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Política

LA JUSTICIA AUTORIZÓ EL PAGO DEL PROGRAMA POTENCIAR TRABAJO Y MAÑANA COMIENZA A DEPOSITARSE

El ministerio de Desarrollo Social de la Nación recibió de la Justicia la autorización para avanzar con el procedimiento de liquidación del Potenciar Trabajo correspondiente al mes de noviembre, por lo que mañana comenzarán a ver depositado el monto en sus cuentas bancarias las y los titulares de este programa, según se informó oficialmente.

Según se consignó desde la cartera que conduce Victoria Tolosa Paz, la autorización fue recibida hoy en respuesta a un pedido formulado ante juez Ariel Lijo, a cargo de una causa que se sigue sobre presuntas incompatibilidades en el padrón de este programa social.

La intención de las autoridades de Desarrollo Social era que el análisis caso por caso que se lleva a cabo en la Justicia no detuviera el cobro de los beneficiarios, según explicaron voceros de esa cartera.

Desde el Ministerio, se puso en marcha el pasado jueves la liquidación del Potenciar Trabajo referida al mes de noviembre, pero se trata de un proceso que «no es automático y se trabajó intensamente para acelerar los tiempos administrativos».

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Por su parte, las organizaciones de izquierda nucleadas en la Unidad Piquetera (UP) habían comenzado a concentrarse esta mañana en distintos puntos del centro porteño para luego marchar a la sede del Ministerio de Desarrollo Social en protesta de estas demoras y otros reclamos.

Además, la UP anticipaba continuar con un plan de lucha que contemplaba nueva movilizaciones para los próximos días.

Desde el Ministerio informaron que se llevaron adelante actuaciones «con la finalidad de identificar potenciales incompatibilidades e inconsistencias» que pudieran surgir en la conformación del padrón de titulares del Programa a través del entrecruzamiento con las bases de datos proporcionadas por la AFIP «en cumplimiento del levantamiento del secreto fiscal dispuesto por el juez federal Julián Ercolini».

El pedido de relevar a la AFIP de la obligación de preservar el secreto fiscal que recae sobre el organismo fue solicitado por Tolosa Paz a Ercolini el pasado martes 29 de noviembre.

Al día siguiente, el miércoles 30, el Juzgado hizo lugar al requerimiento formulado y ordenó a la AFIP que proceda a facilitar las bases de datos nominalizadas que correspondieran a la solicitud que este mismo Ministerio realizó oportunamente.

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Las bases de datos nominalizadas fueron integradas al sistema el jueves 1° de diciembre y a partir de ese momento, el secretario a de Economía Social a cargo del dirigente Emilio Miguel Ángel Pérsico «tomó conocimiento de las bases de datos nominales para poder realizar el cruce de datos».

En este marco, el Ministerio decidió proceder en dos direcciones.

Por un lado, a liquidar «en forma ordinaria» a las y los titulares del Programa Potenciar Trabajo que se encuentran enmarcados dentro de los requisitos establecidos por la Resolución 2021-1868-APN-MDS.

A la vez que se procedió a efectuar bajas de titulares del Potenciar Trabajo, «ascendiendo las mismas a 20.410 casos nominales» luego de «identificar con certeza indicadores que ubican a los titulares administrativamente por fuera de los requisitos regulatorios del programa».

Además, se sostuvo que la cartera continua «con el análisis detallado del padrón de titulares activos a fin de seguir detectando potenciales incompatibilidades».

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En virtud de continuar con ese procedimiento y contar con la autorización de la Justicia, «se presentó un escrito ante el Juez Ariel Lijo para solicitar que se determine cómo proceder» apuntaron.

«La decisión de la Justicia determinó la liquidación del Programa Potenciar Trabajo para los casos que todavía requieren entrecruzamiento de información, de esa forma todas las partes podrán actuar a derecho y no se incurrirá en una irregularidad o arbitrariedad manifiesta», agregaron.

Finalmente, el Ministerio recordó que «se encuentra implementando un nuevo proceso de validación de identidad de la totalidad de destinatarios del Potenciar Trabajo» a través de un trámite gratuito y obligatorio que se realiza en la app o la web de mi Argentina.

