Javier Milei vetó la ley de jubilaciones aprobada por el Congreso
El presidente Javier Milei firmó el veto a la ley de jubilaciones aprobada por el Congreso, argumentando que su implementación afectaría gravemente las cuentas fiscales del país. El veto se oficializará en el Boletín Oficial y será debatido en el Poder Legislativo, que decidirá si insiste con la medida.
Milei vetó la ley de jubilaciones aprobada por el Congreso, argumentando impacto fiscal
En la noche del viernes, el presidente Javier Milei firmó el veto total a la ley de jubilaciones recientemente aprobada por el Congreso, una decisión que, según fuentes oficiales, busca proteger las cuentas fiscales del país. El decreto que confirma el veto será publicado en el Boletín Oficial el próximo lunes, iniciando un nuevo capítulo de debate en el ámbito legislativo.
Reunión en Casa Rosada: Definición de la estrategia
La decisión de Milei se tomó tras una reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza, junto con aliados clave de la Cámara baja. Durante el encuentro, el presidente delineó una hoja de ruta legislativa que incluía el apoyo para ratificar el veto presidencial. Según fuentes presentes en la reunión, el principal argumento del veto radica en que la ley «es manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente» y no contempla el impacto fiscal ni la fuente de financiamiento necesaria para su implementación.
El decreto destaca que el Presupuesto Nacional para 2024, actualmente en ejecución, no prevé partidas que permitan cubrir el gasto adicional que supondría la implementación de esta ley. Los cálculos del gobierno estiman que el costo de la medida asciende a 6,16 billones de pesos para 2024, equivalentes al 1,02% del Producto Bruto Interno (PBI). Este incremento supondría un aumento del 18,5% en el gasto previsional de la ANSES para el próximo año, y un 8% en el gasto primario del presupuesto nacional.
Advertencias sobre el impacto económico
El gobierno advirtió que esta medida pondría en riesgo no solo el plan económico, sino también la sostenibilidad del sistema previsional. Según el Ejecutivo, implementar la ley podría generar futuras deudas con los beneficiarios, ya que no se especifica una fuente de financiamiento clara. Además, señalaron que la medida podría socavar las metas fiscales del gobierno, las cuales se centran en evitar la emisión monetaria y mantener el déficit cero.
El artículo N°3, que proponía un aumento adicional para corregir un supuesto desfasaje inflacionario de enero, generó duras críticas entre los puntos más cuestionados del proyecto. El Ejecutivo recordó que el cálculo de movilidad de junio ya compensó la inflación. Además, criticaron la utilización de la Canasta Básica Total (CBT) como indicador clave para las actualizaciones, argumentando que este índice no representa adecuadamente a la población jubilada.
Apoyo político y desafíos legislativos
Tras la aprobación de la ley en el Congreso, el oficialismo buscó reforzar sus alianzas con diputados del PRO y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). A pesar de que los legisladores del PRO habían apoyado la ley, durante la reunión en Casa Rosada manifestaron su disposición a colaborar con el gobierno para ratificar el veto. Este acuerdo podría fortalecer al oficialismo en ambas cámaras, impidiendo que la ley obtenga los dos tercios necesarios para su reinstauración.
Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en Diputados, anticipó que «con nuestra presencia, no van a llegar a los dos tercios». Esta colaboración estratégica entre el PRO y La Libertad Avanza podría cambiar el curso de futuras votaciones en el Congreso, consolidando la agenda legislativa del gobierno y bloqueando iniciativas opositoras.