El presidente Javier Milei afirmó que el problema del incumplimiento en los créditos es una cuestión privada y descartó la posibilidad de asistencia gubernamental. Luis Caputo había manifestado una opinión similar. En la provincia de Buenos Aires, la morosidad de las familias se ha cuadruplicado en un año, superando el 14% si se consideran las deudas no bancarias.

En una reciente entrevista, Milei subrayó que no se implementará un programa estatal para apoyar a las familias que enfrentan dificultades para pagar sus créditos, enfatizando que los deudores son responsables de sus decisiones. “¿Les pusieron una pistola en la cabeza para endeudarse?”, cuestionó el mandatario durante su charla con Luis Majul en LN+.

Al ser interrogado sobre el aumento en la morosidad familiar, el presidente explicó que se trata de un acuerdo entre partes. “Si contraigo una obligación con alguien y por algún motivo no puedo cumplirla, ¿es justo que otro pague por ello?”, argumentó.

Milei agregó que su administración alienta a las entidades bancarias a refinanciar las deudas, pero se opone a que se utilicen fondos públicos para saldar las obligaciones de quienes no pueden pagar. Además, vinculó el incremento de la morosidad a la inestabilidad económica y política que precede a las elecciones de 2025, asociándolo con acciones del kirchnerismo.

Caputo: “Cada uno debe asumir su responsabilidad”

Las declaraciones de Milei se produjeron pocos días después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, adoptara una postura similar. Caputo había señalado que el endeudamiento de las familias es “un asunto privado” y que el Gobierno tiene recursos limitados para intervenir.

“Cada uno debe hacerse responsable de sus decisiones, porque, si yo te ayudo a ti tras haber tomado un mal crédito, no sé si lo hiciste porque no llegabas a fin de mes o porque alguien te dijo que Milei se iba y que el dólar iba a alcanzar los 3.000”, expresó Caputo.

El ministro también criticó a las entidades financieras, mencionando que el Gobierno les había advertido que prestar a tasas cercanas al 10% mensual, mientras los salarios solo crecían en un 2%, podría generar incumplimientos por parte de los clientes.

A pesar del deterioro de los indicadores, Caputo pronosticó que la morosidad “se normalizará” y destacó que algunos bancos han comenzado a ofrecer refinanciaciones con tasas más accesibles.

No es la primera vez que Caputo responsabiliza a los prestatarios. En mayo, había mencionado que una parte de la población se había “sobreendeudado a tasas muy altas, creyendo que la inflación reduciría sus deudas”, algo que no ocurrió.

La morosidad familiar alcanza cifras récord

Las declaraciones coinciden con un contexto de creciente dificultad para cumplir con pagos de tarjetas y préstamos. Según el Informe sobre Bancos del Banco Central, en abril de 2026, el 12,1% del financiamiento otorgado a familias estaba en situación irregular.

Este indicador ha aumentado 8,4 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes del año anterior. La morosidad familiar también superaba significativamente la de las empresas, que se situaba en un 3,3%.

Los datos de mayo reflejaron un nuevo incremento: la irregularidad en los préstamos a familias se acercó al 13%, alcanzando el nivel más alto en dos décadas. Las tarjetas de crédito y los préstamos personales son los segmentos más impactados.

Es importante aclarar que este aumento no implica que el 13% de las familias argentinas sean morosas. El indicador del Banco Central representa el porcentaje del saldo de créditos familiares que se encuentra en situación irregular.

En Buenos Aires, la morosidad supera el 14%

La problemática también afecta gravemente a los hogares en la provincia de Buenos Aires. Un informe basado en datos del Banco Provincia reveló que la morosidad bancaria en la cartera familiar creció del 2,9% en febrero de 2025 al 11,2% en febrero de 2026.

Esto significa que el indicador se cuadruplicó en tan solo un año. Al incluir préstamos de entidades no bancarias, aplicaciones financieras y comercios, la morosidad supera el 14%.

Desde el Banco Provincia indicaron que las mayores dificultades se concentran en personas que perciben hasta cuatro salarios mínimos y en jóvenes de 18 a 24 años. Además, se estima que aproximadamente 1,4 millones de bonaerenses están en riesgo crediticio medio o alto.

El uso del crédito ha cambiado, y cada vez más familias utilizan las tarjetas para gastos cotidianos en supermercados y farmacias, en lugar de adquirir bienes duraderos, lo que refleja la necesidad de complementar ingresos insuficientes.

Desigualdades en el Conurbano

El problema de la morosidad no se distribuye equitativamente en la provincia. Un estudio sobre deudores con atrasos prolongados reveló diferencias de más de 20 puntos porcentuales entre diferentes municipios del Conurbano.

Vicente López reportó el nivel más bajo entre los distritos analizados, con un 15,1% de deudores en mora tardía. A continuación se encuentran San Isidro (20,2%), Morón (21,9%), Tres de Febrero (23%) e Ituzaingó (25%).

En contraste, Florencio Varela alcanzó un índice del 38,3%. Otros municipios con altos niveles son José C. Paz (37,3%), Moreno (35,9%), Malvinas Argentinas (35,1%) y Merlo (34,4%).

El mismo estudio situó la deuda mediana de los bonaerenses en aproximadamente 537.000 pesos, utilizando una metodología diferente a la del Banco Central, que contabiliza a personas con atrasos superiores a plazos específicos, lo que hace que los indicadores no sean directamente comparables.

Un debate sobre la responsabilidad individual

Mientras Milei y Caputo enfatizan que la situación resulta de decisiones individuales y contratos entre privados, desde el Banco Provincia se argumenta que el crecimiento de la morosidad se debe principalmente a factores económicos.

