Madres claman por la implementación de la ‘Ley Joaquín’ en el Congreso

Un grupo de madres de diversas regiones del país se reunió esta semana en el Congreso de la Nación para exigir el avance en el tratamiento de una legislación destinada a combatir la violencia vicaria. Este encuentro se centró en la presentación del proyecto conocido como “Ley Joaquín”, que surgió a raíz del trágico caso de Joaquín Ruffo, un niño de 8 años asesinado por su padre en Lomas de Zamora, un suceso que conmovió a la sociedad en su conjunto.

La reunión tuvo lugar en el contexto de una sesión conjunta de las comisiones de Mujeres y Diversidad y de Familia, Niñez y Juventudes. Durante más de tres horas, víctimas, representantes de organizaciones y expertos compartieron sus testimonios sobre las devastadoras implicancias de la violencia vicaria y solicitaron cambios en los procedimientos judiciales y en los sistemas de protección.

Recolección de firmas

Uno de los relatos más conmovedores fue el de Natalia Ciak, madre de Joaquín Ruffo, quien compartió el profundo dolor que siente desde el asesinato de su hijo. “Apoyé que la ley lleve su nombre para honrarlo, pero no debería ser así, mi alma está destrozada”, declaró ante los medios de comunicación presentes.

Simultáneamente al debate legislativo, Ciak está llevando a cabo una campaña de recolección de firmas para apoyar el anteproyecto. Ha expresado públicamente las luchas emocionales que enfrenta tras la muerte de su hijo. “Nunca pensé que viviría algo así”, comentó. Además, describió su experiencia diaria del duelo: “Apenas han pasado 9 meses desde la muerte de Joa, y el dolor es inmenso; me despierto cada día tratando de aprender a vivir con esto…”. También agregó: “A veces me quedo sin palabras… sin energía”.

La propuesta legislativa tiene como objetivo establecer mecanismos de prevención y respuesta ante situaciones de violencia vicaria, así como definir protocolos de intervención y coordinar esfuerzos institucionales para la protección de niños, niñas y adolescentes.

El caso Joaquín Ruffo

Este anteproyecto lleva el nombre de Joaquín Ruffo, quien falleció el 5 de agosto de 2025 en una vivienda ubicada en Díaz Vélez al 100, en Lomas de Zamora. La investigación judicial determinó que Alejandro Ruffo, su padre, le quitó la vida tras enterarse de que su esposa había solicitado el divorcio. La autopsia reveló que el niño murió por “asfixia por compresión extrínseca de cuello”.

Según la causa, el acusado habría actuado con la intención de dañar a la madre del menor. Además, se informó que habría expresado que lo hizo para “enviar un mensaje”.

Después del crimen, Ruffo intentó suicidarse y fue ingresado en el Hospital Gandulfo, donde permaneció varias semanas. Posteriormente, confesó su acto y fue detenido bajo la acusación de “homicidio triplemente agravado por el vínculo, por alevosía y con el fin de causar sufrimiento a su cónyuge”.

Meses después, el hombre perdió la vida en la Unidad Penitenciaria N°34 de Melchor Romero, donde se encontraba bajo prisión preventiva a la espera de ser juzgado. Según las versiones, fue encontrado colgado con una sábana en su celda del pabellón 4. Aunque sus compañeros intentaron ayudarlo, confirmaron su fallecimiento en el lugar.

Crisis en Bolivia: Bloqueos en Siete Departamentos Generan Desabastecimiento y Pérdidas Millonarias

La situación en Bolivia se agrava con una crisis política y social que ha desencadenado bloqueos en siete departamentos, generando complicaciones en el suministro de alimentos, combustibles y medicamentos, así como pérdidas económicas significativas.

Las manifestaciones han cobrado fuerza en las últimas horas, afectando principalmente a las ciudades de La Paz y El Alto, mientras el Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira se encuentra en estado de alerta ante la creciente tensión.

Situación Actual

De acuerdo con la información proporcionada por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), se han identificado al menos 54 puntos de bloqueo en rutas, con mayor concentración en La Paz, Oruro, Cochabamba y Potosí. También se han reportado cortes en Santa Cruz, Pando y Chuquisaca, mientras que los departamentos de Beni y Tarija operan con normalidad.

