Hoy, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitió dictamen sobre un proyecto que pretende fortalecer el sistema de justicia penal de Santa Fe para combatir mejor el crimen organizado, el narcotráfico y la violencia que se vive en todo Rosario.
DIPUTADOS: IMPULSAN PROYECTO PARA MEJORAR EL SISTEMA JUDICIAL DE SANTA FE
Hace unas semanas, las Comisiones de Justicia y de Legislación Penal dieron su apoyo a esta iniciativa en sesión plenaria. Como resultado, ahora está lista para ser debatida en la próxima reunión de la Cámara de Diputados que el Frente de Todos pretende organizar el martes.
Cuarenta legisladores firmaron el dictamen al término de la reunión y Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto del Frente de Todos, lo dio a conocer.
Al iniciar el debate, Heller sostuvo que «seguimos avanzando porque esta es una parte, porque se requieren nuevas estructuras, personal, edificios, insumos» y destacó que se pidió a la Oficina de Presupuesto un informe sobre el impacto económico de la iniciativa.
Se trata de un proyecto presentado por el legislador del Frente de Todos (FdT) Roberto Mirabella y que es respaldado por los diputados santafesinos del oficialismo y de la oposición.
La iniciativa busca crear 27 fiscalías federales, 15 de ellas en Rosario; nueve defensorías y seis juzgados federales, así como seis cargos de juez penal federal con funciones de revisión, 50 cargos en total, con el fin de poder avanzar con mayor rapidez con las causas penales.
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Heller consideró que «este tema excede el tema del funcionamiento de la justicia» y dijo que «el narcotráfico lo vamos a resolver cuando se resuelva que se hace con la plata».
«El gran tema del mundo es cómo se impide que el dinero ilegal se vuelva blanco y circule y permita hacer negocios», completó.
En el marco de la reunión se produjo un fuerte cruce entre el legislador del FDT, Marcos Cleri, quien acusó a la oposición de «trabar todo» y responsabilizó a Juntos por el Cambio y al Socialismo por la situación que atraviesa Rosario.
El socialista Enrique Estévez rechazó esas afirmaciones y tildó de «mentiroso» y «provocador» al diputado oficialista, a la vez que reclamó al Senado que designe los integrantes de la comisión Bicameral de Monitoreo e implementación del Código Procesal Penal Federal.
«Esta situación es responsabilidad de quiénes gobernaron los últimos 40 años la provincia donde avanzó el crimen organizado por políticas de ajuste y neoliberalismo. Lo que estamos padeciendo en Rosario tiene que ver con políticas de planificación. Yo vivo en Rosario. Nosotros tenemos un verdadero compromiso», aseguró Cleri, al rechazar cuestionamientos de legisladores de la oposición.
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Previamente, el diputado radical por Santa Fe, Juan Martín, sostuvo que «no se va a resolver el problema» con esta iniciativa, en tanto que su par de bloque, Mario Barletta, cuestionó al oficialismo y afirmó: «No vayan a creer que es un tema de la provincia de Santa Fe, en Buenos Aires es 10 veces peor», a la vez que se preguntó: «Hasta dónde está preocupado el Gobierno nacional si no incorporó en extraordinarias este tema».
El debate se desarrolló tras la publicación la semana pasada del informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, en el que se informa el impacto económico que tendrá la aplicación de esa iniciativa, como realiza ese organismo parlamentario cuando se requiere un estudio sobre la influencia económica de un proyecto.
De acuerdo con la Oficina de Presupuesto «el impacto fiscal de la propuesta legislativa es de $1.106 millones anuales, aproximadamente».
«El proyecto propone la creación de 50 cargos, 36 en el Ministerio Público y 14 en el Poder Judicial, sin prever el detalle de las estructuras que los contienen», señala.
Según el organismo, las erogaciones en personal se estiman en «$1.564 millones, parcialmente compensadas por el ingreso de aportes y contribuciones a la Seguridad Social y el pago de Impuesto a las Ganancias que quedan en la Administración Nacional».
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En tanto, debe conformarse la Comisión bicameral de Implementación del Código Procesal Penal Federal, que aún debe nombrar a los senadores que la integrarán, ya que los diputados fueron designados.
