Incidente durante una actividad estudiantil

Un docente agredió a estudiantes durante una actividad política en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), en medio de una disputa por la presencia de militantes libertarios en el predio. La secuencia, registrada por uno de los jóvenes, se viralizó en redes sociales y generó una fuerte repercusión pública.

Según relataron los estudiantes de la agrupación Crear Más Libertad, vinculada a La Libertad Avanza, el conflicto comenzó cuando un grupo de personas se acercó mientras realizaban una actividad con folletería y comenzó a increparlos, lo que derivó en empujones y agresiones físicas.

Entre los señalados por los jóvenes se encuentran un docente, un auxiliar, un militante del Movimiento al Socialismo (MAS) y un directivo de la universidad.

Uno de los jóvenes sostuvo que estaban montando un stand con una mesa y un banner cuando “de golpe se vino una banda de cinco o seis personas a patotearnos y amenazarnos”. En los videos difundidos se observa al docente Juan Tumini en medio de la discusión, que rápidamente escala a empujones y golpes.

Durante el intercambio, el profesor increpa a quienes lo filman y les advierte: “Te dije que no me filmes. Te voy a tirar el celular si me filmás así nomás”. Luego avanza sobre los estudiantes e intenta quitarles el dispositivo. “Te voy a cagar a trompadas. Tomátelas, tomatelas. Tomatelas porque te cago a trompadas”.

La situación se intensifica cuando el celular cae al suelo en medio de los forcejeos. Aunque la imagen pierde claridad, el audio registra golpes, insultos y gritos. En ese contexto, otra persona advierte: “Pará que lo vas a matar, boludo”.

En otra de las grabaciones, una mujer interviene para expulsar a los estudiantes del lugar. Se escuchan frases como “a los fachos se los combate”.

La respuesta institucional de la UNLa

Tras la difusión de los videos, las autoridades de la Universidad Nacional de Lanús emitieron un comunicado en el que repudiaron lo ocurrido y afirmaron: “La Universidad Nacional de Lanús expresa su más firme repudio ante los hechos ocurridos en la jornada de ayer”.

En el mismo, la institución remarcó el rol del ámbito académico y sostuvo que “la universidad pública debe ser, ante todo, un ámbito de convivencia donde se garantice la libertad de expresión política en todas sus manifestaciones”. Además, subrayó que “el respeto por la pluralidad de ideas es un pilar innegociable de nuestra vida académica y democrática”.

Asimismo, desde la UNLa expresaron: “Reafirmamos nuestro compromiso con un campus seguro, plural y en paz”, y agregaron: “Nos solidarizamos con los estudiantes afectados y llamamos a toda la comunidad universitaria a velar por el respeto mutuo”.

Por último, las autoridades informaron que avanzarán con las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y definir eventuales responsabilidades dentro de la institución.

La postura de las agrupaciones estudiantiles

Desde la agrupación ¡Ya Basta! difundieron un comunicado en el que ofrecieron una versión distinta de los hechos. Consideraron que la actividad de Crear Más Libertad constituyó una “provocación” en un contexto de alta sensibilidad política.

Según indicaron, la presencia de los militantes libertarios se produjo apenas un día después de las movilizaciones por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. En ese marco, señalaron: “Ayer fue un 24 de marzo histórico donde millones rechazaron el negacionismo. Hoy, estos sectores intentaron montar una provocación en plena jornada de lucha”.

El espacio estudiantil sostuvo que fueron los integrantes de La Libertad Avanza quienes iniciaron las hostilidades. En ese sentido, denunciaron que se produjeron insultos racistas hacia docentes y alumnos que se acercaron a cuestionar la actividad.

Además, plantearon que el discurso de la agrupación libertaria implica un ataque a la educación pública y lo vincularon con el negacionismo sobre la última dictadura militar. Desde ese lugar, calificaron su presencia como inadmisible dentro del ámbito universitario.

Finalmente, afirmaron que la comunidad educativa logró que los militantes se retiraran del predio. Para ese sector, la salida de la agrupación representó un resultado de la organización colectiva frente a lo que consideran discursos de odio.

