La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó hoy la Ley de Precios Justos en Cada Municipio y el proyecto que actualiza las multas y sanciones para quienes infrinjan el Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Usuarios y Consumidores, ambos impulsados por el Frente de Todos.
Luego de su media sanción en el Senado, finalmente el proyecto de Precios Justos y alimentación saludable en los municipios es ley en la Provincia.
La iniciativa, con la autoría de Francisco ‘Paco’ Durañona, busca darle la potestad a los gobiernos locales de controlar el cumplimiento de los acuerdos de precios y de góndolas, según la Ley de los derechos de Usuarios y Consumidores.
«Para asegurar esto, es necesaria la concurrencia y el fortalecimiento de los gobiernos locales, que son el ámbito más próximo a la ciudadanía. Las acciones que tomemos en este sentido serán realmente efectivas en la medida que lleguen a los lugares donde la gente vive y así mejoren su calidad de vida», expresó Durañona.
Enmarcada en la Ley nacional 27.642 de alimentación saludable, la nueva legislación modifica la Ley 13.133 con el objetivo de garantizar el acceso pleno de la población a los productos en las góndolas con precios justos.
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«Conseguimos los acuerdos necesarios para que esta Ley salga y sea una herramienta más que la provincia y los municipios tendrán para hacerle frente a la concentración», aclaró el legislador.
La iniciativa propone consolidar y fortalecer a las autoridades locales de aplicación y a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMICs), incorporándolas en cada municipio.
“Además de leyes y medidas nacionales, ahora podremos garantizar el acceso pleno a los alimentos para que sean saludables y accesibles en cada uno de los 135 municipios brindando y fortaleciendo la autonomía municipal y siendo un gran aporte a la Ley de Defensa de los y las Consumidoras”, expresó el legislador.
Además, se aprobó la Ley impulsada por la senadora Gabriela Demaría que busca actualizar las multas para quienes no cumplan con los derechos de las y los consumidores.
“El tope pasaría de 500 mil a 272 millones de pesos, con una fórmula móvil de actualización automática que evitará su depreciación”, informó.
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El artículo 2 de la ley establece que “el Gobierno Provincial deberá formular políticas enérgicas de protección de los consumidores y usuarios, dentro del marco constitucional de competencias, y establecer una infraestructura adecuada que permita aplicarlas».
» Las medidas de protección al consumidor se deberán aplicar en beneficio de todos los sectores de la población y acentuarse respecto de los consumidores hípervulnerables que pertenezcan a colectivos sociales afectados por causales de vulnerabilidad agravada, desfavorecidos o en desventaja, tales como las niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad, entre otros, que se vean afectadas por circunstancias que provoquen especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos como consumidores”, añade.
De esta manera, la senadora sostuvo que “es un deber del Estado auxiliar a los colectivos sociales más desfavorecidos, implementando políticas que atiendan a sus circunstancias y necesidades particulares”.
Para finalizar, Durañona explicó que ambos proyectos “se integran creando herramientas extraordinarias y vitales tanto para los municipios como para el funcionamiento de las oficinas municipales y así defender correctamente a los vecinos y vecinas que viven en nuestras comunidades”.
Los gobernadores reclaman diálogo por el Presupuesto 2025
La Casa Rosada rechaza flexibilizar las demandas provinciales
El gobierno nacional enfrenta presión por demandas provinciales en el Presupuesto 2025, pero reitera su postura intransigente sobre el déficit cero.
La tensión política crece alrededor del Presupuesto 2025, en medio de un firme rechazo por parte de la Casa Rosada hacia los reclamos de los gobernadores. La noche del miércoles, en una reunión virtual entre jefes provinciales y bloques legislativos, se consolidaron cinco demandas centrales que buscan modificar el proyecto presupuestario. Sin embargo, el Ejecutivo ha reafirmado que «el déficit cero no se negocia».
Demandas provinciales y rechazo presidencial
Los gobernadores, representados por Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo, plantearon la necesidad de una mesa de negociación para tratar los puntos críticos en sesiones extraordinarias. Las demandas incluyen:
Financiamiento del déficit de las cajas jubilatorias provinciales no transferidas.
Coparticipación de fondos específicos del impuesto a los combustibles.
Eliminación de aportes provinciales para financiar la Agencia de Recaudación.
Redistribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
A pesar de estas peticiones, el Ejecutivo, liderado por Javier Milei, ha dejado claro que el costo fiscal de las demandas, estimado en u$s4.000 millones, resulta inaceptable.
Presupuesto 2025 del gobierno nacional: Una estrategia de endurecimiento
El gobierno ha condicionado cualquier posibilidad de diálogo a un apoyo explícito al presupuesto tal como está formulado. Sin embargo, la propuesta no incluye fondos para compensar la coparticipación ni contempla ajustes para las deudas relacionadas con las cajas jubilatorias provinciales.
La Casa Rosada considera que las concesiones anteriores a los gobernadores deberían ser suficientes para garantizar respaldo al proyecto actual.
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Impacto político y económico
La falta de consenso podría generar una parálisis presupuestaria que afectaría tanto a las provincias como al gobierno nacional. Sin sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo, los gobernadores y la oposición se encuentran sin mecanismos formales para presionar por modificaciones antes del cierre de las sesiones ordinarias la próxima semana.
En este contexto, los partidos opositores Encuentro Federal y Democracia para Siempre han solicitado una sesión especial para intentar frenar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que autoriza un canje de deuda sin aval legislativo, intensificando el conflicto.
