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Sociedad

PRESENTAN EN DIPUTADOS UN PROYECTO DE LEY PARA DETECTAR, EVALUAR Y ELIMINAR EL ASBESTO INSTALADO

Diputados nacionales del Frente de Todos y representantes de organizaciones gremiales participaron hoy de la presentación del proyecto de ley para establecer los requisitos y condiciones mínimas necesarias para ejecutar la búsqueda, detección y registro, evaluación de riesgo y eliminación del asbesto instalado y exhortaron a profundizar la visibilización de la problemática que afecta -sobre todo- a los trabajadores del subte.

La presentación del proyecto se realizó en el Auditorio del anexo A de la Cámara de Diputados, con la presencia de los diputados nacionales del FDT, Daniel Gollán y Hugo Yasky, entre otros.

Del encuentro participaron, además, el secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro, Alberto Pianelli; la secretaria de Asuntos Juridicos de Uocra, Marta Pujadas; Eduardo Rodríguez, asesor de los metrodelegados; Lilian Capone, subsecretaria de Medioambiente de Trabajo y Salud Laboral de la CTA y neumonóloga especialista en Salud Ocupacional; Armando Chamorro, ingeniero experto en asbesto y el secretario general de Suteba, Roberto Baradel.

Al exponer sobre el proyecto, Gollán, médico de profesión y exministro de Salud bonaerense, sostuvo que «la mitad de las muertes por salud ocupacional son causadas por asbesto» y puso de relieve la importancia de avanzar con la ley al afirmar que «no tenemos estadísticas» en el país y que el objetivo de la norma «no es echarle la culpa a nadie pero advertir que el asbesto está en muchos lugares pero no en todos produce el mismo riesgo».

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Yasky, por su parte, aseveró que se trata de un tema que era, dijo, «absolutamente desconocido para nosotros hasta que los compañeros del subte empezaron a hablar» del tema y sostuvo que «es una cuestión prioritaria que tendría que haberse resuelto en un diálogo sin tener que llegar a un plan de lucha. Está en juego la vida de los trabajadores y de los que se suben cotidianamente a los subtes».

Rodríguez, uno de los referentes de los metrodelegados que trabajó en la ley, recordó que por el contacto con el asbesto hay «3 compañeros muertos, 100 enfermos y 200 que no saben si se van a enfermar», y consideró que «el momento es ahora: no quiero ser una víctimas más del amianto».

Lilian Capone, en tanto, consideró que la contaminación por asbesto «tiene que estar en el sistema de salud pública. No importan cuántos enfermos haya sino la potencialidad de esta fibrilla», afirmó que «acá ganó el capitalismo porque este tema estuvo oculto durante más de 20 años, lo negaban y decían que no estaba» y advirtió que se trata de un «impacto laboral pero también social y medioambiental».

Baradel instó a eliminar «de manera urgente el asbesto de las escuelas», al sostener que tiene que haber un programa específico para eso, y dijo que «nuestro principal derecho a tutelar es el derecho a la vida» y en ese sentido, apunta el proyecto.

El ingeniero Chamorro, en tanto, hizo referencia a la «clandestinidad» e «ignorancia» que atraviesa esta problemática, y advirtió que el contacto con esta sustancia «consiste en trabajar y dormir con este contaminante», al sostener que «controlar el asbesto es primordial».

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«Nosotros lo aprendimos en el cuerpo», dijo Pianelli, al sostener que «hay una negación con esto tremenda. El proyecto apunta a que sepamos y entendamos con qué estamos conviviendo. Estamos rodeados de esto. Necesitamos visibilizar sobre esto y nada mejor que las organizaciones sindicales. Esto recién empieza».

El proyecto busca establecer las condiciones mínimas necesarias para ejecutar la búsqueda, detección y registro, evaluación de riesgo y eliminación del asbesto instalado, así como de los productos que lo contengan de manera de preservar y proteger la salud de la población y del medio ambiente de todo daño potencial por esta sustancia mineral.

