para penalizar a aquellos familiares y personas cercanas que intervengan activamente en acciones destinadas a encubrir femicidios.

La iniciativa, promovida por el diputado Guillermo Michel de Unión por la Patria, pretende restringir la aplicación de la llamada «excusa absolutoria familiar», una figura legal que actualmente protege a ciertos allegados que apoyan a un familiar o amigo implicado en un crimen.

Modificaciones propuestas

El proyecto sugiere una enmienda al artículo 277, inciso 4°, del Código Penal, de modo que la exención no se aplique a quienes, de forma intencionada, colaboren en ocultar pruebas o interfieran en las indagaciones relacionadas con femicidios y homicidios vinculados a la violencia de género.

El texto aclara que no se obliga a las personas a denunciar a sus familiares ni se castiga el silencio o la negativa a declarar ante la Justicia. La propuesta se enfoca únicamente en sancionar acciones activas que busquen obstaculizar la investigación de estos delitos.

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Conductas susceptibles de sanción

Se consideran encubrimiento conductas como la destrucción u ocultación de evidencias, la alteración de la escena del crimen, la eliminación de pruebas relevantes o la provisión de información engañosa a las autoridades.

Según el legislador, cuando un allegado al autor colabora conscientemente en estas acciones, deja de actuar por un vínculo familiar o emocional y se convierte en cómplice de la impunidad de un delito grave.

El proyecto sostiene que la protección de la intimidad familiar no puede ser un obstáculo para la investigación y la sanción de delitos que vulneran los derechos fundamentales de las mujeres.

Conformidad con compromisos internacionales

Además, la iniciativa tiene como meta alinear la legislación argentina con los compromisos adquiridos en la Convención de Belém do Pará y otros instrumentos internacionales de derechos humanos que demandan respuestas efectivas frente a la violencia de género.

En este contexto, el proyecto enfatiza que combatir la impunidad no solo implica sancionar a los autores directos de femicidios, sino también erradicar normativas que puedan obstaculizar las investigaciones o favorecer la falta de justicia.

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Si se aprueba en el Congreso, esta propuesta representaría un cambio significativo en el tratamiento penal de aquellos que colaboran en el encubrimiento de tales delitos.

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Política

Iniciativa para Regular el Consumo de Agua en la Provincia de Buenos Aires

Un nuevo proyecto de ley en la Provincia de Buenos Aires busca restringir el uso de agua potable en edificios y comercios, priorizando su reutilización y optimización.

Proyecto presentado por Malena Galmarini

Un nuevo proyecto de ley ha sido introducido por los legisladores de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de restringir el consumo de agua potable en edificios y comercios. Esta propuesta se aplicaría especialmente a negocios como los lavaderos de autos, y es impulsada por Malena Galmarini.

Malena Galmarini, quien ha adquirido una sólida experiencia en gestión hídrica tras su paso por la dirección de AySA, argumenta que países extranjeros han implementado con éxito normativas similares. En esos lugares, el agua es reciclada y reutilizada, mientras que en Argentina se continúa desperdiciando, especialmente en actividades como el lavado de vehículos, donde se pierden miles de litros a diario.

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¿Cómo se limitará el uso de agua potable?

La propuesta incluye la adopción de tecnologías modernas que reduzcan el consumo de agua en actividades de limpieza y mantenimiento. Según Galmarini, existen herramientas que permiten realizar las mismas funciones con un uso de agua significativamente menor que los métodos convencionales.

Uno de los focos principales de la propuesta está en los lavaderos de vehículos. Se sugiere que estos negocios utilicen agua de pozo o industrial en lugar de agua potable, siempre que se cumplan las condiciones ambientales y sanitarias. Además, los lavaderos deben instalar equipamiento que optimice el uso del agua.

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La medida también aplicará a los consorcios

Asimismo, la iniciativa prevé que los comercios y servicios con alto consumo de agua adopten estrategias para reutilizar el agua utilizada en sus procesos de lavado.

En lo que respecta a edificios residenciales, se plantea que los consorcios más grandes implementen dispositivos que regulen el flujo y la presión del agua para evitar su desperdicio.

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Galmarini enfatiza que la implementación de estas medidas podría resultar en un ahorro significativo de agua en las ciudades de la provincia, al mismo tiempo que reduciría los costos operativos para los vecinos, comerciantes y prestadores de servicios. Su experiencia en el sector hídrico, tras haber liderado AySA entre 2019 y 2023, respalda esta propuesta que busca mejorar la gestión del agua en la región.

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Política

Propuesta en el Congreso Argentino busca regular la eutanasia y la muerte asistida

Un nuevo proyecto en el Congreso Argentino busca regular la eutanasia y la muerte asistida, generando un intenso debate sobre derechos y ética médica.

Propuesta en el Congreso Argentino busca regular la eutanasia y la muerte asistida

En el Congreso de Argentina se ha presentado una iniciativa destinada a legalizar la eutanasia y la muerte asistida, reavivando un debate de gran relevancia y controversia en la sociedad.

El diputado nacional Esteban Paulón es el autor de este proyecto, el cual tiene como objetivo reconocer el derecho de las personas que sufren enfermedades graves o incurables a solicitar ayuda médica para finalizar su vida de forma voluntaria y digna, bajo rigurosos controles.

Detalles del proyecto sobre eutanasia y muerte asistida

La propuesta contempla dos enfoques distintos.

Primero, la eutanasia, que consiste en la administración de una sustancia letal por parte de un profesional de la salud, a solicitud del paciente.

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En segundo lugar, la muerte asistida voluntaria, donde la persona se autoadministra el medicamento recetado por un médico.

El proyecto establece que ambos métodos deberán contar con cobertura obligatoria en hospitales públicos, así como en obras sociales y empresas de medicina prepaga.

Requisitos para acceder a estos procedimientos

De acuerdo con la propuesta, podrán solicitar el procedimiento aquellas personas que presenten:

Una enfermedad grave e incurable.
Un estado crónico irreversible.
Un sufrimiento físico o psíquico que se considere intolerable.

Además, es necesario que la persona exprese su voluntad de manera libre, informada y de forma reiterada.

La iniciativa estipula que se requerirán al menos dos solicitudes en diferentes momentos y asegura el derecho a revocar la decisión en cualquier etapa del proceso.

Controles y supervisión médica necesarios

El proyecto incluye diversas evaluaciones que deberán llevarse a cabo antes de autorizar el procedimiento.

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Valoración por parte del médico tratante.

Participación de un equipo interdisciplinario.

Revisión por un médico independiente.

Dictamen de una comisión evaluadora obligatoria.

Asimismo, se permite establecer directrices anticipadas para solicitar la muerte asistida en caso de que la persona pierda su capacidad de decidir en el futuro.

Un debate que regresa al ámbito legislativo

La discusión en torno a la eutanasia y la muerte asistida no es una temática reciente en Argentina.

En años anteriores, se han presentado propuestas similares por parte de diferentes legisladores, pero ninguna ha avanzado hasta convertirse en ley.

Recientemente, el tema ha cobrado relevancia a nivel internacional, impulsado por casos de gran impacto mediático en Europa y América, lo que ha reabierto el diálogo sobre la autonomía personal, los cuidados paliativos, la ética médica y el papel del Estado en decisiones relacionadas con el final de la vida.

El proyecto también reconoce la objeción de conciencia para los médicos y profesionales de la salud, aunque prohíbe que las instituciones de salud utilicen este argumento para denegar el acceso a estos procedimientos.

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