La administración de Milei busca una modernización de las relaciones laborales. La iniciativa prevé mayor flexibilidad, fragmentación de vacaciones y un banco de horas.

El Gobierno, a través de la Secretaría de Trabajo, está negociando con sindicatos y empresarios un proyecto de reforma laboral que apunta a modernizar las relaciones laborales y reducir los costos del trabajo. La propuesta, basada en el proyecto de la diputada Romina Diez de La Libertad Avanza, incluye medidas como flexibilización de horarios, cambios en las vacaciones y beneficios fiscales para nuevas contrataciones.

Según fuentes oficiales, la intención del presidente Javier Milei es que la reforma sea aprobada durante el primer semestre del año para avanzar con su plan de reformas estructurales.

Negociaciones entre la Secretaría de Trabajo, sindicatos y empresarios

La Secretaría de Trabajo, liderada por Julio Cordero, encabeza las conversaciones para lograr consensos entre los distintos actores del sector laboral. El proyecto de ley, denominado “Ley de Promoción de Inversiones y Empleo”, plantea diversas modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo y busca dotar a las empresas de mayor flexibilidad en la organización de sus plantillas.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la posibilidad de crear un “banco de horas”, lo que permitirá a las empresas gestionar las jornadas laborales de manera más flexible. También se plantea la fragmentación de los períodos de vacaciones, que podrán ser otorgados en lapsos menores a los actuales, aunque no inferiores a una semana.

La propuesta establece cambios en la cláusula de “irrenunciabilidad” de los derechos laborales. En este sentido, se plantea que aquellas condiciones laborales que superen lo establecido por la ley o los convenios colectivos podrían ser renunciables por el trabajador.

La reforma laboral del Gobierno: flexibilización, banco de horas y estímulos fiscales

El proyecto de reforma laboral incluye la implementación de un banco de horas y otras medidas que permitirán a las empresas acordar sistemas más flexibles de trabajo mediante convenios colectivos.

El texto también introduce cambios en los beneficios sociales, como prestaciones no remunerativas en rubros como alimentación, guarderías, útiles escolares o capacitación, lo que podría aliviar las cargas impositivas para las empresas.

En cuanto a las nuevas contrataciones, se prevén incentivos fiscales mediante un sistema de Bonos de Crédito Fiscal. Estos bonos permitirán a las empresas reducir sus contribuciones patronales durante los primeros 12 meses de cada contratación.

Además, el proyecto contempla una bonificación del 100% en contribuciones patronales para empleados que provengan del sector público, con algunas excepciones para ciertos cargos jerárquicos.

Cambios laborales para reducir el «costo argentino»

El presidente Milei considera que la apreciación del peso afecta la competitividad de las empresas, especialmente las pymes, y por eso busca reducir el “costo argentino”. La modernización de las relaciones laborales es un paso clave.

Una vez resuelta la reforma laboral, el Gobierno también tiene previsto avanzar con modificaciones en el régimen previsional, según confirmaron fuentes oficiales.

La iniciativa propone que los empleadores puedan realizar cambios en la prestación de trabajo siempre que no alteren las condiciones esenciales del contrato ni perjudiquen al trabajador. Si el empleado considera que el cambio es perjudicial, tendrá la posibilidad de optar por considerarse despedido sin causa, según lo estipula la propuesta de reforma.

El proyecto también introduce mejoras en los sistemas de pago, promoviendo la digitalización de los recibos de sueldo y nuevas disposiciones sobre el registro y conservación de los mismos.

El organismo reconoció los avances del programa económico de Milei, pero advirtió que serán necesarios ajustes.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoció que las medidas del primer año de gobierno de Javier Milei lograron encauzar el acuerdo económico con el organismo. Sin embargo, advirtió que será necesario implementar una estrategia creíble de salida del cepo para acumular reservas de forma sostenida y garantizar el acceso a los mercados de capital.

El directorio del FMI aprobó el informe Ex Post, que evalúa los resultados de los programas financieros firmados por Argentina. Según el organismo, aunque el gobierno corrigió algunos desequilibrios económicos, el país deberá avanzar hacia un tipo de cambio más flexible y eliminar los controles cambiarios para sostener el crecimiento de las reservas.

El FMI insta a la salida del cepo y a flexibilizar el dólar

El documento señaló que el gobierno de Milei eliminó el financiamiento deficitario del Banco Central, traspasó las Leliq al Tesoro y realizó una devaluación inicial del 120% en diciembre de 2023. Estas medidas, junto con la flexibilización de restricciones cambiarias y el blanqueo fiscal, permitieron al país acumular reservas en 2024.

Sin embargo, el FMI advirtió que los controles cambiarios actuales generan distorsiones que dificultan la acumulación de reservas a largo plazo. Por eso, sugirió desmantelar el cepo y adoptar un esquema cambiario más flexible para mejorar la competitividad externa y garantizar la estabilidad económica.