Entre otras cuestiones, propone la conformación de una Comisión Nacional Intergubernamental de Gestión del Asbesto que deberá elaborar, previa consulta a las jurisdicciones, el Plan Marco de Gestión de Asbesto Instalado que contendrá el diagnóstico de la situación, la estrategia general y las alternativas de solución propuestas para su eliminación en el territorio nacional.

Asimismo, deberá realizar un censo para detectar y evaluar el riesgo de los lugares contaminados estableciendo la prioridad en la necesidad de tomar medidas para su adecuada eliminación y asesorar en las mejores estrategias de actuación para la desasbestización.

En el marco de la presentación del proyecto las organizaciones gremiales instalaron una pantalla gigante sobre la avenida Rivadavia, en las afueras del edificio del Congreso, para concientizar sobre los riesgos para la salud de esta sustancia con imágenes y testimonios de trabajadores afectados, bajo la consigna «El asbesto mata».

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País

Tensión universitaria: estudiantes ocupan Filosofía, Psicología y Veterinarias

Asambleas estudiantiles deciden tomas por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario

Estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizaron la toma de facultades de Filosofía y Letras, Psicología y Veterinarias en protesta por el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Las tomas, definidas en asambleas el lunes por la noche, responden al rechazo de los estudiantes al decreto que firmó el presidente Javier Milei, que será discutido en la Cámara de Diputados esta semana.

Reclamos por la Ley de Financiamiento Universitario

El conflicto se enmarca en un contexto de creciente tensión entre el gobierno y la comunidad universitaria. La ley, que propone aumentar los recursos y garantizar salarios ajustados por inflación para docentes y no docentes, sufrió el veto del ejecutivo, lo que provocó una serie de manifestaciones. Los estudiantes ven la toma de las facultades como un paso previo a la movilización frente al Congreso, con la intención de presionar a los diputados para que reviertan el veto presidencial.

Además de las facultades mencionadas, el colegio preuniversitario Nacional Buenos Aires se sumó a la medida. Otras facultades de la UBA, como Ciencias Sociales y Ciencias Exactas, debatirán hoy sobre posibles vigilias y otras acciones de protesta.

toma de facultades

Toma de facultades: Actividades durante las tomas

Cada facultad ha organizado diferentes modalidades de protesta. En Filosofía y Letras, la ocupación incluye clases públicas abiertas en la vía pública y se garantiza que las materias que requieren de aulas específicas puedan desarrollarse con normalidad. Las autoridades del centro de estudiantes enfatizaron que la toma tiene como objetivo la defensa del patrimonio y del derecho a la educación pública.

En Psicología, la toma es simbólica, con actividades de visibilización y el mantenimiento de las clases y parciales. Mientras tanto, en Veterinarias se organizará un «ruidazo» y una choripaneada a beneficio del Hospital Laura Bonaparte, cuya posible clausura también está en el foco de las protestas.

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La comunidad estudiantil dejó claro que, si no se revoca el veto, se intensificarán las medidas de fuerza, incluyendo cacerolazos y nuevas asambleas en los próximos días.

Expectativa en el Congreso

Mientras el conflicto continúa en las universidades, la atención también está puesta en el Congreso. Este miércoles se debatirá el veto presidencial, y la votación será clave para definir el futuro de la ley. La oposición del PRO ha decidido apoyar la medida del gobierno, aunque persisten tensiones internas sobre el tema. El oficialismo, por su parte, sigue negociando los votos necesarios para mantener la ley.

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Fondo fiduciario Progresar eliminado por el Gobierno de Javier Milei

El Gobierno elimina el fondo por «no encontrarse operativo»

En una medida reciente, el Gobierno de Javier Milei eliminó el fondo fiduciario que financiaba las Becas Progresar. Esta decisión se oficializó a través del Decreto 888/2024, que lleva la firma del presidente Milei, el jefe de gabinete Guillermo Francos y el ministro de economía Luis Caputo. El fondo, denominado «Fondo Fiduciario Progresar», había sido creado el 28 de enero de 2022 con el fin de apoyar a los estudiantes argentinos a través del programa de respaldo educativo.