El inicio de la crisis se atribuye a las demandas de organizaciones campesinas, mineros, maestros y trabajadores de fábricas, pero las movilizaciones han evolucionado hacia un pedido más amplio de cambio político dirigido al Gobierno nacional.

A medida que avanzan los días, sectores afines al expresidente Evo Morales y diversos sindicatos se han unido a las protestas, exigiendo la renuncia de Rodrigo Paz Pereira y la convocatoria a elecciones anticipadas.

En este marco, miembros de la Central Obrera Boliviana (COB) realizaron una marcha en el centro de La Paz, llegando hasta la plaza Murillo y la Casa Grande del Pueblo, que se encontraban bajo fuerte resguardo policial y militar.

Orden de Aprehensión

La tensión se ha intensificado tras el anuncio del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, sobre la emisión de órdenes de aprehensión contra Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, así como otros 24 líderes vinculados a las protestas. Carlos Gutiérrez, dirigente fabril de Cochabamba, alertó que las medidas de protesta podrían endurecerse si se procediera a la detención de Argollo.

El impacto económico se hace evidente, con la Cámara Nacional de Industrias (CNI) reportando pérdidas que ya superan los 600 millones de dólares debido a la paralización del transporte, la actividad industrial y las cadenas de suministro.

La Justicia examina los lazos entre Manuel Adorni y la productora de Marcelo Grandio por pagos de la TV Pública

Recientemente, se han añadido nuevos datos a la investigación judicial que indaga sobre las relaciones entre Manuel Adorni y la productora de Marcelo Grandio. Documentos oficiales han indicado que IMHOUSE S.A., asociada al periodista y empresario, recibió más de $3 millones en pagos mensuales de la TV Pública, en el contexto del programa “Enredados”.

Estos hallazgos contradicen las afirmaciones del jefe de Gabinete, quien en su último informe ante el Congreso afirmó que el canal estatal “no había realizado pagos a IMHOUSE S.A.”.

Qué dicen los registros sobre la productora de Marcelo Grandio

De acuerdo con una investigación de medios, Radio y Televisión Argentina (RTA) efectuó pagos a la productora desde octubre de 2025. El contrato de coproducción fue firmado por Carlos María Curci González, interventor de Medios Públicos, y Horacio Silva, representante de IMHOUSE.

El programa “Enredados”, liderado por Marcelo Grandio, comenzó su transmisión en la TV Pública en streaming desde septiembre del año anterior. La documentación indica que existen al menos seis contratos relacionados con la producción.

La conexión entre Manuel Adorni y la productora de Grandio está siendo analizada por el sistema judicial, debido a preocupaciones sobre posibles conflictos de intereses y negociaciones inapropiadas en el ámbito público.

La conexión entre Adorni y Grandio

Este vínculo se remonta a varios años atrás, donde incluso colaboraron en proyectos televisivos, como el programa “Gritalo!”, transmitido por Canal Metro y también producido por IMHOUSE S.A.

Grandio ha descrito a Adorni en diversas ocasiones como un “colega y amigo eterno”. Esta cercanía ha sido objeto de escrutinio tras revelarse que Horacio Silva financió un vuelo privado en el que ambos viajaron desde Punta del Este.

Frente a estas sospechas, la Justicia ha decidido peritar las comunicaciones entre el funcionario y el empresario para investigar si hubo gestiones directas relacionadas con los contratos firmados con el Estado.

Cómo justificó el Gobierno los pagos

Desde la Casa Rosada, se afirmó que la relación entre RTA e IMHOUSE corresponde a un contrato de coproducción que se basa en ingresos publicitarios.

Según la explicación proporcionada, la productora enviaba órdenes de publicidad mensualmente y, tras verificar las transmisiones, la TV Pública emitía las facturas correspondientes. En los casos donde los ingresos no cubrían los costos de producción, se realizaba una compensación administrativa entre las partes.

El Gobierno subrayó que estas transacciones no implicaron desembolsos directos y que las órdenes de pago registradas son parte de mecanismos contables internos relacionados con compensaciones de facturación.

Mientras tanto, la causa judicial sigue su curso para determinar si ha habido irregularidades en la relación entre funcionarios públicos y la productora.