Este trámite «será condición ineludible para mantener la titularidad del programa» y continúa abierto hasta el 6 de enero, remarcaron.

Fuente: Télam

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Política

Propuesta legislativa para sancionar el encubrimiento familiar en femicidios

Un nuevo proyecto en Diputados busca sancionar a quienes encubran femicidios, modificando el Código Penal para asegurar una respuesta más efectiva ante la violencia de género.

Propuesta legislativa para sancionar el encubrimiento familiar en femicidios

En la Cámara de Diputados se ha introducido un proyecto que busca reformar el Código Penal para penalizar a aquellos familiares y personas cercanas que intervengan activamente en acciones destinadas a encubrir femicidios.

La iniciativa, promovida por el diputado Guillermo Michel de Unión por la Patria, pretende restringir la aplicación de la llamada «excusa absolutoria familiar», una figura legal que actualmente protege a ciertos allegados que apoyan a un familiar o amigo implicado en un crimen.

Modificaciones propuestas

El proyecto sugiere una enmienda al artículo 277, inciso 4°, del Código Penal, de modo que la exención no se aplique a quienes, de forma intencionada, colaboren en ocultar pruebas o interfieran en las indagaciones relacionadas con femicidios y homicidios vinculados a la violencia de género.

El texto aclara que no se obliga a las personas a denunciar a sus familiares ni se castiga el silencio o la negativa a declarar ante la Justicia. La propuesta se enfoca únicamente en sancionar acciones activas que busquen obstaculizar la investigación de estos delitos.

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Conductas susceptibles de sanción

Se consideran encubrimiento conductas como la destrucción u ocultación de evidencias, la alteración de la escena del crimen, la eliminación de pruebas relevantes o la provisión de información engañosa a las autoridades.

Según el legislador, cuando un allegado al autor colabora conscientemente en estas acciones, deja de actuar por un vínculo familiar o emocional y se convierte en cómplice de la impunidad de un delito grave.

El proyecto sostiene que la protección de la intimidad familiar no puede ser un obstáculo para la investigación y la sanción de delitos que vulneran los derechos fundamentales de las mujeres.

Conformidad con compromisos internacionales

Además, la iniciativa tiene como meta alinear la legislación argentina con los compromisos adquiridos en la Convención de Belém do Pará y otros instrumentos internacionales de derechos humanos que demandan respuestas efectivas frente a la violencia de género.

En este contexto, el proyecto enfatiza que combatir la impunidad no solo implica sancionar a los autores directos de femicidios, sino también erradicar normativas que puedan obstaculizar las investigaciones o favorecer la falta de justicia.

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Si se aprueba en el Congreso, esta propuesta representaría un cambio significativo en el tratamiento penal de aquellos que colaboran en el encubrimiento de tales delitos.

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Política

Iniciativa para Regular el Consumo de Agua en la Provincia de Buenos Aires

Un nuevo proyecto de ley en la Provincia de Buenos Aires busca restringir el uso de agua potable en edificios y comercios, priorizando su reutilización y optimización.

Proyecto presentado por Malena Galmarini

Un nuevo proyecto de ley ha sido introducido por los legisladores de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de restringir el consumo de agua potable en edificios y comercios. Esta propuesta se aplicaría especialmente a negocios como los lavaderos de autos, y es impulsada por Malena Galmarini.

Malena Galmarini, quien ha adquirido una sólida experiencia en gestión hídrica tras su paso por la dirección de AySA, argumenta que países extranjeros han implementado con éxito normativas similares. En esos lugares, el agua es reciclada y reutilizada, mientras que en Argentina se continúa desperdiciando, especialmente en actividades como el lavado de vehículos, donde se pierden miles de litros a diario.

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uso de agua
GALMARINI FUE TITULAR DE AYSA

¿Cómo se limitará el uso de agua potable?

La propuesta incluye la adopción de tecnologías modernas que reduzcan el consumo de agua en actividades de limpieza y mantenimiento. Según Galmarini, existen herramientas que permiten realizar las mismas funciones con un uso de agua significativamente menor que los métodos convencionales.

