El gremio deberá suspender las medidas de fuerza tras la decisión del Gobierno.

El Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria en el conflicto del Sindicato de Camioneros liderado por Hugo Moyano, que había iniciado medidas de fuerza por desacuerdos en la homologación del acuerdo paritario. Esta resolución se extiende por 15 días y puede prorrogarse por otros cinco.

Tensión en el Sindicato de Camioneros por la homologación del acuerdo paritario

El conflicto surgió tras la negativa de la Secretaría de Trabajo a homologar un aumento del 8,5% para el trimestre diciembre-febrero, que superaba la pauta oficial del 1% mensual para 2025. Ante esto, el sindicato, que reclamaba un 15% trimestral y un bono de $650 mil, inició medidas de fuerza en todas las ramas del convenio colectivo.

En respuesta, el Gobierno intervino señalando que estas acciones podían afectar la operatoria de empresas como FAETYL, FADEEAC y CATAC. Según la resolución firmada por la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mara Mentoro, la situación debe volver al estado previo al inicio del conflicto.

Las demandas del gremio y el impacto del conflicto

El sindicato reclama un 15% trimestral (5% mensual) y un bono de $650 mil, además de un aporte extraordinario para la obra social. Por su parte, las cámaras empresariales ofrecieron un aumento del 8% y un bono de $600 mil, pero la falta de consenso generó un clima tenso en las negociaciones.

El impacto del gasoil, principal insumo del sector, también fue señalado como un factor clave en la discusión. Este martes, una situación similar se vivió con el sindicato La Fraternidad, que debió suspender un paro tras una medida similar de conciliación obligatoria.

La conciliación obligatoria busca dar un respiro en medio del conflicto, evitando que las medidas de fuerza compliquen más la situación. Además, pretende abrir un espacio donde todas las partes puedan sentarse a dialogar y llegar a un acuerdo. Sin embargo, este tipo de decisiones no siempre logran calmar los ánimos, sobre todo cuando las demandas quedan lejos de resolverse.

La eliminación del Impuesto PAIS impacta en el costo del dólar tarjeta

El Gobierno confirmó la eliminación del Impuesto PAIS, lo que impactará directamente en la cotización del dólar tarjeta, utilizado para compras y pagos en el exterior. Este ajuste reducirá el costo final para los usuarios, marcando un nuevo esquema impositivo que mantiene vigente el 30% correspondiente al Impuesto a las Ganancias.

Nuevo esquema impositivo para el dólar tarjeta

El Impuesto PAIS, que desde 2020 añadía un 30% al dólar oficial para compras en el exterior y otros consumos en dólares, dejará de aplicarse a partir del próximo lunes. No obstante, el recargo del 30% para el Impuesto a las Ganancias seguirá vigente, según lo estipulado en la reciente normativa de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Con esta modificación, el costo del dólar tarjeta se calculará sobre la base del dólar minorista vendedor del Banco Nación, sumado al 30% de Ganancias. Este cambio refleja una intención del Gobierno de simplificar el esquema tributario aplicado a operaciones en moneda extranjera.

¿Cuál será el nuevo valor del dólar tarjeta?

Tras la eliminación del Impuesto PAIS, la cotización del dólar tarjeta se reducirá de los $1.668 actuales a aproximadamente $1.355,25. Este ajuste beneficia a quienes utilizan tarjetas para compras internacionales o viajes al exterior.

El Banco Central mantendrá su política de crawling peg. Esta permite una depreciación controlada del peso frente al dólar, con ajustes mensuales de hasta el 2%. Esto implicará variaciones periódicas en el valor del dólar minorista, y, por ende, en el costo final del dólar tarjeta.

Impacto en los usuarios y el mercado cambiario

La reducción en el costo del este dólar supone un alivio para los consumidores. Estos podrán enfrentar un menor gasto en pesos al realizar transacciones en dólares. Sin embargo, también se espera un incremento en la demanda de divisas para consumos en el exterior, lo que podría presionar las reservas del Banco Central.

Según fuentes oficiales, el impacto de esta medida será monitoreado de cerca para evitar desequilibrios en el mercado cambiario. Aseguran que no se prevén efectos significativos en el corto plazo.

La Justicia reabre causas históricas por violaciones a los derechos humanos.

La Cámara Federal porteña ordenó la indagatoria de Mario Firmenich, ex líder de Montoneros, por su presunta responsabilidad en el atentado perpetrado en julio de 1976 contra el comedor de la Policía Federal, que resultó en 24 muertos y 60 heridos. El tribunal consideró que este hecho constituye una grave violación a los derechos humanos y, por lo tanto, es imprescriptible.

La indagatoria de Mario Firmenich y su vínculo con el atentado

El atentado al comedor de la Policía Federal, ocurrido en plena dictadura militar, fue uno de los ataques más sangrientos atribuidos a la organización Montoneros. La explosión, que causó la muerte de 24 personas y dejó a 60 heridas, fue objeto de controversia y debate durante décadas. Sin embargo, hasta la fecha, no se había avanzado significativamente en la investigación judicial de este hecho.

La Cámara Federal porteña ordenó la indagatoria de Mario Firmenich, exlíder de Montoneros, por su presunta responsabilidad en el atentado al comedor de la Policía Federal en 1976. Este ataque, que dejó 24 muertos y 60 heridos, ocurrió durante la dictadura militar y es considerado una grave violación a los derechos humanos.

El tribunal señaló que este hecho nunca fue investigado por el Estado y, dado su carácter, es imprescriptible. La decisión reabre una de las páginas más controvertidas de los años 70, involucrando a varias figuras históricas del grupo Montoneros.

El atentado de Montoneros y su calificación como crimen imprescriptible

El ataque al comedor de la Policía Federal fue uno de los episodios más violentos atribuidos a Montoneros. La explosión dejó una huella imborrable en la historia argentina. Según los jueces de la Cámara, se trata de un hecho que debe investigarse como una violación a los derechos humanos.

El fallo también revocó sobreseimientos previos y permitió a las víctimas actuar como acusadores privados, subrayando la importancia de brindar justicia. Este criterio amplía el alcance de los delitos imprescriptibles, aplicándolos a organizaciones no estatales.