Además, consideraron clave que la política monetaria del Banco Central mantenga tasas de interés reales positivas para responder adecuadamente a la inflación. “Un rol más activo de la política monetaria será esencial para asegurar el equilibrio interno y respaldar los objetivos de estabilidad externa”, señalaron.

El FMI pide ajustar las políticas fiscales y sociales

El organismo también evaluó el ajuste fiscal realizado por el gobierno de Milei. Si bien reconoció que fue clave para estabilizar la economía, advirtió que gran parte del ajuste se basó en medidas temporales, como recortes en la inversión pública y los salarios.

El FMI sugirió que, para consolidar los avances logrados, será necesario implementar reformas fiscales estructurales. También destacó la importancia de reforzar las políticas sociales.

Por último, el FMI y el gobierno argentino mantuvieron un contrapunto sobre las causas de la baja de la inflación. Mientras el Fondo consideró que fue producto del ajuste fiscal, el equipo económico de Milei destacó el impacto de las políticas monetarias, como el tipo de cambio móvil del 2% mensual y la acumulación de más de 21.000 millones de dólares en reservas por parte del Banco Central.

El recorte en infraestructura estatal afectó principalmente a rutas, con un fuerte impacto en la Patagonia, Cuyo y Buenos Aires.

La decisión del Gobierno nacional de reducir su participación en la obra pública generó una caída del 83% en la inversión estatal durante 2024, según un informe de la Fundación Éforo. Este ajuste presupuestario golpeó principalmente a las provincias, con fuertes caídas en sectores clave como la construcción de rutas y la infraestructura vial. En regiones como la Patagonia, Cuyo y el centro del país, los efectos fueron aún más pronunciados, lo que encendió alarmas entre los actores del sector.

Según los datos presentados por Éforo, entre enero y octubre de 2024 la obra pública ejecutada por el Estado nacional se concentró principalmente en la Dirección Nacional de Vialidad, que recibió más del 70% del presupuesto, equivalente a $63.816 millones. Las áreas prioritarias fueron el mantenimiento de la red vial y las obras en corredores viales, mientras que otras iniciativas quedaron paralizadas. Este escenario generó incertidumbre en el sector, que ahora mira hacia 2025 con la expectativa de que las provincias tomen la iniciativa para reactivar los proyectos de infraestructura.

Las provincias más afectadas por la caída de la obra pública

El impacto de la baja inversión estatal fue particularmente grave en algunas provincias del interior del país. La Rioja y San Luis encabezaron la lista de territorios con mayor contracción de recursos destinados a infraestructura, con caídas en términos reales del 97% y 94%, respectivamente.

En la región patagónica, Chubut y Santa Cruz también sufrieron desplomes significativos, con reducciones de inversión que alcanzaron el 90% y 93%, respectivamente. Este escenario repercutió en la ejecución de obras viales y proyectos energéticos, sectores estratégicos para esas provincias. Por su parte, la ciudad de Buenos Aires registró una disminución del 82% en los fondos destinados a obras, mientras que la provincia de Buenos Aires reportó una caída del 89%.

En términos generales, el ajuste fiscal del Estado nacional en 2024 provocó una desaceleración del empleo en la construcción y una baja sostenida en la venta de insumos. Según datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), a octubre de 2024 se registraron 357.070 puestos de trabajo en el sector, lo que representa un leve aumento mensual (+0,3%) pero mantiene los niveles por debajo del promedio de la última década.

El empleo y los insumos para la construcción no logran recuperarse

La caída en la obra pública también impactó en los niveles de empleo en la construcción y en la venta de insumos al sector privado. Aunque se registraron cuatro meses consecutivos de crecimiento del empleo en la construcción, los niveles siguen siendo bajos. Según el informe del IERIC, el empleo formal en el sector está un 12,5% por debajo del promedio de los meses de octubre del período 2010-2019, y solo supera al registrado en los meses más críticos de la pandemia.

Por otro lado, la venta de insumos para la construcción cerró 2024 con cifras negativas. El Índice Construya, que mide los volúmenes vendidos por las principales empresas proveedoras del sector privado, mostró que en diciembre las ventas cayeron un 6,6% interanual y un 1,2% en términos desestacionalizados respecto de noviembre. Los datos de consumo aparente de insumos en noviembre de 2024 revelan que hubo bajas importantes en artículos sanitarios de cerámica (-46,9%), hierro redondo y aceros para la construcción (-34,8%), ladrillos huecos (-34,5%) y mosaicos graníticos (-30,5%), entre otros.

El único insumo que mostró un crecimiento fue el asfalto, que aumentó un 22,4% en comparación con el mismo mes del año anterior.