Uno de los focos principales de la propuesta está en los lavaderos de vehículos. Se sugiere que estos negocios utilicen agua de pozo o industrial en lugar de agua potable, siempre que se cumplan las condiciones ambientales y sanitarias. Además, los lavaderos deben instalar equipamiento que optimice el uso del agua.

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La medida también aplicará a los consorcios

Asimismo, la iniciativa prevé que los comercios y servicios con alto consumo de agua adopten estrategias para reutilizar el agua utilizada en sus procesos de lavado.

En lo que respecta a edificios residenciales, se plantea que los consorcios más grandes implementen dispositivos que regulen el flujo y la presión del agua para evitar su desperdicio.

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Galmarini enfatiza que la implementación de estas medidas podría resultar en un ahorro significativo de agua en las ciudades de la provincia, al mismo tiempo que reduciría los costos operativos para los vecinos, comerciantes y prestadores de servicios. Su experiencia en el sector hídrico, tras haber liderado AySA entre 2019 y 2023, respalda esta propuesta que busca mejorar la gestión del agua en la región.

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Política

Propuesta en el Congreso Argentino busca regular la eutanasia y la muerte asistida

Un nuevo proyecto en el Congreso Argentino busca regular la eutanasia y la muerte asistida, generando un intenso debate sobre derechos y ética médica.

Propuesta en el Congreso Argentino busca regular la eutanasia y la muerte asistida

En el Congreso de Argentina se ha presentado una iniciativa destinada a legalizar la eutanasia y la muerte asistida, reavivando un debate de gran relevancia y controversia en la sociedad.

El diputado nacional Esteban Paulón es el autor de este proyecto, el cual tiene como objetivo reconocer el derecho de las personas que sufren enfermedades graves o incurables a solicitar ayuda médica para finalizar su vida de forma voluntaria y digna, bajo rigurosos controles.

Detalles del proyecto sobre eutanasia y muerte asistida

La propuesta contempla dos enfoques distintos.

Primero, la eutanasia, que consiste en la administración de una sustancia letal por parte de un profesional de la salud, a solicitud del paciente.

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En segundo lugar, la muerte asistida voluntaria, donde la persona se autoadministra el medicamento recetado por un médico.

El proyecto establece que ambos métodos deberán contar con cobertura obligatoria en hospitales públicos, así como en obras sociales y empresas de medicina prepaga.

Requisitos para acceder a estos procedimientos

De acuerdo con la propuesta, podrán solicitar el procedimiento aquellas personas que presenten:

  • Una enfermedad grave e incurable.
  • Un estado crónico irreversible.
  • Un sufrimiento físico o psíquico que se considere intolerable.

Además, es necesario que la persona exprese su voluntad de manera libre, informada y de forma reiterada.

La iniciativa estipula que se requerirán al menos dos solicitudes en diferentes momentos y asegura el derecho a revocar la decisión en cualquier etapa del proceso.

Controles y supervisión médica necesarios

El proyecto incluye diversas evaluaciones que deberán llevarse a cabo antes de autorizar el procedimiento.

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  • Valoración por parte del médico tratante.
  • Participación de un equipo interdisciplinario.
  • Revisión por un médico independiente.
  • Dictamen de una comisión evaluadora obligatoria.
  • Asimismo, se permite establecer directrices anticipadas para solicitar la muerte asistida en caso de que la persona pierda su capacidad de decidir en el futuro.

    Un debate que regresa al ámbito legislativo

    La discusión en torno a la eutanasia y la muerte asistida no es una temática reciente en Argentina.

    En años anteriores, se han presentado propuestas similares por parte de diferentes legisladores, pero ninguna ha avanzado hasta convertirse en ley.

    Recientemente, el tema ha cobrado relevancia a nivel internacional, impulsado por casos de gran impacto mediático en Europa y América, lo que ha reabierto el diálogo sobre la autonomía personal, los cuidados paliativos, la ética médica y el papel del Estado en decisiones relacionadas con el final de la vida.

    El proyecto también reconoce la objeción de conciencia para los médicos y profesionales de la salud, aunque prohíbe que las instituciones de salud utilicen este argumento para denegar el acceso a estos procedimientos.

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