Mientras tanto, los gobernadores enfrentan un escenario financiero crítico, con una baja en la recaudación y la presión electoral del próximo año en el horizonte.
El FMI reducirá los sobrecargos que paga la Argentina en una decisión impulsada por EEUU
El FMI recortará los sobrecargos para países en crisis
En una decisión política que lidera Estados Unidos, el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobará hoy el recorte de sobrecargos FMI que paga la Argentina. Esta medida, que beneficiará también a Ucrania, Jordania, Kenia y otros países, implicará un ahorro anual cercano a los 400 millones de dólares para el país sudamericano, lo que aliviará en parte su situación financiera.
Los sobrecargos son intereses adicionales que el FMI cobra a los países que superan ciertos niveles de endeudamiento. Originalmente, se justificaban como una medida para ofrecer créditos más baratos comparados con los intereses del mercado. Sin embargo, este esquema se ha vuelto insostenible para muchas economías. En el caso de Argentina, en los últimos tres años pagó 3.700 millones de dólares en sobrecargos.
La decisión del recorte de sobrecargos FMI fue impulsada por la Casa Blanca con el objetivo de apoyar la economía de Ucrania, que se encuentra en guerra contra Rusia desde 2022. Argentina, junto con otros 21 países, también se beneficiarán de esta medida. «Las investigaciones muestran que los recargos del FMI son procíclicos y regresivos», afirmaron diversos economistas en una carta dirigida al directorio del FMI, entre los firmantes se encuentran Joseph Stiglitz, Martín Guzmán y Thomas Piketty.
Los efectos del recorte de sobrecargos FMI para Argentina
El recorte de los sobrecargos podría significar un alivio significativo para las arcas del Banco Central argentino, cuyas reservas se encuentran en una situación crítica. Según los cálculos del Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, la Argentina podría ahorrar cerca de 400 millones de dólares al año, lo cual representaría un respiro en su aguda crisis financiera.
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La medida, que requiere el 70% de los votos del directorio del FMI, tiene garantizado el apoyo de Estados Unidos y sus aliados del G7. El informe técnico presentado por los asesores del Fondo propone aumentar el umbral que determina el inicio de los sobrecargos, reducir las tasas aplicables y bajar la tasa básica del 2% al 1%.
Impacto global del recorte de sobrecargos FMI
Esta decisión, que será discutida hoy, no solo impactará a Argentina, sino también a países como Costa Rica, Ecuador, Egipto y Pakistán, entre otros. Los sobrecargos que superaban el 2% ahora se aplicarán solo en deudas que excedan el 300% de la cuota asignada, en lugar del 187,5% actual. Esto representa una significativa modificación en las políticas crediticias del FMI, facilitando la situación financiera de los países afectados.
Argentina, que enfrenta una de las crisis económicas más profundas de su historia reciente, se beneficiará del recorte de sobrecargos, aunque los expertos advierten que la medida es un parche a la situación de fondo y que el país necesita reformas estructurales para mejorar su situación financiera de manera sostenida.
Plan de contingencia energética: medidas para el verano
El Gobierno busca mitigar los cortes de luz en medio de la crisis del sistema eléctrico.
El Gobierno ha lanzado un plan de contingencia energética para mitigar los cortes de luz durante el próximo verano, ante la situación crítica de la red de suministro eléctrico. La estrategia, establecida mediante la Resolución 294/2024 de la Secretaría de Energía, tiene como objetivo mejorar la oferta, el transporte y la distribución de energía. Además, se prevén cortes programados en industrias y comercios para preservar el suministro en hogares.
El plan abarca el período 2024/2026, centrado en la importación de energía de países limítrofes durante los días de mayor demanda, principalmente en las horas pico. CAMMESA será responsable de definir esos momentos críticos.
Medidas para las empresas eléctricas
El plan de contingencia energética también establece que las empresas concesionarias deberán presentar, en un plazo de 15 días, un programa detallado de Atención a las Contingencias. Este documento deberá incluir medidas preventivas de mantenimiento para evitar fallas, la disponibilidad de Unidades de Generación Móvil (UGEM) y centros de atención telefónica continua para atender las consultas de los usuarios.
El programa deberá detallar acciones preventivas para evitar mayores fallos en la infraestructura, asegurando su máxima capacidad. Las empresas también estarán obligadas a tener un esquema de atención proactiva hacia los usuarios, con información precisa sobre el servicio y los posibles cortes.
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Plan de contingencia energética para grandes usuarios
En el marco del plan de contingencia energética, el Gobierno implementará un esquema para gestionar la demanda de los Grandes Usuarios Mayores (GUMAS). Este mecanismo, de carácter voluntario y remunerado, permitirá reducir la carga de estos consumidores durante los días de mayor exigencia. Los GUMAS, con un consumo superior a 10 MW, podrán ofrecer una reducción programada de su demanda, lo que ayudará a evitar sobrecargas en la red.
Seguimiento del plan
El Comité de Seguimiento del Plan de Contingencia, conformado por diversos actores del sector energético, será el encargado de monitorear la implementación de las medidas. Este comité podrá convocar a otros organismos, como el Servicio Meteorológico Nacional, para evaluar la situación en función de las condiciones climáticas.
Por último, el Gobierno ha instado a las provincias a adoptar medidas similares dentro de sus jurisdicciones para asegurar la efectividad del plan y mitigar los cortes en todo el país.