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Economía

CORREGIR SUBSIDIOS A ENERGÍA Y TRANSPORTE LLEVARÁ TRES AÑOS, CON UN «CAMBIO DE ENFOQUE», DIJO CAPUTO

El Gobierno planea una corrección paulatina de los subsidios a la energía y al transporte público de pasajeros que demandará tres años, en los que se aplicará una reducción equivalente a dos puntos del Producto Bruto Interno (PBI) con un «cambio de enfoque» que atenderá la demanda en vez de la oferta, aseguró el ministro de Economía, Luis Caputo.

«Los subsidios hoy, tanto de energía como de transporte, son dos puntos de producto», dijo Caputo en declaraciones al canal de cable La Nación+, en las que también aclaró que ese porcentaje es equivalente a US$ 10.000 millones.

El titular del Palacio de Hacienda explicó que esa corrección será gradual «a razón, aproximadamente, de un tercio por año» de ese total de 2 puntos del producto, en un proceso que se extendería hasta diciembre de 2026.

«Entonces, hoy estamos corrigiendo 0,7 de esos dos puntos, de los cuales 0,5 es de energía y 0,2 es de transporte», añadió, en lo que representaría, tomando los valores que el propio ministro expuso, un recorte de subsidios de cerca de US$ 2.500 millones anuales en energía (incluyendo electricidad y gas natural) y US$ 1.000 millones en transporte.

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El «cambio de enfoque» anunciado por Caputo apunta a dejar de concentrar los subsidios en las empresas prestadoras de los servicios y dárselos a los usuarios, a los efectos de poder diferenciarlos según su capacidad económica.

Ese aspecto fue puesto de manifiesto la semana pasada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, para quien «es absolutamente injusto» que por un lado haya una discriminación con el Interior, donde «hoy hay gente que paga mucho más de lo que se paga en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) y, por el otro, no se hagan distinciones entre usuarios socialmente vulnerable y otros de alto poder adquisitivo.

«Si yo salgo de Casa Rosada y me subo a un colectivo, aquel niño que hoy no tiene para alimentarse como corresponde me está pagando mi parte del boleto de colectivo que yo sí puedo pagar», puso como ejemplo en una conferencia de prensa.

En parte, ese cambio de paradigma comenzó a diseñarse a mediados del año pasado con la segmentación tarifaria del sector eléctrico, al establecer que los usuarios del Nivel 3 (consumos medios) tienen valores subsidiados hasta una demanda mensual de 400 kwh, pero que pagan la tarifa plena por los consumos que excedan ese tope.

En cuanto al transporte público, tanto en colectivos como en ferrocarriles, la identificación de los usuarios a través de la tarjeta SUBE podría facilitar esa política si se avanza en un entrecruzamiento de datos, pero se corre el riesgo que usuarios de alto poder adquisitivo utilicen plásticos de personas de menores recursos económicos.

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El grueso de los subsidios a sectores económicos se concentra en el sector energético y, dentro de él, las mayores transferencias se derivan a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), que distribuye las asistencias entre las compañías generadoras de energía eléctrica.

En cuanto a los subsidios al transporte, la mayor parte van a las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), razón por la que las tarifas del autotransporte de pasajeros en esa región son notoriamente menores a la del resto del país y suelen generar reclamos de varias provincias.

Al respecto, según datos del el Ministerio de Transporte relevados por la consultora Politikon Chaco, entre enero y septiembre de este año, considerando solamente los fondos en concepto de Fondo Compensador y Compensaciones tarifarias, el total distribuido alcanza los $ 284.027 millones, de los que el 79,6% fueron al AMBA.

Ese porcentaje supera al 77% que obtuvo la región en el mismo período de 2022 y, según la consultora, «agrava la situación de desproporcionalidad que reclaman las provincias» que en el mismo período pasaron de una participación del 23% al 20,4%.

Desde esa perspectiva, Caputo consideró que «los subsidios no son tales» sino que en definitiva «son también usos de los recursos públicos para hacer política, un perjuicio para los que menos tienen».