Uno de los puntos esenciales del proyecto plantea que «quienes sean titulares de las Fiscalías Federales ante los Juzgados, Cámaras y tribunales orales de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, podrán desempeñarse simultáneamente ante los jueces con función de garantía, revisión, de juicio y ejecución del Distrito fiscal correspondiente a su asiento».
Propuesta legislativa para sancionar el encubrimiento familiar en femicidios
Un nuevo proyecto en Diputados busca sancionar a quienes encubran femicidios, modificando el Código Penal para asegurar una respuesta más efectiva ante la violencia de género.
Propuesta legislativa para sancionar el encubrimiento familiar en femicidios
En la Cámara de Diputados se ha introducido un proyecto que busca reformar el Código Penal para penalizar a aquellos familiares y personas cercanas que intervengan activamente en acciones destinadas a encubrir femicidios.
La iniciativa, promovida por el diputado Guillermo Michel de Unión por la Patria, pretende restringir la aplicación de la llamada «excusa absolutoria familiar», una figura legal que actualmente protege a ciertos allegados que apoyan a un familiar o amigo implicado en un crimen.
Modificaciones propuestas
El proyecto sugiere una enmienda al artículo 277, inciso 4°, del Código Penal, de modo que la exención no se aplique a quienes, de forma intencionada, colaboren en ocultar pruebas o interfieran en las indagaciones relacionadas con femicidios y homicidios vinculados a la violencia de género.
El texto aclara que no se obliga a las personas a denunciar a sus familiares ni se castiga el silencio o la negativa a declarar ante la Justicia. La propuesta se enfoca únicamente en sancionar acciones activas que busquen obstaculizar la investigación de estos delitos.
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Conductas susceptibles de sanción
Se consideran encubrimiento conductas como la destrucción u ocultación de evidencias, la alteración de la escena del crimen, la eliminación de pruebas relevantes o la provisión de información engañosa a las autoridades.
Según el legislador, cuando un allegado al autor colabora conscientemente en estas acciones, deja de actuar por un vínculo familiar o emocional y se convierte en cómplice de la impunidad de un delito grave.
El proyecto sostiene que la protección de la intimidad familiar no puede ser un obstáculo para la investigación y la sanción de delitos que vulneran los derechos fundamentales de las mujeres.
Conformidad con compromisos internacionales
Además, la iniciativa tiene como meta alinear la legislación argentina con los compromisos adquiridos en la Convención de Belém do Pará y otros instrumentos internacionales de derechos humanos que demandan respuestas efectivas frente a la violencia de género.
En este contexto, el proyecto enfatiza que combatir la impunidad no solo implica sancionar a los autores directos de femicidios, sino también erradicar normativas que puedan obstaculizar las investigaciones o favorecer la falta de justicia.
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Si se aprueba en el Congreso, esta propuesta representaría un cambio significativo en el tratamiento penal de aquellos que colaboran en el encubrimiento de tales delitos.
Iniciativa para Regular el Consumo de Agua en la Provincia de Buenos Aires
Un nuevo proyecto de ley en la Provincia de Buenos Aires busca restringir el uso de agua potable en edificios y comercios, priorizando su reutilización y optimización.
Proyecto presentado por Malena Galmarini
Un nuevo proyecto de ley ha sido introducido por los legisladores de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de restringir el consumo de agua potable en edificios y comercios. Esta propuesta se aplicaría especialmente a negocios como los lavaderos de autos, y es impulsada por Malena Galmarini.
Malena Galmarini, quien ha adquirido una sólida experiencia en gestión hídrica tras su paso por la dirección de AySA, argumenta que países extranjeros han implementado con éxito normativas similares. En esos lugares, el agua es reciclada y reutilizada, mientras que en Argentina se continúa desperdiciando, especialmente en actividades como el lavado de vehículos, donde se pierden miles de litros a diario.
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GALMARINI FUE TITULAR DE AYSA
¿Cómo se limitará el uso de agua potable?
La propuesta incluye la adopción de tecnologías modernas que reduzcan el consumo de agua en actividades de limpieza y mantenimiento. Según Galmarini, existen herramientas que permiten realizar las mismas funciones con un uso de agua significativamente menor que los métodos convencionales.
