La Secretaría de Transporte anunció hoy que el Gobierno disminuirá los subsidios otorgados a las empresas encargadas del transporte de pasajeros de jurisdicción nacional.
Según lo informado por la Secretaría de Transporte, esta decisión se alinea con los objetivos planteados al comienzo de la gestión del gobierno de Javier Milei. En palabras del área dependiente del Ministerio de Infraestructura, se busca poner fin al congelamiento de tarifas heredado de la gestión anterior en trenes y colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para líneas de jurisdicción nacional, dando así mayor protagonismo a la tarifa para cubrir los costos operativos.
Esta medida implica una reducción significativa de los subsidios destinados a las empresas. Además, se elimina el Fondo Compensador del Interior a partir de este año, cuyos fondos también eran recibidos por las empresas prestadoras de servicios en el resto del país, fuera del AMBA.
La Secretaría de Transporte destacó que estas decisiones están en línea con el Pacto Fiscal firmado entre gobernadores provinciales y el gobierno nacional en 2017 y 2018. Este pacto se comprometía a eliminar progresivamente los subsidios diferenciales en materia de transporte para el AMBA, dejando a las provincias la definición de compensaciones tarifarias o subsidios al transporte público de pasajeros por automotor dentro de sus jurisdicciones.
Por otro lado, se aclaró que los usuarios que requieran del apoyo del Estado Nacional seguirán teniendo acceso al subsidio social en todo el territorio nacional donde funcione la tarjeta SUBE. Este subsidio implica un descuento del 55% en la tarifa del boleto del transporte público y está dirigido a todas las personas, independientemente de su lugar de residencia.
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La Secretaría enfatizó que la decisión del Estado nacional es que los fondos lleguen directamente a los ciudadanos, sin intermediarios, beneficiando así a quienes más lo necesitan.
Inflación en noviembre: se espera un índice por debajo del 3%
Las consultoras proyectan una desaceleración en los precios clave del mes.
Este miércoles, el INDEC revelará el índice de inflación de noviembre, una cifra que según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) se mantendrá por debajo del 3%. Consultoras como EcoGo, Analytica y Libertad y Progreso estiman un rango entre el 2,4% y el 3%, consolidando la desaceleración observada en octubre, cuando el aumento fue del 2,7%.
Inflación estimada: ¿qué proyectan las consultoras?
El REM del Banco Central proyectó un 2,9% de inflación para noviembre, cifra que coincide con el promedio estimado por 40 consultoras privadas. Equilibria pronosticó un 2,6%, destacando subas en alimentos y tarifas reguladas, mientras que Analytica registró un 2,7%, atribuyendo los aumentos a servicios como luz, gas y combustibles, además de productos estacionales.
Inflación por debajo del 3%: Factores determinantes del índice de noviembre
Diversos factores impulsaron los precios en noviembre. Los combustibles subieron un 2,8%, las tarifas de luz y gas aumentaron entre un 2,5% y 2,7%, y las prepagas un 5%. También hubo incrementos significativos en los colegios privados, especialmente en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires. A pesar de estas subas, la desaceleración general permitió mantener la inflación mensual en niveles bajos.
Este panorama refleja cómo los sectores regulados y los bienes con estacionalidad continúan presionando el índice general.
Relevancia económica y proyecciones a futuro
El dato de inflación tiene implicaciones clave para las políticas económicas del gobierno de Javier Milei, quien apuesta a reducir el crawling peg al 1% si la inflación se estabiliza en torno al 2,5% por tres meses consecutivos. Sin embargo, la variación mensual del 2,9% podría dificultar este objetivo.
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La expectativa de un índice por debajo del 3% genera optimismo, aunque las consultoras advierten que la estabilidad dependerá de la evolución de precios regulados y estacionales.
Milei anuncia profundas reformas económicas y de seguridad para 2025
El presidente argentino presentó un plan de reducción del Estado y cambios en políticas fiscales y de seguridad
Al cumplir su primer año de gestión, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional una serie de profundas reformas económicas y de seguridad que se implementarán en 2025. Estas medidas incluyen la reducción del Estado, modificaciones fiscales y políticas de seguridad más estrictas, con el objetivo de transformar el panorama social y económico de Argentina.
Reducción del Estado y reforma fiscal
Milei destacó la eliminación de múltiples organismos públicos y una reducción significativa de empleados estatales durante su primer año. Para 2025, planea cerrar el Banco Central y llevar a cabo una reforma fiscal que reducirá el 90% de los impuestos nacionales, devolviendo a las provincias su autonomía impositiva. Además, se eliminará el cepo cambiario, permitiendo la libre competencia de monedas, donde los ciudadanos podrán realizar transacciones en dólares u otras divisas, excepto para el pago de impuestos, que continuará en pesos.
Milei también subrayó la importancia de simplificar el sistema fiscal para alentar la inversión privada y dinamizar la economía. Según su visión, estas medidas no solo fortalecerán la independencia financiera de las provincias, sino que también reducirán la burocracia estatal.
Apertura comercial y tratados internacionales
En el ámbito internacional, el presidente propuso eliminar trabas arancelarias dentro del Mercosur y reducir el arancel externo común. Asimismo, anunció la intención de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos durante el próximo año, buscando una mayor apertura comercial y flexibilidad en las relaciones internacionales de Argentina.
Reformas ecónomicas y de seguridad
En materia de reformas económicas y de seguridad, Milei anunció la baja de la edad de imputabilidad, explicando que esta medida responde a su principio de que «quien sea suficientemente maduro para cometer un delito, debe serlo para enfrentar las consecuencias».
El año económico de Javier Milei: éxitos, controversias y retos futuros
Un balance entre logros económicos y desafíos sociales urgentes
El primer año de gestión de Javier Milei deja un panorama económico marcado por reformas profundas y decisiones polémicas. La estabilización macroeconómica, uno de los principales objetivos de su gobierno, ha generado avances notorios, pero también ha traído costos sociales que evidencian el impacto desigual de sus políticas.
Reformas económicas y sus efectos inmediatos
Durante su primer año, el gobierno aplicó un conjunto de políticas que incluyeron recortes de gasto público, dolarización parcial de la economía y desregulación de sectores clave. Estos cambios lograron frenar la escalada inflacionaria, dando un respiro a la macroeconomía y generando expectativas favorables en algunos mercados financieros.
El primer año económico de Javier Milei: Los desafíos sociales tras las políticas de ajuste
No obstante, las reformas vinieron acompañadas de un aumento significativo en los índices de pobreza y desempleo. La eliminación de subsidios esenciales y la reducción del gasto en áreas sociales impactaron fuertemente a los sectores más vulnerables, profundizando la desigualdad y generando críticas tanto de la oposición como de organizaciones civiles. Además, los efectos negativos de estas medidas se hicieron sentir de manera más marcada en las provincias menos desarrolladas del país, donde la red de contención social es más limitada. Este panorama ha encendido alertas sobre posibles tensiones sociales que podrían escalar si no se toman medidas correctivas oportunas.
Claves hacia 2025: ¿cómo resolver la dualidad?
De cara a los próximos años, el gobierno de Milei enfrenta una encrucijada: mantener la estabilidad económica alcanzada o enfocarse en una agenda más inclusiva que contemple las demandas sociales. La sostenibilidad política de las reformas dependerá de su capacidad para equilibrar ambas prioridades, en un contexto de creciente polarización y retos estructurales.
El primer año económico de Javier Milei evidencia tanto los logros de su agenda reformista como los costos que aún deben gestionarse. El balance hacia 2025 dependerá de las decisiones tomadas para reducir la brecha entre estabilidad económica y justicia social.