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Por ese motivo, remarcó que en la reducción de subsidios, a partir de reconocer que «hay diferentes sectores, se va a hacer una diferenciación entre los sectores que más lo necesitan y los que menos».

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Economía

Los gobernadores reclaman diálogo por el Presupuesto 2025

Presupuesto 2025 del gobierno nacional

La Casa Rosada rechaza flexibilizar las demandas provinciales

El gobierno nacional enfrenta presión por demandas provinciales en el Presupuesto 2025, pero reitera su postura intransigente sobre el déficit cero.

La tensión política crece alrededor del Presupuesto 2025, en medio de un firme rechazo por parte de la Casa Rosada hacia los reclamos de los gobernadores. La noche del miércoles, en una reunión virtual entre jefes provinciales y bloques legislativos, se consolidaron cinco demandas centrales que buscan modificar el proyecto presupuestario. Sin embargo, el Ejecutivo ha reafirmado que «el déficit cero no se negocia».

Demandas provinciales y rechazo presidencial

Los gobernadores, representados por Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo, plantearon la necesidad de una mesa de negociación para tratar los puntos críticos en sesiones extraordinarias. Las demandas incluyen:

  • Financiamiento del déficit de las cajas jubilatorias provinciales no transferidas.
  • Coparticipación de fondos específicos del impuesto a los combustibles.
  • Eliminación de aportes provinciales para financiar la Agencia de Recaudación.
  • Redistribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

A pesar de estas peticiones, el Ejecutivo, liderado por Javier Milei, ha dejado claro que el costo fiscal de las demandas, estimado en u$s4.000 millones, resulta inaceptable.

Presupuesto 2025 del gobierno nacional

Presupuesto 2025 del gobierno nacional: Una estrategia de endurecimiento

El gobierno ha condicionado cualquier posibilidad de diálogo a un apoyo explícito al presupuesto tal como está formulado. Sin embargo, la propuesta no incluye fondos para compensar la coparticipación ni contempla ajustes para las deudas relacionadas con las cajas jubilatorias provinciales.

La Casa Rosada considera que las concesiones anteriores a los gobernadores deberían ser suficientes para garantizar respaldo al proyecto actual.

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Impacto político y económico

La falta de consenso podría generar una parálisis presupuestaria que afectaría tanto a las provincias como al gobierno nacional. Sin sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo, los gobernadores y la oposición se encuentran sin mecanismos formales para presionar por modificaciones antes del cierre de las sesiones ordinarias la próxima semana.

En este contexto, los partidos opositores Encuentro Federal y Democracia para Siempre han solicitado una sesión especial para intentar frenar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que autoriza un canje de deuda sin aval legislativo, intensificando el conflicto.

Mientras tanto, los gobernadores enfrentan un escenario financiero crítico, con una baja en la recaudación y la presión electoral del próximo año en el horizonte.

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Economía

El FMI reducirá los sobrecargos que paga la Argentina en una decisión impulsada por EEUU

El FMI recortará los sobrecargos para países en crisis

En una decisión política que lidera Estados Unidos, el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobará hoy el recorte de sobrecargos FMI que paga la Argentina. Esta medida, que beneficiará también a Ucrania, Jordania, Kenia y otros países, implicará un ahorro anual cercano a los 400 millones de dólares para el país sudamericano, lo que aliviará en parte su situación financiera.

Los sobrecargos son intereses adicionales que el FMI cobra a los países que superan ciertos niveles de endeudamiento. Originalmente, se justificaban como una medida para ofrecer créditos más baratos comparados con los intereses del mercado. Sin embargo, este esquema se ha vuelto insostenible para muchas economías. En el caso de Argentina, en los últimos tres años pagó 3.700 millones de dólares en sobrecargos.

La decisión del recorte de sobrecargos FMI fue impulsada por la Casa Blanca con el objetivo de apoyar la economía de Ucrania, que se encuentra en guerra contra Rusia desde 2022. Argentina, junto con otros 21 países, también se beneficiarán de esta medida. «Las investigaciones muestran que los recargos del FMI son procíclicos y regresivos», afirmaron diversos economistas en una carta dirigida al directorio del FMI, entre los firmantes se encuentran Joseph Stiglitz, Martín Guzmán y Thomas Piketty.

