El juez federal Sebastián Casanello ordenó al Ministerio de Capital Humano que, en un plazo de 72 horas, elabore un plan para distribuir cinco toneladas de alimentos almacenados para ayuda social. La orden judicial también dispuso un operativo en los depósitos para obtener un detalle exhaustivo de los alimentos almacenados.
Luego de la decisión, el Gobierno nacional, representado por el portavoz presidencial Manuel Adorni, anunció que apelará la decisión judicial. «Nosotros siempre fuimos respetuosos de la Justicia, lo que no quiere decir que no utilicemos los instrumentos legales que están a nuestro alcance en cuestiones en las que no estamos de acuerdo, como bien es este caso», afirmó Adorni.
Argumentos del Gobierno
El portavoz presidencial defendió la postura del Gobierno argumentando que se trata de una cuestión de política pública y no de un tema judicial. «Vamos a apelar la resolución porque esto no es una cuestión de índole judicial, sino una definición de política pública. Y la Justicia no se puede entrometer en la política pública», expresó Adorni.
El funcionario aclaró que estos alimentos están reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes. «No es algo que ocurre sólo en la Argentina… Imaginen repartir todos los alimentos y que el día de mañana tengamos una catástrofe que amerite la inmediata entrega de alimentos. Uno no puede no tener stock», enfatizó.
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Adorni también detalló que, de los 5 millones de kilos de alimentos, 3.1 millones corresponden a yerba mate adquirida por el gobierno anterior. Aseguró que «no hay un solo alimento que se vaya a tirar a la basura. No hay un solo alimento que esté bajo nuestra custodia que esté en riesgo de vencerse».
La denuncia de Grabois
La denuncia que motivó la resolución judicial fue presentada en febrero por el dirigente social Juan Grabois. El dirigente acusó al Ministerio de Capital Humano de suspender la entrega de alimentos en comedores comunitarios. Según Grabois, en dos centros de distribución, uno en Villa Martelli y otro en Tafí Viejo, Tucumán, se almacenan casi cinco mil toneladas de alimentos listos para su entrega.
La ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, reconoció la situación que involucra a alimentos almacenados y explicó que el ministerio trabaja en un nuevo mecanismo de distribución para corregir las irregularidades detectadas en la gestión anterior.
El juez Casanello subrayó que el derecho humano fundamental a la alimentación está estrechamente ligado al derecho a la vida, la dignidad y la salud, y destacó la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra gran parte de la población argentina. Según informes del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, el 57.4% de la población está en situación de pobreza, con más del 60% de los niños y adolescentes en esta condición, y un 14% de ellos padece inseguridad alimentaria severa.
Detalles del fallo
El magistrado Casanello rechazó el pedido de la fiscal Paloma Ochoa para que los alimentos se entreguen a todos los comedores inscriptos en el Registro Nacional de Comedores. Consideró que corresponde a la administración elegir los medios más adecuados para asegurar el derecho a una alimentación adecuada.
El juez también ordenó la elaboración de un plan en 72 horas para la entrega inmediata de los alimentos y dispuso que se detalle el stock actual en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo, incluyendo tipos de alimentos, fechas de adquisición y expiración, registros de ingreso y egreso de mercadería desde diciembre de 2023 y los expedientes administrativos relacionados.
Resolución oficial de la Superintendencia de Salud
El Gobierno argentino dio de baja a 54 empresas de medicina prepaga. La medida fue concretada a través de la Resolución 4309/2024 publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Esta decisión se tomó luego de que las compañías incumplieran con la presentación de documentación requerida en los plazos establecidos por la Superintendencia de Salud de la Nación.
Según el texto oficial, las empresas afectadas no entregaron padrones, planes, estados contables y cartillas. Por esta razón incurrieron en incumplimiento de las normativas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP).
Motivos de la decisión
La Superintendencia justificó la decisión como parte de su obligación de supervisar a las entidades del sector, evaluando antecedentes, responsabilidad, solvencia financiera y capacidad técnica. En este contexto, las entidades que no cumplieron con las normativas fueron desinscriptas del registro.
El artículo 1° de la resolución señala: «Dase de baja a las entidades de medicina prepaga consignadas en el Anexo (IF-2024-118964316-APN-CRAS#SSS) que forma parte integrante de la presente, cancelando la inscripción provisoria de dichas entidades en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP)».
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La Gerencia de Sistemas de Información y la Coordinación de Registros de Agentes del Seguro recibieron instrucciones para dar de baja las inscripciones provisionales de estas empresas.
Baja de empresas de medicina prepaga: Listado de empresas afectadas
Entre las prepagas dadas de baja, destacan: Magna Salud SRL, OMSA Prosal SA, Medicina Asistencial Privada SRL, Medycin SRL, Emergencias Médicas Santa María SA, Servicio de Urgencias Médicas Ushuaia SRL, Roma Salud SA, y Master Med System SRL, entre otras.
La resolución subraya que los incumplimientos involucraron a un importante número de empresas. Estas no respondieron adecuadamente a los pedidos de regularización en tiempo y forma.
Impacto de la medida
La Superintendencia mantiene como prioridad la regulación y supervisión del sector de salud privada. Entre otras funcionaes, asegura que las empresas cumplan con las normativas vigentes. Aun no se han detallado los pasos para garantizar la cobertura de los afiliados a las entidades desinscriptas.