Según lo establecido en el decreto, el fondo «nunca se encontró operativo, por no haberse integrado los bienes necesarios para su funcionamiento». Esta declaración pone en relieve la falta de ejecución efectiva del fondo, a pesar de que se creó para complementar y potenciar las acciones del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos, más conocido como Progresar.

¿Qué es el fondo fiduciario Progresar?

El fondo fiduciario que financia las Becas Progresar fue constituido bajo un contrato de fideicomiso que se extendía por 20 años. La propiedad de los bienes al finalizar el contrato quedaría en manos del fideicomisario, que en este caso era el Ministerio de Educación. El fondo estaba compuesto por recursos asignados al programa, como el producido de sus operaciones, la renta y otros aportes provenientes del Tesoro Nacional.

La gestión de este fondo fiduciario estuvo en manos de un comité presidido y vicepresidido de manera rotativa entre ANSES y el Ministerio de Educación. Sin embargo, el Gobierno decidió dar por finalizada su existencia antes de su vencimiento, dejando en incertidumbre la financiación futura de las becas.

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¿Qué pasará con las Becas Progresar?

Pese a la eliminación del fondo fiduciario, el Gobierno no ha confirmado si las Becas Progresar se verán afectadas de manera directa. Aún podría determinarse un financiamiento alternativo a cargo del Ministerio de Capital Humano, lo que permitiría mantener el programa vigente. Recientemente, el Gobierno anunció un aumento del 75% en el monto de las becas, lo que llevará el total a $35.000 en octubre. Sin embargo, se debe recordar que ANSES retiene el 20% de ese monto, por lo que lo que recibirán los beneficiarios será un total de $28.000.

El futuro del programa aún es incierto, pero por ahora los estudiantes podrán seguir contando con el beneficio, aunque sin el respaldo del fondo fiduciario que lo financió desde su creación.

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País

Fuerte disputa política por el veto a las universidades

Conflicto con universidades

El Gobierno advierte que apelará ante la Justicia si no prospera el veto a los fondos universitarios.

El conflicto con las universidades sigue escalando, y el Gobierno aguarda con atención la postura del PRO, liderado por Mauricio Macri. En este contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que si la votación parlamentaria no respalda el veto presidencial sobre el financiamiento universitario, el Gobierno llevará el caso a la Justicia. “Vamos a apelar, probablemente en la Justicia, siempre en el marco de la ley”, aseguró Caputo en una reciente entrevista.

El PRO ante una decisión clave

La posición del PRO es crucial para la continuidad del veto a los fondos universitarios. Hoy, la mesa ejecutiva del partido mantendrá una reunión clave para definir su postura, pero se evidencian divisiones internas. Mientras que algunos sectores, como Diego Santilli, apoyan la medida, otros aún no se han pronunciado oficialmente.

En paralelo, el Ministerio de Capital Humano convocará a una nueva reunión con los gremios docentes para intentar destrabar las negociaciones salariales. Este encuentro es parte del proceso de paritarias, aunque no se espera que se tomen decisiones definitivas en esta instancia.

Conflicto del Gobierno con universidades

El Gobierno insiste en que la discusión debe enmarcarse en el debate sobre el Presupuesto 2025. Caputo fue claro al señalar que no cederán ante lo que considera un “gasto sin contrapartida”. Por su parte, el PRO continúa evaluando su postura, con una reunión en el Congreso pautada para el miércoles próximo.

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El desenlace de esta disputa será determinante no solo para las universidades, sino también para el equilibrio político entre el oficialismo y la oposición en temas clave como la gestión del presupuesto público.

Mientras el Gobierno refuerza su postura con la amenaza de judicializar el caso, el PRO enfrenta tensiones internas que podrían influir en el futuro del veto presidencial. La sesión del miércoles en el Congreso será el escenario donde ambas fuerzas medirán sus apoyos, en medio de una creciente expectativa por el impacto que esta decisión tendrá en el sistema educativo y en las finanzas públicas.

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