Uno de los focos principales de la propuesta está en los lavaderos de vehículos. Se sugiere que estos negocios utilicen agua de pozo o industrial en lugar de agua potable, siempre que se cumplan las condiciones ambientales y sanitarias. Además, los lavaderos deben instalar equipamiento que optimice el uso del agua.
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La medida también aplicará a los consorcios
Asimismo, la iniciativa prevé que los comercios y servicios con alto consumo de agua adopten estrategias para reutilizar el agua utilizada en sus procesos de lavado.
En lo que respecta a edificios residenciales, se plantea que los consorcios más grandes implementen dispositivos que regulen el flujo y la presión del agua para evitar su desperdicio.
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Galmarini enfatiza que la implementación de estas medidas podría resultar en un ahorro significativo de agua en las ciudades de la provincia, al mismo tiempo que reduciría los costos operativos para los vecinos, comerciantes y prestadores de servicios. Su experiencia en el sector hídrico, tras haber liderado AySA entre 2019 y 2023, respalda esta propuesta que busca mejorar la gestión del agua en la región.
Propuesta en el Congreso Argentino busca regular la eutanasia y la muerte asistida
Un nuevo proyecto en el Congreso Argentino busca regular la eutanasia y la muerte asistida, generando un intenso debate sobre derechos y ética médica.
Propuesta en el Congreso Argentino busca regular la eutanasia y la muerte asistida
En el Congreso de Argentina se ha presentado una iniciativa destinada a legalizar la eutanasia y la muerte asistida, reavivando un debate de gran relevancia y controversia en la sociedad.
El diputado nacional Esteban Paulón es el autor de este proyecto, el cual tiene como objetivo reconocer el derecho de las personas que sufren enfermedades graves o incurables a solicitar ayuda médica para finalizar su vida de forma voluntaria y digna, bajo rigurosos controles.
Detalles del proyecto sobre eutanasia y muerte asistida
La propuesta contempla dos enfoques distintos.
Primero, la eutanasia, que consiste en la administración de una sustancia letal por parte de un profesional de la salud, a solicitud del paciente.
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En segundo lugar, la muerte asistida voluntaria, donde la persona se autoadministra el medicamento recetado por un médico.
El proyecto establece que ambos métodos deberán contar con cobertura obligatoria en hospitales públicos, así como en obras sociales y empresas de medicina prepaga.
Requisitos para acceder a estos procedimientos
De acuerdo con la propuesta, podrán solicitar el procedimiento aquellas personas que presenten:
Una enfermedad grave e incurable.
Un estado crónico irreversible.
Un sufrimiento físico o psíquico que se considere intolerable.
Además, es necesario que la persona exprese su voluntad de manera libre, informada y de forma reiterada.
La iniciativa estipula que se requerirán al menos dos solicitudes en diferentes momentos y asegura el derecho a revocar la decisión en cualquier etapa del proceso.
Controles y supervisión médica necesarios
El proyecto incluye diversas evaluaciones que deberán llevarse a cabo antes de autorizar el procedimiento.
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Valoración por parte del médico tratante.
Participación de un equipo interdisciplinario.
Revisión por un médico independiente.
Dictamen de una comisión evaluadora obligatoria.
Asimismo, se permite establecer directrices anticipadas para solicitar la muerte asistida en caso de que la persona pierda su capacidad de decidir en el futuro.
Un debate que regresa al ámbito legislativo
La discusión en torno a la eutanasia y la muerte asistida no es una temática reciente en Argentina.
En años anteriores, se han presentado propuestas similares por parte de diferentes legisladores, pero ninguna ha avanzado hasta convertirse en ley.
Recientemente, el tema ha cobrado relevancia a nivel internacional, impulsado por casos de gran impacto mediático en Europa y América, lo que ha reabierto el diálogo sobre la autonomía personal, los cuidados paliativos, la ética médica y el papel del Estado en decisiones relacionadas con el final de la vida.
El proyecto también reconoce la objeción de conciencia para los médicos y profesionales de la salud, aunque prohíbe que las instituciones de salud utilicen este argumento para denegar el acceso a estos procedimientos.