Los efectos del recorte de sobrecargos FMI para Argentina

El recorte de los sobrecargos podría significar un alivio significativo para las arcas del Banco Central argentino, cuyas reservas se encuentran en una situación crítica. Según los cálculos del Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, la Argentina podría ahorrar cerca de 400 millones de dólares al año, lo cual representaría un respiro en su aguda crisis financiera.

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La medida, que requiere el 70% de los votos del directorio del FMI, tiene garantizado el apoyo de Estados Unidos y sus aliados del G7. El informe técnico presentado por los asesores del Fondo propone aumentar el umbral que determina el inicio de los sobrecargos, reducir las tasas aplicables y bajar la tasa básica del 2% al 1%.

Impacto global del recorte de sobrecargos FMI

Esta decisión, que será discutida hoy, no solo impactará a Argentina, sino también a países como Costa Rica, Ecuador, Egipto y Pakistán, entre otros. Los sobrecargos que superaban el 2% ahora se aplicarán solo en deudas que excedan el 300% de la cuota asignada, en lugar del 187,5% actual. Esto representa una significativa modificación en las políticas crediticias del FMI, facilitando la situación financiera de los países afectados.

Argentina, que enfrenta una de las crisis económicas más profundas de su historia reciente, se beneficiará del recorte de sobrecargos, aunque los expertos advierten que la medida es un parche a la situación de fondo y que el país necesita reformas estructurales para mejorar su situación financiera de manera sostenida.

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Economía

Plan de contingencia energética: medidas para el verano

El Gobierno busca mitigar los cortes de luz en medio de la crisis del sistema eléctrico.

El Gobierno ha lanzado un plan de contingencia energética para mitigar los cortes de luz durante el próximo verano, ante la situación crítica de la red de suministro eléctrico. La estrategia, establecida mediante la Resolución 294/2024 de la Secretaría de Energía, tiene como objetivo mejorar la oferta, el transporte y la distribución de energía. Además, se prevén cortes programados en industrias y comercios para preservar el suministro en hogares.

El plan abarca el período 2024/2026, centrado en la importación de energía de países limítrofes durante los días de mayor demanda, principalmente en las horas pico. CAMMESA será responsable de definir esos momentos críticos.

Medidas para las empresas eléctricas

El plan de contingencia energética también establece que las empresas concesionarias deberán presentar, en un plazo de 15 días, un programa detallado de Atención a las Contingencias. Este documento deberá incluir medidas preventivas de mantenimiento para evitar fallas, la disponibilidad de Unidades de Generación Móvil (UGEM) y centros de atención telefónica continua para atender las consultas de los usuarios.

El programa deberá detallar acciones preventivas para evitar mayores fallos en la infraestructura, asegurando su máxima capacidad. Las empresas también estarán obligadas a tener un esquema de atención proactiva hacia los usuarios, con información precisa sobre el servicio y los posibles cortes.

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Plan de contingencia energética

Plan de contingencia energética para grandes usuarios

En el marco del plan de contingencia energética, el Gobierno implementará un esquema para gestionar la demanda de los Grandes Usuarios Mayores (GUMAS). Este mecanismo, de carácter voluntario y remunerado, permitirá reducir la carga de estos consumidores durante los días de mayor exigencia. Los GUMAS, con un consumo superior a 10 MW, podrán ofrecer una reducción programada de su demanda, lo que ayudará a evitar sobrecargas en la red.

Seguimiento del plan

El Comité de Seguimiento del Plan de Contingencia, conformado por diversos actores del sector energético, será el encargado de monitorear la implementación de las medidas. Este comité podrá convocar a otros organismos, como el Servicio Meteorológico Nacional, para evaluar la situación en función de las condiciones climáticas.

Por último, el Gobierno ha instado a las provincias a adoptar medidas similares dentro de sus jurisdicciones para asegurar la efectividad del plan y mitigar los cortes en todo el país.

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