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El pronunciamiento del Ministerio de Capital Humano

El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, intervino tras la viralización de los hechos y expresó su repudio a la situación de violencia. A través de un comunicado oficial, la cartera cuestionó lo ocurrido en la UNLa.

En ese contexto, el Ministerio exigió a las autoridades universitarias que garanticen la integridad física de los alumnos, la libre expresión de ideas y el respeto de los derechos constitucionales dentro del ámbito académico.

Además, informó que, mediante la Subsecretaría de Políticas Universitarias, envió una carta formal solicitando que la universidad detalle “a la mayor brevedad posible” las medidas adoptadas y las acciones disciplinarias iniciadas.

En el documento también reafirmó que las autoridades deben asegurar el funcionamiento institucional, la convivencia plural y el uso adecuado de las instalaciones, conforme a lo establecido en la Ley de Educación Superior y las normas vigentes sobre no discriminación.

Cruces en el Concejo Deliberante de Lanús

El episodio también generó repercusiones en el Concejo Deliberante de Lanús, donde oficialismo y oposición protagonizaron fuertes cruces durante una sesión ordinaria.

El concejal de La Libertad Avanza, Ignacio Moroni, presentó un proyecto para repudiar los hechos y denunció que una “patota” vinculada al kirchnerismo atacó a militantes de su espacio. Según indicó, uno de los jóvenes agredidos sufrió una fisura en una costilla.

Durante su intervención, Moroni afirmó: “Una patota kirchnerista nos agravió, ya los conozco como son, los ataques constantes que suelen hacer”. Además, remarcó la gravedad de las lesiones denunciadas y pidió el acompañamiento del cuerpo.

Desde el oficialismo, la concejala Marcela Barberio rechazó el proyecto. Si bien manifestó su condena a cualquier hecho de violencia, cuestionó que se atribuya el episodio a un sector político específico y sostuvo que no corresponde estigmatizar.

En ese sentido, planteó que la situación debe quedar en manos de la Justicia y remarcó la necesidad de actuar con responsabilidad institucional. Finalmente, el proyecto de repudio impulsado por el bloque libertario no obtuvo los votos necesarios y fue rechazado.

La intervención de Daniela Vilar en el Congreso por la Ley de Glaciares quedó en el centro de la escena por el tono de su denuncia y por el gesto con el que buscó exponer lo que consideró una exclusión masiva de participantes. En plena audiencia pública, la ministra de Ambiente bonaerense cuestionó el desarrollo del debate y habló abiertamente de “censura”.

Antes de comenzar su exposición, Vilar desplegó sobre la mesa varias pilas de hojas impresas con nombres de personas que, según remarcó, se habían anotado para participar pero no fueron habilitadas para tomar la palabra. La imagen no pasó inadvertida y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada.

Según explicó durante su intervención, más de 102.000 personas se inscribieron para formar parte de la audiencia, aunque solo unas 400 pudieron exponer. Con ese contraste, buscó mostrar la magnitud de la exclusión y poner en discusión la legitimidad del mecanismo aplicado en el Congreso.

Una protesta visual en plena audiencia

La ministra detalló que cada hoja contenía 60 nombres y usó ese dato para reforzar su planteo. Señaló que, si cada uno de los inscriptos enviara una hoja similar, el volumen de documentación sería inmenso y, a su entender, imposible de ser leído con seriedad por las autoridades encargadas del debate.

Ese gesto convirtió la exposición en algo más que una declaración política. La escena funcionó como una denuncia pública sobre cómo se canalizó la participación ciudadana en una discusión sensible desde el punto de vista ambiental e institucional.

Cuestionamientos al proceso legislativo

En su discurso, Daniela Vilar en el Congreso por la Ley de Glaciares apuntó contra las condiciones en las que se desarrolló la audiencia. Sostuvo que hubo una omisión del reglamento y advirtió que miles de personas quedaron sin acceso efectivo a un espacio de participación que debía ser amplio y transparente.