El FMI reducirá los sobrecargos que paga la Argentina en una decisión impulsada por EEUU
El FMI recortará los sobrecargos para países en crisis
En una decisión política que lidera Estados Unidos, el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobará hoy el recorte de sobrecargos FMI que paga la Argentina. Esta medida, que beneficiará también a Ucrania, Jordania, Kenia y otros países, implicará un ahorro anual cercano a los 400 millones de dólares para el país sudamericano, lo que aliviará en parte su situación financiera.
Los sobrecargos son intereses adicionales que el FMI cobra a los países que superan ciertos niveles de endeudamiento. Originalmente, se justificaban como una medida para ofrecer créditos más baratos comparados con los intereses del mercado. Sin embargo, este esquema se ha vuelto insostenible para muchas economías. En el caso de Argentina, en los últimos tres años pagó 3.700 millones de dólares en sobrecargos.
La decisión del recorte de sobrecargos FMI fue impulsada por la Casa Blanca con el objetivo de apoyar la economía de Ucrania, que se encuentra en guerra contra Rusia desde 2022. Argentina, junto con otros 21 países, también se beneficiarán de esta medida. «Las investigaciones muestran que los recargos del FMI son procíclicos y regresivos», afirmaron diversos economistas en una carta dirigida al directorio del FMI, entre los firmantes se encuentran Joseph Stiglitz, Martín Guzmán y Thomas Piketty.
Los efectos del recorte de sobrecargos FMI para Argentina
El recorte de los sobrecargos podría significar un alivio significativo para las arcas del Banco Central argentino, cuyas reservas se encuentran en una situación crítica. Según los cálculos del Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, la Argentina podría ahorrar cerca de 400 millones de dólares al año, lo cual representaría un respiro en su aguda crisis financiera.
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La medida, que requiere el 70% de los votos del directorio del FMI, tiene garantizado el apoyo de Estados Unidos y sus aliados del G7. El informe técnico presentado por los asesores del Fondo propone aumentar el umbral que determina el inicio de los sobrecargos, reducir las tasas aplicables y bajar la tasa básica del 2% al 1%.
Impacto global del recorte de sobrecargos FMI
Esta decisión, que será discutida hoy, no solo impactará a Argentina, sino también a países como Costa Rica, Ecuador, Egipto y Pakistán, entre otros. Los sobrecargos que superaban el 2% ahora se aplicarán solo en deudas que excedan el 300% de la cuota asignada, en lugar del 187,5% actual. Esto representa una significativa modificación en las políticas crediticias del FMI, facilitando la situación financiera de los países afectados.
Argentina, que enfrenta una de las crisis económicas más profundas de su historia reciente, se beneficiará del recorte de sobrecargos, aunque los expertos advierten que la medida es un parche a la situación de fondo y que el país necesita reformas estructurales para mejorar su situación financiera de manera sostenida.
Fondo fiduciario Progresar eliminado por el Gobierno de Javier Milei
El Gobierno elimina el fondo por «no encontrarse operativo»
En una medida reciente, el Gobierno de Javier Milei eliminó el fondo fiduciario que financiaba las Becas Progresar. Esta decisión se oficializó a través del Decreto 888/2024, que lleva la firma del presidente Milei, el jefe de gabinete Guillermo Francos y el ministro de economía Luis Caputo. El fondo, denominado «Fondo Fiduciario Progresar», había sido creado el 28 de enero de 2022 con el fin de apoyar a los estudiantes argentinos a través del programa de respaldo educativo.
Según lo establecido en el decreto, el fondo «nunca se encontró operativo, por no haberse integrado los bienes necesarios para su funcionamiento». Esta declaración pone en relieve la falta de ejecución efectiva del fondo, a pesar de que se creó para complementar y potenciar las acciones del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos, más conocido como Progresar.
¿Qué es el fondo fiduciario Progresar?
El fondo fiduciario que financia las Becas Progresar fue constituido bajo un contrato de fideicomiso que se extendía por 20 años. La propiedad de los bienes al finalizar el contrato quedaría en manos del fideicomisario, que en este caso era el Ministerio de Educación. El fondo estaba compuesto por recursos asignados al programa, como el producido de sus operaciones, la renta y otros aportes provenientes del Tesoro Nacional.
La gestión de este fondo fiduciario estuvo en manos de un comité presidido y vicepresidido de manera rotativa entre ANSES y el Ministerio de Educación. Sin embargo, el Gobierno decidió dar por finalizada su existencia antes de su vencimiento, dejando en incertidumbre la financiación futura de las becas.
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¿Qué pasará con las Becas Progresar?
Pese a la eliminación del fondo fiduciario, el Gobierno no ha confirmado si las Becas Progresar se verán afectadas de manera directa. Aún podría determinarse un financiamiento alternativo a cargo del Ministerio de Capital Humano, lo que permitiría mantener el programa vigente. Recientemente, el Gobierno anunció un aumento del 75% en el monto de las becas, lo que llevará el total a $35.000 en octubre. Sin embargo, se debe recordar que ANSES retiene el 20% de ese monto, por lo que lo que recibirán los beneficiarios será un total de $28.000.
El futuro del programa aún es incierto, pero por ahora los estudiantes podrán seguir contando con el beneficio, aunque sin el respaldo del fondo fiduciario que lo financió desde su creación.