La pérdida de ingresos, la precarización laboral, el aumento de tarifas y la utilización del crédito para cubrir necesidades básicas son algunas de las causas mencionadas. Desde esta perspectiva, el incremento del endeudamiento no puede atribuirse únicamente a malas elecciones financieras de las familias.

El aumento de la morosidad podría tener repercusiones en la economía en general. Los hogares que logran recuperar parte de sus ingresos deberán priorizar saldar deudas atrasadas en lugar de destinar esos recursos al consumo. A su vez, los bancos podrían endurecer las condiciones para acceder a nuevos préstamos, disminuir los límites de las tarjetas o elevar las tasas, reflejando un mayor riesgo de incumplimiento.

En este contexto, el Gobierno mantiene su postura: no habrá rescate estatal para deudores y cualquier solución deberá surgir de acuerdos de refinanciación entre las familias y las entidades que otorgaron los créditos.

Una encuesta refleja que la mitad de los argentinos dice no poder esperar más por una mejora económica

Un estudio nacional de opinión pública ha revelado que un significativo número de ciudadanos siente que ha llegado al límite de su paciencia en cuanto a las expectativas de mejora económica bajo las políticas del presidente Javier Milei. Esta investigación, realizada por la consultora QSocial con una muestra de 1.323 personas y un margen de error de ±2,9%, también destaca una percepción negativa sobre la situación actual del país y un clima de incertidumbre hacia el futuro económico.

Según los hallazgos, el 50% de los encuestados declaró que “ya no puede esperar más” para que las medidas del Gobierno impacten positivamente en su vida económica. Por otro lado, un 20% está dispuesto a aguardar hasta las elecciones presidenciales de 2027, un 10% hasta finales de este año y un 8% hasta mediados de 2027. El 12% restante no tiene una opinión definida al respecto.

Cómo evalúan los argentinos la situación del país

El sondeo también abordó la evaluación de la situación nacional. En este sentido, el 48% de los participantes calificó la actualidad como «mala», el 35% como «regular» y solo un 16% la consideró «buena». Sin embargo, en comparación con diciembre de 2023, cuando Javier Milei asumió la presidencia, el 31% de los encuestados opina que el país ha mejorado desde entonces.

Las perspectivas para el próximo año son predominantemente pesimistas: el 47% anticipa que la situación económica se deteriorará, mientras que un 26% espera que mejore y un 21% cree que permanecerá igual.

Además, el análisis identificó las principales preocupaciones de los ciudadanos, destacando el trabajo y la pobreza, ambos con un 21%, seguidos por la corrupción (19%), la inflación (11%), la inseguridad (8%) y la Justicia (6%), mientras que otros temas abarcaron el 12% de las respuestas.

Los resultados de este estudio proporcionan una visión clara del estado de ánimo de la población en relación a la economía y sus expectativas futuras, en un contexto donde la evolución de los indicadores económicos es un tema central en el debate público del país.

Integrantes de las Fuerzas Armadas podrán tener un segundo empleo en el sector privado para complementar ingresos

El Gobierno nacional ha implementado una nueva normativa que permite a los miembros de las Fuerzas Armadas desempeñar un segundo trabajo fuera de su horario de servicio. Esta decisión, promovida por el Ministerio de Defensa, se extiende a soldados, suboficiales y oficiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y tiene como objetivo ofrecer una forma de aumentar sus ingresos.

La resolución establece que se pueden realizar «tareas compatibles» con las funciones militares, siempre que no interfieran con las responsabilidades del servicio ni pongan en riesgo la seguridad nacional. Las ocupaciones permitidas incluyen trabajos en plataformas de transporte y entrega, así como en servicios de seguridad privada, entre otros en el sector privado.

Desde el Gobierno destacan que esta medida amplía las oportunidades laborales y la libertad personal de los integrantes de las fuerzas. Sin embargo, también existe la percepción en el ámbito militar de que esta decisión responde a las dificultades económicas que enfrenta parte del personal.

¿Pueden vivir con ingresos militares?

La discusión sobre los salarios en las Fuerzas Armadas ha sido un tema constante en los últimos años. Varios informes indican que los ingresos han perdido poder adquisitivo debido a la inflación, afectando especialmente a los rangos más bajos. Muchas personas en el servicio militar tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas únicamente con su salario militar.

Fuentes del ámbito militar señalan que la búsqueda de empleos secundarios ya era una práctica informal entre algunos miembros de las fuerzas. La nueva regulación busca formalizar estas actividades, permitiendo su desarrollo de manera registrada.

Migración de profesionales

La medida también resalta un desafío adicional para las Fuerzas Armadas: la retención de personal especializado. En los últimos años, se ha advertido sobre la migración de profesionales capacitados hacia el sector privado en busca de mejores condiciones económicas. Entre los perfiles más solicitados se encuentran pilotos, ingenieros, médicos y especialistas en áreas estratégicas.

La pérdida de estos recursos humanos es motivo de preocupación, debido al tiempo y la inversión necesarios para su capacitación. Además, las limitaciones presupuestarias afectan diversas áreas del sistema de defensa, incluyendo programas de equipamiento y mantenimiento operativo.

Mientras el Gobierno sostiene que las condiciones macroeconómicas mejorarán gradualmente el poder adquisitivo de los salarios públicos, sectores de las Fuerzas Armadas advierten que la situación actual ya está impactando en la moral del personal, su permanencia en la carrera militar y la capacidad de reclutamiento.