Para la funcionaria, el problema no se limitó al procedimiento. También planteó que se afectó un derecho básico: el de ser escuchados en una instancia pública vinculada con una norma de alto impacto.

Rechazo a la reforma y advertencias por el impacto

En el marco de la audiencia, la ministra también expresó el rechazo de la provincia de Buenos Aires a la modificación de la norma y advirtió que el impacto podría ser grave y permanente. En ese sentido, sostuvo que apenas el 0,3% de los inscriptos logró participar efectivamente, lo que reforzó su denuncia sobre las limitaciones del proceso.

Además, alertó que la reforma pone en riesgo recursos estratégicos. Señaló que los glaciares ocupan menos del 1% del territorio nacional, pero concentran cerca del 70% del agua dulce. También mencionó el caso de la cuenca del Río Colorado, clave para el riego de unas 80.000 hectáreas en el sur bonaerense.

En esa línea, remarcó que no existe una contradicción real entre producción y cuidado ambiental, y advirtió que avanzar con cambios en la ley podría generar consecuencias irreversibles tanto para el abastecimiento de agua como para las economías regionales.

Tensión política y reclamos afuera del recinto

El clima de la jornada estuvo marcado además por protestas en las inmediaciones del Congreso. Allí se concentraron personas que no lograron ingresar, en medio de un operativo de seguridad que también fue cuestionado por Vilar durante su exposición.

En uno de los pasajes más duros, lanzó una frase directa contra quienes conducían el proceso: “Tengan un cachito de vergüenza”. Con esa definición, dejó en evidencia el nivel de tensión política que atravesó la audiencia.

Un debate que excede lo ambiental

La discusión se da en el marco de los cambios impulsados por el gobierno de Javier Milei sobre la Ley de Glaciares. Sin embargo, la exposición de la ministra bonaerense amplió el foco y puso el acento en la calidad democrática del debate legislativo.

En ese sentido, Daniela Vilar en el Congreso por la Ley de Glaciares no solo dejó una crítica al contenido de la discusión, sino también a la forma en que se resolvió quién podía participar y quién quedaba afuera.

Investigan una boda en la Quebrada de las Conchas por presuntas irregularidades. La Justicia analiza posibles delitos y falta de autorización

La ceremonia nupcial llevada a cabo en la Quebrada de las Conchas se encuentra bajo la lupa de la justicia tras la detección de posibles irregularidades en la autorización del evento, que tuvo lugar en un área protegida en Salta.

La fiscal penal Sandra Rojas ha iniciado una investigación para determinar si se utilizó un permiso falsificado para llevar a cabo el matrimonio. La pareja involucrada ha sido identificada como Nicole Pocoví y Federico Maran.

Sospechas sobre la autorización

La atención de la investigación se centra en el documento presentado para la autorización de la ceremonia. Según las autoridades, la veracidad de este documento es cuestionada y podría constituir un delito.

Además, la Unidad Fiscal Contravencional también se ha involucrado debido a la realización del evento sin la autorización necesaria, tal como lo estipula la normativa vigente.

Un evento en zona protegida

La celebración tuvo lugar en un área cercana a la Ruta Nacional 68, dentro de un espacio natural protegido donde este tipo de eventos están prohibidos.

Desde el municipio de Cafayate advirtieron que eventos con luces, sonido y gran afluencia de personas pueden perjudicar la fauna local y acelerar el deterioro de las formaciones rocosas.

Normativa ambiental y posibles sanciones

Las actividades en esta área están reguladas por leyes provinciales que requieren evaluaciones de impacto ambiental previas. Cualquier intervención debe estar respaldada por una autorización formal y cumplir con rigurosos requisitos técnicos.

La investigación busca establecer responsabilidades tanto en el ámbito penal como contravencional, en un caso que resalta la importancia de la protección ambiental.

Un caso que se viralizó

El asunto se hizo público tras la difusión de imágenes de la boda en redes sociales, lo que llevó a la intervención de las autoridades correspondientes.

En consecuencia, la Justicia avanza en determinar si hubo irregularidades en la organización del matrimonio en la Quebrada de las Conchas y si se deben imponer sanciones.